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“Cuando todo parecía tranquilo…”

Desde hace más de dos décadas muchos han considerado inevitable el declive social y político de las organizaciones de trabajadores. Se ha buscado explicar su debilidad apelando a la extensión desbocada de la globalización y el libre comercio, al desmantelamiento de las instituciones del estado de bienestar, a la expansión de prácticas corruptas en el seno de los sindicatos, al predominio del individualismo y de las ideologías neoliberales o al desbordamiento de los mercados informales que privan de sentido a la organización gremial. En México, por añadidura, se señala a la debacle del sistema político corporativista como contribuyente adicional del declive sindical. Estos procesos están en el origen de que nos hayamos acostumbrado a ver a la mayoría de los sindicatos como instituciones inertes, sin dinamismo y sin rumbo.

Precisamente por ese aparente predominio de un sindicalismo vegetativo y sin destino llamó la atención un hecho singular. Los días 17 y 18 de agosto tuvo lugar en Silao, Guanajuato, una votación obrera en una de las plantas más importantes de General Motors. 5877 trabajadores, de un padrón de 6494, votaron por echar abajo el contrato colectivo que durante años ha fijado las condiciones laborales de esa planta apacible que —dicen sus directivos— nunca en sus 26 años ha registrado una huelga.

La presencia en una fábrica de urnas, boletas, mamparas y demás parafernalia a la que nos ha acostumbrado la transición democrática es ya de suyo sorprendente. Pero lo es más si se considera que esta elección fue el resultado de un pacto entre los gobiernos de México y Estados Unidos que se produjo por la inusitada queja de este último por violaciones a los derechos sindicales en la planta de Silao. Además, en otro hecho sin precedentes, fueron invitados a participar como testigos quince observadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y treinta funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Cómo explicar esta sucesión de hechos extraordinarios? ¿Se trata de una circunstancia difícilmente repetible? ¿Estamos ante un punto de inflexión en el sindicalismo? ¿Qué puede deparar al futuro del trabajo el nuevo ritual democrático? Cualquier intento de respuesta a estas preguntas tendrá que tomar en cuenta al menos tres circunstancias novedosas en el entorno laboral mexicano.

En primer término, hay que comprender las consecuencias que ha tenido para México el debate global sobre la inclusión de obligaciones laborales en los tratados de libre comercio. En segundo lugar, debe considerarse el influjo que esa discusión tuvo sobre las reformas constitucionales en materia de trabajo que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2017 y las consecuentes modificaciones a la Ley Federal del Trabajo aprobadas en 2019, cuando Morena era ya el partido mayoritario en el Congreso. Finalmente, habrá que registrar las derivaciones del inédito Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas México-Estados Unidos que el Congreso norteamericano impuso a México en diciembre de 2019 como condición de última hora para ratificar el renovado Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ilustración: Víctor Solís

La disputa por los derechos laborales universales

Prácticamente desde su creación en 1995, la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha sostenido un debate sobre la pertinencia de fijar normas laborales internacionales y sobre la conveniencia de incluirlas en los tratados de libre comercio. Las posturas en el organismo se dividen entre quienes defienden la desregulación del comercio y rechazan cualquier norma sobre el trabajo, y quienes defienden un piso mínimo de reglas que evite que la globalización continúe provocando la “carrera hacia abajo” en las condiciones de los asalariados.

Entre los antagonistas de las reglas laborales se cuentan los “ultras” del neoliberalismo y un sector de las trasnacionales que denuncian a las regulaciones del trabajo como una forma de proteccionismo. Los acompaña en la causa, paradójicamente, una buena parte de los gobiernos de países en desarrollo, los cuales han apostado a que las condiciones de trabajo inferiores de sus economías representen una ventaja comparativa para atraer al capital transnacional. La contraparte de estos grupos han sido gobiernos y corrientes políticas de las naciones desarrolladas, junto con sindicatos de esos países, que ven en la disparidad laboral y las condiciones precarias del trabajo en el tercer mundo un forma de competencia desleal que ha dado en denominarse “dumping social”. Los partidarios de la regulación atribuyen a este fenómeno la destrucción de empleos, el deterioro de los salarios y la pérdida de la capacidad de negociación de los trabajadores en el mundo desarrollado.

Estas dos perspectivas mantienen desde hace tiempo una confrontación que no acaba de resolverse en el ámbito de los organismos multilaterales. Un momento relevante de este debate fue la reunión ministerial de la OMC en Singapur en 1996, la cual abrió las puertas al primer esfuerzo de la Organización Internacional del Trabajo de establecer un código internacional de obligaciones laborales mínimas. En 1998 la Asamblea de la OIT aprobó la “Declaración Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento”.Este documento estableció por primera vez derechos que se consideran universales y obligatorios para todos los países miembros de la Organización, independientemente de su grado de desarrollo. Estos derechos incluyen: la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento del derecho de negociación colectiva, la eliminación del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el empleo.

La relevancia de este documento para México y para el caso de General Motors estriba en que desde mayo de 2007 el gobierno estadunidense —incluyendo a una administración republicana y a legisladores demócratas— llegó a un pacto que permitió dirimir temporalmente la controversia entre neoliberales y proteccionistas. En ese acuerdo se convino que todos los tratados de libre comercio firmados por Estados Unidos deberían contener la obligación de cumplir con los derechos contenidos en la Declaración de la OIT. Así, cuando en 2016 México accedió a firmar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), el gobierno de nuestro país tuvo que comprometerse con los términos de la OIT en materia de libertad sindical y contratación colectiva.

Por otra parte, la Declaración se convirtió en una base para los reclamos de las nuevas redes internacionales de sindicalistas que se han abierto espacio al calor de la globalización. Tanto en Estados Unidos como ante la OIT, diversos sindicatos, federaciones sindicales internacionales y sindicatos independientes mexicanos han invocado en sus demandas la violación de la Declaración, en especial en respuesta a la expansión en México de los llamados “contratos de protección patronal”, auspiciados por los sucesivos gobiernos desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Cuando el TPP sacudió a la Constitución mexicana

En 1992 tuvimos el primer aviso de que el modelo laboral mexicano no se avenía con la concepción de los derechos del trabajo que predican nuestros vecinos del norte. Los legisladores demócratas condicionaron la ratificación del TLCAN, ya suscrito por el primer George Bush, a que incorporara un documento paralelo de compromisos laborales: el llamado Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN). El gobierno de Salinas de Gortari estuvo dispuesto a suscribir un compromiso de hacer cumplir las leyes laborales mexicanas. Pero no más. Con la soberanía nacional como estandarte, los negociadores mexicanos rechazaron cualquier reforma legal que amenazara al viejo arreglo institucional con los líderes sindicales priistas y la exclusión permanente del sindicalismo independiente. El estira y afloja se resolvió con un acomodo burocrático y relativamente inocuo: los acuerdos del ACLAN permitirían una ruta formal para la presentación de quejas por parte de trabajadores afectados por violaciones a sus derechos ante los gobiernos. Pero luego de eso, los reclamos presentados entre países se perderían en una niebla de diplomacia y papeleo.

Por el contrario, la firma del TPP representó un vuelco para la normativa mexicana del trabajo. Ahora los derechos a la libertad de sindicalización y de contratación colectiva se hacían obligatorios. Esos compromisos —aunados a las denuncias en foros internacionales contra México a partir del ACLAN y después con la Declaraciónde la OIT— sumaron la presión suficiente para orillar al gobierno de Peña Nieto a reformar los artículos 123 y 107 de la Constitución. Con estas reformas se trastocaría el modelo tripartito concebido por los constituyentes de 1917 y que había sido adaptado con los años al control político de los sindicatos. Fue una sacudida para el sindicalismo tradicional y para todo el mundo del trabajo.

Entre otros cambios decisivos, la reforma de febrero de 2017 dio un plazo de cuatro años para desaparecer las viejas juntas de conciliación y arbitraje y trasladar la administración de la justicia laboral al Poder Judicial. Así se ponía término a las oxidadas y sórdidas rutinas de los tribunales tripartitos. Además, la reforma de Peña liquidó las facultades que permitían al presidente y a su Secretaría del Trabajo decidir si otorgaban personalidad jurídica a los sindicatos y ratificar la legitimidad de los líderes (la tristemente célebre toma de nota). En su lugar se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), un organismo descentralizado y autónomo con un director designado por el Senado en votación calificada. A este órgano independiente se le trasladaron las nuevas funciones de certificar la representatividad de los dirigentes sindicales y dirimir las disputas de titularidad de los contratos colectivos, entre otras tareas.

