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La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) otorgó este año al escritor y ensayista José Woldenberg el Guillermo O’Donell Democracy Award and Lectureship por la excelencia de su trabajo académico en el estudio de la democracia en América Latina y por sus contribuciones a la vida democrática en México. Presentamos, con autorización de LASA, la ponencia que el galardonado iba a leer en la ceremonia de entrega en Guadalajara.

Ilustración: Sergio Bordón


O’Donnell y la democracia delegativa

Conocí a Guillermo O’Donnell en un seminario organizado por Flacso México hace más de 20 años y en el cual se discutió su provocador y pertinente texto “¿Democracia delegativa?”. Creo recordar que su ponencia no solo estuvo en el centro del debate, sino que animó una conversación que se colocó más allá del optimismo inicial que acompañó a los procesos de transición democrática en América Latina, para poner a discusión el tipo de democracia que estábamos construyendo, su sustentabilidad y sus claros y oscuros. Trataba de analizar y describir un “nuevo animal” que, siendo democrático, pues recurría a las elecciones para nombrar a sus poderes ejecutivo y legislativo, se apartaba del esquema clásico de las democracias representativas por su fuerte concentración del poder en el presidente, al que daba la impresión que se le delegaban todas las facultades.

Hacía un llamado de atención más que pertinente al señalar que el tipo de democracia que estaba emergiendo entre nosotros tenía menos que ver con las características de los regímenes autoritarios previos y los procesos de cambio democratizador y más con “diversos factores históricos de largo plazo y con la severidad de los problemas socioeconómicos heredados”. Es decir, que las pautas conductuales y culturales no desaparecían como por encanto, pero, sobre todo, que el contexto socioeconómico en el que debían reproducirse las nuevas democracias parecía bastante adverso. Hacía incluso una comparación entre los procesos democratizadores posteriores a la Segunda Guerra Mundial (Alemania, Japón, Italia) y lo que estaba sucediendo en América Latina.

Las democracias delegativas, según O’Donnell, tenían enfrente el reto de una segunda transición, pasar a la construcción de un “régimen democrático institucionalizado”, en el cual la constelación de instituciones propias de las democracias se “convirtieran en nudos de decisión importantes dentro del proceso de circulación del poder político”, lo que permitiría una mejor atención a los profundos problemas económicos y sociales. Porque en las democracias delegativas, el poder de un solo hombre, el presidente, debilitaba el entramado institucional y llevaba a una fórmula de procesamiento de las decisiones políticas no solo apresurada, sino caprichosa y por ello, a la larga, ineficiente.

Decía: en las democracias delegativas se da la impresión de que la persona electa “está autorizada a gobernar como él o ella crea conveniente… El presidente es considerado la encarnación de la nación… (aparece como) una figura paternal… se ven a sí mismos como figuras por encima de los partidos políticos y de los intereses organizados… otras instituciones —los tribunales y las legislaturas, entre otros— son sólo estorbos… la accountability ante esas instituciones es vista como un mero impedimento de la plena autoridad que se ha delegado al presidente”. Es decir, las democracias delegativas dan paso a un poder concentrado que puede llegar a no dar cuentas de su actuación, en el que es absolutamente predominante la voluntad del presidente y por ello mismo se aumentan las probabilidades de “cometer errores groseros” y “multiplicar las incertidumbres”. “No es sorprendente —escribía O’Donnell— que la popularidad de los presidentes de las democracias delegativas tienda a sufrir reveses tan serios como súbitos…”.

Hoy, cuando el optimismo generado por las transiciones democráticas se ha trocado en preocupación por la sustentabilidad de las mismas, las certeras elaboraciones de Guillermo O’Donnell deben ser revisitadas. Porque en efecto, lo que parecía una apuesta promisoria hoy se nubla ante una potente ola que no solamente no aprecia lo poco o mucho que se ha construido en el terreno democrático, sino que puede acabar por destruir lo que aparecía como una condición para edificar, en sus términos, una democracia institucionalizada.

