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“… entre nosotros hay muchos enmascarados que no respetan, no aman y no aprecian la autonomía universitaria. La Universidad es lo primero. Permanezcamos unidos para defender, dentro y fuera de nuestra Casa, las libertades de pensamiento, de reunión, de expresión y la más cara: ¡nuestra autonomía!”.
—Javier Barros Sierra

Ilustración: Ricardo Figueroa

Desde que inició el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha creado un ambiente de hostilidad hacia la autonomía de todas las instituciones, entre ellas las de educación superior públicas. Con el paso del tiempo esta animadversión ha evolucionado pasando de los amagos y las amenazas en algunos estados de la República, hasta la intervención directa y reiterada del jefe del Ejecutivo en contra de algunas, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Simultáneamente se impulsan proyectos específicos en los campos de la ciencia y la tecnología que estarían anulando en los hechos las libertades de cátedra e investigación. El propósito de este artículo es mostrar cómo las políticas de la llamada Cuarta Transformación (4T) en la educación superior y la ciencia atentan contra la Autonomía Universitaria y por qué los universitarios debemos oponernos a ellas.

“Estamos dispuestos a que se agregue lo de la autonomía”

El texto original de la Constitución de 1917 no contenía referencia alguna a la educación superior. Y aún cuando la Universidad Nacional de México logró mediante un proceso muy complejo su autonomía en 1929,1 en ninguna de las reformas realizadas al Artículo Tercero constitucional se abordó el tema de este nivel educativo. No fue sino hasta 1980 que se reconoce en la Carta Magna la autonomía de las universidades.

Tuvieron que transcurrir 38 años para que se emprendiera una nueva reforma al Artículo Tercero, impulsada esta vez por López Obrador a los pocos días de asumir el cargo, con el propósito de aniquilar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Pero al parecer este no era el único objetivo. Además, el proyecto de decreto enviado a la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2018 eliminaba de la fracción VII a la Autonomía Universitaria.

Todas las alarmas se encendieron, pues parecía increíble que el nuevo gobierno estuviera en contra del derecho conquistado por las universidades para gobernarse a sí mismas. Vinieron las protestas y entonces se decidió transformar la intención original en un “error de dedo”. Pero la rectificación no alcanzaba para ocultar lo que habita en el subconsciente de la 4T, como puede apreciarse en esta aclaración del Primer Mandatario en su conferencia de prensa matutina:

No, no, no; no hay ninguna intención en ese sentido. Es más, para que no se use de pretexto o de excusa y se quiera combatir nuestra iniciativa, si es necesario estamos dispuestos a que se agregue lo de la autonomía…

Agresiones a la autonomía en los estados

Durante 2019 y parte de 2020 se impulsaron en algunos congresos locales reformas a las leyes orgánicas de universidades sin consulta previa con sus comunidades, en una clara violación a su autonomía. El número de instituciones públicas involucradas en ese breve periodo justifica que pueda observarse como un caso especial dentro del sistema de educación superior en México que ocurre en la primera fase de la 4T.

Se trata de un fenómeno complejo. Por ejemplo: un buen número de instituciones de educación superior en los estados han atravesado por serias dificultades, al grado que en 2019 se contabilizaban once universidades estatales públicas en quiebra financiera,2 lo que en opinión de algunos especialistas las colocaba en una condición de debilidad política frente a los gobiernos federal y estatales. Pero las motivaciones han ido más allá de lo estrictamente económico, pues en algunos casos son inocultables los propósitos oficiales de control político sobre estas casas de estudios.3 Tomo aquí como ejemplo a siete entidades federativas:

• En el Estado de México, la iniciativa para reformar la ley orgánica de la Universidad Autónoma de esa entidad fue presentada por la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que contaba con la mayoría en el Congreso local. La propuesta al final no prosperó.

• En la Universidad Autónoma de Colima, con una mayoría de Morena en el Congreso, la iniciativa fue presentada por el coordinador del grupo parlamentario de Morena y finalmente fue desechada.

En el caso de la la Universidad Autónoma de Sinaloa —otro estado en el que Morena tiene la mayoría en el Congreso— la iniciativa no fue presentada como una iniciativa ciudadana, pero fue acogida por los legisladores de Morena. El intento fracasó.

• En la Universidad de Sonora, un estado con mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso, se sometió a revisión la Ley Orgánica 4. La iniciativa fue presentada por grupos organizados de la universidad y fue arropada por Morena. No se concretó.

• Los ataques a la autonomía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur iniciaron con una iniciativa presentada por un alumno y un profesor jubilado con el respaldo de la fracción parlamentaria de Morena, mayoritaria en ese Congreso. Tampoco logró su propósito.

• En la Universidad Autónoma de Querétaro, con mayoría panista en el Congreso, la propuesta de modificar la ley orgánica fue presentada por una diputada de Morena. No prosperó.

• En el caso del Colegio de Veracruz —en un estado con un gobernador de Morena y un Congreso mayoritariamente de ese mismo partido— la iniciativa fue enviada al Congreso por el propio gobernador. Sí se concretó y perdió su autonomía.

Como puede verse, el territorio principal en el que se desarrollaron agresiones a la autonomía universitaria fue el de los Congresos locales. La procedencia de las iniciativas adquiere relevancia: aunque Morena no es el único partido en presentarlas.,4 en la mayoría de los casos las iniciativas fueron propuestas o respaldadas por legisladores del partido de López Obrador.

Un caso especial es la participación de los gobernadores, como en el caso del mandatario del estado de Puebla, el morenista Miguel Barbosa, quien ha sido señalado por el Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de esa entidad de emprender una persecución política contra las autoridades de esa institución (y, más recientemente, de haber auspiciado la toma de la Universidad de las Américas Puebla).

La UNAM, el principal objetivo

El 18 de febrero de 2020 el diputado por Morena Miguel Ángel Jauregui Montes de Oca presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la UNAM, con el propósito de “democratizar” sus formas de gobierno, lo que para este legislador significa que:

…al rector, a los directores de las escuelas y facultades, así como los directores de los institutos de investigación, los elijan sus propias comunidades por medio de elecciones abiertas, equitativas, competitivas y transparentes, a través de voto libre y secreto.

Jauregui Montes de Oca —dice su currículum político— ha participado en los movimientos estudiantiles de la UNAM y como legislador decidió llamar a la modificación de la Ley Orgánica a partir de una vieja demanda enarbolada en algunas movilizaciones estudiantiles por parte de pequeños grupos que actúan en las instalaciones universitarias, desde los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) hasta el auditorio ocupado de la Facultad de Filosofía y Letras, especialmente cuando se encuentra próximo el cambio de autoridades en esta universidad. 

Es curioso que lo que Jauregui no pudo lograr como estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas, convenciendo a la comunidad de las bondades de las elecciones de autoridades por medio del voto libre y secreto, lo haya tratado de obtener a través de una decisión en el Congreso. Parece algo ingenuo, pues en el remoto caso de que hubiera sido aprobada su idea sin la participación de los universitarios, su iniciativa constituiría una clara violación de la autonomía, pues hasta ahora es facultad de la UNAM decidir los mecanismos de elección de sus autoridades.

Pero yo no creo que en este caso se trate de ingenuidad y es difícil pensar que actuó solo. Como quiera que sea, su correligionario en la Cámara baja en ese entonces, el diputado Pablo Gómez —él sí un legendario líder estudiantil en la UNAM con una larga carrera parlamentaria y actualmente responsable de la Unidad e Inteligencia Financiera— aclaró que la propuesta de Montes de Oca no era una iniciativa avalada por la fracción parlamentaria de Morena, pero deslizó un punto interesante, al considerar que la Ley Orgánica ya era obsoleta, por lo que los universitarios harían bien en actualizarla, aunque no aclaró en qué sentido. Así lo dijo:

Yo en lo personal aspiraría a que (en) las universidades, empezando por las federales, que son varias no solamente es la UNAM, se abrieran procesos internos de discusión sobre el tema de su régimen orgánico, porque después de tantos años de tener el mismo régimen –en el caso de la UNAM son más de 70 años es del año 45– pues yo creo que ya llegó el momento.