La reforma constitucional introdujo además la obligación ineludible de los sindicatos de modificar sus estatutos para asegurar que su vida interna fuera democrática, mandando el voto personal, directo y secreto en la elección de dirigentes, en la aprobación de los emplazamientos para firmar contratos colectivos y en los procesos para dirimir disputas por la titularidad de los contratos.

Es conocido que a partir de los años ochenta del siglo pasado la expansión del libre comercio y las políticas gubernamentales de contención salarial y limitación al sindicalismo independiente dieron lugar a que el predominio de sindicatos complacientes con las empresas, autoritarios en su vida interna y subordinados al gobierno y al PRI. Tanto los personeros de ese modelo de “sindicalismo responsable” —los mismos que han llevado hasta el extremo la generalización de los contratos de protección patronal— como los empresarios que han sido sus beneficiarios percibieron con claridad las amenazas que se cernían sobre el statu quo laboral con las reformas que el TPP indujo a Peña Nieto a impulsar.

De ahí que la reglamentación de las reformas constitucionales en una nueva versión de la Ley Federal del Trabajo topara con serios obstáculos en un Congreso de mayoría priista. Transcurrieron los meses de 2017 y buena parte de 2018 sin que vieran la luz los cambios en la Ley del Trabajo que debían ser el corolario de la reforma constitucional. Ni los partidarios de aplicarla a plenitud producían iniciativas, ni los esfuerzos priistas por impulsar una ley que neutralizara sus efectos más radicales pudieron salir adelante. La acción de los sindicalistas independientes mexicanos, movilizando voces en los circuitos internacionales, contribuyó a bloquear esos intentos.

Y el T-MEC desatascó la Ley

La historia del T-MEC está por escribirse y este no es el lugar para hacerlo. Pero los acontecimientos de Silao serían incomprensibles sin tomar en cuenta la forma atropellada en que concluyó la negociación del T-MEC. El 30 noviembre de 2018, luego de 15 meses de negociaciones, el primer ministro Trudeau y los presidentes Trump y Peña, cuyo sexenio agonizaba, suscribieron en Buenos Aires el nuevo tratado que reemplazaría al TLCAN. Esta vez, al igual que en el TPP, el texto incluía un capítulo, el 23, con la obligación de asegurar la vigencia de los derechos de la Declaraciónde la OIT.

Para entonces se había registrado ya el terremoto electoral de julio de 2018 que llevó a la presidencia a Andrés Manuel Lopez Obrador y dio la mayoría a su partido en el Congreso. De hecho, representantes del presidente electo acompañaron a los funcionarios de Peña Nieto en la última fase de las negociaciones. Con ello se aseguraba la aprobación del tratado por el Senado mexicano. Pero en Estados Unidos, los legisladores demócratas fueron implacables. Al igual que 25 años antes con el TLCAN, la oposición a Trump en la Cámara de Representantes, bajo la presión de sus aliados de la AFL-CIO y otros poderosos sindicatos, rechazó ratificar los términos laborales del tratado, reclamando mayores garantías. La negligencia de México a la hora de reformar la LFT conforme al nuevo artículo 123 había sembrado desconfianza.

Conociendo la importancia que para México tenía el tratado, los demócratas, los cabilderos sindicales y los republicanos de alma proteccionista condicionaron la ratificación del T-MEC a nuevas exigencias. Así surgió un nuevo anexo del tratado, el 23-A. Entre otros compromisos, México se obligaba a efectuar las reformas a la LFT antes del primero de enero de 2019 y se enumeraban detalladamente los derechos que debía garantizar. Además, se convino en incluir reglas explícitas para combatir los contratos de protección patronal, entre otras la exigencia de que los contratos colectivos fueran aprobados por votación secreta de los trabajadores y que durante los primeros cuatro años de vigencia de la Ley los contratos colectivos existentes fueran revisados y votados por los trabajadores.

Para no dejar dudas de la seriedad con que tomaban el asunto, al final del anexo 23-A los legisladores estadunidenses impusieron una condición fatal: mientras México no aprobara las reformas a su Ley, el nuevo tratado no entraría en vigor. Fueron aún más lejos: en otro anexo, el 31-A, se incluyó un procedimiento sumario para la presentación de quejas y la eventual aplicación de sanciones comerciales por la violación de los derechos de libertad sindical y contratación colectiva. El inédito Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas México-Estados Unidos, el alma de ese anexo, resultaría decisivo para los eventos de Silao. Una vez aceptadas por México las nuevas condiciones, el 10 de diciembre, ya con López Obrador en la presidencia, se suscribió el protocolo que permitía la ratificación del Tratado en el Congreso norteamericano.

Así, bajo presión extrema, en el arranque de su gobierno, López Obrador emprendió en enero de 2019 las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Los laboralistas del entorno de AMLO aprovecharon bien el momento: construyeron una iniciativa de reformas que no sólo ponía en marcha las novedades del artículo 123, sino que reglamentaba los compromisos del Tratado y, aprovechando la nueva correlación de fuerzas parlamentarias, incorporaba otras medidas largamente defendidas por el sindicalismo independiente. Se perfilaban así nuevos aires para la política laboral.

Dos disposiciones merecen ser destacadas por su incidencia en el caso de General Motors. La primera es el artículo transitorio décimo primero, diseñado para combatir los contratos de protección, que fijó un plazo de cuatro años (a partir de mayo de 2019) para que todos los contratos colectivos se sometieran al voto secreto de los trabajadores de cada empresa. Los contratos que no fuesen ratificados se anularían, aunque sus condiciones seguirán vigentes para los trabajadores. Se encomendó a la Secretaría del Trabajo elaborar los protocolos que deben seguir los sindicatos para esa “legitimación de contratos” hasta que progresivamente entrara en funciones el Centro Federal. La primera votación sindical que detonaría la aplicación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápidase llevó a cabo justo como resultado de una tentativa de legitimar el contrato colectivo de la planta automotriz de Silao.

Otra faceta única del acontecimiento de agosto en General Motors es la presencia inédita del personal del INE en la votación. Es consecuencia de la manera en que se estructuró finalmente el CFCRL en la Ley. Para apuntalar el propósito constitucional de darle independencia, la Junta de Gobierno resultó conformada por los secretarios de Trabajo y Hacienda y por tres organismos autónomos (el INAI, el INEGI y el INE). De esta manera se daría entrada por primera vez a la autoridad electoral en asuntos laborales.

El persuasivo “Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida”

Los especialistas en negociaciones comerciales ven el anexo 31-A del T-MEC como un hito histórico. Por primera vez en el marco de un tratado comercial la violación de los derechos sindicales y las restricciones a la contratación colectiva pueden dar lugar a sanciones que podrían ir desde la perdida de las ventajas arancelarias hasta la restricción de sus exportaciones hacia los países firmantes.

Para asegurar su eficacia, el Mecanismoprevé que las autoridades de Estados Unidos y Canadá puedan recibir denuncias de violaciones a los derechos laborales en México en los términos del capítulo 23 y tengan un plazo de treinta días para decidir si las aceptan. A continuación, pueden presentar una queja por “denegación de derechos” ante el gobierno de México. En 45 días, si este último gobierno reconoce la violación, debe concertarse entre las partes un “curso de remediación”. Cualquier desavenencia entre los gobiernos va a parar a un panel internacional de expertos que puede verificar los hechos in situ y que debe dictaminar en treinta días si procede sancionar a las empresas. Como se ve, el Mecanismoes contundente, ágil y preciso: muy alejado de las sutilezas diplomáticas que esterilizaron al ACLAN.

Los legisladores norteamericanos quedaron fascinados por el mecanismo. Tanto, que a este big stick laboral le asignaron 210 millones de dólares del presupuesto federal para la operación de un órgano intergubernamental que coordinará las quejas, para que el Department of Labor opere una línea de recepción de denuncias anónimas y para emplear en la Embajada de Estados Unidos en México cinco agregados especializados en vigilar el medio laboral mexicano. Este dispositivo es el que se puso en marcha en la gran planta de General Motors en Silao.