I. Peligrosos tiempos nuevos

Recurro a un texto de Mariano Sánchez Talanquer,1 porque intenta y logra trascender nuestro provincianismo para acercarse a un fenómeno que se expande por el mundo y que parece estar poniendo en jaque a las viejas y nuevas democracias. Me valgo de él para introducir el tema de las dificultades por las que pasan muy distintas democracias en el mundo y de las que México no es ajeno.

1. Recuerda que la democracia es un régimen de gobierno que vive en “crisis permanente”, se trata de una fórmula de gobierno abierta al futuro y sin destino predeterminado, que desata, por su propia naturaleza “expectativas y promesas” que no se pueden cumplir del todo. Mientras el autoritarismo “anestesia la exigencia popular mediante la cooptación, la intimidación y el implacable garrote”. Al parecer, está en el código genético de cada uno el resorte que activa la libertad o la sumisión. No es un rasgo más ni prescindible, se trata del núcleo duro que define a cada uno y por ello insatisfacción (por anhelos defraudados) y democracia son una pareja inseparable.

2. Si hace unos años se documentaba una ola que iba expandiendo y fortaleciendo los regímenes democráticos, hoy “la democracia representativa parece estar a la defensiva”. Las promesas incumplidas de las democracias parecen estar generando el caldo de cultivo propicio para “sacudir el tablero” y están volviendo atractivas opciones que hace apenas unos años parecían “peligrosas o absurdas”. Fenómenos muy diversos pero anudados (la globalización que restringe los márgenes de la soberanía nacional, cambios sociodemográficos asociados a olas masivas de migrantes y, entre nosotros, las precarias condiciones de vida de franjas amplias de ciudadanos, más el incremento de la violencia, más la corrupción extendida, más Estados incapaces de proveer los servicios básicos), crean las condiciones para que desde el centro mismo de la democracia se trabaje contra ella.

3. “Nuevos hombres fuertes concentran el poder, adoptan estilos autoritarios de gobierno, estigmatizan la oposición y transgreden las reglas democráticas”, y en lugar de ser repudiados logran la adhesión de millones. Hay quien señala que eso se debe a la insensibilidad de los regímenes democráticos en relación con las demandas y aspiraciones populares y a la inconsciencia de las élites en relación con las necesidades de la mayoría, y, por supuesto, mucho hay de verdad. Pero no deja de ser cierto que la democracia es “una construcción frágil y reversible” y ya los clásicos sabían “que degenera en despotismo por la vía de la demagogia”. Es decir, hay buenas razones para el resentimiento, pero esa pulsión está siendo explotada para encumbrar personalidades autoritarias y desmontar algunos de los mecanismos que hacen posible la democracia.

4. La irrupción de esos liderazgos se da en escenarios en los cuales los partidos políticos aparecen como figuras desgastadas, impotentes, si no es que corruptas e inservibles, cuando son y han sido “instituciones centrales” para la reproducción de las democracias representativas. Ese desgaste alimenta la retórica típica de los populismos: que la sociedad está “dividida entre dos campos antagonistas, el “pueblo” y la “élite corrupta””, y por supuesto el líder emergente encarna y expresa al auténtico pueblo, con su estela de desprecio por el pluralismo realmente existente. Solo hay dos bandos: “conmigo o contra mí”.

5. No obstante, digo yo, los diferentes países mantienen normas, instituciones, actores y dinámicas que hacen posible la recreación de la diversidad lo que demanda la tonificación del entramado democrático. De la fuerza del mismo depende y dependerá lo lejos que puedan llegar los intentos por erosionar o de plano desmantelar la alicaída democracia. La historia no está escrita, se está escribiendo.

II. Ver el bosque

Nuestro debate público parece intenso y es colorido, pero no resulta muy fructífero. Es fragmentario, emocional e incapaz de observar el conjunto. Bien a bien no sabemos a dónde nos dirigimos. Por supuesto, en todos los terrenos (economía, política, cultura, ciencia, pobreza, desigualdad, etcétera) se requieren discusiones puntuales y las acciones y omisiones gubernamentales reclaman análisis y crítica. No obstante, en ocasiones vale la pena dejar de observar, por un momento, árbol por árbol e intentar entender al bosque. Los árboles son demasiados, desiguales y tienen diferente jerarquía, por ello (creo) vale la pena intentar ampliar el campo de visión.

El siguiente es un esbozo de mi perspectiva para México (por supuesto hay otras):

1. En el pasado inmediato México construyó una germinal democracia, un régimen capaz de cobijar la competencia y convivencia de su diversidad política. No fue, ni podía ser, el arribo al paraíso terrenal porque éste solo existe en los ensueños utópicos. Pero ahí están las expresiones de esa novedad que debería ser reconocida y apuntalada: elecciones competidas, pluripartidismo, espacios estatales colonizados por la pluralidad política, presidencia acotada por otros poderes constitucionales, Congreso como asiento de la diversidad, Suprema Corte desahogando acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, ampliación y ejercicio de las libertades, emergencia de una sociedad civil desigual y contradictoria con agendas y propuestas propias, órganos autónomos del Estado que realizan tareas estratégicas y súmele usted. Todo ello hizo más compleja la vida política, pero permitió el reconocimiento, la expresión y recreación de la diversidad.

2. Pero ello no es valorado no solo por el actual gobierno sino por capas amplias de la población. Los fenómenos de corrupción reiterados y documentados hasta extremos de película de horror; la espiral de violencia e inseguridad con su cauda de muertos, desaparecidos, zonas del país en manos de bandas delincuenciales; más una economía que no creció con suficiencia impactando a generaciones sucesivas de jóvenes que no encontraron un porvenir promisorio en el mercado formal; más nuestra ancestral y oceánica desigualdad que obstaculiza eso que la CEPAL llama cohesión social, quizá puedan explicar por qué lo construido en el terreno político significa tan poco para tantos. Y si a ello sumamos que carecimos de una pedagogía suficiente para socializar el tránsito de un sistema autoritario a otro inicialmente democrático, a lo mejor comprendemos las razones del desencanto.

3. Por ello, el combate a la corrupción, la edificación de condiciones para la seguridad, el necesario crecimiento económico y las políticas contra las desigualdades deben estar colocadas en los primeros lugares de la agenda nacional. Durante varias décadas, como país, dedicamos infinidad de esfuerzos para democratizar la vida política y para contar con autoridades estatales reguladas, divididas, vigiladas y con fórmulas judiciales para que los ciudadanos pudieran defenderse de sus excesos. Y los resultados (con todo y sus asegunes) están a la vista. No obstante, la “cuestión social” fue olvidada y si queremos afirmar nuestra incipiente democracia y crear las condiciones para una vida social medianamente armónica tiene que ser atendida. Los temas del trabajo, los salarios, la salud y la educación, las políticas públicas para la equidad, etcétera deben ser una de las brújulas de nuestra navegación.

4. Pero todo ello merece hacerse a la par que robustecemos nuestra imperfecta democracia. No tirando por la borda lo construido, como si resultara baladí e innecesario. No valorar aquello que debe ser preservado o reformado, imaginando que vivimos un momento fundacional de todo puede resultar catastrófico.2

III. ¿Cambio de régimen?

Es común que el lenguaje político contenga dosis de ambigüedad. Pero hoy se repite una noción nebulosa como si fuera parte del programa fundamental del gobierno: el cambio de régimen. Se dice que es uno de los objetivos fundamentales en materia política, pero el enunciado parece vacío.

No entiendo. Pensé que el artículo 40 de la Constitución era una base normativa avalada por todos. Somos una república democrática, representativa, federal y laica. Y por supuesto entre esa gran definición general y la realidad existe un desfase importante, pero —pensé también— que en lo fundamental era una aspiración compartida y una realidad inconclusa construida a lo largo de las décadas. Es decir, se trata del basamento de la coexistencia de la diversidad política. ¿O qué régimen se está proponiendo? Vayamos por partes.

