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Guillermo Trejo y Sandra Ley quieren demostrar dos cosas: que en México la violencia del crimen organizado aumentó durante la transición democrática, a causa de la transición democrática, y que se intensificó después porque el presidente Calderón utilizó de manera facciosa las fuerzas federales. Su libro es una causa general contra la clase política de las últimas tres décadas.

La afirmación no admite duda: las guerras del crimen organizado comenzaron con la transición, en los noventa, la violencia se hizo más intensa conforme las elecciones se hicieron más competitivas, y era mayor donde ganaba la oposición. Incluso le ponen un número a eso. Aunque uno quisiera, es difícil comprobarlo porque no se refieren a la tasa de homicidios, que en esos años bajó sistemáticamente, sino a los que atribuyen al crimen organizado en una base de datos que dicen que han elaborado a partir de notas de prensa. Siendo la prensa mexicana lo que es, uno se pregunta por las fuentes de sus fuentes, pero sobre todo es difícil decir que la violencia aumentó si no hay información comparable para las décadas anteriores —y la prensa de entonces no era un modelo de exactitud.

Ilustración: Estelí Meza

En el tramo teórico dicen enfáticamente que el crimen organizado sólo puede existir si hay algún grado de protección por parte del Estado. Suena razonable. Pero crimen organizado hay en todas partes: en Francia lo mismo que en Estados Unidos o Italia. O sea, que si lo nuestro es distinto, el problema tiene que ser otro, y no esa “zona gris” de complicidad. Se esfuerzan mucho en argumentar que hay una “conexión íntima” entre el autoritarismo, las autocracias dicen, y la connivencia con el crimen, y ponen de ejemplo los gobiernos de Pinochet, Fujimori, Batista. No hay motivos para dudar que sea así. Pero parece haber una intimidad muy parecida en regímenes que no son “autocráticos” —como Colombia o Estados Unidos, sin ir más lejos. Eso le quita algo de filo a la idea.

Según su razonamiento, en los sistemas de partido único, la continuidad de los funcionarios permite a los criminales planear a largo plazo, y por eso hay estabilidad. Y dicen que en México, bajo el control centralizado de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), los cárteles prosperaron sin que hubiese violencia. Se ha dicho otras veces, y desde luego podría ser. Pero es una conjetura que depende de varios supuestos implícitos: que en esos años no hubo violencia, que había las condiciones para que la hubiese habido y que la DFS fue la causa eficiente para que no la hubiera. Nada de eso está del todo claro.

En la parte sustantiva sostienen que la violencia se desató con la alternancia porque los gobernadores recién llegados cambiaron a los altos funcionarios, a los procuradores, y con eso eliminaron el sistema de protección que mantenía en paz a los criminales. Puesto así, parece lógico. Pero los gobernadores del PRI también cambiaban a los funcionarios al llegar. Y por otra parte, no hay diferencias apreciables en las tasas de homicidios en los estados en que no hubo alternancia en esos años, como Tamaulipas, Sinaloa o Veracruz —salvo que su base tenga otros datos. Y otra vez, el problema mayor es que la afirmación supone que eran siempre los altos funcionarios quienes brindaban protección al crimen y que eran todos parejamente corruptos.

En la segunda mitad del libro, el argumento cambia. A partir de 2006 resulta que la alternancia es irrelevante, no se sabe bien por qué, y lo que importa en cambio es que el presidente usó las fuerzas federales para debilitar a los gobernadores del PRD —y se negó a ayudarles cuando lo pidieron. El presidente Calderón, dicen, diseñó la intervención de modo que indicase a los criminales que las ciudades y pueblos gobernados por la izquierda estaban desprotegidos (“envió un mensaje fuerte y claro al mundo criminal”). Mencionan como ejemplo los dos conflictos más notables de esos años, con el gobierno de Leonel Godoy en Michoacán, y con el presidente municipal de Acapulco, Félix Salgado Macedonio; en un párrafo dicen que se les abandonó, en otros que se envió al ejército sin consultarlo con ellos —y no es lo mismo, ni mucho menos.

Como prueba emplean un modelo estadístico para comparar municipios limítrofes entre Michoacán, Jalisco y Guanajuato que consideran que forman regiones homogéneas, y por eso suponen que deberían tener la misma tasa de homicidios. Yo no veo ni una cosa ni la otra, pero a lo mejor es porque estoy mirando otros mapas y otras cifras. En todo caso, si hubiera esa estrategia contra el PRD habría que mostrar que se abandonó también a Chiapas, por ejemplo, o a Ciudad de México. Y habría que mostrar cómo se consiguió contener la violencia en colaboración con el PRI en Tamaulipas, Sinaloa o Durango, o en Morelos, con el PAN, porque a simple vista no parece.

En realidad, lo que encuentro menos convincente es que los cárteles sean siempre los que actúan: la sociedad los padece, los políticos los protegen, pero los criminales siempre son otra cosa. No importa: los cuadros con números son muy impresionantes —si uno es impresionable.

 

Fernando Escalante Gonzalbo
Profesor en El Colegio de México. Sus libros más recientes: Si persisten las molestias y Así empezó todo. Orígenes del neoliberalismo.

 

2 comentarios en “Marginalia

  1. Me recuetda a un chisme, rumor, estrategia del crimen o de políticos o como se le.quiera llamar. Conocí la población de Moroleón, Gto., después del 85 y era un centro comercial próspero hasta que apareció el crimen organizado tal vez por el 2006 o antes, total, para los pobladores de esa región estaba o está Calderón o su hermano detras de los criminales. Me tocó conocer una población industriosa y próspera hoy sumida en la inseguridad con su cauda de secuestros, extorciones y ejecuciones. Detrás de esto, dice el pueblo, está Borolas vecino del lugar.