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Este texto fue publicado originalmente en tres entregas en el sitio Confidencial. Se reproduce con permiso del autor.

Ilustración: Patricio Betteo

El itinerario de la dictadura: una década de autoritarismo

Mi objetivo en estas líneas, basadas en los apuntes de mi libreta como periodista, es describir la trayectoria del régimen Ortega-Murillo en Nicaragua antes y después de la insurrección cívica de abril del 2018, así como analizar los desafíos políticos que enfrentamos hoy como nación.

Después de los fracasos de la Revolución Sandinista (1979-1990) y la transición democrática (1990-2006), Nicaragua está viviendo otra gran oportunidad histórica. La tercera en los últimos 40 años y quizá la última, en la que una gran alianza nacional —aún en gestación— intenta desalojar del poder a un régimen autoritario para realizar una reforma política democrática duradera.

¿Cuál es la naturaleza del régimen Ortega-Murillo y cómo estalló la Rebelión de Abril? ¿Cómo ha logrado Ortega “atornillarse” en el poder después de ejecutar una brutal represión? A casi dos años del estallido, ¿cuáles son las perspectivas de un cambio político democrático en Nicaragua? Las respuestas a estas preguntas demandan una verdadera conversación nacional. Mis reflexiones apuntan a contribuir a ese debate necesario para buscar una salida democrática, en estos momentos de dolor y esperanza para Nicaragua.

Itinerario de la dictadura Ortega-Murillo

El régimen que entró en crisis el 18 de abril del 2018 en Nicaragua es el resultado de más de una década de poder autoritario, en el que Daniel Ortega consolidó una dictadura que concentra y centraliza todos los resortes del poder: la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional, el Poder Electoral, la Contraloría, la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua.

Después de permanecer 16 años como líder de la oposición, Ortega regresó al poder en el 2007 al ganar una elección con el 38 % de los votos, favorecido por una regla constitucional sui generis pactada en el año 2000 con el entonces presidente Arnoldo Alemán (después procesado por corrupción), que redujo el umbral para ganar en primera vuelta del 45 % al 35 % con una diferencia de 5 % sobre el segundo lugar. Al contrario de Evo Morales, Hugo Chávez o Rafael Correa, quienes triunfaron con una marejada de votos en medio de una crisis del sistema político, Ortega no llegó al poder con una mayoría política, sino como resultado de la división del electorado, tras haber ejecutado durante más de una década un proceso de captura del Estado desde abajo, apoyado en el uso de la fuerza y la infiltración partidaria de la Corte Suprema de Justicia y el Poder Electoral.

Neoliberal, autoritario y asistencialista

Es completamente falsa, por lo tanto, la narrativa oficial que pretende presentar al gobierno de Ortega como la “segunda etapa de la Revolución Sandinista”. En realidad, esta terminó en 1990 con la derrota electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln) y el desmontaje del modelo revolucionario. El autoproclamado gobierno “cristiano, socialista y solidario” de Ortega, instauró un régimen económico neoliberal, dándole continuidad a la política de los tres gobiernos anteriores —Violeta Chamorro (1990-1997), Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (2002-2007)— bajo la tutela del fmi. Autoritario en lo político y asistencialista en lo social, el régimen de Ortega invocó una retórica revolucionaria, imponiendo al mismo tiempo valores conservadores, como la penalización del aborto terapéutico, mientras desmanteló el sistema de participación ciudadana y rendición de cuentas, anulando la autonomía municipal y la universitaria.

Una década antes de la aparición de Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil, Ortega definió a la prensa independiente como el “enemigo” que debe ser aplastado, y mucho antes de la era de las fake news, calificó a los periodistas como “Hijos de Goebbels”, desatando virulentas campañas de linchamiento contra la prensa en los medios oficiales, como respuesta a las denuncias de corrupción sobre su gobierno.

2008: el fraude electoral municipal

En noviembre del 2008, la oposición y grupos nacionales de observación electoral documentaron un fraude masivo en las elecciones municipales en más de 40 de los 153 municipios del país, incluida Managua, perpetrado por el Consejo Supremo Electoral (cse) controlado por el fsln. Ortega resolvió la disputa utilizando fuerzas de choque, con la complicidad de la Policía, para reprimir las protestas con violencia, mientras la oposición se mostró incapaz de defender el voto en las urnas y en las calles.

La constatación del fraude electoral provocó la primera crisis de legitimidad democrática del régimen. La Unión Europea y Estados Unidos impusieron sanciones económicas a través de la suspensión de la cooperación para apoyo presupuestario y la Cuenta del Milenio, respectivamente. Sin embargo, Ortega logró sortear la presión de las sanciones, al sustituir esos fondos con la millonaria cooperación petrolera venezolana que manejaba de forma discrecional fuera del presupuesto de la República.

Los petrodólares de Venezuela y la corrupción

Entre 2008 y 2016, Nicaragua recibió más de usd$ 4500 millones de cooperación estatal venezolana —unos usd$ 500 millones anuales equivalentes al 6 % del Producto Interno Bruto— entre préstamos, donaciones e inversiones, que se manejaron a través de canales privados al margen del control estatal. Una parte de estos fondos se destinaron a respaldar los subsidios gubernamentales, programas asistencialistas y las actividades partidarias del fsln, pero la mayoría se desvió hacia el consorcio empresarial albanisa, una empresa binacional creada por pdvsa de Venezuela y Petronic de Nicaragua, en última intancia dependiente de los intereses privados de la familia Ortega-Murilllo.

