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La semana pasada, la ONG Greenpeace dio pasos exitosos en la defensa de los derechos de los ciudadanos, principalmente los derechos al medio ambiente sano y a la salud. Los actos del gobierno en materia energética en los últimos meses tienen un afectado principal: el ciudadano mexicano.

No necesitamos interpretaciones ni hacernos fantasías, la propia iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica lo dice claro: el presidente busca fortalecer a una sola empresa y busca que, antes que cualquier fuente de energía renovable distinta de la CFE, operen todas las termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. Esto tendrá dos efectos: aumentará el precio de la energía y aumentará las emisiones contaminantes. Cada acción del gobierno intenta más o menos lo mismo de maneras distintas.

Veamos cada uno de los actos de los primeros tres meses del año.

Ilustración: Víctor Solís

Primera acción. En enero pasado, CFE Suministro Básico —la empresa que compra energía para luego venderla a usted y a mí— pasó de tener cuatro termoeléctricas de la CFE contratadas a 13. Pasó, también, de contratar la generación de 700 000 Megawatts-hora (MWh) de termoeléctricas en diciembre de 2020, a más de cuatro millones en enero de este año. Con ello, las emisiones de las termoeléctricas podrían casi quintuplicarse de un mes a otro (datos obtenidos de las Memorias de Cálculo de Tarifas de Suministro Básico 2020 y 2021).

Segunda acción. A finales de enero de este año, ocho meses después de lo que indicaba la ley, se publicó el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional (Prodesen) en su versión 2020-2034. El Programa preveía que para la siguiente década sólo se integrarían centrales eléctricas a base de gas (ciclo combinado), además de incrementar la capacidad de generación de hidroeléctricas y nucleoeléctricas en 3000 Megawatts, cuando para lograr los objetivos legales de energía limpia, derivados de los compromisos del Acuerdo de París, se requieren de más de 3000 MW de capacidad nueva de generación limpia cada año.

Tercera y última acción. Pero no menos importante: la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el presidente y aprobada hace casi un mes. La reforma obliga al sistema eléctrico a recibir toda la energía que puede generar la CFE y garantizar la operación de todas sus centrales eléctricas.

Es importante saber por qué muchas de estas centrales habían salido de operación. La reforma de 2013 estableció un modelo de despacho eléctrico por mérito económico. Esto significa que la red eléctrica recibe primero la energía que sea más barata generar.  El problema es que la edad promedio de las plantas de la CFE (40 años) hace que su parque de generación sea poco eficiente, muy caro y además muy contaminante ya que utiliza combustibles que ya no se usan en casi todo el mundo. Por lo tanto, el orden de despacho económico limitaba la operación de estas plantas y evitaba mayor contaminación, lo que beneficiaba a los mexicanos, e incluso a la CFE, al evitar la operación de centrales caras y sucias.

¿A quién daña, entonces, la ampliación de contratación, el Prodesen y la reforma a la LIE? Al país en su conjunto.

Más allá de las empresas, los ciudadanos somos víctimas de estas acciones del gobierno.

Al permitir decidir en nombre de los ciudadanos qué generador y qué costos de energía quiere entregarnos, sin forzarlo a cumplir criterios claros, la reforma a la Ley le da discrecionalidad a funcionarios públicos para afectar derechos humanos, al medio ambiente y al acceso a la energía barata. Las acciones del gobierno limitan las posibilidades de los ciudadanos de recibir energía más limpia y de bajo costo. Por eso es valiosa la lucha legal en contra de todos estos actos.

La organización no gubernamental Greenpeace ha iniciado un juicio de amparo contra la reforma legal así como contra el Prodesen, y tiene ya suspensiones definitivas que evitan la materialización de estos dos actos que lastiman el presente y el futuro de los mexicanos. La suspensión de estos actos durará, por lo menos, hasta que concluya el juicio de amparo.

Porque más allá de las inversiones y los proyectos, quienes salimos afectados por la política y el bloqueo a la transición energética somos los mexicanos que consumiríamos la energía más limpia y de más bajo costo de no aplicarse la ley como estaba originalmente.  Limitarnos, como intenta el gobierno, es limitar también la lucha contra el cambio climático —del que seremos víctimas los ciudadanos de todo el mundo. La lucha contra el Prodesen y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es una lucha de derechos humanos, por un mejor futuro, más limpio, seguro y de menos pobreza energética.

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía.