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La Sierra Madre del Sur atraviesa la geografía de Michoacán; es una región montañosa y diversa que transita de climas áridos a bosques y selvas hacia la costa. Se trata de territorios de difícil acceso para las fuerzas del Estado, propicios para el cultivo y siembra de narcóticos, y para el establecimiento de laboratorios clandestinos. Las organizaciones criminales con presencia en la entidad recurren tanto a la ruta de trasiego del Pacífico que se dirige hacia Estados Unidos por Baja California y Sonora como al puerto de Lázaro Cárdenas para el mercado asiático. A lo largo de los últimos veinte años, el crimen organizado también ha utilizado el traslado ferroviario y el autotransporte para mover de manera clandestina grandes cantidades de narcóticos en cargamentos de productos primarios, que se exportan a través de los cruces fronterizos formales al mercado estadunidense.

A partir de los años setenta del siglo pasado una serie de familias, entre las que destacan los Valencia (tamaulipecos asentados en Uruapan y conocidos después como el Cártel del Milenio), consolidaron acuerdos con el Cártel de Guadalajara y, tras su fragmentación a inicios de los noventa, con los Arellano Félix para proveer al mercado estadunidense de marihuana y derivados de la amapola. Posteriormente se aliaron otras mafias regionales, como los Amezcua (Cártel de Colima), con el Cártel de Sinaloa (CDS) y los Coroneles para consolidar su expertise en la producción de metanfetaminas y exportar al mercado asiático.

En la primera década del siglo XXI, el Cártel del Golfo y su brazo armado, los Zetas, ingresaron al estado. En un inicio se aliaron a la mafia local conocida como la Empresa, pero luego ésta se opuso a la violencia que generaban y se refundó en 2006 como la Familia Michoacana.

Tras una estrategia exitosa de cooptación criminal (gobiernos estatal y locales, procuradurías y policías) y de generación de base social mediante apoyos económicos a comunidades, el gobierno federal puso en marcha una estrategia para abatir y detener a sus principales líderes. Para hacer frente a este nuevo contexto, una parte de la Familia se reorganizó como los Caballeros Templarios en 2011, y adoptó como práctica distintiva el cobro de derecho de piso y privilegió la violencia como estrategia de expansión.

En oposición, desde inicios de 2013, se establecieron grupos de autodefensa conformados por ejidatarios, propietarios de plantíos, miembros de las comunidades y criminales antagónicos. Lantia Intelligence identificó 10 grupos en 2013 que incrementaron a 33 para 2014, distribuidos en 29 municipios.

Ilustraciones: Estelí Meza

 

En 2014, el contexto de seguridad en Michoacán requirió de una intervención de gran escala por parte del gobierno federal. Se trató de una decisión necesaria ante la presencia de grupos criminales sumamente violentos que, junto con la proliferación de grupos de autodefensa, habían propiciado serios cuestionamientos acerca de la capacidad del gobierno federal para recuperar la paz y la seguridad regional.

En este contexto surgió el Plan Michoacán, una estrategia para atender la crisis de seguridad y gobernabilidad, coordinada por la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán. A diferencia de otras estrategias que lanzó el gobierno de Enrique Peña Nieto con antelación, en ésta también se planteó la recuperación de espacios tomados por grupos criminales y autodefensas, así como el fortalecimiento de instituciones débiles y que se mantenían, hasta ese momento, en el abandono.

La diferencia en la aproximación tuvo un motivo concreto: en Michoacán, los grupos de autodefensa ganaron simpatía nacional y no se podría implementar una estrategia de combate frontal como era la regla hasta entonces. La evolución de los riesgos de seguridad y gobernabilidad durante ese periodo son:

• Grupos criminales consiguieron cooptar o infiltrarse en posiciones clave de ayuntamientos y del gobierno estatal. Esta relación les permitió operar con relativa impunidad.

• Comunidades enteras sufrieron en lo cotidiano y en lo económico. Los grupos criminales diversificaron de forma agresiva sus actividades hacia distintos delitos de alto impacto (con énfasis en la extorsión presencial) que pusieron en riesgo sectores agrícolas, mineros y comerciales, entre otros.

• El descontento social propició el surgimiento de grupos de autodefensa —especialmente ante los ataques de carácter sexual por miembros de grupos criminales en contra de mujeres.

• Gradualmente, las autodefensas se extendieron hacia otros municipios con presencia criminal. La proliferación de autodefensas fue veloz y tuvo buena recepción por las comunidades.

La intervención federal permitió el abatimiento y detención de los líderes de los Templarios y socavó su base de apoyo social, por lo que se pulverizó en distintos grupos a lo largo de la región de Tierra Caliente, tanto de Michoacán como en Guerrero y Estado de México. Este nuevo escenario permitió el ingreso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una escisión del Cártel del Milenio que aún cuenta con integrantes de la familia original: los González Valencia (los Cuinis), brazo financiero del cártel. En Michoacán, Lantia Intelligence registra, al primer trimestre de 2021, nueve organizaciones criminales con vínculos con el CJNG. Si bien hay familias con arraigo local, la mayoría se trata de brazos armados: a) los Cuinis, b) los Guerreros, c) el Cártel Zicuirán Nueva Generación, d) las Fuerzas Especiales Mencho, e) el Grupo Élite, f) los Cinco del Pueblo, g) los Cornudos, h) los Deltas, e i) los RR.

El Plan Michoacán tuvo claroscuros. Por un lado, resultó efectivo para desvincular a autoridades de grupos criminales; institucionalizar a las autodefensas en el marco de la Fuerza Rural; remodelar las instituciones de seguridad locales, y reorientar los objetivos institucionales de los ámbitos federal y estatal con miras a recuperar la gobernabilidad.

Por otro lado, ciertas decisiones precipitadas llevaron a integrar a la Fuerza Rural a personas de perfil criminal que utilizaban la pantalla de autodefensas. Estos criminales, una vez policías, utilizaron el cargo para combatir a sus rivales. Durante los meses subsecuentes, la Fuerza Rural encabezó ataques en contra de grupos criminales contrarios que, lejos de reflejar una decisión gubernamental, respondían a dinámicas locales de competencia criminal.