Con la desviación millonaria de esos fondos estatales hacia actividades privadas, la familia Ortega-Murillo adquirió una influencia económica clave en el sector de la industria eléctrica y de hidrocarburos, entre otros. Además, creó un conglomerado de medios de comunicación en donde los hijos de Ortega son propietarios de al menos tres canales privados de televisión —4, 8 y 13— y mantienen el control del Canal 2 y del estatal Canal 6, así como de varias radioemisoras, de compañías de producción audiovisual y fundaciones, cobijadas o financiadas por el Estado.

Los medios de comunicación independientes investigamos y documentamos con pruebas la millonaria desviación de los fondos de la cooperación estatal venezolana hacia las actividades privadas del orteguismo, como uno de los mayores actos de corrupción de la historia de Nicaragua. Sin embargo, ninguna instancia estatal —Policía, Fiscalía, Contraloría, Asamblea Nacional, Corte Suprema de Justicia, todas controladas por Ortega— realizó alguna investigación sobre estos presuntos delitos. Bajo un régimen de transparencia cero, la impunidad de la corrupción y la confusión de lo público con lo privado, se consolidó durante más de una década como una marca de identidad política del estilo de gobierno de Ortega.

2009: la alianza con los grandes empresarios

En el 2009, en las horas bajas de legitimidad democrática del régimen, se produjo un entendimiento providencial para Ortega con los grandes capitales de Nicaragua y la región, en medio de la crisis económica internacional. El acuerdo configuró un régimen corporativista, bautizado por ambas partes como el modelo de “diálogo y consenso” entre el poder autoritario y los grandes empresarios, según el cual estos ejercieron un cogobierno, acordado por consenso con el régimen la legislación sobre los asuntos económicos, mientras Ortega, como el dictador Anastasio Somoza Debayle en los años setenta, mantuvo el monopolio de la política. Así se desarrolló esta alianza para la promoción de negocios y atracción de inversión privada, sin democracia ni transparencia, con amplias ventajas para los grandes grupos económicos, al subordinar la política tributaria y las exoneraciones fiscales al presupuesto paralelo financiado por Venezuela, que Ortega manejaba con holgura.

Los resultados de esta alianza, celebrada como “populismo responsable” o “autoritarismo suave”, le brindaron al país estabilidad económica y sobre todo legitimidad política a Daniel Ortega para consolidar su dictadura institucional. Apuntalada en el dinamismo del sector externo y el crecimiento de la inversión privada, nacional y extranjera, Nicaragua experimentó tasas de crecimiento económico de 4.5 % promedio durante ocho años consecutivos, que le permitieron reducir los índices de pobreza extrema, y aunque no se produjeron cambios en la productividad y la estructura productiva, se implantó una esperanza de mejoría económica.

2011: la reelección inconstitucional

En noviembre del 2011, Ortega se reeligió de forma inconstitucional. Impedido de ser candidato presidencial por dos candados constitucionales establecidos en la reforma de 1995 —la prohibición expresa de la reelección consecutiva y el impedimento de ser candidato para quienes ya hubiesen ejercido el cargo en dos ocasiones anteriores— recurrió a la sala constitucional de la Corte Suprema, controlada por su partido, alegando que la regulación de la reelección violaba sus derechos humanos. En esencia, Ortega usó el mismo argumento que en el 2003 había instaurado, como nefasto precedente, en Costa Rica el demócrata Óscar Arias para su reelección en el 2006, y que sería invocado cinco años después por Evo Morales en Bolivia para ser candidato en una cuarta reelección consecutiva. Pese a las denuncias de fraude electoral y cuestionamientos sobre la falta de transparencia presentados por la misión de observación electoral de la Unión Europea, Ortega obtuvo más del 62 % de la votación y logró mayoría calificada en el parlamento para reformar a sus anchas la Constitución y legalizar la dictadura institucional.

2013: el canal interoceánico y el movimiento campesino

En junio del 2013, el parlamento utilizó un procedimiento exprés para aprobar de forma sorpresiva la Ley no 840 para la construcción del “gran canal interoceánico”. La Ley Ortega-Wang otorgó al empresario chino Wang Jing y su empresa Hong Kong Nicaraguan Development (hknd), una concesión por cincuenta años prorrogables para expropiar de forma discrecional el territorio nacional, para la construcción del canal y sus subproyectos, cuya inversión sería de usd$ 50 000 millones.

Seis años después, el megaproyecto que Ortega vendió como la “tierra prometida” nunca inició su construcción y concluyó en una gran estafa. La amenaza a la propiedad de la tierra de los campesinos en la franja canalera generó un movimiento social que organizó más de 100 marchas de protesta para exigir la derogación de la ley. A pesar de la represión y la persecución, el movimiento campesino en defensa de la tierra, el lago y la soberanía nacional, presidido primero por Francisca Ramírez y después por Medardo Mairena, se consolidó como uno de los principales actores sociopolíticos del país.

2014: la reelección indefinida

En el 2014, con el control de la mayoría calificada en el parlamento, Ortega impuso una reforma constitucional en la que establece la reelección presidencial indefinida y fortalece el esquema de subordinación de todos los poderes del Estado al Ejecutivo. De forma simultánea, la Asamblea reformó el Código Militar y la Ley de la Policía Nacional, legalizando la prórroga indefinida en sus cargos del jefe del Ejército y el director de la Policía, al servicio de la discrecionalidad presidencial. Con la reforma constitucional se institucionaliza el esquema de poder Estado-Partido, que en última instancia se subordina a la familia gobernante, a través de la pareja Ortega-Murillo.

2016: elección de partido hegemónico, sin competencia

En noviembre del 2016, se lleva a cabo la segunda reelección consecutiva de Ortega, esta vez con su esposa Rosario Murillo como vicepresidente colocada en la línea de sucesión constitucional. Seis meses antes de la elección, el régimen despojó de su personería jurídica a la alianza opositora, Partido Liberal Independiente (PLI), y de forma ilegal expulsó del parlamento a diecisiete diputados opositores. La elección celebrada entre el fsln y cinco partidos colaboracionistas, sin competencia ni oposición política, le dio a Ortega la victoria con el 72.5 % de los votos. No obstante, los observadores electorales independientes denunciaron una abstención mayor del 70 %, como señal de rechazo y protesta masiva del electorado.

2017: los signos del desgaste, sin oposición política

En el 2017, con la caída del precio internacional del petróleo se vislumbraban signos del desgaste económico del modelo corporativista autoritario al disminuir considerablemente el flujo de petrodólares de la cooperación venezolana. El Fondo Monetario Internacional (fmi) advirtió crecientes presiones fiscales, derivadas de la crisis de las finanzas públicas y del sistema de seguridad social, mientras el malestar social se reflejaba en la protesta de movimientos sociales: campesinos, feministas, promotores de elecciones libres y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, no existía el contrapeso de una oposición política nacional que cuestionara el poder de la dictadura. A pesar de las críticas de la prensa independiente sobre la insostenibilidad del modelo autoritario en alianza con los grandes empresarios, sus promotores más bien proponían exportar el “modelo” en América Latina. En el 2018, Ortega inicia el segundo año de su tercer período de gobierno consecutivo, con miras a conformar una dictadura dinástica en el 2021.


La Rebelión de Abril y la crisis terminal del régimen Ortega-Murillo

La insurrección cívica estalló sin aviso el 19 de abril. Una semana antes, grupos de estudiantes universitarios y activistas medioambientales autoconvocados en redes sociales, protestaron durante siete días consecutivos contra la negligencia del Gobierno ante el incendio de la reserva de Indio Maíz. La Policía les impidió marchar en las calles, pero la protesta representó para muchos jóvenes una formidable experiencia organizativa.

El 18 de abril, el Gobierno publicó el decreto de reformas a la seguridad social, aumentando las cotizaciones patronales y laborales y gravando las pensiones.

La medida fue rechazada por las cámaras empresariales agrupadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), como un acto unilateral que rompía el modelo de “diálogo y consenso”, mientras un grupo de estudiantes universitarios, entre ellos los participantes en la protesta por el incendio de Indio Maíz, activistas de la sociedad civil, feministas y jubilados de la tercera edad, convocaron a protestas cívicas en Managua y León en contra de las reformas. Los protestantes fueron vapuleados por las fuerzas de choque del FSLN, protegidas por la Policía Nacional, primero en León y después en Managua en el centro comercial Camino de Oriente, donde atacaron con tubos y piedras a manifestantes y a periodistas que cubrían la protesta. Las imágenes de la represión y la resistencia que se extendió hasta la Universidad Centroamericana fueron transmitidas en vivo durante más de tres horas en la televisión por cable a través de 100 % Noticias y se viralizaron a través de las redes sociales, generando un sentimiento de repudio e indignación nacional. Un día después, al continuar el reclamo el 19 de abril, el régimen desató una represión sangrienta que desencadenó una ola de protesta nacional.

La ruptura de los estudiantes en las universidades públicas

La protesta estudiantil, inicialmente focalizada en las universidades privadas, Universidad Centroamericana (UCA) y Universidad Americana (UAM), se extendió al 19 de abril a las universidades públicas: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (unan de León y Managua), Universidad de Ingeniería (UNI), Universidad Nacional Agraria (UNA) y Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI). Los estudiantes que se rebelaron al control político de la Unión Nacional de Estudiantes (Unen), dirigida por la Juventud Sandinista del FSLN, se rehusaron a ser utilizados como fuerzas de choque para reprimir a sus compañeros, y se sumaron a la protesta contra el régimen para reclamar el restablecimiento de la autonomía universitaria en los campus.

El quiebre del sistema de control político tradicional del régimen sobre la juventud marcó un punto de inflexión en el inicio de la Rebelión de Abril, mientras la Policía reaccionó con una violencia inusitada, utilizando armas de fuego, francotiradores y paramilitares para intentar desalojar a los estudiantes de los campus universitarios tomados en la UNI, UPOLI y la UNA.

La orden “Vamos con todo”

Ante las primeras manifestaciones de la resistencia estudiantil, el 19 de abril la vicepresidenta Rosario Murillo convocó a una reunión de emergencia a las estructuras partidarias del FSLN y la Juventud Sandinista en Managua. Su lugarteniente Fidel Moreno, secretario de organización del FSLN, secretario general de la Alcaldía de Managua y jefe de los grupos paramilitares, transmitió la orden de la vicepresidenta: “vamos con todo”. Según el testimonio de Ligia Gómez, exsecretaria política del FSLN en el Banco Central, Moreno explicó que el objetivo era aplastar la protesta con todos los recursos disponibles para “defender la revolución”, e impedir que los manifestantes se tomaran las calles, para lo cual presentaron un plan para defender 61 puntos estratégicos en la ciudad de Managua, que en pocas horas fueron rebasados por una espontánea protesta que derivó en la insurrección cívica. Unas horas después, la represión armada cobró los primeros tres muertos, en una orgía de violencia represiva que no se detendrá durante al menos 100 días. En la primera semana de represión, se produjeron más de cincuenta muertos iniciando el peor baño de sangre de la historia de Nicaragua en tiempos de paz.

A partir de las protestas de abril, la dictadura institucional Ortega-Murillo se convirtió en una dictadura sangrienta. Si la chispa de la protesta fue la reforma a la seguridad social, el detonante que la convirtió en masiva fue el rechazo nacional a la brutalidad de la represión. Un régimen diseñado para gobernar sin oposición colapsó al enfrentar una protesta cívica masiva que fue percibida como una amenaza a su poder político. Acostumbrado a mantener el control con base en la violencia selectiva, la cooptación, el fraude electoral, la centralización de los poderes del estado y el control los espacios públicos, el régimen reaccionó con extrema violencia al perder la mayoría política y el control de las calles.

El ataque contra la prensa

En la medida en que se masifica la protesta cívica, el régimen también arrecia sus ataques contra la prensa independiente. El 19 de abril, el director del Instituto de Telecomunicaciones (Telcor), Orlando Castillo, impuso la censura televisiva por las vías de hecho a los canales 100 % Noticias, 12, 23 y 51. Ocho horas después, Telcor restableció las señales televisivas, excepto la de 100 % Noticias que regresa al aire hasta el 25 de abril como resultado de la presión ciudadana.

A diferencia de otras crisis más prolongadas como la de Venezuela, por ejemplo, en Nicaragua en menos de un año se concentran todos los crímenes contra la prensa: el asesinato del periodista Ángel Gahona en Bluefields, la destrucción de Radio Darío en León, la censura contra la televisión y el bloqueo aduanero contra los periódicos, las agresiones físicas y asaltos contra reporteros, las amenazas, espionaje e intimidación por parte de policías y paramilitares contra periodistas; la ocupación policial y confiscación de facto de Confidencial y 100 % Noticias y la criminalización del ejercicio del periodismo con el juicio político y el encarcelamiento de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda durante seis meses.

A pesar de la persecución, el exilio de periodistas y el cierre de medios, el empoderamiento de los ciudadanos con sus teléfonos celulares y el uso de las redes sociales ha permitido documentar la represión y la resistencia, mientras el periodismo realiza una gran labor de curaduría profesional. La solidaridad entre los medios independientes y el surgimiento de nuevas prácticas de periodismo colaborativo contribuye a derrotar la censura oficial, evidenciando también la crisis de credibilidad del aparato oficial de medios de comunicación.

La insurrección cívica y el Diálogo Nacional

La nueva mayoría política que empieza a tomarse las calles el 19 de abril no está liderada por algún partido político, líder u organización, sino por fuerzas sociales autoconvocadas que demandan democracia y libertad, el cese de la represión, el fin de la dictadura y la convocatoria a elecciones libres.

El movimiento que nació en la protesta universitaria se extiende a las principales ciudades del país y le arrebata al FSLN el control de antiguos bastiones políticos en las ciudades de Masaya, León, Estelí y Matagalpa. El régimen recrudece la represión y la rebelión en las calles proclama “Ortega y Somoza son la misma cosa”, demandando la renuncia de Ortega y Murillo.

Ante la matanza y la violación masiva de derechos humanos, el sector empresarial decreta el fin de la alianza con el régimen. La ruptura no surge de un análisis autocrítico sobre el modelo corporativista, sino de un imperativo ético y de sobrevivencia política. El empresariado proclama que no puede haber negociaciones económicas con el régimen, si no hay una solución política democrática que debe surgir de un diálogo inclusivo, reconociendo la existencia de nuevos actores políticos y sociales.

Con la pérdida de su principal aliado económico y político, y bajo la presión de la protesta cívica, en mayo Ortega solicita a la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica que convoque a un Diálogo Nacional. Los obispos seleccionan como participantes a estudiantes universitarios, gremios empresariales, representantes de la sociedad civil y al movimiento campesino, que posteriormente se agrupa en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Mientras tanto, la insurrección cívica combina marchas masivas, barricadas en los barrios de las ciudades y tranques en las carreteras, para presionar por la salida de Ortega y Murillo del poder, y la negociación de elecciones anticipadas. El objetivo del diálogo es facilitar una negociación entre el Gobierno y la Alianza Cívica en torno a una agenda de democratización y justicia, que nunca llega a debatirse, al condicionar el Gobierno su participación al levantamiento de los tranques.

El único resultado del diálogo fue la llegada al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, posteriormente, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para investigar las violaciones de los derechos humanos. Las recomendaciones de la CIDH, que incluyen el cese de la represión y el desarme de los grupos parapoliciales, fueron aprobadas por unanimidad en la mesa del diálogo, pero el Gobierno se rehusó a cumplirlas.

La “Operación Limpieza” y la crisis de derechos humanos

Entre junio y julio del 2018, el régimen impone la ruptura del diálogo al desatar un operativo militar de gran envergadura, la llamada “Operación Limpieza”, con fuerzas paramilitares y policiales para despejar los tranques y las barricadas en la unan-Managua, Carazo, Masaya, el barrio Monimbó, Juigalpa, San Pedro de Lóvago y Jinotega. El resultado de la represión provoca decenas de muertos, persecución política y miles de personas huyen al exilio.

Según el informe de la CIDH, entre abril y julio del 2018, en Nicaragua fueron asesinadas 328 personas, sin que existiera una situación bélica o un enfrentamiento entre dos bandos armados. Para dimensionar la magnitud de esta crisis humanitaria, cabe precisar que Nicaragua es un país de seis millones de habitantes.

La proyección de esta pérdida en países con poblaciones más numerosas como México, Argentina, Colombia o Brasil equivaldría a la de miles de vidas en menos de 100 días. En diciembre, el GIEI calificó estas violaciones, que además incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y violaciones sexuales a mujeres y hombres, como crímenes de lesa humanidad. Tres informes de organismos internacionales de derechos humanos —CIDH, GIEI y OACNUDH— han documentado la gravedad de estas violaciones derivadas de la violencia estatal, desvirtuando la narrativa oficial que pretende justificar la represión, al alegar la existencia de un supuesto intento de “golpe de Estado”. Casi dos años después de la matanza, todos los crímenes se encuentran en la impunidad: ningún policía, paramilitar o partidario del FSLN ha sido investigado, detenido o procesado y las organizaciones internacionales de derechos humanos fueron expulsadas del país en diciembre del 2018.

El Estado de sitio de facto, los presos políticos y el segundo Diálogo Nacional

Después de la matanza de abril-julio, el régimen lanza un operativo masivo de encarcelamiento de los participantes en la protesta cívica. Más de 700 ciudadanos son capturados y enviados a prisión, y sometidos a juicios políticos por el presunto delito de terrorismo. Más de 100 000 nicaragüenses se ven obligados a salir al exilio, la mayoría en Costa Rica, donde hay 80 000 solicitantes de refugio, pero también en Panamá, España, México, Canadá y Estados Unidos.

En septiembre del 2018, se impone el estado de excepción de facto, con la prohibición expresa por parte de la Policía para la realización de marchas de protesta cívica y la anulación del derecho de reunión y movilización. A pesar del estado de sitio policial, la resistencia cívica se adapta a nuevas formas de lucha a través de protestas relámpago de pequeños grupos y piquetes exprés, en distintos puntos de las ciudades. En octubre de ese mismo año, más de 90 organizaciones crean la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) como una plataforma de movilización para impulsar la lucha cívica.

Entre el 9 y el 12 de diciembre se produce otra acción represiva contra las libertades democráticas. La Asamblea Nacional despoja de su personería jurídica a nueve organizaciones no gubernamentales dedicadas a promover los derechos democráticos —Cenidh, Hagamos Democracia, Ieepp, Cisas, Popol Na, Ipade, Cinco, Fundación del Río y el Instituto de Liderazgo de las Segovias (Ills)— anulando el derecho de asociación. La escalada continúa con el asalto policial y la confiscación de facto de los medios de comunicación, Confidencial y 100 % Noticias, y el encarcelamiento de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. La violencia represiva continuó en el 2019 con la eliminación selectiva de más de 40 líderes campesinos o ex miembros de la Contra, por motivaciones políticas en las zonas rurales del norte del país.

Sin embargo, en febrero del 2019, bajo la presión del gobierno de Estados Unidos el régimen acepta un nuevo Diálogo Nacional con la Alianza Cívica, teniendo como testigos internacionales al representante del secretario general de la OEA y al Nuncio Apostólico. A finales de marzo, el régimen acepta liberar a todos los presos políticos en un plazo de 90 días, y restablecer las libertades democráticas para restituir los derechos constitucionales. En junio, excarcela a más de 300 presos al amparo de una ley de amnistía, que otorga impunidad a los perpetradores de los crímenes, pero mantiene en la cárcel a 138 presos políticos, sin restablecer las libertades democráticas ni aceptar la negociación de la reforma electoral para ir a elecciones libres. Así fracasa el segundo Diálogo Nacional, mientras el régimen mantiene el estado de sitio de facto, y arrecia la persecución política, extendiéndola a la Iglesia católica y los familiares de los presos políticos y los asesinados.

El fracaso del Diálogo incrementa la condena y el aislamiento del régimen en los foros internacionales. La Organización de Estados Americanos (OEA) avanza en el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana, y certifica que en Nicaragua se ha producido una ruptura del orden constitucional. Estados Unidos y Canadá imponen sanciones internacionales contra nueve altos funcionarios del régimen, entre ellos la vicepresidenta Rosario Murillo y sus hijos Rafael y Laureano Ortega Murillo; así como los principales operadores políticos, económicos, policiales, y de seguridad, vinculados a la represión y la corrupción. Las sanciones también abarcan a las empresas Banco Corporativo y DNP-Petronic. Por su parte, la Unión Europea aprueba el marco legal para sancionar individuales contra funcionarios del régimen y el Parlamento Europeo aprueba una resolución política demandando la aplicación de estas sanciones. En el 2020, Nicaragua inicia su tercer año consecutivo de recesión económica, provocada por la crisis sociopolítica que ha producido una parálisis en la inversión nacional y extranjera y la pérdida de centenares de miles de empleos.


A medio camino de la Rebelión de Abril, una ruta de salida de la dictadura

La excarcelación de 91 presos políticos en la víspera de año nuevo, sin que haya mediado una negociación entre la dictadura y la oposición, es un triunfo de la presión política nacional e internacional. Un resultado, en primer lugar, del coraje y la lucha de las madres de los presos políticos y su huelga de hambre en la iglesia San Miguel en Masaya, de la unidad en la acción de la Alianza y la UNAB para liberar a los “aguadores” y a todos los presos, junto a las sanciones internacionales de Estados Unidos, la resolución de condena del Parlamento Europeo y las gestiones humanitarias del papa Francisco.

Ciertamente, es un logro parcial en tanto el régimen aún mantiene como rehenes a más de 60 personas de conciencia y quienes salieron de la prisión no han recuperado plenamente su libertad y siguen sometidos, casa por cárcel, al asedio policial y paramilitar. Sin embargo, la excarcelación de los 91, así como la de más de 300 en junio del año pasado, ha desatado una nueva fuerza política integrada por muchos de los rostros visibles de la protesta cívica, que con su resistencia en la cárcel sellaron la derrota moral y política de la dictadura. En el actuar simultáneo de la presión política interna y la presión diplomática radica una de las claves para romper el impase que el régimen ha impuesto a punta de represión; la otra, es cómo mantener la presión de la resistencia cívica al máximo, hasta lograr la suspensión del estado de excepción de facto.

A pesar de la crisis política terminal de la dictadura y la creciente condena internacional, todo indica que en el 2020 Ortega mantendrá su alineamiento ideológico con Cuba y Venezuela y seguirá aferrado al poder, sin facilitar una solución política; ni la presión externa por sí sola, ni el agravamiento de la recesión económica, producirán un cambio político. Es imperativo, por lo tanto, identificar los obstáculos políticos a vencer para sumar nuevas fuerzas, así como formular las preguntas y los desafíos, que permitan delinear una ruta de salida democrática a la crisis de la dictadura.

La urgencia de una coalición nacional opositora

Veinte meses después de la insurrección cívica autoconvocada, el país está demandando más organización territorial, liderazgo y conducción política, a través de la anunciada Coalición Nacional, la cual tendría como bloque fundacional a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Una coalición opositora que deberá ser inclusiva para sumar nuevas fuerzas políticas y sociales, neutralizar a sectores que hoy apoyan al régimen, y capitalizar la solidaridad internacional. El desafío de esta coalición, necesariamente diversa y plural, será conducir una estrategia de lucha popular y nacional bajo un programa de reformas democráticas, y llenar el vacío de poder que está dejando la crisis del régimen, para cambiar el balance del poder. Este cambio empieza por practicar en casa mecanismos democráticos de selección de liderazgos y, eventualmente, de candidaturas a cargos de elección popular, para erradicar la enfermedad del caudillismo.

En la acera de enfrente, Ortega se mantiene en el poder por la fuerza de las armas, con el respaldo de la Policía, los paramilitares y el Ejército. Ordena y manda, pero no gobierna. Al perder su capacidad para restablecer sus viejas alianzas políticas, económicas y sociales, nunca podrá restituir su capacidad de gobernar.

Su objetivo estratégico para continuar en el poder es impedir la consolidación de la unidad nacional opositora. Ortega cuenta con un arsenal de incentivos para promover su “reforma electoral” con los partidos colaboracionistas, pero no puede dividir a la oposición “Azul y Blanco” en dos y hasta tres bloques electorales, si el liderazgo nacido en la Rebelión de Abril se mantiene cohesionado. Una división de la oposición le permitiría a Ortega imponer el peso de su minoría política ante un electorado disperso, e incluso perder una elección y seguir gobernando “desde abajo” por la fuerza y el chantaje. En cambio, con la unidad opositora se garantizaría no solo ganar una elección, sino que el nuevo Gobierno democrático obtenga mayoría calificada en las urnas con un mandato inequívoco para desmantelar las estructuras dictatoriales, con apoyo de la comunidad internacional.

El retorno político de los exiliados

Igual que los presos políticos excarcelados en junio y diciembre del 2019, los exiliados representan una nueva fuerza política. En el exilio de Costa Rica, principalmente, se encuentran muchos líderes representativos de la protesta cívica de Masaya, Carazo, Matagalpa, León, Nueva Guinea y otras comunidades, así como activistas de la sociedad civil, universitarios, campesinos, periodistas independientes y defensores de derechos humanos. Sin embargo, mientras se mantenga el estado de sitio policial, no existen garantías para su repatriación. En el 2019 no hubo retorno seguro, solo un retorno político en el que cada ciudadano asumió los riesgos de su reinserción.

Mientras se crean condiciones para la repatriación masiva de decenas de miles de refugiados, después de la salida de Ortega y Murillo del poder, el retorno político de los exiliados en el 2020 demanda al menos tres garantías mínimas: 1. que regresen a Nicaragua las comisiones internacionales de derechos humanos (CIDH, OACNUDH, GIEI, Amnistía Internacional y Human Rights Watch); 2. El desarme y desmantelamiento de los grupos parapoliciales al que el Gobierno se comprometió en mayo del 2018 en el primer Diálogo Nacional; y 3. El restablecimiento pleno de las libertades democráticas, que el Gobierno acordó, en marzo del 2019, con la Alianza Cívica en el segundo Diálogo Nacional.

El país también anhela que cese el exilio forzado que ha vivido en Roma el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, uno de los líderes religiosos más respetados de la Iglesia católica y, a la vez, el ciudadano nicaragüense que genera mayor credibilidad y consenso entre la población. Sería un gran gesto de solidaridad del papa Francisco facilitar que el obispo Báez pueda retornar a su patria y a su iglesia, cuando más lo necesitan, y contribuir de esa forma a restituir el derecho de todos los nicaragüenses a vivir en paz, sin represión, y a terminar con el exilio.

La encrucijada de los grandes empresarios

La ruptura de la alianza de los grandes empresarios y las cámaras empresariales del Cosep con el régimen, significó para Ortega la pérdida de su principal base de sustentación política extrapartidaria. El modelo corporativista autoritario que promovía la inversión privada, a costa de democracia y transparencia, colapsó por la vía de los hechos cuando la dictadura institucional se convirtió en una dictadura sangrienta en abril del 2018. Aunque no hubo una revisión crítica, balance o análisis de fondo sobre las implicaciones políticas de esos nueve años de cogobierno económico, el empresariado cortó sus vínculos con el régimen y través de las cámaras de Cosep, AmCham y Funides, apoyó las gestiones de la Alianza Cívica para buscar una salida política a la crisis nacional, en los diálogos nacionales de mayo del 2018 y marzo del 2019.

En el 2020 las empresas enfrentarán su tercer año consecutivo de recesión económica, con el costo social de miles de familias en pobreza, desempleo, migración e informalidad, mientras el tirano sigue exponiendo al país a sanciones internacionales cada vez más severas con impactos impredecibles. Las represalias económicas contra empresarios pequeños, medianos y grandes enseñan que Ortega sí está dispuesto a cumplir su amenaza de empujar al país al precipicio de la economía de sobrevivencia a la “economía del gallopinto”. La pregunta obligada es: ¿cuál será la respuesta del liderazgo de los grandes empresarios ante el agravamiento de la crisis de la dictadura? ¿Siguen apostando a las soluciones externas, o están dispuestos a asumir el riesgo de que el sector privado se convierta en un actor democrático, no partidario, para presionar al régimen a negociar una reforma política —con o sin Ortega-Murillo—, que desemboque en la reforma electoral?

El sector más beligerante de la protesta cívica demanda el apoyo del empresariado a un paro nacional, como medida de presión de último recurso. En realidad, existe un amplio abanico de posibles acciones para ejercer más presión cívica desde el sector empresarial. En una economía de mercado como la nicaragüense dominada por el sector privado, cualquier decisión del liderazgo empresarial de poner un límite terminante a la dictadura, tendrá una incidencia directa, ya no en la pareja dictatorial, pero sí en la alta burocracia económica del Gobierno, en el alto mando del Ejército, en los magistrados de los poderes del Estado y en los empresarios sandinistas. La encrucijada de los empresarios es callar y someterse, o adoptar riesgos para contribuir al cambio político, entendiendo que después de abril también ha caducado la forma tradicional de hacer política de las élites económicas. Con la emergencia de una nueva mayoría política ya no es posible, como antes, escoger de dedo candidatos presidenciales o partidos políticos para trazar el destino del país; la alternativa de apoyar una coalición nacional implicaría respaldar un programa de reformas y métodos transparentes de selección de liderazgos, cuyos resultados no pueden ser predeterminados, sino que están sujetos a la regla democrática de la incertidumbre. Esa es la esencia del nuevo orden democrático que pugna por nacer, mientras el viejo orden de la dictadura, el hombre fuerte y las “misas negras”, aún se resiste a morir.

La presión externa: sanciones, verificación y reconstrucción

Veinte meses después del estallido de abril, el logro más rotundo de la protesta cívica es haber derrotado la estrategia de la dictadura que intentaba encauzar la crisis política hacia un conflicto militar. Fracasó Ortega en todos los foros internacionales con su narrativa del supuesto golpe de Estado, para justificar la represión y la matanza, y tampoco pudo imponer la opción militar a la oposición “Azul y Blanco”. A pesar del dolor y la impotencia provocada por la represión, la matanza, y la cárcel; a pesar de la desesperación nacida de la persecución, el exilio y el Estado de sitio policial; la oposición nunca ha concebido la vía militar como una opción y se mantiene firme en que la única salida para desmantelar la dictadura en esta crisis nacional, es política y democrática. Una salida que pasa por una negociación —con o sin Ortega-Murillo— cuyas premisas son la liberación de los presos, la suspensión del Estado policial y el restablecimiento de las libertades democráticas, para acordar las reformas políticas, incluida la reforma electoral, que permitan ir a elecciones anticipadas, libres y competitivas.

La presión internacional y las sanciones de Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea enfocadas en la doble crisis de democracia y derechos humanos provocada por la dictadura, juegan un papel imprescindible para aislar y debilitar la capacidad económica del régimen para reprimir. Adicionalmente, deberían orientarse hacia la verificación de los acuerdos incumplidos —desarme de paramilitares, retorno de CIDH y restablecimiento de libertades democráticas—, así como a garantizar que se cumplan los nuevos acuerdos aún pendientes de negociar sobre reforma política y electoral, y sentar las bases para una asistencia internacional extraordinaria, que será necesaria.

La transición democrática en la Nicaragua post-Ortega empieza con reformas que permitan realizar elecciones libres para desalojar del poder al régimen Ortega-Murillo, pero para gobernar en paz un nuevo gobierno democrático requerirá desmantelar las estructuras de la dictadura, empezando por el desarme de los paramilitares y la creación de una nueva Policía Nacional, así como las reformas a la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, el Ejército y la Contraloría.

La envergadura de estas reformas, mientras un nuevo Estado democrático está aún en construcción, requerirá un proceso de asistencia internacional extraordinaria, en el que participen la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, no solo para apoyar en la reforma electoral, sino para asegurar la estabilidad en la transición y durante la reconstrucción. Para emprender estos y otros cambios, cobijados bajo una reforma constitucional, el nuevo Gobierno democrático requerirá el apoyo de una Comisión de la Verdad y una entidad supranacional de investigación, para sentar las bases de la estabilidad con justicia sin impunidad, ante la corrupción y los crímenes de lesa humanidad.

En consecuencia, la comunidad internacional debería poner en su agenda no solo las reformas electorales que conduzcan a la sustitución de la dictadura en el poder, sino un compromiso de mediano plazo con la reconstrucción nacional pos-Ortega, para desmantelar las estructuras dictatoriales.

La dignificación de los servidores públicos y la crisis del FSLN

Junto al monopolio de la fuerza y el control de las finanzas públicas, otro de los pilares de la dictadura Ortega-Murillo ha sido el dominio político que ejerce sobre más de 120 000 empleados públicos, civiles y militares, sometidos al sistema Estado-Partido-Familia. Los servidores públicos están controlados por el partido FSLN que sustituyó la ley de servicio civil y carrera administrativa por la obediencia partidaria.

Sin embargo, durante la insurrección cívica de abril, centenares de médicos, trabajadores de la salud, maestros, profesores universitarios, policías y técnicos del Estado fueron despedidos porque se negaron a cumplir órdenes políticas de la maquinaria represiva. Los testimonios recientes de presos políticos excarcelados y sus familiares confirman la presencia de esbirros y torturadores en las cárceles, así como de policías fanatizados en el culto a la personalidad de Ortega, y de paramilitares incrustados en las instituciones del Estado; pero también revelan la existencia de policías y custodios, que se limitan a cumplir órdenes sin reprimir, y de empleados públicos que, con cautela y discreción, brindan una valiosa contribución a la resistencia cívica.

Si el electorado que apoya ciegamente a Ortega y al FSLN, ya sea por convicción ideológica, tradición política o intereses económicos, se estima en un 20 %, entre los empleados del sector público, civiles y militares, el porcentaje de militancia en el FSLN quizás es similar o ligeramente mayor. Pero la gran mayoría de los servidores públicos, como los ciudadanos, no son partidarios de Ortega y el FSLN, aunque tampoco pueden profesar otra filiación o simpatía política; su vínculo primordial es con un Estado en el que la estabilidad laboral no depende de la meritocracia, sino en contactos políticos y familiares.

Obligados a “rotondear” y a participar en marchas partidarias bajo control de lista, la mayoría de los empleados públicos mantienen sus puestos de trabajo para garantizar el sustento económico familiar y algunos, incluso, se consideran rehenes de la dictadura. A contrapelo del control partidario, en el sector público existen formas de resistencia cívica que van desde la solidaridad con sus familiares, quienes son víctimas de la represión, hasta las denuncias de corrupción pública y violaciones a los derechos humanos, filtradas a la prensa por servidores públicos. La formación de una coalición nacional opositora debería conllevar una propuesta y estrategia nacional para dignificar los servidores públicos, civiles y militares, que le ofrezca estabilidad a todos los que están al margen de la represión y la corrupción. Se debe seguir derrotando el discurso de odio polarizante de Ortega-Murillo, desde afuera y adentro del Estado, iniciando la separación del Estado-Partido-Familia.

En la agonía política del régimen, también el Frente Sandinista se está hundiendo con la familia gobernante, igual que el Partido Liberal Nacionalista naufragó con Anastasio Somoza Debayle cuando fue derrocado por la revolución en 1979. El futuro político del FSLN depende ahora de la capacidad de sus cuadros civiles y militares, si están ajenos a la represión y la corrupción, de encarar la matanza que otros perpetraron en nombre del sandinismo, y contribuir al establecimiento de la verdad y la justicia. Si el FSLN pretende jugar algún rol en la transición democrática que inevitablemente se abrirá en Nicaragua, sin dictadura, debería verse en el espejo del Movimiento al Socialismo (mas) de Bolivia, que participará en las próximas elecciones presidenciales del 3 de mayo, mientras el expresidente Evo Morales, en el exilio, se encuentra inhabilitado para ser candidato. Antes de que sea demasiado tarde, el FSLN tendría que romper con el control político de la familia Ortega-Murillo, lo cual a estas alturas de la crisis resulta poco probable en un régimen que nunca tuvo ni tiene un plan de sucesión.

Para el 2020 vienen tiempos duros, de crisis e incertidumbre en torno al desenlace de la crisis de la dictadura, pero, indefectiblemente, serán días mejores, tiempos de esperanza para un pueblo sufrido que, como ha proclamado el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez: “al perder el miedo, ya empezó el cambio”, que ahora resulta irreversible.


*El texto corresponde al ensayo “Nicaragua: antes y después de la Rebelión de Abril”, publicado en febrero 2020 en el libro “Anhelos de un nuevo horizonte: aportes para una Nicaragua democrática”, editado por Alberto Cortés Ramos, Umanzor López Baltodano y Ludwing Moncada Bellorín, para Flacso.