Esto significa que, aún en el caso de que el diputado proponente hubiera disparado por su cuenta, en el seno del partido de López Obrador circulaba la idea de que la Ley Orgánica de la UNAM estaba pasada de moda y habría que ponerla al día, y que, como anticipó el entonces diputado Gómez, con la 4T llegó el momento.

El presidente y la autonomía universitaria

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, el primero elaborado por Morena, se contemplaba una reducción de más de 6% en los recursos para la UNAM. Como respuesta, esta institución educativa publicó el 16 de diciembre de 2018 un comunicado en el que expresa su preocupación y desacuerdo con la propuesta enviada por el presidente a la Cámara de Diputados. Al día siguiente, en su conferencia de prensa, López Obrador, dijo desconocer ese mensaje, pero dejó ver algunas de sus apreciaciones sobre la universidad en la que realizó sus estudios profesionales:

No tengo conocimiento sobre el comunicado de la UNAM. Lo que sí puedo decirles, en general, es que se va a hacer más con menos… aclaro, tiene que rendir más el presupuesto porque deben de terminarse lujos, tiene que haber austeridad republicana.

La reducción del presupuesto no se concretó en aquel momento, pero quedó claro que para el presidente en la UNAM hay lujos que deben ser erradicados. Aquí pareciera haber una similitud con su proclama: “no debe haber gobierno rico con pueblo pobre”. En esta lógica entonces a México debería corresponder también… una universidad pobre.

Aquí quiero abrir un paréntesis para tratar este tema desde un ángulo más personal. Recuerdo cuando ingresé a la UNAM en los años sesenta (estudié en la Preparatoria 2 que tiene el sistema de iniciación universitaria que incluye la secundaria). Quedé impresionado con los laboratorios de física y biología, los talleres de arte donde podíamos crear esculturas de barro y yeso, el gimnasio y el auditorio que me parecían majestuosos; todavía deambulaban por los pasillos algunos (muy pocos) de los grandes maestros de la Escuela Nacional Preparatoria. Unos años después, vi a la Ciudad Universitaria como un espacio prodigioso por su imponente arquitectura, las instalaciones deportivas, los laboratorios de enseñanza, las bibliotecas, los auditorios, la sala de conciertos. Los centros e institutos de investigación estaban a la altura de otros fuera del país. Conocí a no pocos científicos del más alto nivel de esta casa de estudios, así como a investigadores de distintas partes del mundo traídos a México con recursos de la UNAM, que efectivamente son recursos del pueblo, pero muy bien empleados.

Esto a algunos puede parecer muy lujoso. Y sí, para mí era y sigue siendo un lujo pertenecer a esta institución que aporta a los jóvenes puntos de referencia para su vida y, al mismo tiempo, promueve la movilidad social. Lo siento mucho, pero si nuestro pueblo es pobre, no requiere de universidades pobres; se necesita, por el contrario, una gran riqueza en su sistema de educación superior, que contribuya a combatir la pobreza y la ignorancia. Todo lo anterior sin abundar en que la UNAM es una de las mejores universidades de Iberoamérica y, como el propio presidente lo sabe, en la actualidad 60% de sus estudiantes provienen de familias pobres.

Regresando al tema que ahora me ocupa, la idea que tiene López Obrador sobre la educación superior queda expresada en algunos los proyectos que ha impulsado para este nivel educativo, entre ellos el de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, las cuales buscan llevar la educación superior a jóvenes de comunidades marginadas. Sin duda se trata de un fin noble. No entraré aquí en los detalles sobre la enseñanza que ahí se imparte, pero es incuestionable que persigue un propósito que va más allá de impartir conocimientos, pues como lo ha dicho el propio presidente:

¿Qué es la escuela en países como el nuestro, donde hay tanta pobreza y donde hay problemas de desintegración familiar, de descomposición social? La escuela se convierte en el segundo hogar. Cuando hay problemas en la familia, el joven, si tiene posibilidades de estar en la escuela, se forma, se puede educar, tiene otra enseñanza, es abrazado, es protegido por los maestros, por sus mismos alumnos. Cuando no tiene esa opción ¿dónde se forma?, en la calle, y puede tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, por eso mi planteamiento. Y el propósito de la Cuarta Transformación es garantizar a todos los jóvenes el derecho a la educación… Ya se inició la constitución de 100 universidades públicas en las regiones más pobres de México, educación pública y gratuita. Que el Estado asuma su responsabilidad.

Visto así, estaríamos ante dos modelos de educación superior coexistiendo en nuestro país: uno formado por las universidades autónomas, federales y estatales, y otro integrado por las Universidades para el Bienestar en las que, por supuesto, no tiene cabida la palabra autonomía. El problema aparece cuando se trata de jalar y guiar a las primeras hacia las concepciones que envuelven a las segundas.

Además de ejercer presión sobre la UNAM para guiarla hacia la austeridad republicana (el rector Enrique Graue Wiecher redujo su salario y estableció un riguroso programa de austeridad presupuestal), el presidente ha criticado reiteradamente los mecanismos de ingreso de alumnos, lo cual desde entonces ha sido una clara intromisión desde la más alta autoridad del país frente a la autonomía universitaria, véase por ejemplo:

Lo ideal es que todos los que quieran ingresar a la universidad puedan hacerlo y que se supriman los exámenes de admisión, que se garantice el derecho a la educación. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo… Se hacían los exámenes; hasta en la UNAM, si solicitaban su ingreso 10 000 para entrar a medicina, decidían que iban a aceptar quinientos.

En la concepción del presidente, la justificación para apuntar contra los mecanismos de admisión de las universidades en general y en particular los de la UNAM consiste —y así lo ha dicho— en que los exámenes de selección son un producto del pasado cuyo propósito ha sido debilitar a las universidades públicas para favorecer a las escuelas privadas. Con esta lógica, luchar contra el examen de admisión formaría parte del combate al neoliberalismo que ha sido una de las causas principales, de acuerdo con su discurso, de los males que aquejan al país.

Pero el presidente va mucho más allá, pues la carencia de médicos y especialistas durante la pandemia al parecer también ha sido culpa del examen de admisión:

A ver, no tenemos los médicos ni tenemos los especialistas que requiere el país, eso se les debe a los neoliberales, porque nada de que ellos no tienen que ver con esto. Quienes trabajaron en el periodo neoliberal y los intelectuales orgánicos que protegieron a la política neoliberal, los periodistas, los medios de comunicación que defendieron ese modelo, son responsables de que México no tenga los médicos, no tenga los especialistas que requiere ahora con la pandemia, porque apostaron a la privatización de la educación. Es de los frutos podridos de la política neoliberal el que no tengamos los médicos y los especialistas, porque se aplicaban exámenes de admisión y no había cupo, y se rechazaba a muchos que querían estudiar, ingresar a la licenciatura y luego a la especialidad.

Un juicio muy severo, sin duda. Pero, como lo ha señalado con precisión Xavier Tello, hay una distorsión seria en el mensaje del presidente al culpar por la falta de médicos a la matrícula, admisión o número de graduados. En México hay más de 150 escuelas de medicina y la estimación de Tello es que estarían egresando de ellas alrededor de 20 000 médicos generales por año, por lo que el país cuenta con un número suficiente de egresados de la licenciatura en medicina. El problema consiste en que la mayoría de ellos no son contratados por las instituciones que conforman el sistema de salud.

