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Es un extraño privilegio estar en la trinchera donde se libra la última batalla de una guerra de larga data en la historia del país. La batalla por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) es un capítulo de la contenciosa relación entre el Estado y los universitarios. En 1933 Vicente Lombardo Toledano y estudiantes comunistas que simpatizaban con él pretendieron hacer del marxismo la ideología oficial de la Universidad de México. El filósofo Antonio Caso respondió a esa pretensión en un célebre intercambio en el Congreso de estudiantes. La polémica marcó un hito en esa contienda cultural y filosófica cuyo último frente de combate se despliega hoy ante nuestros ojos. Para Caso la universidad “tiene un doble fin: el primero y el fundamental, contra todo lo que pueda alegarse es éste: enseñar; el segundo es éste: investigar […] esta comunidad de cultura universitaria tiene por fin investigar y enseñar”. Poner a la universidad al servicio de una meta social, por legítima y meritoria que sea, desnaturaliza su doble función esencial. Subordinar el espíritu crítico a una ideología o programa de gobierno destruye la peculiar aportación que la universidad puede hacer a la sociedad. Como señalaba Caso entonces, la universidad es una comunidad cultural que investiga y enseña; por tanto, “jamás preconizará oficialmente como persona moral, credo alguno filosófico, social, artístico o científico”. Este no es un entendimiento idiosincrático: la tentación de hacer de la universidad un think tank, un lobby, un centro de formación de cuadros ha sido enorme en todas partes del mundo. Por eso en 1967 la Universidad de Chicago proclamó en su informe Kalven que la misión de la universidad es el “descubrimiento, la mejora y la difusión del conocimiento […] es el hogar y el patrocinador de los críticos; no es ella misma la crítica”.

Ilustración: Estelí Meza

Lombardo Toledano y sus acólitos, por el contrario, pensaban que las universidades y los institutos de carácter universitario del país tenían “el deber de orientar el pensamiento de la nación mexicana”. Para ellos, “siendo el problema de la producción y de la distribución de la riqueza material, el más importante de los problemas de nuestra época, y dependiendo su resolución eficaz de la transformación del régimen social que le ha dado origen, las universidades y los institutos de tipo universitario de la nación mexicana contribuirán, por medio de la orientación, de sus cátedras y de los servicios de sus profesores y establecimientos de investigación, en el terreno estrictamente científico, a la sustitución del régimen capitalista por un sistema que socialice los instrumentos y los medios de la producción económica”.

Hoy el espíritu de Lombardo Toledano anima la crítica a la “orientación neoliberal” del CIDE, ese pequeño centro de investigación donde laboramos poco más de cien profesores-investigadores. ¿Por qué es ahora un símbolo, para sus detractores y para sus defensores? ¿Cuál es la bandera que ondea en su torre más alta? ¿Cómo se convirtió ese minúsculo lugar en el frente de esta batalla histórica? Ocurrió porque esa es una institución pública que ha reivindicado un sentido y un significado de lo que el Estado puede y debe hacer: proveer educación superior meritocrática de altísima calidad. Hasta hace tres años había sido, como escribí al comienzo del asedio en 2019, una historia de éxito de lo público. Contra la caricatura que lo pinta como un nido de “neoliberales” egoístas, el CIDE encarna la pulsión más generosa del Estado mexicano: proveer igualdad de oportunidades con base en el mérito y el esfuerzo. De lejanas rancherías en Chiapas y de pueblos de la sierra mixteca en Oaxaca han llegado durante décadas jóvenes capaces e inteligentes que han cambiado y seguirán cambiando la faz de este país. El CIDE es, con sus verrugas y desviaciones, una apuesta a lo público. El resultado ha sido la movilidad social para muchos alumnos a quienes la educación que recibieron les cambió la vida. Esa institución también apostó a insertarse en la ciencia social internacional: por medio de sus prácticas de reclutamiento y de publicación. En estas dos tareas fundacionales hay aspectos discutibles, pero el objetivo —la educación e investigación de nivel mundial— era y es defendible. He atestiguado y participado en nuestros éxitos y fracasos por más de un cuarto de siglo, más de la mitad de la historia de la propia institución. No siempre he estado de acuerdo con las decisiones que hemos tomado. En diversos frentes hemos fallado, ayer y hoy. Hemos tenido yerros menores y otros mayores. A veces no hemos estado a la altura de nuestra misión. Todo eso es cierto. Soy el primero en señalarlo. Sin embargo, el espíritu que lo anima, ese que hoy está bajo asedio, es y ha sido un ideal por el que vale la pena luchar. Así lo han entendido los más jóvenes entre nosotros: la promesa de futuro que son los estudiantes. Por eso han alzado una voz que nos conmueve y cimbra a sus mayores. El llamado de auxilio también ha sido respondido en numerosos claustros a lo ancho del país. No solo por la señal ominosa que sería la caída de este bastión del Estado mexicano ante el poder político destructor, sino porque ese llamado apela positivamente a la defensa de una universidad pública libre y generosa. Cada voz solidaria es un desafío a la sinrazón.

Hoy, la batalla de Antonio Caso se libra en una loma en Santa Fé. Si cae el CIDE cae mucho más que el CIDE. Nuestro “interés creado” es la creación de capital humano y la generación de conocimiento serio y riguroso, independiente de cualquier consigna política. Quienes lo defendemos somos los más vulnerables entre los empleados de universidades públicas: no contamos ni siquiera con el remedo de autonomía. La institución, los trabajadores, los profesores y los estudiantes estamos a la merced de las autoridades del Conacyt, la secretaría de Hacienda, la Función Pública y el Presidente de la república. Nuestra única arma en esta desigual batalla es la razón pública que no puede ser sometida, destituida o despedida arbitrariamente. Es la honda de los débiles. El CIDE pertenece a la sociedad mexicana y a ella ha servido. No es, sin embargo, patrimonio personal de ningún gobernante, por más que éste pretenda ser la encarnación del “pueblo”. Es público en el sentido más alto y más generoso que esta palabra puede tener: es de todos.

 

José Antonio Aguilar Rivera
Investigador del CIDE y autor de La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, 1821-1970 y Cartas mexicanas de Alexis de Tocqueville, entre otros títulos