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Con la decisión de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Elena Álvarez-Buylla, de designar a José Antonio Romero Tellaeche como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) culmina un período en el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho lo imposible por quitarle al CIDE toda autonomía académica. En este momento se detiene y revierte en el CIDE un desarrollo que inició en los años setenta gracias a circunstancias extraordinarias, pero que es imprescindible para que los científicos, en este caso sociales, reciban a la vez las dos cosas que necesitan del Estado: recursos económicos y la autonomía para gastarlos de acuerdo con criterios científicos (¡no a los de la 4T o los del PRI o el PAN!). La clave de tal desarrollo es aislar a las organizaciones científicas del spoils system. En México ese “sistema de despojos” incluía hasta mediados del siglo pasado a universidades y centros de investigación, pero en algunas de ellas, como en El Colegio de México, líderes destacados consiguieron sacar a su institución de ese sistema. Desde entonces fueron los científicos y no los políticos quienes administraron esos “despojos”. López Obrador y sus acólitos, como Álvarez-Buylla, han detenido ese desarrollo hacia una diferenciación entre cómo el gobierno trata a la ciencia, poniéndola a ella y sus recursos bajo el control de la 4T. Pero la ciencia no puede ser tratada como una secretaría.

Ilustración: Gonzalo Tassier

En cierto modo, lo que le sucede a la autonomía académica en el CIDE es sólo un ejemplo de algo que está pasando en otras instituciones académicas de México (como el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, o Cinvestav) y posiblemente de América Latina (¿alguien se acuerda de las ciencias sociales venezolanas?) y de Europa (con la mudanza de la Central European University de Budapest a Viena). En vista del momento dramático que se vive en el CIDE, me parece importante recordar cómo se llegó a tener instituciones académicas en México y otros lugares que gozaban a la vez del patronazgo —es decir, de la financiación del Estado— y de libertad académica, incluso para criticarlo.

Cuán en riesgo está la autonomía académica dependen en gran medida de cómo se solucione el problema externo básico de la ciencia: quién tiene los recursos necesarios —los políticos— no es quien tiene el conocimiento sobre cómo usarlos mejor —los científicos— . Antes de transferir los recursos, los políticos necesitan poder confiar en que quien los reciba está mejor cualificado que ellos para buscar los objetivos perseguidos por los políticos —conocimiento útil, prestigio para el país, capital humano—. Permítanme que dé un rodeo por los Estados Unidos para clarificar cómo se llegó a soluciones para estos problemas que eran aceptables para los políticos y aumentaban la autonomía científica. Dichos problemas no tienen nada de particularmente estadounidense; la 4T tampoco los puede resolver de un modo, que llamarán “mexicano”, sin que la ciencia deje de ser ciencia y se malgaste su financiamiento y su prestigio en mera propaganda.

En 1890 el United States Geological Survey —el Servicio Geológico de los Estados Unidos— no era sólo una prestigiosa empresa científica. También combinaba, después de décadas de desarrollo institucional, las soluciones políticas y administrativas que en décadas posteriores se convertirían en la norma en la ciencia estadounidense y, más recientemente, la mexicana. Las soluciones a este problema de confianza institucionalizadas a fines del siglo XIX en el United States Geological Survey son las que cualquier investigador contemporáneo en México conoce: los políticos delegan en los científicos innumerables decisiones sobre cuáles deberían ser los temas de investigación y quiénes serían las personas idóneas para ser contratadas como científicos. Esa delegación, sin embargo, sólo se hace en parte a individuos: a menudo la política delega en órganos colegiados y fragmenta el poder de decisión exigiendo dictámenes externos.