Es un tema complejo, pues como lo han descrito el propio Tello y otros autores, la carrera de médico cirujano es en realidad una etapa propedéutica pues se requiere de una especialidad para ejercer la profesión en condiciones y con ingresos dignos, de lo contrario se trabaja en escenarios muy limitados, con salarios muy bajos o incluso se deja de ejercer la profesión. 

El verdadero cuello de botella no es por tanto el examen de admisión a la licenciatura, sino los espacios o plazas disponibles en las instituciones de salud, a las cuales puede accederse solamente mediante la aprobación del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, el cual depende no solamente de las universidades, sino de la Secretaría de Salud. Tello da a conocer un dato muy revelador, citando al director de la Facultad de Medicina de la UNAM, Gerardo Fajardo Dolci: en 2018 sólo se disponía de 8350 plazas para residentes y presentaron el examen nacional 40 000 aspirantes, por lo que 37 000 médicos generales cada año nunca serán especialistas.

Como puede verse, el presidente está equivocado, pues la carencia de médicos y especialistas en México no depende del examen de admisión en la UNAM ni en el resto de universidades del país.

El presidente y los organismos autónomos

En una de sus conferencias diarias, el presidente se refirió de esta manera al Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI):

Durante todo el periodo neoliberal, cuando se creó lo de la transparencia que predominó la corrupción, ¿qué, no puede pasar esa función a la Secretaría de la Función Pública o a la Auditoría Superior de la Federación o a la Fiscalía Anticorrupción? ¿Por qué autónomo? Y con un uso faccioso muchas veces.

Ese día, 7 de enero de 2021, el presidente dio a conocer su plan de eliminar a los organismos autónomos (según él hay cerca de doscientos). Sus apreciaciones acerca del INAI son una muestra de cómo ve a todas estas instancias: productos del neoliberalismo, instrumentos burocráticos para fomentar la corrupción, con duplicidad de funciones, muy costosos y con lujos. Los consejeros —ha dicho— ganan el doble, triple, o más que el presidente. Su estimación inicial fue que con una reforma administrativa se podrían ahorrar entre 10 000 y 20 000 millones de pesos que podrían ser empleados en becas o vacunas.

El presidente realizó una reunión de gabinete para analizar este tema y, si bien es grande el número de organismos a desaparecer, sólo se ha referido a algunos de ellos sugiriendo su nueva ubicación, dentro de las secretarías de Estado.

Reconoció que la extinción que planea no está exenta de complejidades, pues hay dos tipos de organismos autónomos, unos creados por algún acuerdo o decreto —los cuales serían fáciles de suprimir— y otros que al estar en la ley requerirían de iniciativas que tendrían que aprobarse en el Congreso (donde su partido tiene la mayoría).

El objetivo en este caso no es desaparecer las funciones de estos órganos independientes, sino eliminar su autonomía. La estrategia es muy clara: consiste en magnificar sus defectos y  contrastar su costo económico con las necesidades del pueblo, para luego absorber sus funciones dentro de la estructura del gobierno, con lo que automáticamente queda anulada la autonomía.

La nueva Ley de Ciencia

El 30 de abril de 2021 concluyó el periodo ordinario de sesiones de la LXIV legislatura sin que el Congreso aprobara la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación que debió expedir desde 2020. Si bien la mayoría de los diputados y senadores de Morena y sus aliados se encontraban listos para otorgar su voto disciplinado a una iniciativa presidencial, el documento con la firma de López Obrador nunca llegó a sus manos. Tuvieron que dejar sus sillas a los nuevos legisladores surgidos de las elecciones de junio sin cumplir con su obligación constitucional. Estamos en diciembre y no hay indicios de que antes de concluir este año la actual legislatura pueda aprobar la nueva ley, con lo que se completarían dos años de incumplimiento. 