República. El término remite a su antónimo la monarquía, un régimen en el cual el derecho hereditario encumbra al jefe del Estado. Por el contrario, república alude a una necesaria legitimación del poder a través del voto popular e implica una cierta división de poderes y un marco normativo que regula a las instituciones estatales. En ese terreno, el asunto no da ni para un mal chiste. Ahora bien, la nuestra es una República presidencial, eventualmente podría transformarse en parlamentaria, pero no creo que el deseo de la presente administración vaya por ahí.

Democrática. La democracia supone gobiernos y legislativos electos. Pero implica también poderes regulados, divididos funcionalmente, vigilados y con recursos para que los ciudadanos puedan defenderse de los eventuales excesos de la autoridad. Lo primero es un consenso sólido. Pero lo segundo parece que no es muy apreciado por el gobierno. No son pocos los casos de comportamientos discrecionales que hacen a un lado la aplicación de la ley; hay un resorte bien aceitado que busca la concentración del poder y desdeña a los otros poderes e instituciones estatales; cada denuncia de un comportamiento ilícito por parte de la autoridad, realizada por la prensa, alguna organización o un órgano autónomo del Estado, es leída como una agresión; y las descalificaciones a tribunales y jueces cuando no acompañan la voluntad presidencial se están naturalizando de manera preocupante. O sea que, en materia democrática, a lo mejor el cambio de régimen supone una nueva concentración del mando y un debilitamiento de los contrapesos que se han edificado en la etapa reciente.

Representativa. Hace alusión a que legisladores y el presidente son representantes del pueblo. Pero también a que la pluralidad de corrientes políticas debe estar representada en los órganos legislativos y en los cabildos. Y, sin embargo, los votos de los ciudadanos al traducirse en escaños sufrieron una alteración al no respetarse el dictado constitucional que impone que entre unos y otros no puede existir una diferencia mayor del 8 %. Y vulnerando ese dictado con una triquiñuela, con menos del 38 % de los votos Morena tiene hoy en la Cámara de Diputados mucho más de la mitad de los asientos. Así que ojalá el cambio de régimen no sea el anuncio de la construcción de una mayoría sin el respaldo de su respectiva votación.

Federal. El nombramiento de superdelegados encargados de operar los principales programas asistenciales del gobierno federal, sin pasar por los gobiernos locales o municipales, es un desconocimiento de facto de la estructura federal que diseña la Constitución. ¿El cambio de régimen supone un nuevo o renovado centralismo?

Laica. Presume no solo la escisión entre los asuntos de la fe y los de la política, sino que las estructuras de ambas (Estado e iglesias) no deben ser confundidas. Por ello, que una coalición de entidades religiosas sean las encargadas de repartir material del gobierno (la Cartilla Moral) vulnera el principio de laicidad. ¿El cambio de régimen supone reblandecer el laicismo?

Ojalá todos (gobiernos, partidos, organizaciones sociales, etcétera) pudiéramos converger en una tarea común: fortalecer la República democrática, representativa, federal y laica. Y ojalá esa definición estratégica, que a todos cobija, no sea vulnerada desde el gobierno.

 Debilitamiento del Estado

Si en materia de la estructura del Estado que delinea la propia Constitución no sabemos cabalmente lo que desde el gobierno se quiere transformar y lo que se desea conservar, lo cierto es que sus acciones están debilitando —erosionando— la institucionalidad estatal.

Pregunto: ¿Alguien sabe de manera puntual lo que al final del presente gobierno se habrá deteriorado o destruido o fortalecido de esa constelación de instituciones que por economía de lenguaje llamamos Estado? ¿Lo sabe el presidente, lo están midiendo en la Secretaría de Hacienda? ¿No sería conveniente hacerlo público? ¿Conocer cómo imaginan que será el Estado en 2024? Porque los despidos, la disminución de salarios, la clausura de programas, la reestructuración de secretarías y dependencias, la cancelación de contratos, algún impacto tendrá en el funcionamiento de las instituciones del Estado.