 

Silvano Aureoles comenzó su administración en 2015 con estrategias ambiciosas para la seguridad estatal, y de cero tolerancia frente a los cuerpos informales de seguridad conformados previamente. Esta estrategia tuvo el visto bueno del gobierno federal que colaboró con él en la puesta en marcha. La estrategia conjunta que acordaron Aureoles y el gobierno federal comenzó con el despliegue de fuerzas federales en veinte municipios con mayor presencia criminal. De la información disponible, 3000 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 2000 de la Policía Federal reforzarían la seguridad junto con otros 3000 que ya se encontraban en el estado. Sin embargo, esta colaboración sería transitoria: concluiría con la conformación de la Policía Michoacán. De forma paralela, y con el apoyo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el gobierno estatal firmó convenios con ayuntamientos para iniciar la operación de la Policía Michoacán bajo un esquema de mando único. De esta manera se integraría a las policías estatal, municipales y otros cuerpos de seguridad (Fuerza Ciudadana, Fuerza Rural y Fuerza Indígena) en una única fuerza policial con mando centralizado en la SSP-Michoacán. Durante el primer año de su administración, 110 de los 113 municipios del estado firmaron los convenios de adhesión. La conformación de la Policía Michoacán también marcaba el final del periodo de gracia concedido a las autodefensas. A partir del 11 de febrero de 2016 —el mismo día en el que se lanzaba la Policía Michoacán— serían detenidos los autodefensas que no dejaran las armas. El 27 de abril de ese mismo año se declaró la extinción de la Fuerza Rural.

 

De 2015 a 2018 se observó un deterioro en los indicadores que dan cuenta del nivel de violencia en Michoacán. Los homicidios dolosos aumentaron de 766 a 1388, lo que implica un aumento del 75 % entre 2015 y 2018. Por su parte, las víctimas letales del crimen organizado pasaron de 662 en 2015 a 1316 en 2018 (es decir, un incremento de 99 %).

Otro indicador que mostró deterioro fue la percepción de seguridad en el estado por parte de la población de Michoacán. En 2015 el 17.7 % señaló sentirse segura, mientras que en 2018 dicha proporción bajó a 14.6 %.

Por otra parte, con base a resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE), de 2015 a 2018 se observó una mejora en indicadores relacionados con la incidencia delictiva y con la percepción de confianza y de desempeño de las instituciones de seguridad pública en el estado. Se registró una disminución en la tasa de prevalencia por cada 100 000 habitantes de los delitos siguientes: amenazas verbales (6 %), extorsión (26 %), lesiones (19 %), robo en casa habitación (9 %), robo o asalto en calle o transporte público (7 %), y robo total o parcial de vehículo (5 %).

Al mismo tiempo, el porcentaje de la población de Michoacán que indicó tener “algo” o “mucha” confianza en las instituciones de seguridad pública aumentó: Ejército (aumentó en 6.7 puntos porcentuales), jueces (6.5 puntos), Marina (3.9), Ministerio Público y procuradurías/fiscalías estatales (5.3), Policía de Tránsito (9.4), Policía Estatal (11.9), Policía Federal (8.0), Policía Ministerial o Judicial (5.7), Policía Preventiva Municipal (12.0), PGR/FGR (7.7).

Se registró, además, un ligero aumento del porcentaje de la población que indicó percibir el desempeño como “algo” o “muy” efectivo de las instituciones de seguridad pública: Ejército (aumentó en 2.3 puntos porcentuales), Ministerio Público y procuradurías/fiscalías estatales (1.4), Policía de Tránsito (4.9), Policía Estatal (2.9), Policía Federal (0.4), y Policía Preventiva Municipal (2.9).

Como se observa, el aumento se registró principalmente para las instituciones de seguridad estatales y municipales. A pesar de experimentar dichas mejoras, Michoacán se encuentra entre los estados que muestran menores niveles de confianza en las autoridades y en la percepción de que su desempeño sea “algo” o “muy” efectivo.

En cuanto al tamaño de la fuerza policial, de 2015 a 2018 se observó un decremento del 36 % en el número de elementos de Seguridad Pública Estatal, 39 % en el elementos de Prevención y Reinserción Social, 24 % de disminución en elementos de la Procuraduría de Justicia y 12% menos elementos de Seguridad Pública Municipal. De esta manera, el número de policías por cada 1000 habitantes bajó de 2.9 a 2.1.

En 2017, el CDS conformó Cárteles Unidos (CU): una alianza de organizaciones locales y autodefensas promovida y financiada por algunas mafias subordinadas como los Zambada y los Coroneles para hacer frente al CJNG, tanto en Michoacán como en otros cinco estados claves para la ruta del Pacífico (Guerrero), o con mercados relevantes de narcomenudeo (Guanajuato). En Michoacán, CU está conformado por: a) la Nueva Familia Michoacana —compuesta a su vez por los Viagra, sus brazos armados los Blancos de Troya y el Cártel del Camaleón; así como Guardia Michoacana, escisión de los Templarios—; b) el Cártel del Abuelo (antiguo integrante del CJNG) y sus sicarios, el Cártel de Los Reyes; c) el Cártel de la Virgen; y d) familias con arraigo como los Tena y los Pulido, antiguos aliados de los Valencia. Si bien no pertenecen directamente a CU, la Nueva Empresa (escisión más relevante de la Familia con presencia en el lado mexiquense y guerrerense de Tierra Caliente) coopera por medio de los Correa en municipios al noreste de la entidad. Actualmente el conflicto entre el CJNG y Cárteles Unidos es el principal generador de violencia criminal en Michoacán.

Durante el primer trienio de su administración (2015-2018), Silvano Aureoles continuó la estrategia de seguridad anterior. Se mantuvo una estrecha y cordial colaboración con el gobierno federal que fue particularmente importante en el contexto de la lucha contra de grupos criminales locales, pues la Policía Federal y la Sedena participaron en la gran mayoría de operativos de captura y desmantelamiento. Además, en el marco de la Policía Michoacán, el gobierno estatal continuó con la acreditación y profesionalización de policías municipales para evitar la infiltración y cooptación criminal como había sucedido en administraciones previas.

 

Los resultados de la estrategia de seguridad de Silvano Aureoles durante la primera mitad de su gobierno fueron mixtos. Por un lado, se lograron avances en materia de profesionalización policial, en relación con la situación predominante en 2015. Por otro lado, para 2018 las instituciones de seguridad de Michoacán seguían presentando rezagos importantes. De acuerdo con el documento “Modelo Óptimo de la Función Policial” de abril de 2018 —en el que se evalúa a elementos estatales: la policía estatal contaba con 0.7 elementos por cada 1000 habitantes (en contraste, el promedio nacional era de 1.1); junto con Nayarit, Michoacán ocupaba la tercera posición por menor número de elementos aprobados en control de confianza con 69 %, y el número de no aprobados era el sexto más alto del país (16 %).

De acuerdo con un análisis de los principales indicadores de seguridad, la estrategia que implementó el gobierno estatal de 2015 a 2018 tuvo como resultado un incremento importante de los homicidios dolosos. Sin embargo, la evolución del homicidio doloso y el robo de vehículos —delitos que registran una baja cifra negra—, mantuvo una tendencia estable entre octubre de 2015 y diciembre de 2018 (107 y 653 denuncias en promedio al mes, respectivamente). De acuerdo con datos de la ENVIPE del Inegi, se observó una ligera mejora en la percepción de seguridad en Michoacán durante 2016 (25.1 %), atribuible al inicio de la actual administración estatal. Sin embargo, ésta disminuyó durante los años subsecuentes (19.2 % en 2017 y 14.6 % en 2018).

 

En septiembre de 2018, para dar continuidad al modelo de Policía Michoacán, el gobierno de Aureoles intentó renovar los convenios de adhesión de mando único de policía con ayuntamientos entrantes, pues el modelo requiere de renovación cada vez que inicia una nueva administración municipal. En esta segunda etapa, sólo 65 municipios decidieron adherirse al esquema. A diferencia del éxito inicial de la firma de convenios en 2015 y 2016 —110 municipios se integraron a la estrategia en el primer año—, la alternancia en las elecciones de 2018 generó resistencias: 102 municipios están gobernados por la oposición y 24 % (27 localidades) por Morena. Además, esta vez el gobierno estatal no contó con el respaldo del gobierno federal. Durante su segunda mitad, la administración federal (2012-2018) intentó sin éxito implementar este modelo de policía en todo el país.

El nivel municipal es el más vulnerable al crimen organizado. Razón explica por qué  entre los ayuntamientos que presentaron mayor resistencia a la segunda etapa estuviera Aguililla, gobernado por el PRI. En 2019 el gobierno estatal tomó control de la seguridad de tres municipios adicionales: Tingambato, Taretan y Ziracuaretiro por probables vínculos de policías con el crimen organizado y por su falta de cumplimiento con el CUP. Sin embargo, la colusión criminal en Michoacán no es reciente. Es un problema histórico. Como referencia, entre mayo y junio de 2009, en el operativo conocido como Michoacanazo, el gobierno federal detuvo a 38 funcionarios públicos tanto estatales como municipales por presuntos vínculos con la Familia. Entre los detenidos destacaban 12 presidentes municipales, el procurador del estado, el subprocurador de Morelia; y se intentó detener también al medio hermano del entonces gobernador y diputado federal electo. Sin embargo, los tribunales desecharon las pruebas y eventualmente todos obtuvieron su libertad. El 30 de marzo de 2021, uno de los detenidos en 2009, el exalcalde de Aguililla por el PRD, fue capturado en Guatemala, con fines de extradición a Estados Unidos, por su participación como integrante de CU.

Al arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Michoacán no se encontraba dentro de los estados con una situación de inseguridad crítica. Además, la administración entrante manifestó querer colaborar con las autoridades estatales. De acuerdo con Alfonso Durazo —quien fue nombrado secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en diciembre de 2018, y como tal encabezaría formalmente la creación de la Guardia Nacional (GN)—, en Michoacán se trabajaría de la mano con autoridades locales.

 

La GN ha desempeñado un papel básico en las actividades de combate al crimen organizado en Michoacán. Son varios los indicadores que sugieren que dicha institución, junto con la Sedena, es la principal responsable de los operativos y acciones en contra de los grupos armados ilegales que operan en el estado, en especial, las células afines al CJNG que han incursionado en años recientes en Tierra Caliente y en municipios próximos a Jalisco.

Aunque las cifras varían de manera significativa en distintos reportes, de forma regular Michoacán es uno de los estados donde la GN reporta un mayor número de elementos desplegados. Aproximadamente uno de cada seis elementos desplegados de la Guardia se encuentra en Michoacán; una concentración alta, si consideramos que en el estado reside alrededor del 4 % de la población nacional.

El primer coordinador de la GN en Michoacán fue el general Fidel Mondragón. El general Mondragón logró mantener una relación de colaboración con las autoridades estatales, y también impulsó acciones directamente con los titulares de algunos ayuntamientos. Una de sus principales iniciativas fue la construcción de cuarteles. Desde que comenzó el sexenio, la GN ha inaugurado instalaciones en varios municipios, incluyendo Cotija, Jiquilpan, Morelia, Paracho y Sahuayo.

En este sentido, Michoacán ha sido uno de los estados pioneros dentro de una estrategia más amplia del gobierno federal para fortalecer la presencia territorial de la GN por medio de la construcción de nuevas instalaciones. Cabe señalar que, en Michoacán, la construcción de instalaciones de la GN ha sido una solicitud recurrente de las autoridades locales.

Más allá del aumento de la presencia territorial, y de las actividades ordinarias de vigilancia, la GN también ha sido un actor central dentro de distintos operativos, en particular la captura de integrantes del crimen organizado (generalmente de forma coordinada con  la Sedena). En el país en su conjunto, la GN apenas ha participado en el 14 % de los arrestos de integrantes del crimen organizado registrados de julio de 2019 a marzo de 2021. En contraste, en Michoacán la GN ha participado en el 61 % de los arrestos para ese periodo.

Casi la totalidad de los arrestos en los que ha participado la GN son de integrantes del CJNG o de células afines a dicho cártel. Además de los arrestados que colaboraban directamente para el CJNG, cabe señalar que el 40 % formaban parte del brazo armado conocido como los RR. Destacan los siguientes arrestos:

El 31 de agosto de 2020 capturaron en Aguililla a nueve integrantes de los RR, incluido el Jaguar, exmilitar que se desempeñaba como líder de sicarios y a quien se señala por participar en la emboscada de octubre de 2019, en ese mismo sitio, en la que fueron asesinados 13 policías estatales.

El 3 de diciembre de 2020, una veintena de personas, presuntamente vinculadas al CJNG, fueron detenidas tras una serie de enfrentamientos que alteraron el orden público de cuatro municipios del noroeste del estado (Cotija, Tocumbo, Tingüindín y Los Reyes), cercanos a los límites con Jalisco.

El 16 de enero de 2021, en un operativo amplio para responder a la presencia del CJNG en localidades de Coahuayana, se detuvo a un policía municipal, señalado por colaborar con los criminales.