A estas soluciones procesales se llegó —y esto es crucial para entender lo que ha pasado en el CIDE— a través de delegaciones a prestigiosos científicos. En el caso del United States Geological Survey, la persona crucial fue John Wesley Powell: un geólogo exitoso y carismático que supo convencer a los políticos de que las personas que mejor podían administrar los recursos que los políticos otorgaban a la ciencia, incluido el dinero para salarios, eran los propios científicos. Powell y otros científicos prestigiosos dotados de talento político fueron capaces de transitar en y entre ambos mundos. Gracias a su acción ante el Congreso se ganaron la confianza de los políticos, resolviendo así el problema básico externo de la ciencia.

Las soluciones propugnadas medio siglo antes por Powell son las que otro líder científico, Vannevar Bush, consiguió institucionalizar en la National Science Foundation. Éste organismo es un Conacyt rico y autónomo que los políticos concedieron a la ciencia estadounidense gracias al prestigio que ésta había adquirido durante la guerra. Crucial fue también que Bush, quien había trabajado en la bomba atómica, convenció a los políticos de que —como él mismo había argumentado en su Science – The Endless Frontier— una ciencia autónoma sería útil para Estados Unidos. (Ello es discutible, pero lo es más aún que la ideología travestida de ciencia que López Obrador y sus discípulos quieren que se haga en el CIDE vaya a ser útil para México). Ese acto extraordinario mediante el cual los políticos otorgaban poder de decisión sobre la ciencia y sus recursos a un académico particularmente prestigioso se convirtió en rutina mediante soluciones administrativas, como los órganos de decisión colegiados, los dictámenes externos, el uso de baremos e índices de impacto, etc. Las soluciones, en fin, que ya se conocían en el United States Geological Survey de Powell.

¿Cuáles han sido en México esas circunstancias extraordinarias en que los políticos han confiado en académicos los recursos de la ciencia? En los días anteriores un profesor del CIDE ha mencionado la disputa entre Vicente Lombardo Toledano y Antonio Caso cuando el primero trató de imponer el marxismo en la UNAM. Este y otros conflictos nacidos de repetidos intentos por parte de políticos de convertir a la UNAM en un instrumento para sus luchas por el poder tardaron muchos años en resolverse; dichos conflictos ofrecen lecciones importantes sobre qué no intentar. Quiero creer que alguien cercano a López Obrador es consciente de ello y que este sexenio a la UNAM le irá mejor que al CIDE. Sin embargo, importantísima como la UNAM es para la ciencia en México, creo que para entender lo que pasa en el CIDE es más útil observar a El Colegio de México, una institución con la que el CIDE tiene en común la escala, el énfasis en las ciencias sociales y la contribución de exiliados. Sin embargo, en el caso del Colegio —no así en el CIDE— ese prestigio no fue institucionalizado en una norma que garantizase la autonomía presupuestaria y organizativa concedida por los políticos al respectivo fundador.

El acto fundacional del Colegio, por más que entonces se llamase Casa de España, tuvo lugar cuando Cárdenas concedió a Alfonso Reyes recursos para esta organización académica. Más que de su obra literaria, el prestigio de Reyes a ojos de Cárdenas derivaba del éxito extraordinario de su misión diplomática a Brasil, a donde el regiomontano consiguió que por primera vez tras la expropiación de petróleo mexicano. Crucial también para el asunto que nos ocupa —la libertad académica— es que el prestigio de Reyes servía para limitar la interferencia del poder político, particularmente en las decisiones sobre quiénes deberían ser miembros del Colegio. En 1940 la diferencia con la UNAM en este respecto era clara: un empleado del Partido de la Revolución Mexicana (el antecesor del PRI), Lucio Mendieta y Núñez, fue designado director del Instituto de Investigaciones Sociales, donde otras personas sin vínculos con la disciplina también recibieron puestos por favoritismo. Volviendo al Colegio: fue necesario el prestigio de Reyes y de un genio como el de Daniel Cosío Villegas, quien sabía navegar los mares de la política mexicana y de la ciencia, para institucionalizar la independencia del Colegio frente al poder político. El propio Cosío explicó el problema en sus memorias: “Era menester dar cabida a las instituciones que aportaron los fondos para su sostenimiento”, fundamentalmente el gobierno, “y por otra, tendría que quedar su dirección real en manos de gente académica”.

