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Meses de intercambios por WhatsApp, Telegram y teléfono finalmente me llevan a un encuentro en vivo en el anonimato estéril de un centro comercial. Los minutos de tardanza con los que llega mi contraparte, el sobre de notas del cual abastece a su acompañante para que haga sus compras, su guardaespaldas que se esconde más detrás de su expresión petrificada que de sus lentes oscuros, todos son elementos de la aserción ritualizada de su poder. Tomamos asiento y desaparecida la mitad de la pila de panqueques que nos han servido, fluye la conversación de tal manera que me siento a un paso de acercarme a las altas esferas de una de las estructuras criminales del presente en México. Esto sucede después de una década de haber retratado las vidas y las muertes de quienes habitan a ras de suelo la guerra cotidiana en el país: los chavos sicarios, las poblaciones civiles atrapadas en medio de todo. Sería un salto significativo hacia una mayor resolución de la imagen que he estado pintando.

Ilustración: Estelí Meza

Pero en aquellas esferas no hay tal cosa como favores unilaterales. Lo que sí hay son transacciones y bailes de seducción. Que yo participo en uno queda de manifiesto, pocas semanas después de nuestro encuentro, mediante esta frase: “Pues iba a ver si les damos su chayotazo”. En ella también revela la perspectiva de entrevistar a la cabeza de una de las estructuras que representa su función de dangle, como la jerga anglosajona de la contrainteligencia designa un objeto brillante que se emplea para tentar a quien se busca cooptar. Que tal transacción se ofrezca con la levedad de una invitación a unas chelas sabatinas indica que, para quien la emite, es un acto habitual, ya que forma parte del abanico de mecanismos que emplea como operador de cuello blanco —como broker— que vende servicios y así hace fluir a varias estructuras criminales de México.

Entre sus encargos actuales: “engordarle el caldo” al candidato que recibió el dedazo de uno de sus clientes, con la esperanza de que se imponga en una de las contiendas gubernamentales del verano del 2021. De allí la idea del “chayotazo pa’l güero pa que arme nota bien en medio internacional” —nota que entonces se volvería un instrumento para avanzar tal causa.

Lo único insólito aquí es la falta de maquillaje, pero no la ocurrencia de la oferta. Pues, a galope, se está acercando el ciclo electoral más extenso de la historia de México. Mientras el broker y sus pares saben perfectamente que ahora es el tiempo de actuar —y lo están haciendo—, la discusión pública acerca de las elecciones y su importancia para el futuro del país parece estar aletargada.

Puede que el recuerdo de la sangre derramada en el pasado ciclo electoral —los 145 asesinatos políticos del 2017-2018— se haya vuelto tenue, sobrepasada por la sangre que se ha estado derramando, diariamente, desde entonces. O quizás porque la memoria dominante de aquellas elecciones es, para muchos, el triunfo abrumador de López Obrador y su promesa de un cambio histórico.

No hay nada que nos indique que este ciclo vaya a ser menos violento. Por el contario. Hay más puestos en contienda y, por lo tanto, más blancos. Buena parte de los comicios se desarrollarán en escenarios donde hay abiertamente conflictos letales. A pesar de ocupar trincheras opuestas, quienes han estado luchando por la supremacía sobre la Tierra Caliente michoacana —integrantes de grupos afiliados con el Cártel de Jalisco y de sus enemigos, con quienes he podido mantener conversaciones— coinciden en que la guerra en esa región se ha intensificado porque perder terreno físico en este momento equivaldría a perder terreno político. Los costos de este juego los pagan las poblaciones civiles locales. Nada más a lo largo de noviembre, según las pocas manos que buscan brindarles atención, más de mil personas han sido desplazadas en la franja fronteriza entre Michoacán y Jalisco. Es una constelación que se replica, de manera análoga, en otras regiones de alto conflicto latente.

Brillan por su ausencia no sólo el reconocimiento oficial de la crisis humanitaria en aumento, también las medidas concertadas para proteger las votaciones y ante todo a quienes se ofrecen como candidatos. Que el INE diga que la presión presupuestal pone en riesgo el cumplimiento de su función sólo apunta, en este contexto, a la profundidad del problema.

El portón a las instituciones sigue abierto y por él se están metiendo el broker y tantos más como él. Porque pueden. Y porque no hay de otra. Un operador distinto, que sabe de esferas donde las distinciones entre Estado y crimen organizado se reducen a quimeras porque ha caminado en ellas por décadas, dice que hay una verdad suprema en la cosmovisión de los grupos armados ilegales: “Quien tiene el apoyo del gobierno crece”.

Crecer, se sabe, es lo que busca, al igual que sus competidores, el Cártel de Jalisco. Anda tras su anhelada pero hasta ahora frustrada hegemonía (véase Guanajuato, véase Michoacán) sobre su territorio nuclear, el centro-occidente del país. “Poner” funcionarios, como me lo explicó el entonces número dos de los Templarios, Servando Gómez Martínez, poco antes de las elecciones del 2012 (resulta que hay continuidad, a pesar de todo), es clave para tal proyecto. Hacerlo, en su nivel más esencial, sigue la lógica de paralizar la aplicación de la ley —de garantizar impunidad como condición sine que non para mantenerse a flote. Pero la cosa va más allá: tener acceso al cuerpo del Estado equivale a tener a la mano una concentración de activos que hacen palidecer los que cualquier actor no estatal tiene a su disposición.

Entre estos activos están poder movilizar las fuerzas de seguridad en contra del enemigo y saber lo que sabe el Estado, tanto sobre sus propias operaciones como de los enemigos; de su infraestructura, miembros, colaboradores. Además, quien gane un puesto gracias a tu apoyo te debe sí o sí —por lo menos si no quiere que se lo recuerdes de una forma que ahora sí trascienda palabras entre cuates. Así se abren más posibilidades. Dice el broker antes de acabarse nuestro encuentro: “Esto de echarle la mano al candidato no es gratis. Es una inversión que permitirá influir sobre quién ocupa cargos, y así darles su norte a los flujos de las finanzas públicas”.

Que los actores del Estado toman, de una u otra forma, pasiva o activamente, partido en los múltiples conflictos armados regionales es una realidad que los grupos criminales dan por sentada, y que las recientes acusaciones en contra de Cienfuegos y García Luna meramente subrayan.

Y si la ley es que crecen quienes tengan acceso, la otra cara de la moneda es que quienes no lo tengan están condenados a marchitarse. Bajo esta lógica, las elecciones emergen como escenario fundamental de los conflictos armados: si eres actor criminal y no juegas, firmas tu propia sentencia de muerte —a nivel organizacional pero probablemente también a nivel físico y personal. Los grupos criminales están, en cierto sentido, condenados a ser políticos. Querámoslo o no: lleven cuello blanco o bien cuerno de chivo, son parte de la democracia mexicana en la realpolitik.1

En sí, la existencia de líneas estatales-criminales a la vez porosas y altamente funcionales para quienes saben navegarlas no es condición suficiente para producir violencias. Pero mezcladas con la doble crisis de gobernanza actual —una dentro del campo criminal, otra dentro del mismo Estado— fácilmente resultan en ella. Hay grandes marcas criminales que capturan la imaginación mediática y popular, pero incluso con su poder relativamente alto han sido incapaces de imponerse dentro del océano de los aproximadamente 200 actores armados ilegales activos en el país.2

Por el lado del Estado, la crisis interna de autoridad ha motivado la concentración de poderes y recursos como vértebra central del proyecto político de López Obrador. Pero como lo recuerdan los recientes señalamientos en contra de la Guardia Nacional por abusos de derechos humanos y buena parte de los superdelegados por desvío de recursos, el control incluso sobre dos de las columnas claves de este gobierno no se logra solamente con buenos deseos. Ni hablar del mundo institucional más allá, por ejemplo, a nivel estatal y municipal.

La fragmentación del poder tanto en el Estado como en el mundo criminal ha llegado a un grado tan abrumador que frustra cualquier intento de construir formas de autoridad duraderas que podrían tener un efecto pacificador. En otras palabras: ante escenarios demasiado comunes en los que algunos sectores del Estado colaboran con ciertos actores armados ilícitos, mientras que otros se alían con algunos más, el resultado difícilmente es que alguna de estas alianzas criminales-estatales lleguen a la dominación total del territorio a la que aspiran. Lejos de ello, se dan guerras sin salida. En parte, porque no sólo es más fácil destruir —matar, por ejemplo, a un candidato que tiene acuerdo con un enemigo— que construir, sino también porque es necesario hacerlo desde la lógica de que quien no goce de tal apoyo se desvanece.

Ante este escenario, no puede haber soluciones rápidas o fáciles y no es suficiente enfocarse en medidas aisladas para proteger ejercicios electorales sin elaborar estrategias para entender y abordar el mosaico de conflictos regionales que arden en el país. Basta con decir que sin la construcción simultánea de instituciones de seguridad en donde se combata la colusión y la corrupción a través de transparencia y rendición de cuentas radicales, no hay quién pueda proteger los comicios o bien ejecutar cualquier política según su propia norma. Pero todo tiene que comenzar con una discusión pública y franca acerca de cómo las elecciones siguen fungiendo como un escenario clave para alimentar no el bien común, sino intereses particulares-criminales y las guerras entre ellas. Sería la base imprescindible para que, luego del 2021, los comicios dejen de mancharse de rojo.

 

Falko Ernst
Analista sénior para México en International Crisis Group


1 Véanse los retratos de esta paradoja característica de los sistemas políticos latinoamericanos contemporáneos que ha producido Desmond Arias, por ejemplo en: Criminal Enterprises and Governance in Latin America and the Caribbean, Cambridge University Press, 2017.

2 Esberg,J. Más que carteles: contando las organizaciones delictivas de México, International Crisis Group, mayo 2020.

 

Un comentario en “Votantes y criminales