Las instituciones ambientales son indispensables para garantizar el desarrollo sostenible y la superación de la pobreza. A pesar de que el discurso oficial se empeñe en explicar que la degradación ambiental es un costo justificable del desarrollo, en las últimas décadas se ha hecho evidente que las comunidades más pobres son las más vulnerables a los problemas de contaminación del agua y el aire, a la pérdida de biodiversidad y a la deforestación.

A pesar de ello, estamos ante un proceso de desmantelamiento institucional del sector ambiental en México que tiene varias dimensiones y acarrea graves riesgos ambientales y sociales.

Esto es particularmente preocupante pues la degradación ambiental profundiza las desigualdades y perpetúa la pobreza. El malentendido “desarrollo económico” ha ido despojando a las comunidades de sus territorios y hoy en día la deforestación avanza a un ritmo en el que perdemos alrededor de 200 000 hectáreas de bosques al año (una superficie mayor a la que ocupa toda la CDMX) ante el avance de la urbanización, el turismo de masas, la ganadería y la siembra de cultivos industriales como el aguacate, la palma de aceite, la soya y la caña de azúcar. Asimismo, los territorios comunitarios son especialmente vulnerables a la contaminación causada por la minería, las descargas de aguas residuales industriales a los ríos y la contaminación del aire de las plantas termoeléctricas y otras industrias.

En este contexto, las instituciones ambientales son las encargadas de poner límites al avance de la degradación y de generar políticas públicas que promuevan un desarrollo con estándares de protección del aire, el agua y los suelos, y de conservación de los ecosistemas. Al mismo tiempo, las instituciones ambientales tienen la tarea de promover el establecimiento de esquemas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que permitan a las comunidades generar economías prósperas, mantener el control de sus territorios y conservar el patrimonio natural.

 

Ilustración: Ricardo Figueroa

El sector ambiental en perspectiva histórica

Las instituciones ambientales en México tienen una larga historia en la que ha habido tanto éxitos como dificultades y fracasos. Como resultado, además de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), creada en 1994, hoy contamos con un conjunto de órganos especializados con funciones de: a) protección, como es el caso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), b) promoción y fomento, como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), c) inspección y vigilancia a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y d) generación de conocimiento a cargo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y el Instituto Nacional de Ecología (Inecc).

Además, se ha puesto en marcha un marco regulatorio que incluye la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General de Cambio Climático. A partir de este marco, se han generado instrumentos de política ambiental, normas oficiales y una estructura para la emisión de actos de autoridad que regulan los impactos de las diversas actividades económicas.

Esta estructura institucional tiene varias fortalezas, pero también ha sido insuficiente, debido principalmente a políticas contradictorias en materia de desarrollo agropecuario, desarrollo territorial y crecimiento económico. Además, los intereses de diversos grupos de poder han influido para no hacer más rigurosos los requisitos ambientales, y el insuficiente presupuesto público ambiental ha dificultado el desarrollo de programas más ambiciosos.

Ante esta situación, la llegada de la actual administración supuso para muchos grupos una esperanza de ver una política ambiental fortalecida con un enfoque incluyente y construida desde las voces de las poblaciones más vulnerables a los procesos de degradación ambiental y despojo territorial. Sin embargo, la nueva política ambiental ha tomado más bien tintes de acusación, debilitamiento de las estructuras institucionales que se habían construido a lo largo de décadas, y una ausencia total de una nueva institucionalidad.

Si la intención es, como expresó Semarnat en un comunicado del 11 de junio de este año, la “reconstitución de las instituciones del sector ambiental”, esa propuesta de reconstitución no se ha hecho llegar. Es decir, no hay una nueva propuesta de estructura orgánica de la Semarnat, no hay un nuevo reglamento interior, no hay ni siquiera nuevos programas de promoción y fomento o de protección ambiental. De hecho, la Semarnat funciona con la inercia de lo que se construyó en el pasado, pero sufre un preocupante proceso de desmantelamiento institucional.

Sector ambiental en desmantelamiento: seis aspectos

En la RAE, la palabra desmantelamiento se define como “clausurar o demoler un edificio u otro tipo de construcción con el fin de interrumpir o impedir una actividad”. En efecto, en la actual administración se han venido acumulando una serie de procesos que, ya sea por acción u omisión, ponen gravemente en riesgo la capacidad institucional del sector ambiental. A continuación, se enlistan los seis aspectos más importantes de este desmantelamiento:

1. Profunda disminución presupuestal: Si bien el presupuesto ambiental había ya disminuido de 68 000 millones aproximadamente en 2015 a 37 000 millones en 2018, en 2019 se le hizo un recorte más de 17 %, y para 2020 una disminución adicional del 4 %. Estos recortes han generado parálisis en una serie de instituciones (como Conanp y Profepa) que han venido creciendo en atribuciones como consecuencia de las diversas leyes ambientales.

2. Debilitamiento de la presencia y la capacidad de actuación en el territorio: La Semarnat y los diversos órganos desconcentrados y descentralizados del sector fueron diseñados para tener una capacidad de acción en el territorio. Por ello, todos ellos cuentan con delegaciones o gerencias estatales que hacen funciones de: a) emisión de actos de autoridad, b) atención a procedimientos de las comunidades locales, c) gestión de programas de incentivos económicos y apoyos a comunidades, d) inspección y vigilancia para prevenir y sancionar los ilícitos ambientales.

Esta capacidad operativa territorial fue una de las más golpeadas en esta administración debido a la aparición de las “Delegaciones de Programas para el Desarrollo”. Aunque las delegaciones estatales del sector ambiental no han podido desaparecer porque desarrollan funciones asignadas por ley, sí se les ha recortado alrededor del 40 % del personal y se les dejó con una estructura provisional atendida con “encargados de despacho” ya por más de 18 meses.

3. Desarticulación de los sistemas de gestión para la emisión de actos de autoridad y desaparición de la política de gestión para la protección ambiental. En 2019 se decidió desaparecer la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, que era la más grande de toda la Semarnat y estaba a cargo de coordinar a las Direcciones Generales que emiten diversos actos de autoridad en materia de impacto ambiental, cambio de uso de suelo, aprovechamiento forestal maderable y no maderable, gestión de residuos peligrosos, calidad del aire y vida silvestre. Con esa decisión, se borró también el proyecto de contar con un sistema integral de gestión de actos de autoridad que alineara a las diversas direcciones generales a estándares de transparencia y cumplimiento de criterios claros en los procesos de evaluación de las distintas autorizaciones, permisos y registros ambientales que mandatan las leyes.

4. Rezago en el cumplimiento y actualización del marco regulatorio. Esta administración ha tenido importantes retrasos en el cumplimiento de sus obligaciones legales. Actualmente desarrolla funciones de acuerdo con una estructura orgánica que no se apega al reglamento interior vigente y no se han publicado siquiera mandatos oficiales para reasignar responsabilidades entre las diversas subsecretarías y direcciones generales. Por otro lado, dieron marcha atrás a la publicación del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que estaba aprobado por Conamer desde marzo de 2019, a pesar de que dicha ley daba un plazo de seis meses a partir de junio de 2018 para publicar el reglamento. Estos son solamente unos ejemplos de cómo se vive un desencuentro entre las decisiones y acciones de Semarnat, y los mandatos que tiene por ley.

5. Alineación de la política ambiental a los proyectos estratégicos de una fuerza política. El informe de avances y logros del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales indica como primer lineamiento de política ambiental el “apoyo y acompañamiento decidido a proyectos estratégicos del gobierno de la Cuarta Transformación”. Es extremadamente preocupante la postura de abandonar la imparcialidad que debe regir a la autoridad ambiental a la hora de evaluar los posibles impactos de proyectos de infraestructura que vengan de cualquier gobierno municipal, estatal o federal, sin importar el partido político del que provengan sus gobernantes. Quizás este “apoyo decidido” ayuda a explicar el poco rigor que se aplicó a la evaluación de la manifestación de impacto ambiental del aeropuerto de Santa Lucía, dispensándolo de la presentación de un estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, o la exención de evaluación de impacto que fue usada para iniciar las obras del Tren Maya sin tener que esperar a la presentación de la manifestación de impacto ambiental y la consulta que por ley acompaña a ese proceso.

