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En los siglos XVI y XVII cazar brujas fue un gran negocio; no sólo cuando se descubrió que acusar de brujas a mujeres acaudaladas dejaba grandes ganancias por los bienes confiscados. Hubo disputas entre los oficiales de la ciudad, el Estado y la Iglesia, sobre la manera de repartir los beneficios. En Francia, por una regla general la Iglesia se quedaba con todos los bienes raíces y las autoridades civiles obtenían los costos, que podían aumentarse exageradamente.

Ilustración: Estelí Meza

El costo de los juicios y de las ejecuciones se cargaban a cuenta de la condenada, de sus parientes o, si la víctima carecía de dinero, de los vecinos de la comunidad. Miles de individuos se ganaban la vida procesando y ejecutando brujas: clérigos, jueces, letrados, escribanos, médicos, empleados del juzgado, verdugos, torturadores, carpinteros que erigían patíbulos, incluso jornaleros que cortaban leña para las piras donde arderían las brujas, y carreteros que la transportaban. Las ejecuciones eran una forma de distracción pública, y los posaderos y taberneros sacaban provecho de las multitudes y de los banquetes de todos los que habitualmente seguían el proceso. Con frecuencia los gastos eran tan grandes que se necesitaban todos los bienes de la acusada para pagarlos, dejando poco o nada para su confiscación por las autoridades pertinentes.

En Francia los costos normales de un juicio con ejecución eran de unos quinientos francos: suma considerable para esa época. Hay una cuenta de un juicio que incluye sueldos, gratificaciones y honorarios para dos ministros, un abogado, el corregidor, nueve vecinos y cuatro “notables”, un escribano, dos asesores, cuatro alguaciles y alguien de nombre Jacob. Otra nota de gastos incluía conceptos como alimentación de la acusada al estar prisionera, paja para su jergón, vino para los guardianes, “por transportar sus pertenencias cuando se cambiaba de una prisión a otra”, “para el que conducía el juicio”, para el abogado defensor, para el escribano, para los alguaciles, por la inspección de las actas judiciales, para las mujeres que la afeitaron, para el torturador, “para los gastos del hombre que tuvo que ir a Nancy a traer al dicho torturador”.

Los verdugos y torturadores (que podían ser un mismo individuo) se volvieron tan avariciosos en sus exigencias de honorarios y gratificaciones extras que algunos pueblos establecieron al detalle precios máximos para sus servicios. El arzobispo de Colonia publicó cierta “Tarifa de tortura” con un preámbulo donde determinaba que el alto ejecutor percibía ya un salario anual y sus demandas de una compensación extra eran excesivas. La tarifa registraba entonces cincuenta y cinco apartados, en los que se incluían honorarios por servicios como “aterrorizar mostrando los instrumentos de tortura”, “aplicar el primer grado de tortura”, “ajustarle y estrujarle el pulgar en este primer grado”; “por el segundo grado de tortura, incluido el trabajo de encajarle los miembros en su sitio, después, con el ungüento que se ha empleado”. Había también series de honorarios para las diversas formas de ejecución, entre las que se incluían decapitar y quemar, estrangular y quemar, quemar viva, descoyuntar viva en la rueda, o colgándola solamente, “por cortarle una mano o varios dedos y decapitarla, todo junto”. “Lo mismo; más por quemarla con un hierro al rojo”. Cuando intervenía en la quema, al verdugo se le concedía una gratificación “por la soga y por preparar y encender la pira”. La partida más cara de la lista era “por desmembrar y descuartizar con cuatro caballos”, por lo que al verdugo se le asignaban 5 riechsthaler, 26 albus, más otros 5 riechsthaler “por colgar los cuatro cuartos en cuatro esquinas, la soga necesaria, clavos, cadenas y transporte incluidos”.

Fuente: Frank Donovan, Historia de la brujería. Traducción de Francisco Torres Oliver. Alianza Editorial, Madrid, 1978.