En marzo de 2021, la GN fortaleció su estrategia de contención del CJNG con el despliegue de casi 1000 elementos en la Zona Metropolitana de Jacona-Zamora y municipios aledaños. En esa región de Michoacán es donde el CJNG había logrado en años previos una presencia más consolidada, particularmente después de una serie de ataques contra los Viagra y sus aliados, perpetrados durante el primer semestre de 2019. No queda claro si este operativo tuvo continuidad después del recrudecimiento de la violencia que se registró en Tierra Caliente en las semanas subsecuentes.

Si bien la GN ha enfocado sus acciones en contra del CJNG, su despliegue territorial genera otras confrontaciones de menor intensidad. En algunos casos, las mafias locales recurren a pobladores y contingentes desarmados para obstaculizar algunos operativos. Por ejemplo, en febrero de 2020, pobladores de Apatzingán, presuntamente vinculados a los Viagra, agredieron con huevos y pedradas a elementos de la GN (les exigían retirar el punto de vigilancia que tenían instalado en la carretera Apatzingán-Aguililla, así como dejar de patrullar y devolverles armas largas decomisadas).

Más recientemente, en marzo de 2021, estuvo cerca la ruptura de la aparente tregua entre la GN y las mafias michoacanas (que para ese entonces se habían integrado en su mayoría a Cárteles Unidos, alianza impulsada por el Cártel de Sinaloa). Tras la detención en Buenavista de Steve Sierra Paredes, hijo de uno de los líderes de los Viagra, se registraron una serie de bloqueos y agresiones, incluidos disparos contra un helicóptero militar. Trascendió de forma extraoficial que, tras las agresiones, Sierra Paredes habría sido liberado.

Además de las acciones en contra del crimen organizado, la GN desarrolla numerosas actividades en Michoacán, las cuales dispersan sus recursos y limitan su capacidad de respuesta ante ese tipo de violencia. Por ejemplo, la GN ha sido clave para contener un prolongado conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en particular para liberar las vías del ferrocarril, que durante 2020 fueron bloqueadas en varias ocasiones por contingentes de maestros.

 

Resulta difícil distinguir a la Sedena y a la GN como dos actores con una estrategia diferenciada en Michoacán. A pesar de la existencia de dos estructuras separadas, en los hechos, la mayoría de las operaciones de combate al crimen organizado que se desarrollan en Michoacán tienen participación conjunta de la Sedena y de la GN.

Al igual que en el caso de la GN, la totalidad de los arrestos de integrantes del crimen organizado con participación de la Sedena corresponden a organizaciones afines al CJNG. La Sedena tiene una presencia más visible que la GN en algunos de los municipios donde operan las células criminales de mayor peligrosidad, en particular Tepalcatepec y Aguililla (ambos ubicados dentro de la jurisdicción de la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán).

Las acciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Michoacán han ido en sintonía con la estrategia de la GN de focalizar recursos para detener el avance del CJNG. Al igual que en el caso de las otras dependencias federales, se advierte una dinámica de colaboración con la policía estatal.

A partir de 2019, la FGR se ha enfocado en buscar la vinculación a proceso de los integrantes del CJNG y organizaciones afines que son detenidos en operativos de la GN o de la Sedena. Debido al tipo de armamento que suelen utilizar los detenidos (en particular los que forman parte de brazos armados como los RR), es frecuente que se logre vincularlos por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Algunos medios de comunicación locales han señalado omisiones importantes en otros ámbitos de acción de la FGR, sobre todo en la investigación de los frecuentes bloqueos a las vías de comunicación que llevan a cabo los diversos grupos armados que operan en el estado.

En el actual sexenio, la FGR ha encabezado algunas acciones aisladas de combate a la producción de narcóticos, en particular la destrucción de cargamentos decomisados. Sin embargo, el propio delegado de la FGR en Michoacán, Jesús López Trujillo, reconoció en 2019 una disminución en el desmantelamiento de laboratorios clandestinos. Es importante subrayar que este tipo de laboratorios en Michoacán, en particular los de la zona de Tierra Caliente, concentran una parte importante de la producción de drogas sintéticas del país.

 

La prioridad inequívoca del gobierno de López Obrador en Michoacán ha sido frenar el avance del CJNG. El esfuerzo por desarticular al CJNG no es exclusivo en Michoacán, de hecho, esa organización hoy es el blanco prioritario, tanto del gobierno mexicano como de la DEA. Sin embargo, en pocos estados la concentración de esfuerzos en contra del CJNG es tan contundente como en Michoacán.

Cabe señalar que las mafias locales contrarias al CJNG que operan en el estado tienen una importante base social en algunas comunidades, lo que en el pasado les ha permitido organizar manifestaciones en apoyo a líderes criminales. Debido a ese apoyo, las mafias michoacanas tienen ciertas ventajas operativas. Por ejemplo, algunas comunidades con frecuencia bloquean caminos para detener el avance del CJNG; incluso se ha reportado el surgimiento de grupos femeniles de autodefensa con el objetivo específico de combatir a dicha organización criminal.

En sintonía con las directrices del gobierno federal, es probable que la GN evite golpear a las organizaciones criminales locales con el propósito de minimizar el riesgo de que se presenten conflictos con sectores amplios de la población, como ocurrió durante la intervención federal contra los Caballeros Templarios en 2014 y 2015.

La estrategia de confrontación al CJNG no tuvo resultados alentadores durante 2019 y 2020. Los niveles de violencia han ido en aumento, en particular en la Zona Metropolitana de Jacona-Zamora, en el noroeste del estado. El CJNG, lejos de frenar su avance, logró golpear con fuerza a sus rivales. Por ejemplo, una serie de ataques en contra de los Viagra en mayo de 2019, en varios municipios, que dejaron seriamente debilitada a dicha organización, así como una mayor presencia en Aguililla y otros municipios de Tierra Caliente. Por otro lado, la GN generalmente ha cedido ante las mafias locales que operan en Michoacán en alianza con el Cártel de Sinaloa, y que hasta ahora han recurrido a estrategias de movilización social para presionar al gobierno federal y evitar operativos que afecten sus intereses. Es en virtud de estas estrategias que dichas mafias mantienen control territorial de algunas comunidades, particularmente de Tierra Caliente.

 

Durante la segunda mitad del gobierno de Aureoles (2018-2021), su Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se concentró en la implementación de la estrategia de Policía Michoacán y en consolidar la inversión en infraestructura de seguridad, reestructurando operativamente la dependencia.

Hasta marzo de 2021 se habían construido, con una inversión de 8000 millones de pesos, 11 cuarteles de la Policía Michoacán ubicados en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zitácuaro, y Morelia —donde se construyó también una Unidad de Restablecimiento de Orden Público (UROP). Actualmente tres más están en proceso de construcción en Zamora, La Piedad y uno adicional en la capital. En septiembre de 2019 se inauguró el nuevo complejo C5-i (Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia) en Morelia, que está conectado a 11 subcentros y a 6060 cámaras de vigilancia en todas las regiones de la entidad. También se instalaron 55 arcos carreteros para detectar imágenes y placas. Este tipo de acciones fueron respaldadas por empresarios michoacanos, como la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC) y del Consejo Coordinador Empresarial en el Estado de Michoacán (CCEEM).

A marzo de 2021, de acuerdo con datos oficiales del gobierno de Michoacán, 50 % de los policías cuentan con Certificado Único Policial (CUP) y se había aumentado el sueldo de los policías de 7500 pesos mensuales a 32 000. Sin embargo, los datos del Modelo Óptimo de la Función Policial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) hasta diciembre de 2020 indican que el salario mínimo neto del policía de baja jerarquía es de 10 450 pesos y que el avance del CUP era de 53 %: el sexto estado con menor avance del país.

Como ha sido la tendencia nacional en los últimos años, Michoacán adoptó el modelo de Fiscalía General para organizar el Ministerio Público estatal —en sustitución de la Procuraduría General de Justicia (PGJ)— por la reforma a la Constitución local en agosto de 2018. Durante los meses siguientes se discutió su implementación en el Congreso estatal; el 18 de febrero de 2019, este proceso culminó con la publicación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE); el 24 de ese mes, Adrián López Solís tomó protesta como primer fiscal general.

Durante los cuatro años previos (2015-2019), Martín Godoy Castro había encabezado la PGJ con resultados mixtos. Por un lado, se reconoció su papel en el combate a grupos criminales —él fue una pieza clave en el desmantelamiento de los Templarios. Por el otro, miembros de la sociedad civil criticaron su trabajo por diversos motivos:

• La supuesta represión de autodefensas: el caso más emblemático fue la detención de José Manuel Mireles y 82 integrantes de su grupo, en 2014); de indígenas (caso Caltzontzin), en 2017, y de estudiantes (Tiripetío), en 2017, entre otros.

• Sostener que la violencia estatal no estaba vinculada a grupos criminales. Desde su perspectiva, entre el 70 y 80 % de los homicidios dolosos ocurrían por convivencia social.

• Su papel en el Plan Michoacán: él fue designado como titular de la PGJ directamente por Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral, pero fue ratificado en el cargo por el gobernador Silvano Aureoles.

Con la puesta en marcha de la FGE se atienden algunas de las críticas que emitió la sociedad civil en el pasado. Entre los aspectos más destacados de la estrategia de procuración de justicia entre 2019 y 2021, destacan:

• De acuerdo con información oficial, la FGE ha encabezado un proceso de actualización y profesionalización de los elementos, y ha adquirido herramientas necesarias para optimizar su labor.

• La FGE actualmente desarrolla su función de la mano de un Consejo Consultivo Ciudadano que, además de verificar el cumplimiento de las metas, asegura que la FGE no violente derechos humanos. Esta colaboración debería evitar que hayan acusaciones por represión social.

A pesar de todo lo anterior, la FGE no ha conseguido disminuir la incidencia delictiva y la violencia estatal. De forma destacada, al comparar los primeros semestres de 2019 y 2020, se observa que el número de carpetas de investigación judicializadas incrementó, mientras que los delitos de alto impacto disminuyeron, aunque la tendencia podría atribuirse a la pandemia de covid-19 en este último renglón.

Este periodo también estuvo marcado por dos tragedias en 2019: por un lado, en julio falleció Martín Godoy, exprocurador y titular de la SSP estatal (llevaba cuatro meses en el cargo), y otros funcionarios en un accidente de helicóptero en el municipio de Madero; y el 14 de octubre, 13 policías estatales fueron asesinados y nueve resultaron heridos en una emboscada del CJNG en la comunidad de La Bocanada, en el municipio de Aguililla.

De acuerdo con datos de Lantia Intelligence, en la segunda mitad del gobierno de Aureoles (enero de 2018-marzo de 2021), 30 elementos municipales en activo y cuatro expolicías fueron víctimas letales del crimen organizado. Destacan Zamora con seis, Zitácuaro con cinco y Uruapan y Tarímbaro con tres casos, respectivamente. Entre el 1 de septiembre de 2020 y el 25 de abril de 2021, Lantia Intelligence ha identificado cinco eventos de violencia política-electoral, tanto amenazas como agresiones directas, contra exalcaldes y alcaldes en funciones. Los presidentes municipales perredistas de Angamacutiro (26 de febrero) y Nuevo Urecho (27 de enero) recibieron amenazas; el expresidente municipal por el PRD de Nuevo Urecho (27 de enero) fue víctima de un atentado; y los exalcaldes del PT por Apatzingán (5 de octubre) y del PVEM por Aquila (5 de enero) fueron asesinados.

 

Michoacán ha transitado por diversas crisis institucionales, de violencia y de gobernabilidad, que hacen difícil comparar su desempeño con el de otras entidades del país. En este sentido, las instituciones estatales y municipales continúan con serios rezagos que impedirán que el estado revierta la dinámica de violencia en el mediano plazo. Sin embargo, se observan resultados positivos en materia de profesionalización de todos los encargados de los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia.

Primero, la puesta en marcha de la Policía Michoacán, con la modalidad de mando único de policía, se considera positiva. Aun cuando subsisten posiciones encontradas sobre la efectividad de este modelo policial para disminuir la incidencia delictiva, su principal mérito reside en la homologación de criterios de evaluación y profesionalización policial. Esta función es particularmente relevante, pues reduce el riesgo de que grupos criminales corrompan a policías municipales con facilidad. Uno de los problemas que enfrentará la administración entrante es la inestabilidad que tiene la Policía Michoacán bajo el esquema de mando único, pues éste requiere del consentimiento de los ayuntamientos. Si bien hay casos previos de éxito en el ámbito nacional, también se han observado casos en los que municipios se oponen con firmeza a su implementación, especialmente desde que López Obrador asumió la presidencia.

Segundo, a pesar de las críticas por el desempeño de la PGJ durante los primeros cuatro años de la administración de Silvano Aureoles, ésta tuvo éxito para realizar operativos en contra de grupos criminales y mantener estable la incidencia delictiva total. Con la reconfiguración del sistema de procuración de justicia en torno a la FGE, se considera que ésta resuelve algunas de las principales críticas en contra del desempeño de la PGJ (en particular sobre los señalamientos de represión). Sin embargo, la violencia exacerbada de Michoacán, más las insuficiencias humanas e instrumentales de la FGE, hacen inviable que ésta investigue la totalidad de las denuncias presentadas e incremente el número de casos judicializados.

En el plano político, Silvano Aureoles se ubica como uno de los más duros detractores del gobierno de López Obrador. También ha sido crítico del discurso de “abrazos no balazos” que se promovió desde Palacio Nacional a principios de este sexenio. Al respecto, el gobernador de Michoacán señaló que los grupos criminales que operan en su estado “no entienden razones ni consejos” y que su combate “requiere la determinación del Estado mexicano”.

Aureoles, igual que otros mandatarios de oposición, se incorporó en 2020 a la denominada Alianza Federalista. Esta coalición política busca primordialmente construir un frente común, ante lo que se percibe como un trato fiscal injusto por parte del gobierno federal.

En algunos estados la confrontación de los gobernadores de la Alianza Federalista con el gobierno federal se ha traducido en un virtual rompimiento de las acciones coordinadas en materia de seguridad. Tal es el caso de Chihuahua, donde las autoridades estatales dejaron de participar por meses en las sesiones de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. En Tamaulipas, otro estado de la Alianza Federalista, autoridades federales han impulsado investigaciones por vínculos con el crimen organizado contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

En contraste, las diferencias entre Silvano Aureoles y el gobierno federal hasta ahora no parecen haber afectado el trabajo coordinado en materia de seguridad, ni han ido en menoscabo del despliegue de la GN en Michoacán.

 

La coordinación en materia de seguridad que se ha logrado en Michoacán es probablemente resultado de los esfuerzos por aislar la estructura de toma de decisiones, en particular de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Michoacán (MCCPM), de las presiones de carácter político que han estado presentes en otros estados (intervención de operadores políticos).

Como es la norma en la mayoría de los estados gobernados por la oposición, en Michoacán el delegado de la Secretaría del Bienestar federal, Roberto Pantoja (quien en su momento figuró como aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura), es una figura política que se ha confrontado  con el gobierno estatal; el gobernador Silvano Aureoles lo ha descalificado en repetidas ocasiones, llamándolo incluso “vividor del gobierno”. Aureoles también ha señalado el uso político que Pantoja hace de distintos programas sociales y, más recientemente, de la campaña de vacunación contra el covid-19.

Pantoja participó en la MCCPM, desde su instalación en diciembre de 2018, y también gestionó a comienzos del sexenio la instalación de algunos de los nuevos cuarteles de la GN. Al dejar de asistir a  las reuniones de la MCCPM, probablemente abonó a que dicho espacio se mantuviera activo, y a que contara con la participación de todas las autoridades relevantes en materia de seguridad, tanto del gobierno federal como del estatal, incluyendo al gobernador.

De acuerdo con los posicionamientos del propio secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón, la MCCPM ha desempeñado un papel crucial para la ejecución de la estrategia de seguridad en el estado.

A diferencia de lo que se observa en otras entidades federativas, la operación en campo de la GN y la Policía Estatal no parece estar dominada por la desconfianza. En varios de los operativos de mayor impacto y de mayor riesgo han participado la policía estatal y la GN.

Ha contribuido a esa relación de confianza y colaboración que tanto el gobierno estatal como la GN claramente han optado por priorizar el combate al CJNG sobre la desarticulación de las mafias locales que operan en Michoacán; situación que contrasta con el sexenio de Fausto Vallejo, cuando las dependencias federales, enfocadas en desarticular a los Caballeros Templarios, tenían razones para sospechar que el gobierno estatal colaboraba con dicho grupo.

En el caso del gobierno estatal, la determinación de colaborar se explica por varias razones:

• Las incursiones del CJNG en nuevos territorios provocaron el repunte de la violencia registrado en el estado a lo largo de 2019 y 2020, lo que implicó el rompimiento de la pacificación que se había observado a partir de la intervención federal de 2014.

• La agresión por parte del CJNG a policías estatales, ocurrida en octubre de 2019, en la que fallecieron 13 elementos, tuvo un fuerte impacto en la opinión pública y al interior del gobierno del estado.

Otro factor que contribuyó a que se mantuviera una relación de coordinación entre el estado y la federación en materia de seguridad es que el gobernador Aureoles tenía presente que las capacidades institucionales de la policía estatal no eran suficientes para enfrentar a los grupos criminales. Cuando asumió el gobierno en 2015, la policía estatal contaba con poco más de 1000 elementos (apenas una fracción del estado de fuerza de otras corporaciones estatales) y tuvo que ser reconstruida casi por completo; una labor a la que se tuvieron que canalizar la mayor parte de los recursos de la SSP hasta 2020. A la fecha, Michoacán es una de las entidades federativas que depende en mayor medida del despliegue de la GN para las labores ordinarias de vigilancia y seguridad pública en su territorio.

La coordinación que existe entre el gobierno de Michoacán y la GN, a pesar del clima de confrontación política que prevalece, ha sido un factor positivo. Aunque no se ha logrado avanzar en la pacificación del estado, esta coordinación ha permitido al menos ofrecer una respuesta a la población en algunas de las coyunturas más críticas (como la embestida del CJNG en Aguililla en abril de 2021).

Asimismo, cabe destacar que este tipo de apoyo ha sido clave para consolidar la presencia de la GN en el estado, por medio del ambicioso programa de construcción de cuarteles que se ejecutó de 2019 a 2021.

 

El próximo seis de junio se renovarán en el estado de Michoacán la gubernatura, el Congreso local —conformado por 40 diputados— y 112 ayuntamientos.1 El gobernador Aureoles obtuvo la gubernatura en 2015 con el PRD. De los 40 diputados locales, Morena cuenta con 13, el PAN con 8, el PRD con 7, el PRI con 5, el PT con 4, el PVEM con 2 y MC con uno. El PAN, junto con las diferentes coaliciones que integró en 2018, gobierna 45 municipios. En segundo lugar se encuentra el PRI con 21 municipios, y en tercer lugar Morena que gobierna 19 municipios. El resto de los municipios están gobernados por el PRD, el PVEM, el PANAL y alcaldes independientes.

