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El Grupo de Información en Reproducción Elegida, una de las organizaciones feministas más importantes de México, acaba de publicar su más reciente informe sobre el estado de los derechos reproductivos en nuestro país. A continuación publicamos un comunicado en el que el grupo resume sus hallazgos más importantes.


Durante casi treinta años de trabajo, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) se ha consolidado como una organización feminista cuya misión es lograr una transformación cultural en México a través de la exigencia de justicia reproductiva, desde una perspectiva de derechos humanos.

Desde 2011, hemos documentado el panorama de los derechos reproductivos en México a partir de la publicación de informes generales y especializados que dan cuenta de la situación normativa, de política pública y de acceso a la justicia relacionada con los temas que trabajamos, así como de las deudas del Estado mexicano que continúan vigentes.

Nuestra última publicación, El camino hacia la justicia reproductiva: una década de avances y pendientes, es el resultado de una revisión sistemática de los avances, barreras y pendientes de la última década en materia de derechos reproductivos en México, enfocada en los cinco temas prioritarios para GIRE, que desglosamos a continuación.

Además del análisis de estándares de protección de derechos humanos, marcos normativos, datos estadísticos e información pública, hemos sistematizado las experiencias de personas y familias que han depositado su confianza en GIRE a lo largo de estos años para acompañarlas en su búsqueda de justicia y una reparación integral por violaciones a sus derechos humanos. A todas ellas y a las que nos han acompañado en este camino nuestro más profundo agradecimiento.

Aborto

En la última década, varios sucesos marcaron la lucha por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. La publicación de la Ley General de Víctimas en 2013 y las reformas de 2016 a la Norma 046 —que regula la violencia familiar, sexual y contra las mujeres— fueron avances importantes para el reconocimiento de los derechos humanos de las víctimas de violación sexual. Sin embargo, el desconocimiento de estas disposiciones por parte de las autoridades, del personal de salud y de algunos juzgadores ha obstaculizado el acceso a estos servicios.

Ahora ya son cuatro las entidades de la República mexicana que han despenalizado el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación. A la Ciudad de México (que despenalizó el aborto en 2007) se sumaron Oaxaca en 2019 y Veracruz e Hidalgo en 2021. El pasado 29 de octubre la legislatura de Baja California votó a favor de un dictamen de despenalización que, cuando se publique en el Periódico Oficial del Estado, sumará un quinto estado a la lista. Sin embargo, aún faltarían 27.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió en los últimos años varias sentencias paradigmáticas sobre casos acompañados por GIRE. En 2018, al resolver un caso de Morelos y otro de Oaxaca, la Corte calificó la falta de acceso a un aborto tras violación sexual como una violación a los derechos humanos y recalcó la obligación de las autoridades de atender eficiente e inmediatamente la solicitud de las víctimas, a fin de no permitir que las consecuencias derivadas de la violación se sigan desplegando en el tiempo. En 2019, a su vez, la Corte estableció que el aborto en los casos en que el embarazo implique un riesgo para la salud es un servicio de atención médica y que, consecuentemente, todas las instituciones de salud, incluyendo las del ámbito federal, deben proveerlo. Y en 2021, las y los ministros señalaron que el plazo de noventa días para acceder al aborto por violación establecido en el código penal de Chiapas es una forma de violencia contra la mujer que desconoce la dignidad humana y el derecho al libre desarrollo, además de que afecta la salud psicológica y vulnera los derechos de las personas con discapacidad.

Recientemente, en septiembre de 2021, la SCJN sentó varios precedentes fundamentales: determinó, de forma unánime, que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta; reiteró que no se le puede dar el estatus de persona al embrión o feto y que la protección a la vida prenatal no puede representar un obstáculo para el acceso a servicios de aborto; y determinó que la objeción de conciencia no es absoluta, pues su ejercicio debe respetar los derechos humanos de las personas, en particular la garantía de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva como el aborto.

Violencia obstétrica y muerte materna

En la última década, el término “violencia obstétrica” y las conductas que la constituyen fueron ampliamente difundidos en México, Latinoamérica y el resto del mundo. También se dieron pasos relevantes en materia normativa; a nivel nacional, el concepto continuó siendo reconocido en algunas leyes locales que norman el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, además de otras disposiciones que obligan a dar atención inmediata a cualquier persona que presente una emergencia obstétrica. Por otro lado la Norma 007 estableció criterios que unifican la atención a las mujeres embarazadas, en parto y en puerperio.

Sin embargo, no debemos perder de vista que el fenómeno de la violencia obstétrica es el producto de patrones que reflejan fallas estructurales cuya solución pasa por reconocer y corregir la insuficiencia en infraestructura, personal de salud, instrumental y equipamiento, así como por suplir la falta de servicios en el primer nivel de atención para evitar la saturación del segundo y tercer nivel, además de por la transformación de la relación asimétrica de poder entre las usuarias de servicios de salud y el personal médico.

Asimismo, es importante considerar que las fallas estructurales en el sistema de salud tienen un impacto particular para las mujeres de comunidades indígenas y afromexicanas. La atención por parte del Estado a la emergencia sanitaria ha exacerbado las desigualdades que afectan a estos grupos. Los recortes al presupuesto de espacios comunitarios que dan atención a mujeres indígenas y afromexicanas son una muestra de que el Estado incumple con su obligación de garantizarles una vida libre de violencia y el derecho a la salud, además de atentar contra las instituciones que realizan esta labor.

Desde GIRE, hemos reiterado que tipificar la violencia obstétrica no es la vía para erradicarla. Establecer un tipo penal individualiza el problema al centrarse en el personal de salud señalado como responsable y desatiende las causas que originan esta clase de violencia sin aprovechar la posibilidad de transformar las raíces de este fenómeno.

Por otro lado, el marco normativo y de política pública con el que contamos hoy en México, de ser debidamente implementado, permitiría disminuir las muertes prevenibles durante el embarazo, parto y puerperio, las cuales representan una violación a los derechos humanos de las mujeres y otras personas gestantes, así como un asunto de justicia reproductiva que es responsabilidad del Estado.

El primer nivel de atención de la salud no ha sido aprovechado para el cuidado de partos de bajo riesgo y el segundo y tercer nivel se encuentran saturados. La consecuencia ha sido un alto número de cesáreas injustificadas, así como insuficiencia de infraestructura, equipo, insumos y personal capacitado.

Al desgaste preexistente del sistema de salud hay que agregar los efectos de la pandemia de covid-19, tales como la disminución de las opciones de las mujeres para recibir atención médica prenatal y durante el parto y el aumento significativo de casos de muerte materna, que se ha traducido en una regresión de cerca de una década.

Vida laboral y reproductiva

Aunque la seguridad social es un derecho reconocido en la legislación mexicana, la posibilidad de acceder a ella depende de que las personas cuenten con un empleo formal. Esto representa una barrera importante para la garantía de este derecho y la conciliación entre la vida laboral y reproductiva, debido a que el 59.1 % de las personas económicamente activas están empleadas en el sector informal; entre ellas el 29 % de las mujeres ocupadas.

Un gran avance de la última década fue la reforma a la Ley del Seguro Social, que estableció que todas las personas trabajadoras aseguradas —y no sólo las mujeres, los trabajadores viudos o divorciados o aquéllos a los que judicialmente se les hubiera confiado la custodia— tendrán derecho a servicios de guardería para sus hijas e hijos.

Sin embargo, continúa pendiente la implementación de medidas que promuevan la participación igualitaria de los hombres en las tareas de cuidados y domésticas. En México hoy en día la licencia de paternidad contemplada en la ley consta de sólo cinco días. Tomando en cuenta la duración de las licencias de todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2018 el promedio de duración de la licencia de paternidad era de 8.5 semanas.

Es importante señalar que en el último año la pandemia de covid-19 ha tenido un efecto importante en el aumento del desempleo, la informalidad y la precariedad laboral que ha afectado especialmente a las mujeres: mientras que la tasa de ocupación de los hombres disminuyó 6.5 %, la de las mujeres lo hizo en 14.1 %.

Reproducción asistida

El acceso a las Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) implica el ejercicio de una serie de derechos humanos. En México se realizan TRHA desde hace más de cuatro décadas en clínicas y hospitales públicos y privados. Desde 2011, GIRE ha señalado la necesidad de regular la provisión de estos procedimientos de una manera integral que sea compatible con los derechos humanos y los avances científicos, siendo el principal interés proteger los derechos de las personas involucradas en los procedimientos. Sin embargo, hasta el momento, no hay avances en la materia.

La ausencia de un marco normativo que regule y vigile el acceso a TRHA en México limita la calidad de la información disponible sobre estos procedimientos y cómo acceder a ellos. Sin embargo, por medio de solicitudes de acceso a la información y el acompañamiento de casos, GIRE ha obtenido datos sobre la forma en la que operan los servicios de reproducción asistida en el país, información de la que se da cuenta en nuestro último informe.

En materia de reproducción asistida, la SCJN también ha emitido fallos relevantes en los últimos años. En junio de 2021, al resolver la acción de inconstitucionalidad 16/2016, las y los ministros reconocieron la necesidad de regular los procedimientos de reproducción asistida en general y la gestación por sustitución en particular. Este proyecto constituye un parteaguas, pues el derecho de las mujeres y las personas gestantes a decidir autónomamente sobre sus cuerpos no está actualmente garantizado y debe ser protegido constitucionalmente.

Los avances en la última década en materia de derechos reproductivos —particularmente en el nivel normativo y jurisprudencial— han sido notables. Sin embargo, todavía subsisten pendientes fundamentales en todos los ámbitos que no permiten a las personas determinar su destino reproductivo.

El camino hacia la justicia reproductiva ha sido y será largo todavía, pero desde GIRE lo continuaremos caminando, con la esperanza de contribuir con nuestro trabajo a un país más igualitario y más justo. Nuestro más reciente informe está disponible aquí.

 

Grupo de Información en Reproducción Elegida
Organización feminista cuya misión es lograr una transformación cultural en México a través de la exigencia de justicia reproductiva

 

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