La solución fue interponer entre los llamados socios fundadores —entre ellos el gobierno, reunidos en lo que hoy se llama la Asamblea General— y el Colegio y su presidente a una Junta de Gobierno dominada por académicos: ésta es la que nombra al Presidente. Haber mantenido este arreglo institucional y a la vez recibir suficientes recursos del gobierno (y de fundaciones como la Rockefeller y la Ford) ha sido la base de la estabilidad del Colegio. La documentación interna de ambas fundaciones muestra que hicieron grandes donaciones al Colegio porque creían que el prestigio de Reyes (y luego de Cosío) libraría al Colegio de las interferencias por parte de los políticos que eran habituales en la UNAM y el resto de México y América Latina.

Salvadas las distancias de género y disciplina, el CIDE también fue fundado gracias a la intervención un académico extraordinario y reúne semejanzas con la del Colegio. En este caso, la persona que inspira a los políticos —concretamente a Luis Echevarría la confianza para otorgar los recursos fue Trinidad Martínez Tarragó, quien regresó a México después de haber hecho una maestría y enseñado economía en Glasgow. La mayor diferencia es que en el caso del CIDE, no así en el del Colegio, quienes desde el gobierno apoyaron a la nueva organización esperaban que sus miembros asesorarán a la presidencia en su intento de poner en marcha política neokeynesianas para tratar de reducir la desigualdad. No está claro cuáles fueron las consecuencias iniciales de esta diferencia, pero a partir de 1982 el CIDE sufre una primera regresión y vuelve a ser parte del spoils system. Es posible que la 4T termine haciendo lo mismo que el PRI hizo durante años: aparcar en el CIDE allí a seguidores para los que no encontraba otro modo de proveer de un ingreso e incorporar al centro de estudios a su aparato de propaganda. A ello apunta, a mi entender, el reciente ataque frontal a las comisiones académicas dictaminadoras, que rompe el dique con el que los académicos podían protegerse entre sí otorgando definitividad y así tratar de evitar que puestos académicos fuesen asignados a clientes políticos, en este caso al séquito de López Obrador.

La cuestión aquí es que, cuando fue directora general, Martínez Tarragó no supo o quiso dar al CIDE la autonomía de la que sí goza el Colegio. Menos aún lo hizo un operador del PRI como Ricardo Carrillo Arronte, quien dirigió el CIDE entre 1983 y 1989. Si saltamos el período (1989-2004) en que primero Carlos Bazdresch y luego Carlos Elizondo recompusieron al CIDE como institución académica y nos detenemos en la disputa por la dirección general en 2004 y en 2012, podremos entrever cómo y por qué el CIDE perdió otra ocasión de convertir el prestigio ganado en aquellos años en una autonomía académica comparable a la del Colegio. En 2004 podría haber sido candidato a la Dirección General el historiador Jean Meyer, quien posiblemente haya sido el académico con más prestigio y visibilidad pública dentro de México que ha tenido el CIDE. La candidatura de Meyer, sin embargo, fue eliminada con el argumento de que no nació en México, un argumento xenófobo y opuesto al universalismo de la ciencia. La partida entonces se jugó entre Blanca Heredia, la candidata de la dirección saliente que había conseguido reconstruir el perfil académico del CIDE, y Enrique Cabrero, de la División de Administración Pública, quien representaba al CIDE más cercano al sector público y a la consultoría. De hecho, mientras la dirección saliente trataba de convencer a los científicos del Conacyt, Cabrero llamó a Los Pinos, concretamente a Ramón Múñoz, jefe de la oficina de Vicente Fox. Obviamente, ganó la política y Cabrero fue nombrado director general y la opción más académica, representada por Heredia, salió derrotada. Después de un tiempo, calmadas las aguas, inició una etapa de coexistencia relativamente pacífica, si bien con el ala más académica subordinada.

