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Hay en este gobierno quien cree que la transición energética o el futuro renovable del mundo es una falacia.

Producto de esas ideas se llevaron a cabo acciones por las que probablemente, mientras usted lee esto, se celebre una audiencia que tiene por objeto saber si el poder judicial de la federación detiene la aplicación de una política que emitió la secretaría de Energía.

¿Qué dice la política? Pues además de todas las indicaciones contrarias a la Ley de la Industria Eléctrica y hasta de la Constitución, el documento busca excusas, recovecos y medidas extraordinarias para frenar y limitar la instalación de fuentes de generación renovable, aunque en entrevistas los titulares de secretaría de Energía y de Comisión Federal de Electricidad lo nieguen.

¿De dónde sale la idea? En un gobierno hiperpresidencialista es muy fácil de explicar: el presidente de la república creció en una zona del país y en un tiempo en que la única forma de salir de la pobreza era vivir, directa o indirectamente, ligado a petróleos mexicanos. Su visión del progreso está entonces ligada directamente al olor a chapopote o derivados del petróleo. Si acaso por estar también en Tabasco tiene la idea de la hidroeléctrica, pero su visión del sector energético se encuentra ligado a esos dos subsectores.

El problema es que esa forma de “progreso” corresponde al siglo pasado.

El mundo entero está trabajando en la transición energética, en ver cómo integrar mayor cantidad de energías renovables, construir generadores eólicos o paneles solares con mayor capacidad de generación, reforzar lineas de transmisión, construir mercados energéticos que permitan la viabilidad financiera de la transición energética bajo los principios de pasar de generación centralizada de energía a distribuida, de sistemas monopólicos públicos a mercados privados y, más importante, de combustibles fósiles a fuentes renovables.

México en su momento no se quedó atrás en la lucha y firmó el acuerdo de París, que meses después se ratificó por el Senado de la República y se depositó, con lo cual México se comprometió a incrementar gradualmente la proporción de energía generada por fuentes limpias de energía. Los compromisos en materia energética fueron plasmados en el artículo tercero transitorio de la Ley de Transición Energética y fueron 30 % para 2021 y del 35 % para 2024.

Ilustración: Víctor Solís

Las subastas de energía eléctrica de largo plazo en conjunto con proyectos de mercado eléctrico y generación distribuida podrían permitir sin problemas el cumplimiento de la meta de 2021, al tiempo que bajaban dramáticamente el costo de la energía entregada a la red. Pero la suspensión de las subastas dificulta el crecimiento de la influencia de las fuentes renovables. Si bien el avance de cumplimiento de las subastas no ha sido del 100 % en cuanto poner en operación los parques en tiempo, el avance es superior al setenta % y de seguir con los mecanismos estaríamos cumpliendo los objetivos de 2021. El acuerdo del CENACE puso en riesgo el cumplimiento de 2021 y el de SENER pone en riesgo la continuidad del proceso de transición, junto con la serie de cancelaciones que ha hecho de subastas y líneas de transmisión.

Pero mientras el mundo sigue avanzando incluso usando los procesos de México como ejemplo, la única preocupación del gobierno mexicano respecto de las fuentes renovables es fijar el termino de intermitentes junto a renovables, y “recuperar” capacidad de generación por fuentes fósiles.

Ahora, ¿qué pasará si el poder judicial frena la política de SENER?

Pues el triunfo lo que hará es asegurar que proyectos planeados e iniciados antes de la llegada de la actual administración se concluyan y operen en relativa normalidad.

Sin embargo, no hay más.

De 2018 a 2020, tres años, no hay nuevos proyectos, poco se ha iniciado y no se ve cómo el mercado por si mismo pueda agregar los 2 500 MW de capacidad de generación por fuentes limpias que las subastas anclaron. En ese aspecto, por lo menos de 2021 a 2024 no se ve por dónde se alcance esa nueva capacidad de generación, y por lo tanto, luce imposible acercar a México a cumplir con los acuerdos de París para el año 2024.

Las promesas de 4.8 millones de techos solares suenan imposibles, la repotenciación de hidroeléctricas, esas que entiende el presidente, no alcanzan ni el 20 % de lo que se instalaba con las subastas y… ¡no han iniciado! Pero se licitan más plantas de generación para combustibles.

Los efectos no serán sólo ambientales sino que pasaremos de ser uno de los países que proporcionalmente más rápido avanza en la transición, a ser el país que invierte millonadas en ponerse el pie y tropezarse en la carrera, por gusto propio.

México carece de instrumento alguno de parte de la actual administración federal para retomar la transición energética. No hay política pública para esto y es tan visible el desinterés de SENER por el tema que carecen de titular de energías renovables.

Es curioso, en ese aspecto, como el Estado Mexicano se ha esforzado desde 2018 en construir una obras faraónica, caras y, en voz de los expertos, inútil e inviable, mientras teniendo todo el potencial para ser un ganador en la transición energética, poder bajar costos de su energía, seremos el país que por gusto propio “se chingó la rodilla”.

Creo que, además de amparos para defenderse de las agresiones, los ciudadanos mexicanos debemos exigir una política al Estado en esta materia, que es de urgencia global. Este gobierno tiene la misma actitud ante el cambio climático que la que tuvo al inicio de la pandemia por COVID-19. Ya vieron los resultados.

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía.