Abordé el autobús desde una ciudad fantasmal, irreconocible. “¿A dónde vas?”, me increpó el conductor, sorprendido por mi presencia. “Richmond”, respondí. “¿Estás seguro de que quieres tomar este autobús? Yo no voy a Richmond”. “Mi mapa dice que éste es el autobús”. “¿A quién le vas a creer más?”, dijo, con pesado acento de Brooklyn, “¿a tu mapa o a mí, que hago esto todos los días?”.

Los neoyorquinos, para otros estadunidenses, para muchos extranjeros, son unos patanes. Yo sabía que este chofer, con la mascarilla al cuello, desprotegido ante la pandemia, sólo quería ayudarme. Yo no me dirigía a Richmond, en efecto, sino a Port Richmond. En un recorrido de poco menos de una hora viajamos sólo tres pasajeros en un expreso que, en general, va repleto. En Manhattan, casi toda la gente podía asumir el privilegio de la cuarentena, evitar la desoladora tragedia de morir aislado de quien te quiere, entre enfermeros con los rostros cubiertos, exhaustos, ellos mismos traumatizados, de quienes solo se atisban los ojos.

“¿Preocupado?”, leí desde el autobús. “Jesús te ofrece seguridad”. El anuncio espectacular incluía un número de teléfono sobrepuesto a la imagen de un redentor que en esas calles pasaría como un pordiosero. Las fachadas de los edificios alineados a ese periférico, más que anuncios, lucían grafiti, tags: los nombres con letras estilizadas de los artistas o colectivos (crews). Esas obras, ilegales pese a que constituyen genuinas expresiones urbanas, evocaban a las fugaces pintas que establecen lo mínimo: aquí estuvo fulano. Eran formas de la resistencia de los jóvenes marginados de Red Hook y Sunset Park, que clamaban “no nos olviden”. Esa misma mañana, The New York Times había publicado un análisis sobre los vecindarios con el mayor número de muertes por la pandemia: East New York, en Brooklyn. El condado más afectado: el Bronx. Ambos sitios poblados casi exclusivamente por personas de color, por inmigrantes.

Estados Unidos es un cúmulo de contradicciones: un imperio que se independizó de otro imperio; una república liberal que proclamó igualdad para todos salvo para sus esclavos; la democracia fundacional que, sin embargo, ha dependido de una subclase sin derechos políticos: sus migrantes indocumentados. La pandemia ha transparentado, como en todo el mundo, las contradicciones, que Estados Unidos es el único país industrializado cuya economía tiene una una “demanda estructural” de migrantes irregulares.1 La historiadora Mae Ngai los llama “sujetos imposibles” en una democracia: esenciales para la economía pero sin ningún reconocimiento legal.2

Ilustración: Patricio Betteo

De expulsar a todos los migrantes sin documentos, la economía estadunidense sufriría una contracción a largo plazo casi tan profunda como la Gran Recesión de 2008, y eliminaría el mismo número de empleos. Para comunidades rurales estadunidenses, el efecto sería inconmensurable. Sin migrantes, docenas de pueblos estadunidenses hubieran ya desaparecido por el envejecimiento de la población nativa. La pandemia, si acaso, ha hecho más evidente la adicción estadunidense a la labor indocumentada: millones realizan tareas esenciales, expuestas en extremo al virus. Para la clase política estadunidense, sin embargo, los poco más de 10 millones de indocumentados no merecen apoyo.

El problema no es el presidente Donald Trump. Estados Unidos ha visto siempre a los migrantes indocumentados, de los que mexicanos componen la mayor parte, como insumos desechables. El presidente Barack Obama, el primer hombre de color en acceder a la Casa Blanca,  deportó a casi tres millones de migrantes a una tasa que no ha sido superada. Ahora, los alivios financieros ante la pandemia no consideraron a los inmigrantes. Se esperaba de los republicanos; resultó sorprendente de los demócratas. En su propuesta, sin posibilidades de ser aprobada por el Senado republicano y, en ese sentido, una simple declaración de principios, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, excluyó a los migrantes de cualquier beneficio ante la mayor catástrofe en casi un siglo para Estados Unidos.

“¿Sabes dónde estás?”, preguntó el chofer cuando pedí descender. Lo sabía. Enfrente, gente con mascarillas esperaba bajo el rayo del sol el inicio del reparto de despensas. La Colmena, que agrupa a indígenas hñahñus, zapotecos, chinantecos y nahuas, es el único centro comunitario en el condado de Staten Island que permanece abierto durante la pandemia. Otros sitios del condado, el más remoto de Nueva York, reparten también alimentos aunque varios solicitan identificación, lo que ahuyenta indocumentados. Los voluntarios entregan comida preparada y despensas a un afroamericano entre centenares de latinoamericanos: mujeres con niños, hombres solos y desempleados. Todos ellos probablemente ya habían padecido hambre, habían ya experimentado desde México la ausencia total de asistencia estatal.

Estos mexicanos no optaron por emigrar de México. Según la teoría de los sistemas mundiales, fueron expulsados. Para el campo el neoliberalismo (la importación de cultivos básicos aunada al final de los subsidios a la producción agrícola) fue devastador.3 Las maquiladoras, la industria exportadora a la que México apostaría su desarrollo, fueron incapaces de absorber a estos ejércitos de desplazados. Cinco millones de mexicanos abandonaron el país de 1990 al 2000, lo que constituye el mayor éxodo humano para una nación sin guerra.

Estados Unidos no acogió humanitariamente a esos migrantes. Su economía los deglutió. Fueron ellos claves para que, durante la presidencia de Bill Clinton (1993-2000), Estados Unidos experimentara una época dorada de expansión económica, con un promedio de crecimiento anual de 4.0 %.

Esos migrantes, como abejas frente a La Colmena, recibían en silencio sus despensas, se alejaban con ellas en carritos del mandado. A esas mujeres hñahñus y zapotecas con hijos que les hablaban en inglés sólo les restaba esperar que buenos samaritanos continuaran financiando las despensas, que les regresaran sus empleos como niñeras, empleadas domésticas, cuidadoras de ancianos, que no las arrestara los agentes migratorios y las separaran para siempre de sus hijos.

Corrupción legalizada

A diferencia de Manhattan, donde se concentra la ciudad turística, fotogénica, Staten Island no es un pueblo fantasma. En el autobús local, atestado, viajamos hombro con hombro. Al chofer, una capa de plástico transparente lo separa de nosotros. En Staten Island, el condado más conservador de Nueva York, donde Trump triunfó en las elecciones, lo común es tener carro, que reduce al menos a la mitad el tiempo a Manhattan. Sólo los ancianos, los jornaleros, los migrantes, los marginados, viajan en los autobuses locales. Lucen sus mascarillas caídas, sucias, desgastadas, con el elástico vencido, inútiles para cubrir nariz y boca. Un hombre indígena dormita con la mascarilla al cuello. Una afroamericana con sobrepeso se descubre para conversar con un anciano en muletas. Pocos toman en serio el contagio, que el virus ha matado para mediados de mayo a 100 000 estadunidenses. ¿Para qué, si no es para protegerse en un autobús repleto, portaban sus mascarillas? Quizá para mostrarlas a la policía en caso de ser detenidos. Estos pasajeros eran también los que menos motivos tenían para seguir las directrices oficiales, los que con mayor razón desconfiaban de medios de información que raramente los representaban.

“¿Va todos los miércoles a La Colmena?”, pregunto. El hombre, cuya mascarilla descubre su nariz, me mira con desconfianza. “Yo mismo”, aclaro, “vengo de La Colmena”. “Todos los miércoles, responde”. Era de Guerrero. No tenía ganas de conversar. La mayor parte de los mexicanos en Nueva York proviene de La Mixteca: de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Tras unos 40 minutos de trayecto, el hombre se apeó sin decir nada. Vivía solo. A ellos, La Colmena les ofrece sólo dos bolsas con cuatro comidas preparadas: porciones que una persona hambrienta terminaría en un día o menos. Ese guerrerense, para eso, invertía al menos tres horas cada miércoles, arriesgando su salud pese a que carecía de seguro médico.

Sin voz pública, los migrantes indocumentados han sido suprimidos del sistema político de Estados Unidos. Aunque extrema, su situación es en cierto sentido similar a la de casi todos de los estadunidenses, ignorados también por su democracia. Los politólogos Martin Gilens, de Princeton, y Benjamin Page, de Northwestern University, analizaron más de 2000 encuestas de opinión pública de las últimas dos décadas y las compararon con las leyes aprobadas por el Congreso. “Las preferencias del estadunidense promedio parecen tener sólo un impacto minúsculo, de casi cero, en las políticas públicas”, concluyeron. El Congreso aprueba solo las leyes promovidas por corporaciones y elites económicas, cuyos intereses se han impuesto prácticamente en todos los debates públicos.

En los últimos cinco años, las 200 empresas más activas políticamente en Estados Unidos invirtieron 5 800 millones en cabildeo legislativo, lo que les generó un retorno 750 veces mayor. El Congreso vota a favor de los elites no sólo por la influencia de sus cabilderos sino porque contribuciones privadas financian las campañas electorales de legisladores. Se requieren unos 14 000 dólares diarios en promedio para ganar un escaño en el Senado, recursos que sólo pueden otorgar los grandes donantes. “La corrupción es legal en Estados Unidos”, según la principal campaña del organismo civil RepresentUS.

“Los estadunidenses disfrutan de muchas de las características centrales de una democracia, como elecciones periódicas, libertad de expresión y asociación, y derecho al voto generalizado (aunque existe controversia sobre este tema)”, escribieron Gilens y Page. “Creemos, sin embargo, que si poderosas organizaciones empresariales y un reducido grupo de estadounidenses ricos controlan la aprobación de políticas, la afirmación de que Estados Unidos es una sociedad democrática puede ser seriamente cuestionada”.

Incluso el voto generalizado, como Gilens y Page reconocen, resulta debatible. Los migrantes sin documentos, contribuyentes fiscales en su amplia mayoría, no pueden votar. No son los únicos. A más de seis millones de estadunidenses con sentencias criminales previas se les impide sufragar. A uno de cada cinco afroamericanos en cuatro estados (Florida, Kentucky, Tennessee y Virginia) se les prohibió decidir en la elección de Trump. Migrantes y exconvictos contribuyen así con un estado que les niega participar en uno de los rituales centrales de la democracia. El estado para esas poblaciones, principalmente, castiga.

En la terminal del transbordador que me llevaría de vuelta a Manhattan, cuatro policías me miran con descaro. Con chalecos antibalas, perros entrenados y rifles automáticos, esos oficiales blancos nos vigilan al resto: empleados esenciales, desempleados, migrantes desprotegidos. Para los cientos de miles de neoyorquinos descartados por el Congreso, el COVID-19 se traduce sólo en mayor incertidumbre y en mucha mayor presencia policial. Días antes, el Times había publicado que la policía de Nueva York había arrestado en dos semanas de mayo a cuarenta individuos por, supuestamente, violar el distanciamiento social. Todos en Brooklyn, los detenidos eran 35 afroamericanos, cuatro latinos y un solo blanco. Los arrestos habían ocurrido en los barrios más violentos y, también, en la zona de la ciudad que registraba por mucho el mayor número de muertes por la pandemia: East New York, Brownsville, Starrett City.

Revolución desde arriba

En la cubierta del transbordador semivacío, me siento con los pasajeros que aún tienen curiosidad de contemplar los rascacielos que delinean Manhattan. En el interior viajan quienes realizan el trayecto de manera cotidiana, quienes no tienen alternativa más que presentarse al trabajo. Dormitan, revisan sus celulares. Una pareja dominicana, en cuanto vislumbra la Estatua de la Libertad, toma fotos con su teléfono. Aprovechan quizá su nuevo tiempo libre para realizar el trayecto gratuito ida y vuelta a Manhattan. El poema que escribiera Emma Lazarus, fijado en la base de la Estatua de la Libertad, parece ahora solo una conmovedora fantasía. La Libertad (Estados Unidos) ofrece albergue a las masas cansadas de las tormentas, a los pobres, a los desamparados rechazados de otras costas. “Envíalos, a los indigentes, con tu tempestad”.

Meses antes, el director en funciones de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración del gobierno de Trump había dicho que el poema se refería a los masas cansadas y pobres “que pudieran sostenerse por sí mismas, que no se convirtieran en una carga pública”. El poema, añadió, había sido escrito cuando la migración provenía de Europa. No recuerdo el poema durante la única vez que visité, hace más de 25 años, el islote sobre el que descansa la estatua. Recuerdo eso sí mi desengaño de que la Estatua de la Libertad fuera tan pequeña. Ahora sé que el reflejo de Estados Unidos, su promesa de igualdad y libertad, parecen más deslumbrantes desde lejos, que este país nunca ha sido lo que ha prometido. Y sin embargo, los estadunidenses, los descendientes de aquellos rechazados por otras costas, me parecen cada vez más admirables.