Desde junio de 2020 se han presentado diferentes eventos de violencia política-electoral, así como disputas al interior de los partidos por la definición de candidaturas. Para la elección de gobernador se registraron seis candidatos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) retiró la candidatura a Raúl Morón, candidato por Morena, el 27 de abril de 2021. Este hecho podría generar conflictividad social en el estado, provocada principalmente por militantes inconformes y simpatizantes de Morón. Sin embargo, Morena definirá en los próximos días la nueva candidatura, lo cual podría aminorar brotes de descontento social.

Michoacán atraviesa una crisis de seguridad que también ha empañado la contienda electoral. Al ser un estado con fuerte presencia criminal y con disputas territoriales entre diferentes mafias, se han registrado eventos de violencia política-electoral que están relacionados con esos conflictos. En aquellos municipios donde el CJNG busca el control territorial, la violencia es una herramienta ampliamente utilizada para intimidar o eliminar a candidatos que no son afines a esta organización criminal.

Hasta el 27 de abril de 2021 se han registrado 10 eventos de violencia política-electoral con un total de 12 víctimas. También se tiene registro de un candidato a alcalde con presuntas conexiones criminales y tres candidatos que han denunciado ser víctimas de amenazas por parte del crimen organizado. Se ha identificado que en todos los municipios en donde se han registrado eventos de violencia política-electoral, el CJNG tiene conflictos criminales con otras organizaciones, principalmente con la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos. Las próximas elecciones pueden representar una oportunidad para establecer nuevos equilibrios políticos que contribuyan a fortalecer económicamente al crimen organizado. Por un lado, las organizaciones criminales buscarán eliminar a candidatos que no sean afines a sus proyectos políticos o que colaboren con sus rivales. Por otro lado, el crimen organizado buscará establecer esquemas de cooperación con candidatos locales mediante amenazas, financiamiento y promesas económicas en el corto plazo.

En el caso de Michoacán las principales víctimas de violencia política-electoral pertenecen al PRD, partido en el gobierno estatal, y a la coalición Va por México integrada por el PAN, el PRI y el PRD. Es muy probable que la violencia política-electoral aumente en los próximos días en aquellos municipios en donde el CJNG mantiene disputas con otras organizaciones criminales y en donde existe un alto nivel de competitividad electoral. En ese sentido, se identifican ocho municipios con un alto riesgo de violencia electoral: Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Tancítaro, Peribán, Morelia, Tepalcatepec, Aguililla y Gabriel Zamora.

 

Hasta marzo de 2021, Lantia Intelligence identifica 35 organizaciones criminales con presencia en el 80 % de los municipios de la entidad. Se trata tanto de mafias locales y regionales como aliados a organizaciones nacionales como el CJNG y el CDS, así como bandas criminales con fachada de autodefensas, y grupos transnacionales como el Clan Zheng, mafia china que provee precursores químicos al crimen organizado mexicano.

Hoy, el principal generador de violencia es la disputa entre CU y el CJNG. En algunos municipios de Tierra Caliente, la iglesia ha ofrecido albergue a familias desplazadas por el conflicto armado. De enero de 2020 a marzo de 2021, Lantia Intelligence registra 34 enfrentamientos de alto impacto, sobre todo en Aguililla, La Huacana y Tepalcatepec. En este mismo periodo, la misma consultora registra 39 incidentes de alto impacto en las que distintas autoridades federales como la Sedena y la GN, autoridades estatales (como Policía Michoacán) y policías municipales han intentado contener a ambas organizaciones criminales: 41 % de estos son detenciones de alto perfil, 36 % enfrentamientos y abatimiento de criminales en un 3 %.

Los más recientes “picos” en la incidencia de homicidios en Michoacán coinciden con el ingreso del CJNG en el bienio 2015-2016, con el cambio de la administración federal en 2018, y con la conformación de CU en 2017. Es probable que con una estrategia de seguridad focalizada en aquellas organizaciones criminales que más violencia generan, y sustentada en un plan coordinado entre los tres niveles de gobierno, pueda contenerse y reducirse el número de homicidios.

A pesar del esfuerzo de las autoridades de Michoacán por mejorar el desempeño de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, estos sectores continúan con serios rezagos. Sin embargo, los resultados preliminares no son del todo negativos, y de continuar con esta estrategia de fortalecimiento institucional, es previsible que las siguientes administraciones cuenten con mejores capacidades para hacer frente a los delitos más nocivos para los michoacanos. De un análisis de las posibles rutas que seguirán los dos candidatos a gobernador durante la siguiente administración, se esperan los siguientes escenarios.

De continuar la alianza Va por México (PRI-PAN-PRD) en la gubernatura, se presume que ésta mantendría la trayectoria de profesionalización en la seguridad y procuración de justicia que comenzó el gobierno de Silvano Aureoles. Por otra parte, como ha sido la regla cuando hay cambio de partido en la gubernatura, la nueva administración suele dar marcha atrás a estrategias implementadas por administraciones previas. Aunque hay casos justificados, muchos de estos virajes tienen una motivación política, ajena a criterios de racionalidad administrativa o económica.

En caso de que la coalición Morena-PT gane las elecciones a la gubernatura, se estima que el estado se hará más dependiente del despliegue de la GN, en detrimento de las capacidades locales de seguridad pública. El nivel municipal sería el más afectado en caso de que concluya la estrategia de fortalecimiento de la Policía Michoacán y, con ello, se den por terminados los convenios de colaboración de mando único con los ayuntamientos.

Finalmente, no se prevé que la FGE cambie la estrategia, toda vez que el fiscal general del estado fue nombrado por un periodo de nueve años, salvo que haya presiones políticas que lo obliguen a renunciar.

 

La violencia en Michoacán no disminuirá en el corto plazo. Será casi inevitable que la confrontación con el CJNG continúe, al menos, a lo largo de 2022. Incluso en el caso de que fuera capturado Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, y de que el CJNG se desmembrara, los brazos armados con presencia en Michoacán tardarían varios meses en ser neutralizados. Mientras el CJNG se mantenga como una organización cohesionada y con interés por ampliar su presencia en Michoacán, el riesgo de nuevos episodios de violencia extrema e ingobernabilidad será sumamente alto.

En caso de que a partir de 2022 se logre un repliegue del CJNG, las mafias michoacanas intentarán recuperar el control que han perdido en años recientes sobre ciertas actividades ilegales. En este escenario, el riesgo de enfrentamientos y emboscadas en contra de la GN será menor, pues dichas mafias cuentan con un poder de fuego limitado, en comparación con el CJNG. Sin embargo, continuarán las agresiones de bajo impacto (movilización de la base social) para presionar a las autoridades y buscar una menor vigilancia, sobre todo en carreteras, por parte de la fuerza pública.

En suma, Michoacán cuenta con condiciones geográficas y estructurales que la convierten en una entidad atractiva para el crimen organizado, y no se espera que estas condiciones se modifiquen sustancialmente en el próximo lustro.

 

Eduardo Guerrero
Socio de Lantia Intelligence

La realización de este trabajo se enmarca en el programa de promoción al periodismo de investigación apoyado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

 

Anexos

a) Disposiciones jurídicas relevantes

Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. https://bit.ly/3vqmKwd

Decreto por el que se crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán  https://bit.ly/3ewPQ6g

Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán https://bit.ly/3ewPQ6g

Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán  https://bit.ly/32TCGuQ

Decreto por el que se extingue la Unidad de Fuerza Rural de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo https://bit.ly/3exx1zN

Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 https://bit.ly/3xAboI7

Reforma de la Constitución de Michoacán que crea la Fiscalía General del Estado  https://bit.ly/3dSabDS

2.º Informe Semestral de Avances del Plan de Persecución de Delitos y Modificaciones al Plan de Persecución de Delitos  https://bit.ly/3xmpSLk

b) Presupuesto federal y estatal en materia de seguridad

Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán 2014 https://bit.ly/3xCTILZ

Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán 2015 https://bit.ly/3gK7N48

Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán 2016 https://bit.ly/32TcTmn

Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán 2017 https://bit.ly/3gOceuD

Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán 2018  https://bit.ly/3vl60GL

Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán 2019 https://bit.ly/3gIl3pO

Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán 2020 https://bit.ly/3tTVMN8

Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán 2021 https://bit.ly/3dU7bqO

Criterios Distribución FASP 2014 https://bit.ly/3sZ3dS3

Criterios Distribución FASP 2015 https://bit.ly/3b1VGMf

Criterios Distribución FASP 2016 https://bit.ly/32VLlN6

Criterios Distribución FASP 2017 https://bit.ly/3nra9pO

Criterios Distribución FASP 2018 https://bit.ly/3dV1EQA

Criterios Distribución FASP 2019 https://bit.ly/3gIl3pO

Criterios Distribución FASP 2020 https://bit.ly/3tTVMN8

Criterios Distribución FASP 2021 https://bit.ly/3dU7bqO

Criterios Distribución SUBSEMUN 2014 https://bit.ly/3sZ3dS3

Criterios Distribución SUBSEMUN 2015  https://bit.ly/3sY0g3Z

Criterios Distribución  FORTASEG 2016 https://bit.ly/3gIlm3W

Criterios Distribución  FORTASEG 2017 https://bit.ly/3tZybL8

Criterios Distribución  FORTASEG 2018 https://bit.ly/3u06lOG

Criterios Distribución  FORTASEG 2019 https://bit.ly/3aKNuQe

Criterios Distribución  FORTASEG 2020 https://bit.ly/3sRUnW4

c) Pronunciamientos de actores relevantes

Roberto Pantoja, vividor del Gobierno y aviador de la SEE: Silvano https://bit.ly/3sOiRiY

Tras asesinato de policías, Aureoles pide actuar "sin reparto de culpas"  https://bit.ly/3dWjdjh

Estrategia de coordinación, cada vez más sólida en Michoacán: Israel Patrón https://bit.ly/3u041Hv

d) Testimonios de interés

Investigan surgimiento de supuestos grupos de autodefensa en Michoacán  https://bit.ly/3eB76an

e) Anexo estadístico 2014-2020

Homicidio doloso https://bit.ly/3xkmpgi
Robo de vehículo https://bit.ly/3xkmpgi
Porcentaje población percibe seguro el estado  https://bit.ly/3vjlgUw
Tasa prevalencia delictiva por cada 100 mil habitantes:
       Total https://bit.ly/3vjlgUw
       Amenazas verbales https://bit.ly/3vjlgUw
       Extorsión https://bit.ly/3vjlgUw
       Fraude https://bit.ly/3vjlgUw
       Lesiones https://bit.ly/3vjlgUw
       Robo en casa habitación https://bit.ly/3vjlgUw
       Robo o asalto en calle o transporte público https://bit.ly/3vjlgUw
       Robo total o parcial de vehículo https://bit.ly/3vjlgUw
       Robo en formas distintas a las anteriores  https://bit.ly/3vjlgUw
       Otros delitos distintos a los anteriores https://bit.ly/3vjlgUw

Porcentaje de población que indica tener algo o mucha confianza
       Ejército https://bit.ly/3vjlgUw
       Guardia Nacional https://bit.ly/3vjlgUw
       Jueces https://bit.ly/3vjlgUw
       Marina https://bit.ly/3vjlgUw
       Ministerio Público (MP) y Procuradurías/Fiscalías Estatales https://bit.ly/3vjlgUw
       Policía de Tránsito https://bit.ly/3vjlgUw
       Policía Estatal https://bit.ly/3vjlgUw
       Policía Federal https://bit.ly/3vjlgUw
       Policía Ministerial o Judicial  https://bit.ly/3vjlgUw
       Policía Preventiva Municipal  https://bit.ly/3vjlgUw
       Procuraduría General de la República (PGR) / Fiscalía General de la República (FGR)  https://bit.ly/3vjlgUw

Porcentaje de población perciben desempeño como muy o algo efectivo
       Ejército https://bit.ly/3vjlgUw
       Guardia Nacional  https://bit.ly/3vjlgUw
       Jueces https://bit.ly/3vjlgUw
       Marina https://bit.ly/3vjlgUw
       Ministerio Público (MP) y Procuradurías/Fiscalías Estatales https://bit.ly/3vjlgUw
       Policía de Tránsito  https://bit.ly/3vjlgUw
       Policía Estatal https://bit.ly/3vjlgUw
       Policía Federal https://bit.ly/3vjlgUw
       Policía Ministerial o Judicial https://bit.ly/3vjlgUw
       Policía Preventiva Municipalhttps://bit.ly/3vjlgUw
       Procuraduría General de la República (PGR) / Fiscalía General de la República (FGR) https://bit.ly/3vjlgUw


1  El municipio de Cherán se rige por usos y costumbres.

 

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