En 2012 —y ahora recurro a recuerdos personales— los candidatos a la Dirección General fueron Sergio López Ayllón y Fausto Hernández Trillo. De nuevo encontramos un candidato que había llegado al CIDE a través de la misma División que Cabrero, cercana al sector público, el cual compite con un candidato de economía, la división académicamente más exitosa del CIDE. Durante la “campaña electoral”, confrontados con la pregunta sobre la autonomía académica y la conveniencia de que el CIDE adoptase un modelo más parecido al del Colegio, López Ayllón excluyó esta posibilidad desde el inicio, arguyendo que podría llevar a que el CIDE perdiese ingresos. Lo que no dijo es que ese riesgo económico era particularmente pronunciado para los que hacían las consultorías para el sector público mientras que para los demás el peligro era para su libertad académica. Ése es el peligro que ahora se ha hecho realidad; López Ayllón antepuso intereses económicos a proteger la libertad académica, que es la debería haber tenido prioridad en una organización en la que se hace ciencia, más aún siendo ciencia social. En mayor medida que López Ayllón, Hernández Trillo entendía la importancia de la autonomía académica y prometió intentar “emancipar” al CIDE.

El intento quedó frustrado antes de que empezase. Cuando Hernández Trillo esperaba en el Sanborns de Insurgentes enfrente del Conacyt a que llegase su turno para presentar su programa al Consejo Directivo del CIDE, recibió una llamada de su contacto en Los Pinos, pues él también los tenía. Quien llamaba le informó de que el nuevo director del CIDE sería López Ayllón, “pues es uno de los nuestros”. No fue difícil nombrarlo puesto que desde Los Pinos se controla el Consejo Directivo y el CIDE, al contrario que el Colegio, carece de una Junta de Gobierno formada por académicos que nombre al director general. Y efectivamente, durante el sexenio de Peña Nieto el CIDE, dirigido “por uno de los nuestros”, recibió tantas consultorías —como aquello de la Justicia Cotidiana que siguió a Ayotzinapa— que se hacía difícil no identificar al CIDE con Peña Nieto; esto no justifica, pero en parte explica “la inquina contra el CIDE”. Lo que las llamadas de teléfono revelan, y lo que le hace presa fácil, es que el CIDE nunca pasó a ser del todo de los científicos porque nunca dejó de ser de los políticos y de su spoils system.

Mirando atrás, uno tiene la impresión de que cuando Blanca Heredia o Jean Meyer —quien pudiera haber jugado el papel de un Powell en el United States Geological Survey o un Reyes en el Colegio— fueron reemplazado por Cabrero, un administrador público, el desarrollo del CIDE hacia la autonomía académica finalmente se detuvo. Ahora la 4T, deshaciendo lo andado por la ciencia mexicana desde los años cuarenta, impulsa a las universidades y centros de investigación mexicanos a una fase regresiva, con el CIDE a la cabeza. Los científicos sociales del CIDE y los estudiantes se merecen que sus colegas y los ciudadanos que crean en la educación y la investigación pública alcen la voz para defenderlos.

 

Álvaro Morcillo
Ha sido profesor del CIDE y fellow del Institute for Advanced Study en Princeton. Trabaja actualmente en SCRIPTS, en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Libre de Berlín.

 

2 comentarios en “Desarrollo y regresión de la autonomía académica en México

  1. El CIDE debe ser autónomo para que no vuelvan a suceder las imposiciones del gobierno, ya que esta institución es reconocida internacionalmente, por los proyectos en ciencia, por sus académicos con reconocimiento nacional é internacional, por sus destacados y comprometidos estudiantes; mi apoyo total al CIDE

  2. Me parece que para que el CIDE consiga su autonomía, sería bueno que la comunidad académica busque financiamiento de Fundaciones no gubernamentales e internacionales