Se han sustraído recursos a diestra y siniestra para invertirlos en otras prioridades. Y en efecto, dado que los recursos son escasos para el cúmulo de necesidades que hay que atender, en principio puede ser racional una reasignación. Pero nadie se ha tomado la molestia de explicar la guía completa de esa operación. De dónde salen y a dónde se dirigen. Qué se logra y qué se dilapida en cada caso.

Sabemos, en términos generales, que el gobierno impulsa tres grandes proyectos de infraestructura: el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya; que desea recapitalizar a PEMEX y fortalecer y ampliar programas sociales de transferencias monetarias. Sabemos también que se clausuraron las estancias infantiles, los centros públicos de investigación han visto disminuir sus presupuestos, los salarios de los funcionarios públicos han sido rebajados, se han cerrado comedores comunitarios, la promoción turística se evaporó, los órganos estatales autónomos hoy reciben menos recursos que en el pasado, en los hospitales públicos se han incrementado las carencias, desapareció el INEE, proyectos de investigación relevantes han sido suspendidos, el dinero para la cultura será menor, funcionarios que trabajaban bajo el régimen de honorarios (una forma tradicional de no reconocer derechos) han sido despedidos, y sígale usted.

¿No sería entonces pertinente hacer un balance de lo que se gana y pierde con ese manejo presupuestal? Porque es de temer que sin suficientes instrumentos de navegación la desembocadura de la actual política puede resultar desastrosa. Recordemos, porque al parecer hace falta, que muchas de las instituciones son fruto de largos años de inversión en recursos materiales y capacitación y profesionalización de su personal.

Lo que tenemos a cambio es un discurso gubernamental vaporoso que conjuga en diferentes dosis nociones generales indeterminadas. Se trata —dicen— de combatir la corrupción (sin duda una realidad, pero que conforme pasa el tiempo más bien parece una coartada. Por ejemplo, se afirmó que en las nóminas el 30 % eran “aviadores”. ¿Podríamos conocer dependencia por dependencia las cifras?, o se trató más bien de un cálculo silvestre, bueno en términos publicitarios, pero insuficiente para evaluar esa realidad); de mantener sanas las finanzas públicas y ello aderezado de un intenso prejuicio antiestatal, imposible de ocultar.

No parecen existir diagnósticos finos de lo que sucedía en cada dependencia (y si existen se encuentran a buen recaudo), por lo que se ha procedido a recortes generales, “buenos” para lo que funciona y no, para lo que resulta estratégico y lo que puede ser superfluo, lo que tiene una importante reverberación social y lo que resulta inútil. Todo, al parecer, pasa por el mismo rasero y la barredora se está llevando lo bueno, lo malo y lo feo.

Los indicios parecen apuntar a un Estado más pequeño, con capacidades mermadas y más ineficiente para cumplir con muchas de sus tareas. Y el problema se agrava porque en el gobierno no parece existir vida colegida, en la cual se discutan y valoren con suficiencia los diferentes diagnósticos e iniciativas.

Hiperpresidencialismo

Todo parece indicar que el despliegue del gobierno nos puede llevar a una especie de hiperpresidencialismo parecido al del pasado no tan lejano. Por ello quizá valga preguntarse: ¿por qué no solo en México, sino en muchas partes del mundo, los Presidentes se sienten, hablan y actúan como si estuvieran por encima de las instituciones republicanas y por supuesto muy por encima de sus respectivos partidos? ¿Por qué proceden como si hubiesen sido ungidos no como titulares de un poder constitucional (entre otros) regulado, sino como cuasi monarcas que se piensan absolutos? ¿Por qué tantas personas lo ven bien, como algo no solo normal sino incluso venturoso?

No creo que sean preguntas baladíes. Ahí están Trump, Bolsonaro, Duterte, y no hay que ir tan lejos. Pero esas preguntas no aceptan respuestas fáciles. La elección de un cargo unipersonal en contraste con los poderes colegiados (Congreso, Suprema Corte), algo explica; la tradición caudillista en América Latina, cuando hablamos de nuestra región, también; y a ellas pueden sumarse un número grande de nutrientes: la actuación de sus antecesores, los sentimientos de abandono de franjas importantes de ciudadanos por parte de los políticos tradicionales, las expectativas defraudadas, etcétera.

Pero hay un elemento que no debe dejarse de lado: la hegemonía de un discurso simplista, pero “pegador”, que coloca todas las culpas y taras sociales en la mal llamada clase política. Se trata de una retórica en boga desde hace varias décadas y que ha resultado expansiva. Una suerte de caricatura que modela y conduce los ánimos públicos. Una fórmula eficaz que reduce la complejidad de la vida política y erosiona la legitimidad de los sujetos que hacen posible un régimen democrático: los partidos y las instituciones estatales.

Ya en 2002 Juan Linz pintaba un cuadro en el cual los partidos aparecían en el lenguaje coloquial como el payaso de las bofetadas. “Dividen a la sociedad”, “son todos iguales”, “solo les interesan los votos”, “no representan mis intereses”, “todos son corruptos”, “cuestan demasiado”; nociones exaltadas que expresaban y expresan un desprecio por esas figuras, pero también una incomprensión profunda de su papel en la reproducción de los regímenes democráticos.3

Ese descrédito, al parecer, se ha extendido hacia las instituciones estatales, que al no cumplir con muy diversas expectativas y reclamos generan una reacción adversa, sin que jamás se tomen en cuenta las limitaciones normativas, presupuestales y políticas con las que desarrollan sus tareas. Se imagina que esas instituciones están ahí para resolverlo todo y que todo lo pueden y deben resolver. Esa esperanza incumplible curiosamente es alimentada por los propios políticos en campaña cuando prometen “el oro y el moro”.

Existe, digámoslo rápido, un desencanto mayúsculo con los políticos y la política tradicional, lo que resulta un caldo de cultivo inmejorable para que figuras carismáticas que conectan directamente con franjas relevantes de la población exploten el hartazgo montándose en los prejuicios instalados, diciéndole a la mayoría lo que desea escuchar, reproduciendo el sentido común cimentado en la sociedad.

Dichas figuras abominan del laberinto institucional y del circuito partidista, a los que juzgan como diques construidos para erosionar su capacidad de acción y mando. Quieren gobernar sin mediaciones, por encima de las instituciones, sin necesidad de partidos, porque, afirman, su voluntad está fundida con el auténtico pueblo.

El “pequeño” problema es que sin esas instituciones y actores políticos no hay democracia posible. Democracia como un régimen que permite la convivencia y competencia de la diversidad política, que posibilita la alternancia en los gobiernos y que aspira a un poder político regulado por la ley, dividido para su ejercicio y vigilado tanto por el equilibrio que guardan los poderes constitucionales como por la acción de las organizaciones de la sociedad civil.

El desenlace, sin embargo, dependerá de que los contrapesos diseñados por la Constitución y los instalados en la sociedad funcionen. Si no…

V. Colonizar el Estado

Ojalá esté equivocado. Pero parece que el gran proyecto del actual gobierno en materia política es colonizar al conjunto de las instituciones del Estado. Y para ello está dispuesto a vulnerar las normas construidas para que esos espacios sean receptáculos de la pluralidad política. Digamos que es natural que cualquier fuerza intente colocar a personas cercanas en los distintos cargos públicos, lo nuevo, sin embargo, es que el gobierno actual lo esté haciendo vulnerando la ley o pretendiendo legislar para allanar el camino. Ejemplos:

1) Ya lo apuntamos antes: Morena logró tener un número muy superior de diputados a los que permite la Constitución colocando candidatos propios en los lugares que correspondían a los otros dos partidos coaligados (PT y PES).

2) En el nombramiento de los cuatro nuevos comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, a pesar de que la ley establece con claridad que, si el Senado rechaza las primeras ternas presentadas por el presidente, éste debe mandar unas nuevas, AMLO decidió repetir 11 de los 12 candidatos.