Cabe entonces preguntarse: ¿por qué esta anormal tardanza? La respuesta debe considerar varios factores: hay en México un desencuentro entre lo que quiere el gobierno que sea esa ley y lo que espera de ella un sector mayoritario de la comunidad científica. Pero sería un error no percatarse de que el desacuerdo también se expresa dentro del propio gobierno. La ley surgiría de un anteproyecto elaborado por el Conacyt,5 pero en la sesión del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, realizada en diciembre de 2019 y encabezada por el presidente, el texto preparado por la directora general de este organismo, María Elena Álvarez-Buylla Roces, fue bruscamente frenado.

En esa sesión participaron, además del jefe del Ejecutivo, los titulares de las secretarías de Hacienda, Energía, Educación Pública (SEP), Salud y Relaciones Exteriores. Estuvieron presentes también los titulares de diversos organismos públicos y privados. Ahí se determinó que el anteproyecto tendría que ser sometido a una nueva consulta. No es extraño que haya ocurrido así, pues en su afán por concentrar recursos y poder en el Conacyt, el anteproyecto de Álvarez-Buylla limitaba las capacidades presupuestales y políticas de las Secretarías de Estado.

Solamente las dependencias cuyos titulares estuvieron presentes en dicha reunión, concentran más de la mitad del presupuesto total para CTI —cerca de 52 000 millones de pesos en 2021— el cual, de acuerdo con el anteproyecto, pasaría a formar parte de un presupuesto consolidado cuyo manejo quedaría en manos del Conacyt. Otro aspecto ligado con lo anterior es el debilitamiento de la capacidad política de las secretarías. Por ejemplo: la SEP, que conduce la relación del gobierno con las universidades (en las que se realiza la mayor parte de la investigación científica del país), tendría ahora que obedecer las reglas impuestas por el Conacyt, el cual definiría qué líneas de investigación deben ser apoyadas y cuáles no a través de una “Agenda de Estado”.

Curiosamente en estos aspectos se produciría una coincidencia con las objeciones planteadas por sectores mayoritarios de la comunidad científica al citado anteproyecto de ley, pues la combinación de esos dos elementos del anteproyecto de Álvarez-Buylla —la totalidad del gasto del gobierno federal para ciencia, tecnología e innovación en manos del Conacyt y una Agenda de Estado que traduce sólo la política de la 4T— vulnera la autonomía de las universidades.

Aunque en diversas partes del citado anteproyecto se señala que se respetará la autonomía universitaria, en la práctica esta quedaría anulada pues, por ejemplo, los programas de posgrado que no queden encuadrados en la “Agenda de Estado” no tendrían derecho a recibir recursos o becas, o tendrían que competir desventajosamente con los posgrados alineados con las políticas de la 4T. Lo mismo ocurriría con los proyectos de investigación definidos por las universidades y sus investigadores, por lo que en la práctica quedarían anuladas las libertades de cátedra y de investigación.

La embestida presidencial a la UNAM

Recientemente el blanco de los ataques presidenciales se ha desplazado abiertamente hacia las universidades y en particular a la UNAM. En su conferencia de prensa del 7 de octubre, el presidente dijo que hay mafias que dominan en las universidades públicas. Se refirió al nombramiento de autoridades, el manejo arbitrario del presupuesto y la situación de los profesores de asignatura, quienes probablemente serán punta de lanza para las movilizaciones de la 4T que están por venir.

Más tarde, López Obrador decidió a finales de ese mismo mes intensificar sus críticas contra la UNAM. Esto provocó entre los analistas políticos un momento de confusión. Durante una semana entera el presidente incluyó en su conferencia matutina señalamientos en los que acusó a esta institución de individualista y de haberse derechizado, convirtiéndose en defensora de proyectos neoliberales, así como de haber perdido su esencia al dejar de formar cuadros profesionales para servir al pueblo.

Ante la andanada de críticas, varios analistas se preguntaban qué era lo que había detrás de ellas. Surgieron varias hipótesis, además del reiterado propósito de desviar la atención sobre distintos temas políticos y económicos. Raymundo Riva Palacio, por ejemplo, enumeró varias causas posibles: la prudencia de las autoridades de la UNAM para el regreso a clases ante el escenario de la pandemia; las declaraciones del rector en defensa de los científicos perseguidos, que expresaban una diferencia con la directora del Conacyt Elena Álvarez-Buylla; o el nombramiento de Enrique Cabrero, uno de los científicos perseguidos, como miembro de la Junta de Gobierno. Otros, como Jorge Zepeda Patterson, proponían entre las causas de la irritación de López Obrador el hecho de que la UNAM no ha sido la aliada que esperaba en su propósito de realizar un cambio de régimen. Patterson agrega que, tras la derrota sufrida en varias alcaldías de la Ciudad de México en las elecciones del pasado mes de junio, los señalamientos de AMLO sobre el aburguesamiento de las clases medias ya estaban dirigidos a los universitarios. Por su parte, Enrique Quintana ha sugerido que los sistemáticos ataques del presidente hacia la UNAM tienen el propósito de provocar una crisis que le permita influir en el nombramiento del próximo rector de esa casa de estudios y contar con un ambiente favorable con vistas a la sucesión presidencial. Todas las hipótesis planteadas en ese momento tienen elementos sólidos y son atendibles, pero muestran en conjunto que, al menos en ese momento, no había claridad sobre los propósitos que animaban al titular del Ejecutivo.

Como sea, si el presidente quería medir los ánimos respecto a sus agresiones contra la UNAM, se ha encontrado con el enorme rechazo de científicos, académicos, artistas, intelectuales y un gran número de profesores y estudiantes. Pero no sólo ellos, sino también una porción representativa de la población. Una muestra es la encuesta de Alejandro Moreno publicada el 3 de noviembre en El Financiero. Ante las preguntas de a) si se considera que la UNAM se ha derechizado y vuelto conservadora, b) si se volvió individualista y defensora de proyectos neoliberales y c) si perdió su esencia y dejó de formar profesionales para servir al pueblo, la respuesta mayoritaria es No. La proporción de respuestas que contradicen lo planteado por el presidente es aún mayor en los encuestados que son alumnos o egresados o que tienen familiares cercanos que estudian o han estudiado en la UNAM.

Finalmente, entre los señalamientos de López Obrador hacia la UNAM hay uno que ha causado gran preocupación, pues en una de las conferencias ya citadas consideró necesario dar una “sacudida” a esta casa de estudios llamando a profesores y alumnos a movilizarse para corregir el rumbo:

Las renovaciones se pueden dar desde adentro, los mismos universitarios, alumnos, maestros, académicos, investigadores, yo tengo confianza en que lo hagan porque se derechizó mucho.

Los juicios del presidente, no son, como se ha dicho, críticas de un egresado de esta casa de estudios, pues se trata nada menos que del titular del Poder Ejecutivo. Por esto su llamado a sacudir la UNAM constituye una intromisión inadmisible y una agresión a la autonomía universitaria. Es el poder político llamando a movilizaciones para alterar la vida interna de la máxima casa de estudios. Es además irresponsable, pues se convierte en una instrucción a los seguidores de la “4T” dentro de la UNAM, que alienta la división y puede conducir a enfrentamientos cuyas consecuencias son muy difíciles de predecir.

Reflexiones finales

En este artículo he mostrado que las agresiones a las universidades públicas autónomas se producen desde los inicios del actual sexenio, con intentos orientados a modificar sus leyes orgánicas en varias entidades federativas impulsados predominantemente por los grupos parlamentarios de Morena.

Los ataques recientes del presidente y su partido se han dirigido principalmente a la UNAM. Independientemente de otras hipótesis, se puede sostener que los señalamientos del presidente se dirigen a vulnerar la autonomía de esta institución, en concordancia con sus ideas respecto a organismos autónomos fuera de los espacios educativos.

El objetivo que se persigue es modificar la ley orgánica de la UNAM. Esta afirmación se fundamenta no sólo en antecedentes previos que he señalado aquí, sino en las críticas recientes de López Obrador que se refieren a aspectos específicos establecidos en esta ley, como los mecanismos de admisión de alumnos y el nombramiento de autoridades, así como el manejo del presupuesto. También, como se observa en la versión hasta hoy conocida del anteproyecto de Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, se pretende anular por esta vía las libertades de cátedra e investigación.

Las críticas del presidente cuando afirma que la UNAM se ha convertido en defensora de proyectos neoliberales son ridículas si consideramos lo que el primer mandatario considera creaciones del neoliberalismo:

¿Qué hizo el neoliberalismo o qué hicieron los que diseñaron para su beneficio la política neoliberal, qué hicieron? Una de las cosas que promovieron en el mundo para poder saquear a sus anchas fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos. Entonces, se alentó mucho, incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales. 

Pues bien, en las universidades públicas y particularmente en la UNAM se estudia e impulsa el feminismo (no sólo en sus aulas sino en acciones de su comunidad), la lucha contra el cambio climático y por energías limpias, los derechos humanos y la protección de todas las especies, y eso es gracias a las libertades de cátedra, investigación y expresión. Lejos de lo que piensa el presidente, se trata de pensamiento y luchas de avanzada en beneficio de la sociedad.

La UNAM es un espacio en el que tienen cabida todas las corrientes de pensamiento en la docencia y la investigación. Al parecer uno de los propósitos de los ataques oficiales contra la autonomía es imponer un pensamiento único, lo cual se expresa también en la política de ciencia del actual gobierno donde sólo tendría cabida la ideología de la 4T.

Se aproximan tiempos muy difíciles, pero las pretensiones autoritarias que buscan acabar con la autonomía de la UNAM y de otras instituciones de educación superior, se toparán con la resistencia de los universitarios y de la sociedad, por lo que están condenadas al fracaso.

 

Javier Flores
Profesor de la UNAM y periodista científico


1 Marsiske, R. “El movimiento estudiantil de 1929 y la autonomía de la Universidad”, Revista de Educación Superior, 44 octubre-noviembre, 1982, pp. 1-13.

2 En 2019, las universidades en los estados de Baja California, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán,  Morelos, Nayarit, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Zacatecas no contaban con los recursos para su funcionamiento.

3 Algunas instituciones de educación superior han sido señaladas por su participación probable en lo que se conoce como Estafa Maestra, entre ellas Cuatro Universidades Autónomas: las del Estado de México, del Estado de Morelos, del Carmen y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; así como otras que son órganos desconcentrados y dependen de gobiernos estatales, como las Universidades Popular de la Chontalpa, Politécnica del Golfo de México, Tecnológica de Tabasco y el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Salvo la primera, ninguna otra forma parte del grupo de instituciones de educación superior que se examinan aquí, en las que se ha puesto en riesgo la autonomía.

4 Es importante reconocer que Morena no fue el único partido en atentar contra la autonomía de las universidades públicas de los estados en el periodo señalado. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, en un entidad con un Congreso mayoritariamente panista, la iniciativa fue presentada por un diputado del grupo parlamentario mixto PAN- Partido de la Revolución Democrática (PRD). Fue retirada. En la Universidad Autónoma de Nayarit, con el gobernador en ese estado de ascendencia panista, que llegó al cargo por la coalición formada por el PAN, los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y el de la Revolución Socialista de Nayarit, que juntos tienen la mayoría en el Congreso, la iniciativa fue enviada por el gobernador y se aprobó el 4 de enero de 2020, aunque un mes después una juez concedió un amparo definitivo contra las reformas a la ley orgánica aprobadas. Lo anterior ilustra la incomodidad que en produce a algunos gobernantes la autonomía, independientemente del partido del que proceden.

5 El anteproyecto fue dado a conocer en diciembre de 2020, luego de permanecer oculto a la mirada de la comunidad científica  y la sociedad. Si se han realizado modificaciones estas sólo son conocidas por sus autores, y constituye un dato de lo que el Conacyt considera que es la transparencia.