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Las elecciones en un Estado razonablemente democrático son la mejor manera de identificar la voluntad del electorado. El partido o la coalición ganadora tiene el derecho a interpretar su victoria como una suerte de mandato para ejecutar unas políticas, y quizá para no ejecutar otras. Esta fórmula en apariencia sencilla supone, en su grado más alto de abstracción, que la voluntad política expresada en las urnas no requiere de mediación alguna: los ciudadanos han mandatado al gobierno (uno de los engranajes clave del Estado) para hacer, omitir y deshacer. Tal ha sido la utopía jacobina desde 1792: un mandato sin mediaciones, que se expresa en la representación política (congresos, parlamentos), y se instrumenta desde un gobierno mimético respecto a la representación y la voluntad política general.  Tal ha sido asimismo la bestia negra de los doctrinarios de todo origen (liberales, conservadores, socialistas), que por más de 200 años han señalado las falacias de esta operación. Los opositores al Estado jacobino no han cejado en señalar que semejante proyecto es más el resultado de las afiebradas mentes de revolucionarios y teóricos insensatos, y de los imperativos de coyunturas irrepetibles, que un arreglo político constitucional viable, operativo en el mediano y largo plazo. Más allá, es reconocible en los críticos del Estado jacobino la preocupación de la potencial deriva autoritaria implícita en una sobreinterpretación del mandato puro, sin mediaciones; ello conduciría al despotismo ejercido por el gobierno sobre los ciudadanos (de la minoría, pero incluso de la mayoría).

Ilustración: Víctor Solís

Es la zona liminar entre el Estado y las organizaciones no estatales (sindicatos y cámaras empresariales; asociaciones en beneficio de esto y aquello; cuerpos profesionales como los de ingenieros, arquitectos, médicos, educadores; iglesias y universidades; y un larguísimo etcétera) en donde están inscritos algunas de las aporías más notables de un debate político tres veces secular. El asociacionismo es una realidad de las sociedades democráticas, aunque su historia haya sido intrincada y con fuertes diferencias entre, por ejemplo, el mundo anglosajón (Gran Bretaña, Estados Unidos), que las celebra y las encuentra naturales, y la matriarca de las revoluciones modernas (Francia), que por momentos desconfió de algunas de sus manifestaciones (la larga proscripción francesa de los sindicatos da cuenta de ello). No puede sorprender que un país como Alemania, sin una revolución equivalente a la francesa, haya sido también un país de fortísimas tendencias a las asociaciones intermedias, en buena medida como una sobrevivencia del antiguo régimen, que de aquel lado del Rin, y como en otras sociedades, nunca se fue; heredó al mundo burgués instituciones públicas y privadas que eran potentes entramados societales.

El amplio reconocimiento que tienen las organizaciones intermedias en las sociedades modernas exige miradas renovadas, tanto empíricas como teóricas, pero también una mínima empatía para entender el espíritu del Estado jacobino. Por décadas, las organizaciones intermedias se han convertido en las garantes formales e informales de las decisiones de gobierno, a la vez testigos de honor y garantes técnicos. Esa realidad aumentada descansa en otra virtud atribuida: se les considera espacios primarios de la socialización y fuente energética de la pluralidad que sustenta el Estado. Llevado al extremo, este enfoque considera que una decisión política de cierta importancia (impuestos, políticas comerciales o ambientales) debe pasar por la criba de los organismos que se considera que tiene una cierta relevancia para el asunto, ya sea por ser posibles beneficiarios o damnificados, ya sea por su experiencia técnica, ya sea porque en una discusión pública se asume que tienen una voz (moral) reconocida, al estilo de las iglesias y los think tanks ideológicos. Ese modelo de interlocución parece sensato sobre todo para no echar a andar leyes y políticas públicas sin una necesaria sensibilización de la opinión pública. Así, las organizaciones intermedias cumplirían incluso un papel difusor y educador del público, tal como arguyó Emilio Durkheim desde la década de 1890. Si en el tipo ideal jacobino la única vía legítima de la toma de decisiones está en el plano de la representación política, la cual es soberana e indivisible porque representa, a escala y reconcentrada, la voluntad general, en el tipo ideal de las mediaciones las organizaciones acompañan el proceso legislativo y político. En la vida real ese acompañamiento va más allá del trabajo del testigo, para convertirse en fuente de asesoría, en portavoces e inductores de decisiones de otra suerte soberanas.    

Toda esta discusión, y las alternativas empíricas que se van planteando a cada momento, son de sobra conocida por la ciencia política y la reflexión doctrinaria sobre el Estado y la política en las sociedades modernas. Lo que tiende a quedar velado, no obstante, es el papel corrector de fondo que en determinadas circunstancias juega el mandato jacobino, esto es, la conformación y funcionamiento de una soberanía sin mediaciones e interferencias. Suena fuerte, sobre todo para las sensibilidades educadas en culto a la política como mediación y en la representación directa de intereses sin el recurso a los códigos de la política pública. Pero la voluntad pura y soberana reclama ya sus derechos y, sobre todo, sus oportunidades. Claramente las organizaciones intermedias pueden ser una garantía contra las derivas autoritarias de los gobiernos y los parlamentos, y, sobre todo, contra las lecturas equivocadas de situaciones y pulsiones sociales y políticas. Pero lo contrario es palmariamente cierto, y recibe menos atención: la captura de decisiones y discusiones de interés general por los organismos intermedios. Un ejemplo de libro de texto sería el papel de la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos, no ya en contra de la modificación de la legislación vigente sobre venta de armas a particulares, sino en la modulación última de la discusión pública; se han reservado el imprimátur (y acá no hablamos solo de la captura de un tema público sino de la segunda enmienda Constitución de Estados Unidos).

En países como México esa discusión bien puede tener sus propias determinantes y complejidades. De entrada, podría decirse que el arreglo político de la posrevolución supuso la incorporación orgánica de las entidades intermedias, a la manera de las centrales obreras, algunos sindicatos nacionales y las cámaras empresariales. La ideación de Vicente Lombardo Toledano de que la democracia no se mide en los electores y su voluntad sino en el voto de las corporaciones, de las fuerzas vivas organizadas y entrenadas en el dialecto del poder, se cumplió; aquel Lombardo, todavía figura pública hasta principios de la década de 1950, estuvo empeñado en una democracia orgánica”, cuyas raíces doctrinarias en el fascismo italiano debemos reconocer (o si se quiere, su versión laica, no confesional, del nacional-catolicismo español). Me pregunto si el deterioro natural de aquel arreglo y la institucionalización de la competencia política electoral que arranca en la década de 1980 ha obviado la reformulación doctrinaria de las intermediaciones no partidarias entre el Estado y la sociedad. La apelación constante a que solo la voluntad de las urnas era atendible tenía algo de sinceridad y mucho de hipocresía. Es público y conocido que grupos de interés y de expertos concurren cuando de leyes y reglamentos cruciales para sus intereses y sus habilidades se trata; por lo demás, el lobby parlamentario y en el gobierno es una realidad establecida. Esa mediación puede provenir de organismo gremiales o sectoriales de larga data, legítimos en ese sentido; de creaturas recientes formadas por militantes que asumen que tienen una responsabilidad política para expresarse en el ágora; o de expertos cuyas habilidades técnicas son requeridas por circunstancias de emergencia, como la salud o el medio ambiente. Pero también hay organizaciones ad hoc o que han mutado en su trayectoria para convertirse en despachos financiados que gestionan intereses privados, pero además con las capacidades de edulcorar y camuflar agendas que ahora se ofrecen como públicas. Todo esto tiende a superponerse y reducir el margen de operación de la representación política soberana.

Es aquí donde se inscribe, digo yo, la potencia del Estado en modo jacobino. Este modo puede ser un armatoste impráctico para el gobierno cotidiano de las personas y las cosas. Pero es el gran corrector de la política facciosa, fincada en los grupos de interés y en la representación (genuina o espuria) de intereses en ciertos temas cuya importancia es difícil exagerar. En el horizonte político mexicano se perfilan asuntos que, desde mi punto de vista, deben ser de la incumbencia de la representación política pura, aunque se enojen los fans de la sociedad civil:  la seguridad interior y exterior; la salud; la educación; el medio ambiente; los derechos humanos. Los gobiernos pueden convocar y escuchar, pero la razón de Estado debe prevalecer, y no importa si se revientan acuerdos y modus operandi de las políticas de pasillo. Se dice fácil, pero el discernimiento entre lo accesorio y lo fundamental requiere de operaciones y tipologías conceptuales diferenciadas; en otras palabras, el Estado como mimesis de la voluntad política.

 

Ariel Rodríguez Kuri

 

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