3) El caso del nombramiento de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es otro buen ejemplo. Desde la oposición, la izquierda pugnó porque las normas se cumplieran, las votaciones fueran transparentes y los funcionarios tuvieran el perfil necesario para desempeñar su encomienda. Pues bien, en el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra, ésta no cumplía con el requisito de no ser parte de la dirección de un partido, el conteo de los votos en el Senado dejó sembrada más de una duda, la promesa de repetir la votación fue defraudada y las primeras declaraciones de la nueva titular de la CNDH hacen patente que carece de las cualidades necesarias para ejercer su estratégica tarea de manera autónoma.

Reitero, son ejemplos y hay más. Se está forzando la máquina, vulnerando el correcto sentido de las normas, en la búsqueda de unas instituciones estatales alineadas a la voluntad presidencial. Como si la diversidad de expresiones que conviven en el abigarrado mundo estatal fuera un obstáculo para el despliegue del brío del titular del Ejecutivo. Se navega incluso en contra de lo que se construyó en las últimas tres décadas y que ha permitido la coexistencia tensionada de la pluralidad política en el laberinto estatal. Pero ¿por qué piensan que se pueden saltar olímpicamente las reglas o diseñar unas a conveniencia?

Da la impresión de que los esfuerzos de la actual administración son herederos de una añeja idea, con una enorme implantación social, que reivindica que en política lo más relevante es “el sujeto” que impulsa las iniciativas y que las normas, instituciones y procedimientos no son más que artificios que pueden minusvaluarse a nombre de ese “sujeto” virtuoso. Trato de explicarme.

Luego de las crudas y terroríficas experiencias del siglo XX y de las que están en curso, debería ser compartida la convicción de que el poder político —por más noble que aparezca— requiere ser regulado, equilibrado y vigilado. Ello, porque el poder concentrado, discrecional, libre de ataduras, suele incurrir y ha incurrido en todo tipo de excesos, negándole derechos a quienes disienten de él y en el extremo desatando persecuciones e incluso masacres. De ahí la necesidad de unas reglas, unas instituciones y unos procedimientos que sean capaces de procesar la diversidad que anida en cualquier sociedad moderna o modernizada.

No obstante, y por desgracia, cuando los líderes se piensan a sí mismo como la expresión de una masa virtuosa todo el entramado normativo que pone en pie el Estado democrático suele parecerles una camisa de fuerza. Da la impresión que “el pueblo bueno” es el sujeto que ha remplazado al proletariado, a nombre del cual se construyó un régimen sin contrapesos, opresivo.

VI. ¿Primero los pobres?

Ahora bien, México como el resto del mundo, está viviendo los efectos de una doble crisis combinada: de salud y económica (estamos en recesión), y el gobierno no parece tomar nota del enorme reto que puede incluso disminuir el impacto de sus programas sociales.

Hay que decirlo: “Por el bien de todos, primero los pobres” fue una magnífica consigna del candidato López Obrador. Más aún en un país tan desigual como México. ¿Quién, por lo menos retóricamente, podría estar en contra? Es como cuando alguien postula “necesitamos educación de calidad para todos, salud universal y gratuita, vivienda digna”. Objetivos, sin duda, loables que pueden generar un consenso discursivo, pero para lograrlos se requieren algo más que buenas intenciones. Se necesitan políticas específicas fruto del conocimiento y acciones programadas y consistentes.

Todos los signos apuntan a que en las próximas semanas y meses México verá crecer su número de pobres. La caída de la economía más la reclusión por la pandemia ya están dando sus primeros resultados: la secretaría del Trabajo informó de 347 000 empleos formales perdidos en una quincena, un poco más de todos los creados a lo largo de 2019. Y es apenas el inicio.

El presidente insiste en mantener vivos (y si se puede ampliar) los programas de transferencias monetarias a jóvenes en capacitación para el trabajo, becas para estudiantes de educación media y superior, a los adultos mayores, discapacitados, damnificados, microcréditos y algunos más. Bien, pero todos esos programas son financiados con recursos públicos y el problema mayúsculo es que esos recursos dependen de la recaudación fiscal y se requiere que por lo menos ésta se mantenga en los niveles conocidos.