La legitimación a la manera del Sindicato “Miguel Trujillo”

La reforma de 2019 alteró las rutinas de los sindicatos. Los obligó a introducir el voto individual y secreto en sus estatutos y en la legitimación de los contratos colectivos. En 2020 venció el plazo para la primera de las obligaciones y para la segunda el término vencerá en mayo de 2023. Para mediados de agosto de 2021, los datos oficiales sostenían que 2025 de los 2110 sindicatos de jurisdicción federal registrados (el 95 %) habían modificado sus estatutos. En la jurisdicción local las cifras son extrañas: concluido el plazo legal apenas lo habían hecho 3936 de los 10 854 registrados (36 %). Respecto a las legitimaciones, pese a contar con un plazo más largo, muchos sindicatos han avanzado. Para el 16 de agosto de este año, un día antes de la votación de Silao, las autoridades registraban 1504 contratos legitimados en la jurisdicción federal. Se ha estimado que 812 254 trabajadores han participado en esas consultas.

El contrato colectivo de la planta de General Motors no alcanzó lugar en esas estadísticas. Su legitimación se frustró como resultado de las votaciones del 16 y 17 de agosto. Un título largo y ambicioso ilustra ya la personalidad de la organización titular del contrato Silao: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Sidero-metalúrgica, Automotriz y Proveedoras de Autopartes en General, de la Energía, sus Derivados y Similares de la República Mexicana “Miguel Trujillo López”. Es una institución sui generis que tan sólo en los registros federales ostenta al menos 267 contratos. El Sindicato Miguel Trujillo forma parte desde siempre de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y es titular de varios contratos colectivos en otras plantas de General Motors. Desde 2005 accedió al control del contrato de Silao luego de que en los más altos niveles de la CTM se resolviera adjudicárselo cuando el anterior sindicato, también cetemista, empezó a tener enfrentamientos con la empresa. Está por estudiarse aún el origen del movimiento que surgió hace un par de años en la planta de Silao contra la práctica de la directiva sindical de imponer a los delegados de las áreas de trabajo. Un grupo de activistas fue despedido entonces y conformó un movimiento, “Generando Movimiento”, que se opone activamente a la dirigencia del “Miguel Trujillo”.

El “Miguel Trujillo” ya había ratificado 45 de sus contratos colectivos cuando decidió organizar el primer proceso en Silao el 20 y 21 de abril. Como en todos los casos, el sindicato se encargó de diseñar la consulta bajo los lineamientos establecidos por la Secretaría del Trabajo. Dieciséis inspectores del trabajo locales y federales, acompañados por cinco funcionarios de la Secretaría y cuatro invitados del CFCRL, formaron el cuerpo de supervisores del evento. La Secretaría del Trabajo aceptó también la solicitud de una observadora de una organización civil de laboralistas a la que el Sindicato rechazó e impidió la entrada.

Las votaciones parecían marchar sobre ruedas la mañana de aquel martes 20 de abril, al menos hasta las tres de la tarde, cuando se hizo un receso en la votación. Inquietos, los líderes del “Miguel Trujillo” resolvieron llevar a cabo un recuento parcial en sus oficinas, en presencia de los inspectores. Concluyeron el conteo de los votos a las 7:30 del miércoles 21. Habían votado ya 3435 trabajadoras y trabajadores, el 52.8 %. El “no” llevaba la mayoría: 1784 (51.94 %) se pronunciaban contra la ratificación y 1628 (47.39 %) a favor. A esa hora los materiales, sellados por los inspectores, fueron resguardados bajo llave en la oficina sindical en espera de la votación del turno de noche. Y entonces, cuando los inspectores se presentaron a las 21:30 para reanudar la tarea, descubrieron que ni las mesas de votación ni las urnas estaban en su sitio. El representante sindical les informó que la votación no podía reanudarse. Aquella tarde, alguien había cortado por la mitad las boletas dispuestas para la votación y revuelto la papelería. De acuerdo con el acta levantada, en las cajas en que se resguardaba el material se encontró garabateada una leyenda: “SOMOS GENERANDO MOVIMIENTO”. Los inspectores dieron fe de la destrucción y observaron que las chapas y puertas de la oficina sindical no mostraban signos de violencia. Después, presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Guanajuato. Los ejecutivos de la empresa les aseguraron que solo los funcionarios sindicales tenían las llaves de acceso a la oficina.

Como era previsible, el 11 de mayo, la Unidad de Enlace para la Reforma del Sistema de Justicia Laboral —la autoridad laboral encargada del proceso de legitimación— resolvió anular la elección. Tras un recuento de irregularidades la Unidad ordenó al sindicato “Miguel Trujillo” repetir la votación en un plazo de treinta días, fijando esta vez nuevas exigencias de seguridad tanto para General Motors como para el sindicato.