6. Abandono a modelos institucionales alternativos. Otro rasgo del desmantelamiento ha sido el ataque a la autonomía de la Conabio y el intento por convertirla en un apéndice de Semarnat. Esto a pesar de ser una institución ampliamente reconocida con una estructura institucional y financiera que además de ser transparente, le ha permitido fungir como un órgano con decisiones propias, colegiadas y articuladas con varias secretarías de estado, instituciones académicas y organismos internacionales.

¿Desmantelamiento o transformación?

En el fondo de este desmantelamiento yace un profundo cuestionamiento, inclusive antagonismo, hacia las instituciones y personajes que han abonado a la construcción del sector ambiental a lo largo de los años. Esto acompañado de una prisa por echar a andar megaproyectos de infraestructura para los que la legislación ambiental parece más bien un estorbo. Esta visión se enmarca en un proceso más amplio de la actual administración de generar una transformación radical que incluye la reducción de las instituciones de gobierno creadas en el pasado. Esta necesidad de transformación ha marcado firmemente el discurso del actual secretario de medio ambiente. Sin embargo, aunque es evidente que el sector ambiental, como cualquier otro sector, tiene fallas, debilidades y limitantes en su diseño y operación, la forma en que se ha implementado el cambio en los últimos meses —como fue descrito en los seis aspectos del desmantelamiento— es un despropósito.

La consecuencia de estas decisiones es el debilitamiento de la primordial función de Semarnat de regular y vigilar las actividades humanas para controlar el avance de la degradación y también de su capacidad para promover y apoyar el desarrollo de iniciativas comunitarias de manejo sustentable de los recursos naturales.

Hacia el fortalecimiento del sector ambiental

Es posible fortalecer las instituciones ambientales, pero esto va a requerir un cambio de rumbo de los tomadores de decisiones dentro de Semarnat y la participación de la sociedad. Este cambio de rumbo requiere, por un lado, el reconocimiento de los avances hechos en materia ambiental desde hace décadas y, por otro lado, la apertura a escuchar diversos puntos de vista y a realizar diagnósticos informados e imparciales que permitan esclarecer que sí debe ser transformado y cómo. Además, este proceso tiene que estar anclado en la legalidad: no se puede anteponer la visión y opinión de un grupo sobre la ley. El papel de una sociedad crítica que exige información, análisis y resultados es crucial en este proceso.

 

Lucía Madrid Ramírez
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

 

7 comentarios en “El desmantelamiento institucional del sector ambiental en México

  1. Es obvio que éste gobierno y en particular, el nefasto AMLO, concertaron éste desmantelamiento brutal para tener mano libre en sus inútiles y vergonzosos proyectos: Dos Bocas, Tren Maya y la restricción de las energías limpias. Qué desastre de persona!

  2. Gracias, Lucía, por tan buen análisis. Siempre tan clara. Una voz que necesitamos en estos tiempos tan preocupantes

  3. Gracias por este análisis, que si bien conocíamos el atropello ambiental de esta administración, nos das mayor claridad de la realidad.

  4. Considero que si el gobierno federal NO QUIERE fortalecer las instituciones ambientales, entonces debe pasar dichas atribuciones a los estados . Aunque Es riesgoso porque también en los estados hay intereses económicos muy fuertes, es peor tener una Semarnat cargada del lado federal e impune y a modo. O bien inoperante porque falta de “presupuesto” e profesa mente para q no opere.

  5. Es muy fácil destruir lo que no les costó, bueno fuera nos sorprendieran con propuestas innovadoras.
    Ahí les dejo unos tips que aplican en tiempos de austeridad.
    Sinergia Interinstitucional.
    Políticas Públicas Integradas.
    Promulguen que el desarrollo sustentable sea el eje trasversal del Plan Nacional de Desarrollo, que cada peso invertido se aplique con sustentabilidad.
    Promuevan la operación de los planes sectoriales de cambio climático.

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