No obstante, lo más probable es que esos recursos disminuyan porque el conjunto de la economía se hará más pequeña. Las predicciones difieren, pero todas —absolutamente todas— señalan que el Producto Interno Bruto (consumo privado, inversiones de las empresas, gastos del sector público y exportaciones netas) caerá como no lo hacía desde la crisis de 1994-1995 y algunos prevén que incluso será peor. Ello como resultado del cierre y la quiebra de empresas lo que implicará mayor desempleo y un sector informal creciente en número de participantes y reducido en cuanto a su valor.

Por ello no se puede dejar a su suerte a los millones de empresas y sus trabajadores que constituyen lo fundamental del universo productivo mexicano. Da la impresión de que en el Ejecutivo no se valora lo que eso quiere decir. Flota un prejuicio antiempresarial que al parecer impide apreciar el aporte y la necesidad de unas y otros. En la página de Bancomext y la Secretaría de Hacienda se ilustra que existen un poco más de 4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas. El 97.6 % son microempresas, que no tienen más de cinco trabajadores, pero en las que está ocupado el 75.4 % de los trabajadores. Las empresas pequeñas, en porcentaje son el 2 y las medianas apenas el 0.4 % de ese total.

Ese universo la está pasando mal y en las próximas semanas lo pasará peor. Y si luego de la pandemia y el enclaustramiento semiobligatorio, resulta devastado, la vida económica y social del país tardará mucho en recuperarse. Por ello, el gobierno (el Estado mexicano) no puede ser omiso y voltear para otro lado. No puede apostar a que el mercado haga su trabajo (que sin duda lo hará: desapareciendo a las más débiles y mandado a la calle a millones de trabajadores), porque en las circunstancias actuales, eso supondrá un retroceso de décadas y una crisis social de proporciones mayúsculas.

Ya muchos lo han dicho, pero es necesario repetirlo: se requiere un auténtico acuerdo nacional —dialogado, negociado, pactado— que como señaló Rolando Cordera incluya a las representaciones de empresarios y trabajadores, involucrando al Congreso de la Unión y a los especialistas más reconocidos para intentar que la temporada adversa que estaremos viviendo sea lo menos destructora posible. Porque solo con el voluntarismo y la política del avestruz gubernamental no iremos muy lejos (y ojalá me equivoque).

 

José Woldenberg
Escritor y ensayista. Su más reciente libro es En defensa de la democracia.


Esta ponencia fue presentada como parte del Guillermo O’Donnell Award and Lectureship en el Congreso de LASA, el 14 de mayo de 2020 y será publicada en LASA Forum en julio de 2020. Parte de la misma apareció en febrero de 2020 en la revista Vozyvoto y se retoman también artículos del diario El Universal. Se reproduce con autorización de LASA.


1 “La desfiguración de la representación política: populismo y bonapartismo en el siglo XXI”, Configuraciones, órgano de expresión del Instituto de Estudios para la Transición Democrática.

2 El desarrollo de este inciso puede leerse en mi libro En defensa de la democracia, Cal y Arena, México, 2019.

3 Partidos políticos. Viejos conceptos y nuevos retos, Trotta, Madrid, 2007.

 

Un comentario en “México: la democracia a la defensiva

  1. Excelentes sus palabras Dr. Woldenberg. Sólo que los mexicanos votamos por un cambio radical a la manera en que se hicieron las cosas. Los acuerdos nacionales tienen tan poca credibilidad para los ciudadanos por los nefastos resultados que han tenido los del reciente pasado. Provocaron más desigualdad y por supuesto menos democracia.
    Si, es hora de pedirles a los académicos mexicanos menos diatribas contra un Presidente votado mayoritariamente y más propuestas concretas de una nueva institucionalidad que preste sus servicios al ciudadano. Que todo lo que se haga ponga en el centro al ciudadano común y corriente.
    No necesitamos que piensen por nosotros, sino que estudien lo que deseamos.Gracias.