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De acuerdo a una investigación de El Universal, el presidente López Obrador habló de las elecciones en 40 de las 42 comparecencias mañaneras que tuvo entre el 5 de abril y el 1 de junio, ya en medio del proceso electoral.

Ilustración: Víctor Solís

Lo hizo a pesar de que sabía que violaba la veda electoral que impone la Constitución en los artículos 41 y 134. El primero señala que el Ejecutivo tiene prohibido intervenir en las elecciones en tiempos electorales; el segundo establece que no está permitido promocionar obras del gobierno mientras dure el proceso.

A pesar de ello, utilizó trece horas para hablar de los programas de gobierno o pronunciarse sobre los comicios. De ese total, 10 horas fueron en las 20 mañaneras del mes de abril. Las otras tres horas fueron durante las 22 mañaneras de mayo. No se contemplan las mañaneras del mes de marzo, cuando ya había iniciado el proceso electoral.

En la mañanera del 5 de abril habló 93 minutos en clara violación a las leyes. El 13 y el 7 de abril: 65 minutos y 61 minutos, respectivamente. En ocho ocasiones, más de 30 minutos. Sólo en las comparecencias del 4 y 10 de mayo no hizo referencia al proceso electoral. La primera la dedicó al accidente de la Línea 12 del metro; la segunda fue un espectáculo musical para celebrar el día de las madres.

El 15 de enero de 2021, el INE recordó a los titulares del Poder Ejecutivo de los tres órdenes de gobierno que no podían promocionar obras y hablar sobre las elecciones. Esto con el propósito de no afectar la equidad y la imparcialidad.

En contra de este señalamiento, el presidente hizo propaganda de gobierno en 29 de las 36 mañaneras efectuadas entre el 5 de abril y el 26 de mayo, de acuerdo al órgano electoral. Esto significa que violó la Constitución en el 80 % de las veces.

Durante la campaña electoral, el INE le pidió al presidente una y otra vez que respetara la Constitución y no utilizara las mañaneras para hablar de las elecciones y promocionar obras del gobierno. Nunca hizo caso. A lo largo de la contienda, el mandatario sostuvo, en más de una ocasión, que era su obligación intervenir y que ejercía su libertad de expresión. Esto a pesar de que sabía que violaba la Constitución. Siempre se puso por encima de ella.

Luis Estrada, de la consultoría SPIN —que todos los días analiza las mañaneras—, dice que el presidente habló tres veces sobre la campaña en cada comparecencia entre el 4 de abril y el 31 de mayo, ya en veda electoral. Intervino más en las campañas de algunos estados donde le interesaba de manera particular que ganara el candidato de Morena, como los casos de Guerrero, Sonora, Michoacán y Nuevo León.

En 56 ocasiones habló de la campaña de Guerrero, 33 de la de Sonora, 30 de la de Michoacán y 21 de la de Nuevo León. En total, 141 veces. Ahora el INE mantiene abierta una investigación sobre la intervención del presidente en las elecciones. Esto ante cinco quejas presentadas por el PRD, MC y particulares.

La Unidad Técnica de lo Contencioso del organismo electoral emplazó al presidente, a Morena y a 71 concesionarios de radio y televisión a presentar pruebas en su defensa ante la acusación por difundir propaganda gubernamental en campañas y contravenir los principios de equidad e imparcialidad al hablar de las elecciones. Entre otras cosas, la Presidencia debe informar si los concesionarios de radio y televisión transmitieron, por decisión propia o por contrato, las mañaneras del 16, 19 y 20 de abril.

En la acusación se plantea: “Se emplaza a Andrés Manuel López Obrador, a través del Consejero Jurídico del Ejecutivo federal, al director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, así como al titular de la coordinación general de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, por la probable transgresión a lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, y 134, párrafo séptimo, de la Constitución”.

El pasado 1 de julio, la sala especializada del TEPJF determinó que el presidente violó la Constitución y afectó la equidad del proceso electoral en los estados de San Luis Potosí y Nuevo León. La sentencia fue aprobada por mayoría y se le acusa de haber utilizado recursos públicos indebidos, como lo señala la ley, los días 5,6,7 y 11 de abril.

Se llama al presidente, vía la Consejería Jurídica, a “que utilice adecuadamente los recursos públicos que tiene a su alcance”. La resolución, ante la demanda presentada por el PRD, sanciona también al coordinador de Comunicación Social, al director del Centro de Producción de Programas Informativos Especiales (Cepropie) y da aviso al Órgano Interno de Control de la dependencia.

Advierte que las manifestaciones del presidente “no pueden estar amparadas en la libertad de expresión”. El TEPJF determina que el presidente afectó la equidad del proceso electoral. Por ello exhorta a que utilice adecuadamente los recursos públicos a su alcance; que la coordinación de Comunicación Social de presidencia publique un extracto de la sentencia y modifique las mañaneras donde actuó en contra de la ley, y que no se repitan las conductas ilegales. Faltan todavía otras resoluciones.

Cuando el presidente decidió de manera abierta y pública meterse al proceso electoral, aunque lo tenía prohibido, sabía muy bien que iba a quedar impune como el 98 % de los ciudadanos que cometen algún delito en el país. Desde el primer día de su mandato, el presidente se ha puesto por encima de la Constitución y las leyes con el argumento de que la justicia está sobre la ley.

Es él y sólo él quien interpreta cuándo la justicia, que dice representar, está más allá de la Constitución y de las leyes. En su versión, la actual legislación que le prohíbe participar en el proceso electoral es injusta y tiene derecho de violarla. En su concepción del mundo, su cumplimiento debe exigirse a los demás, pero no a él. Sabe que de parte del INE y el TEPJF sólo habrá exhortos y llamadas de atención y que su accionar quedará impune.

Desde ya se puede decir que el presidente va a incrementar su participación ilegal en el proceso electoral en la elección de 2024 y que también lo hará en las elecciones a gobernador del próximo año. Su actitud deja en claro, como en otros capítulos de la vida pública, que violar la Constitución y las leyes no tiene ningún costo. ¿Algún día habrá consecuencias por violentar la ley?  

 

Rubén Aguilar Valenzuela