Se desencadena el Mecanismo

Un día después de publicada la decisión de la Secretaría del Trabajo, la más alta autoridad de comercio de Estados Unidos, la embajadora Katherine Tai anunció el estreno del Mecanismo de Respuesta Rápida. Conforme a los términos del T-MEC, la embajadora reclamó al gobierno mexicano determinar si había existido una denegación de derechos laborales en la votación de Silao. “La acción —dijo la funcionaria— muestra el compromiso de la administración Biden-Harris con los trabajadores y una política comercial centrada en ellos”.

El 15 de junio la AFL-CIO, la mayor central sindical estadunidense, denunciaba que, cumplidos los treinta días del plazo fijado por las autoridades, el “Miguel Trujillo” todavía no había repetido la votación. Hubo pronunciamientos similares por parte de UNIFOR, el sindicato canadiense con mayor número de afiliados, así como cartas de representantes demócratas presionando al gobierno de Washington. En ese contexto apremiante, el 8 de julio, la embajadora Tai se entrevistó en México con la secretaria del Trabajo. Cinco días después se anunciaba que los funcionarios de ambos gobiernos habían llegado a un Plan de Reparación para subsanar el incidente de abril.

El pacto del 13 de julio extremaba las exigencias. El Sindicato debería organizar un nuevo proceso a más tardar el 20 de agosto bajo la supervisión de la STPS. Ésta se comprometía a asegurar la libertad y secrecía del voto, a validar el listado de votantes y a procurar que se evitaran las irregularidades de abril. La empresa quedaba obligada a asegurar que todos los trabajadores obtuvieran una copia del contrato colectivo. Un minucioso clausulado detallaba la vigilancia de las autoridades sobre las comunicaciones del Sindicato y la empresa con los trabajadores. Además, la Secretaría y los grupos de observación debían abrir una línea de acceso público para recibir denuncias anónimas de los trabajadores. Otra previsión impedía cualquier intento de sabotaje: si para el 20 de agosto la votación no se hubiere realizado, el contrato colectivo sería nulo. Más aún, la elección se realizaría con la presencia permanente de observadores de la OIT, desde la publicación de la convocatoria hasta el momento del conteo de votos. El acuerdo además puso la condición inédita de que asistieran a la votación funcionarios del INE. No se dejaban cabos sueltos: si el INE no aceptara participar, se convocaría a otro organismo autónomo y si éste faltara y las partes no se pusiesen de acuerdo en la participación de algún otro, se consideraría no efectuada la reparación.

En ese contexto implacable de vigilancia y recelos se llevaron a cabo las nuevas votaciones el 17 y 18 de agosto. La enorme planta de 246 hectáreas se vio invadida en esos días por un ejército de extraños: decenas funcionarios del Trabajo, treinta observadores del INE, 15 de la OIT y una tropa de empleados notariales de Silao, convocados por el Sindicato. El “Miguel Trujillo” multiplicó también los funcionarios traídos de otras empresas y trabajadores asignados a la tarea de operar la votación.

El día de las votaciones los medios atestiguaron varias conferencias de prensa. Una del dirigente del canadiense UNIFOR, que viajó a Ciudad de México especialmente para el evento y estuvo acompañado de los disidentes de Generando Movimiento. Otra de la Federación de Sindicatos Independientes de las Industrias Automotriz, Autopartes, Aeroespacial y del Neumático (FESIIAAAN), llamando a los trabajadores a rechazar el contrato.

En la planta no hubo interrupciones. Durante treinta horas continuas, sin detener las labores, los trabajadores de las líneas de ensamble y las distantes naves de transmisiones y estampado fueron acudiendo en orden a las mesas de votación. A las seis de la tarde del 18 de agosto, el notario de Silao dio fe del fin de la votación. Para la madrugada del jueves 19 el “Miguel Trujillo” anunció los resultados del cómputo. Con una participación casi total —5876 (91.59 %) votos emitidos— 2623 (44.6 %) se inclinaron por ratificar el contrato mientras que 3214 (54.7 %) lo rechazaron. 39 votos fueron anulados. Así se cerraba el capítulo de la legitimación en General Motors, planta Silao.

