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¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Primera reflexión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) transmutó la pregunta del presidente. Si bien el marco legal prevé que pueda cambiar la redacción de una pregunta propuesta, en este caso la sustituyó por algo diferente sin existir facultad para ello. López Obrador quería enjuiciar a expresidentes y ahora serán sometidos a escrutinio todos los “actores políticos” por sus “decisiones políticas” de los “últimos años”. Arturo Zaldívar, ministro presidente, incluso manifestó que la pregunta “estaba encaminada a crear comisiones de la verdad”. Aunque Zaldívar quiera desempeñar el papel de intérprete presidencial, lo cierto es que AMLO nunca ha estado interesado en mecanismos de justicia transicional. Lo que busca es, más bien, una suerte de juicio popular para que el pueblo se desahogue. Así lo dijo el 8 de octubre: “el juicio a los expresidentes es popular, no jurídico, pues lo importante es la participación ciudadana”.

Segunda, la pregunta planteada por la SCJN carece de claridad y precisión. No establece un tiempo definido, no precisa qué tipo de acciones políticas se “esclarecerían” ni cómo se lograría. Tampoco aclara a cargo de quién estaría ese esclarecimiento o cuáles serían las acciones pertinentes que tendrían que derivar. La pregunta genera más cuestionamientos que certezas cuando los ministros debieron garantizar que se empleara un lenguaje neutro, sencillo y comprensible, así como que produjera una respuesta categórica, como establece la Ley Federal de Consulta Popular.

Con una pregunta tan ambigua los resultados de la consulta serán insustanciales. No habrá ninguna consecuencia relevante en términos de justicia, salvo el “desahogo del pueblo”. Si se alcanza una participación de 40% del padrón (algo por verse dado que habrá una jornada electoral dos meses antes), no surgirá ninguna nueva obligación de la consulta, únicamente una suerte de “consuelo” emocional.

Tercera reflexión, erra Zaldívar cuando argumenta que no todas las consultas populares tienen que ser vinculantes, pues lo importante —a su criterio— es el mero ejercicio de democracia participativa. No obstante, si la figura está plasmada en la Constitución y se prevén requisitos estrictos para su procedencia (temas vedados, plazos, etc.), así como un mínimo de votación es justamente porque su vinculatoriedad es esencial. Claro que uno de los propósitos de la consulta popular es propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones, pero no puede ser el único —¿qué caso tiene cubrir tantas exigencias constitucionales y legales para que al final el resultado de la consulta sea optativo?

Cuarta, la violación constitucional de la Corte se agrava por el intento posterior de cambiar la fecha de la consulta, que han solicitado tanto el presidente de la República como el coordinador de los senadores de Morena. Cuando solicitó la consulta, AMLO sabía que su organización implicaba un costo de miles de millones de pesos porque la propia Constitución establece que el ejercicio debe ser organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) con los estándares de certeza y cobertura para que cualquier mexicano pueda expresar su punto de vista. Eso implica instalar casillas como si se tratara de una elección federal.

Por ello, es contradictorio que una vez que la SCJN y el Senado han validado y aprobado la consulta del presidente, este se muestre consternado por los costos y pida —presuntamente para aminorarlos— cambiar la fecha de la consulta para que coincida con la jornada electoral del 6 de junio de 2021 o sugiera que el INE relaje sus estándares de organización e invite a voluntarios del pueblo a que la organicen.

A finales de 2019, la Cámara de Senadores aprobó —a petición de López Obrador— que las consultas populares pudieran ocurrir una vez al año, pero que no deberían empalmarse con los comicios federales o locales. Por ello, se determinó que se tendrían que realizar el primer domingo de agosto. Ese cambio fue avalado por la Cámara de Diputados y después por la mayoría de las Legislaturas Locales. Eso significa que el Constituyente Permanente quiso evitar que los ejercicios de consulta popular coincidieran con las elecciones para impedir la interferencia de aquellos sobre estos, por lo que no hay argumento que valga para modificarla, aun a pesar del impacto que la consulta popular tenga para el erario. En todo caso, el costo debió haber sido contemplado antes de enviarse la petición.

Quinta reflexión, se puede especular, de forma optimista, que la decisión de la SCJN es táctica para ganar lo más por lo menos. Que en el fondo es un distractor para comprar tiempo mientras la Corte cocina temas de fondo. Por ejemplo, evita un mayor golpeteo de parte del presidente y de Morena hacia los jueces federales en medio de la discusión, en el Senado, de una reforma constitucional para reorganizar al Poder Judicial. O bien, que se le da gusto al Ejecutivo en un tema retórico, pero inocuo, a cambio de que la Corte tenga más baterías para decidir en temas de mayor trascendencia como, por ejemplo, la (in)validez de: la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional de Extinción de Dominio o el Acuerdo “militarista” sobre participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Sexta, la mirada optimista es, sin embargo, una quimera. La Corte existe para defender la Constitución aquí y ahora, no para hacer cálculos políticos de cómo defenderla en el futuro. Cuando cedes hoy, cedes mañana. No solo es un asunto de legalidad, también es un asunto de contrapesos políticos —la Corte es la última aduana para evitar el abuso de los poderes públicos. Y hay algo que ha pasado desapercibido: la exhibición de servilismo es un mal ejemplo. Cientos de magistrados y jueces federales y locales se sentirán desamparados sin la guía moral y el respaldo institucional de un Tribunal Constitucional que renunció a su responsabilidad no solo legal, sino democrática y republicana. Si su máximo referente claudicó, ¿por qué ellos habrían de dar la batalla?

Séptima reflexión, ¿qué sigue? El intento para cambiar la fecha de la consulta. Acusar al INE de ser oneroso. Luego, acusar a la oposición de negarse a abaratar la consulta. Después, una campaña permanente de que la consulta es para juzgar a expresidentes cuando eso es falso. Posteriormente, candidatos de Morena y otros partidos usando la consulta para hacer campaña en 2021. Más tarde, el INE amonestando al presidente cuando use el tema durante las mañaneras en medio de las campañas. Acto seguido, vendrá la elección de junio de 2021 y, dependiendo del resultado, AMLO podría desistirse de que se lleve a cabo. Una vez obtenido su propósito electoral, ¿para qué seguir adelante y erogar algunos miles de millones de pesos?

Octava, si se realiza la consulta, habrá que ver si vota el 40% después de la fatiga electoral de junio. Y si ello ocurre, claramente el resultado será aprobatorio. AMLO festejará y entonces la victoria habrá sido suya y no de la Corte (ni del pueblo), como tanto se quiere pensar.

Reflexión final

En los últimos ocho años, desde que se legisló en 2012, ha habido seis intentos para llevar a cabo consultas populares. Salvo el que nos ocupa, el resto han sido rechazados por la Corte estar vedados por la Constitución. En 2014 se solicitó consultar sobre la abrogación y aplicación de la reforma energética, el aumento del salario mínimo y la eliminación de la mitad de los legisladores plurinominales. Ninguna de esas solicitudes prosperó. Hubo otra petición que ni siquiera llegó a la SCJN; versaba sobre el ingreso básico universal para épocas de crisis y fue rechazada en días recientes por la mayoría del Senado.

Ciertamente la figura mexicana de consulta es muy restrictiva: solo aplica para reformas legales (no constitucionales) y en ciertos temas acotados. Apenas en diciembre pasado se ampliaron los momentos de realización: antes solo podían ocurrir cada tres años y ahora son posibles de forma anual. No obstante, la reinterpretación que hizo la Corte de los fines y los temas ha trastocado la esencia de la consulta popular.

La consulta es un magnífico instrumento de participación cívica para tomar decisiones de política pública y de gobierno; pero el populismo constitucional de la Corte ha tergiversado la naturaleza y desvirtuado sus fines. Antes de que ocurra el primer ejercicio, la figura de consulta popular ya está muerta pues se ha convertido —al menos en este caso— en una maniobra propagandística del gobierno.

 

Luis Carlos Ugalde
Director general de Integralia Consultores.

Paulina Creuheras
Consultor Sr. de Integralia Consultores.

 

Un comentario en “Ocho reflexiones sobre la consulta popular avalada por la Corte

  1. Es una lástima que el poder judicial, un contrapeso institucional, después de tantas vueltas, quede mal parado y supeditado al jecutivo

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