En La Colmena, 20 voluntarios se reúnen cada miércoles para entregar despensas y comida preparada a más de trescientas familias y jornaleros. Iniciativas similares existen en otros condados, de parte de vecinos, restaurantes privados y organizaciones sin fines de lucro que, además de alimentos, apoyan con efectivo a familias indocumentadas para que paguen sus teléfonos celulares, su conexión única con el planeta en cuarentena. Ese activismo, ese vigor civil, aparece en cada tragedia, en cada devastación que hunde más profundamente a quienes, de por sí, poco tenían. Tras la catástrofe del huracán Sandy en 2011, migrantes me contaron que familias blancas les entregaban toda clase de provisiones, llorando de dolor, al ver sus viviendas devastadas. Esa apertura con los extranjeros no son sólo anécdotas.

Pese a la feroz ofensiva lanzada por el presidente Donald Trump contra los migrantes provenientes de la frontera sur, a quienes tacha de violadores y criminales, de invasores, al menos dos tercios de los estadunidenses apoya una vía para regularizar su situación. Una amplia mayoría (73 %) se pronuncia por asilar a individuos que huyen de la violencia. Esas opiniones han sido consistentes en el tiempo. Otras encuestas revelan incluso un mayor deseo de inclusión: 81 % apoya una vía de ciudadanía para indocumentados; 60 % rechaza la expansión del muro fronterizo con México.

El análisis de Gilens y Page, su conclusión de que la opinión pública ha sido ignorada por las elites políticas, es dolorosamente cierta. Los migrantes son una de las innumerables evidencias. El sociólogo francés Loïc Wacquant definió el proyecto neoliberal como “la revolución desde arriba”, en que las prioridades del estado son definidas por “una nueva clase dominante global” compuesta por accionistas y ejecutivos de empresas transnacionales, políticos de alto rango e instituciones multilaterales.4 Así, cada vez menos recursos son distribuidos entre el 70 % con menos activos en Estados Unidos, y la estrategia de Trump ha sido culpar a los migrantes. Pese a todo, los estadunidenses los apoyan, saben en carne propia lo que avalan las estadísticas: los extranjeros cometen menos crímenes que los locales y, en términos netos, dan a más de lo que reciben de Estados Unidos, como siempre han hecho.

Al descender del transbordador, me desconcierta la plaza frente a la terminal. Usualmente repleta de turistas, las bancas son ahora ocupadas por indigentes sin mascarillas, por hombres desdentados y obesos, por tipos con bastones que conversan con otros individuos igualmente astrosos. Para ellos, no existen regulaciones que valgan. Pareciera, para ellos, nada importa. Avanzo rumbo a Wall Street hacia el metro de las líneas cuatro o cinco que me regresen a casa. Sólo circulan en las calles los “esenciales”: trabajadores postales y repartidores. También, delgadas mujeres en mallas corren por deporte con los audífonos puestos, escuchando sus canciones, ajenas al silencio de una ciudad conmocionada.

La estación del metro se ubica en el parque Bowling Green, el más antiguo de la ciudad. En un extremo, se erige el Museo del Indio Americano, el único recinto de Nueva York donde se conservan las culturas de las naciones que alguna vez habitaron estos territorios: los americanos originales, los desplazados en masa, los aniquilados. Del otro lado del parque se encuentra el enorme toro de bronce que simboliza los mercados financieros, el brioso empuje del capitalismo en el centro mismo del capitalismo. Una pareja de turistas locales, quizá de Queens o Brooklyn, se toma fotos ante la escultura. Yo observo desde atrás sus testículos dorados, su ano bien delineado, la manera en que, furioso, el toro está embistiendo a la ciudad.

 

Maurizio Guerrero
Autor de Avísenle que sigo en Tenochtitlan (Nitro Press, 2017).


1 Massey, D. S.; Durand, J.; Malone. Beyond smoke and mirrors: Mexican immigration in an era of economic integration. New York: Russell Sage Foundation, 2002.

2 Ngai, Mae. Impossible Subjects : Illegal Aliens and the Making of Modern America. Princeton, N.J. :Princeton University Press, 2004.

3 Schwartzman, Kathleen. The Chicken Trail: Following Workers, Migrants, and Corporations across the Americas. Ithaca, N.Y.: ILR Press, 2013.

4 Wacquant, Loïc. Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity. Durham, NC: Duke University Press, 2009.