¿ Qué esperar ahora?

El 17 de septiembre la Secretaría del Trabajo emitió el dictamen oficial por el que se dio por terminado el contrato colectivo de General Motors con el Sindicato Miguel Trujillo El Sindicato adelantó que denunciará irregularidades del proceso que hasta ahora no ha dado a conocer. La OIT presentó su informe a los dos gobiernos, como corresponde a un organismo multinacional. El INE, por su parte, entregó a la Secretaría del Trabajo su reporte de observación, con sus recomendaciones para perfeccionar el procedimiento de votaciones en sindicatos.

Como secuela, y hasta en tanto no suceda otra cosa, los 6500 obreros de la automotriz pasaran a tener contratos individuales, con las mismas condiciones que antes imponía el contrato colectivo. Todo indica que ese régimen será transitorio. La inercia que parecía regir la sosegada vida sindical de los obreros de General Motors demostró ser superficial. Ahora soplan nuevos aires.

A pocos días de la votación un grupo de trabajadores de la planta saltó a la palestra para anunciar la creación de un nuevo sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz, creado, según sus propios términos, “por el impulso inicial de Generando Movimiento”. Se proponen negociar un nuevo contrato colectivo. Es muy probable que el “Miguel Trujillo” u otro organismo cetemista busque el mismo propósito. Ningún otro sindicato tiene cerradas las puertas para contender con estos dos.

Pero esta vez las reglas serán diferentes. Los sindicatos deberán obtener del CFCRL el certificado de representatividad que les exige la nueva Ley, demostrando el respaldo de al menos el 30 % de los trabajadores. Los trabajadores deberán después dilucidar, mediante otra votación personal y secreta, quién representa a la mayoría para negociar un nuevo contrato. Y pactado éste con la empresa, los trabajadores tendrán una nueva ocasión para aceptarlo o rechazarlo. Así son las elaboradas exigencias democráticas de la reciente reforma.

Ese parece ser el futuro probable en Silao. Pero el espacio público se ha llenado de especulaciones sobre los efectos más amplios de este episodio. ¿Es el novedoso caso de General Motors una solitaria golondrina en el cielo sindical? ¿Cundirá el ejemplo? ¿Representa, como han afirmado algunos entusiastas, el principio del fin del viejo sindicalismo corporativo sometido al poder político?

Es temprano para avanzar especulaciones. Las tendencias apuntan a que, en tanto no se ratifiquen todos los contratos colectivos, surgirán nuevas expresiones de disenso sindical. Es posible que estas expresiones hallen eco en los espacios trasnacionales abiertos por la globalización, como acaba de demostrarse. Eso constituye un estímulo para la alteración de la rutina, al menos en las empresas exportadoras a los vecinos del norte, las cuales están sujetas a las nuevas reglas del T-MEC y expuestas al activismo de las redes del sindicalismo globalizado. Lo que venga dependerá de que aparezcan nuevas corrientes de trabajadores con deseo de renovar a sindicatos fosilizados y de que encuentren respaldo mayoritario en un mundo que, pese a todo, es de relativo privilegio entre los asalariados.

Habrá que prestar atención a lo que suceda en el más amplio territorio de las empresas que dependen del mercado interno. En ellas también rigen las reformas legales y aunque no sean aplicables las rigurosas exigencias del Tratado, sí lo serán las de la democratización de sindicatos y contratos que buscan romper con una larga tradición de autoritarismo y opacidad.

El desempeño autónomo del nuevo Centro de Conciliación y Registro será crucial para evitar que, de nueva cuenta, se desarrolle otro sindicalismo de caudillos y líderes subordinados al gobierno y una nueva modalidad de simulación laboral que daría al traste con los propósitos democratizadores de la reforma. Las condiciones legales están puestas, pero es aventurado anunciar un futuro luminoso en un medio en el que, como en el sindical, domina la matriz autoritaria y presidencialista.

 

Luis Emilio Giménez Cacho
Sociólogo. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática.

 

Un comentario en “Sorpresa en Silao

  1. Para cuando se acabará el nocivo sindicalismo de las universidades?
    Para cuando habrá libertad para elegir algún sindicato o no pertenecer a alguno?
    El descarado y sempiterno enriquecimiento de los lideres sindicales no es corrupción? por que nada hace este gobierno?