Estas dos historias son reales.

Primera: Hace unos años, en un canal de Facebook, vi un debate donde un grupo de tortilleros y un regidor debatían sobre la modificación de una norma municipal que permitiría libremente instalar tortillerías en cualquier lugar.

La unión de tortilleros alegaba que la norma existente, que prohibía una tortillería a menos de un kilómetro de otra, garantizaba el “buen desarrollo del sector” y que ya había suficientes tortillerías en el pueblo. Lo que no dijeron los tortilleros ni lo dirían es que mantener la norma y no abrirse al libre mercado beneficiaría a sus empresas, les permitía mantener un poder oligopolio y negaba el beneficio de la competencia a los usuarios.

Su argumento terminaba literalmente así:

¿Qué pasa si llega alguien al pueblo, pone una tortillería a una calle de la mía y ofrece las tortillas más baratas? Me va a obligar a dar más baratas o a quebrar. Por el bien de la industria tortillera [en realidad por el bien de su empresa], debemos mantener la prohibición.

¿Le parece absurdo? Pues vamos con la otra historia.

Segunda: Hay una empresa eléctrica en México que tiene una capacidad instalada ya, que nos ha costado a los mexicanos; pero esa capacidad es vieja, contaminante, poco eficiente, ya fue construida, pagada y amortizada; es como un auto viejo que reparar será más caro que comprar uno nuevo, que tira aceite, echa humo, usa combustibles que ya nadie compra y que son muy contaminantes (¿recuerda la gasolina Nova?).

Ilustración: Víctor Solís

Afortunadamente, muchos entendieron que el mecanismo del libre competencia beneficia al usuario, ya sea para comprar tortillas o energía, aunque el mercado energético sea bastante más complejo. Por eso en 2013 se cambió la Constitución para que otras empresas puedan generar energía y entregarla a la red y que quien la entregue a menor costo sea quien la venda.

¿Cuál es el riesgo? Que la vieja empresa y sus equipos tendrán que mejorar, dar energía más barata o quebrar.

Pero cuidado aquí: no en todo se podía competir, sino que había monopolios naturales y esos se los quedó la empresa del gobierno. Sólo la generación y la comercialización, donde si se puede competir, se abrieron a la competencia.

Y entonces podemos copiar el argumento de los tortilleros y sólo cambiar los nombres:

¿Qué pasa si llega alguien al ̶p̶u̶e̶b̶l̶o̶ país, pone una ̶t̶o̶r̶t̶i̶l̶l̶e̶r̶í̶a̶ generadora eléctrica a una calle de la ̶m̶í̶a̶ de CFE y ofrece ̶l̶a̶s̶ ̶t̶o̶r̶t̶i̶l̶l̶a̶s̶ la energía más baratas? Me va a obligar a dar más baratas ̶l̶a̶s̶ ̶t̶o̶r̶t̶i̶l̶l̶a̶s̶ la energía o a quebrar. Por el bien de la industria ̶t̶o̶r̶t̶i̶l̶l̶e̶r̶̶a̶ eléctrica (en realidad ̶s̶u̶ ̶e̶m̶p̶r̶e̶s̶a̶ CFE generadoras), debemos mantener la prohibición.

El gobierno igual que el tortillero podría meterle dinero y cambiar, mejorar, o incluso construir nuevas plantas y competir en el mercado para vender esa energía barata. Es más, CFE participó y ganó proyectos en las subastas de energía eléctrica de largo plazo. Pero la realidad es que el gobierno NO tiene dinero, por lo que debería y puede dejar el riesgo a privados, ciudadanos dispuestos a invertir y entonces el gobierno y los dueños del gobierno (usted y yo) perdemos el riesgo de que las cosas salgan mal o no ser competitivos y además cobramos impuestos.

Pero en lugar de mantener este modelo, que beneficia al usuario y le disminuye riesgos al Estado, este gobierno quiere seguir usando el carro viejo, caro y contaminante. Como eso no lo hará mejor, pretende que se cierre la oportunidad de que otros participen.

Y así este gobierno decidió meter mano, limitar la participación, decretar los proyectos prioritarios, “espaciar” las generadoras de electricidad como si fueran tortillerías, para asegurar que cada una de las suyas tenga mercado, no sea que le vayan afectar el negocio. Por eso no usaron los recursos que les pagamos para crecer la red de transmisión.

La nueva política de Sener publicada con visos de ilegalidad el viernes pasado por la noche, es contraria al espíritu de la Constitución; limita la competencia, permite a uno de los participantes imponer sus proyectos y dice donde se pueden poner y no los que compiten, va en contra del ciudadano. Además limita las renovables al “espaciarlas”.

Y el pretexto es la estabilidad y confiabilidad del sistema, argumento falaz y tramposo que sólo busca esconder la realidad: la necesidad del gobierno de usar autos viejos caros y contaminantes para sostener un fetiche petrolero, igual de viejo, caro y contaminante. Como si el monopolio total y los hidrocarburos fueran la única vía de estabilidad del sistema.

Las fuentes renovables de energía tienen condiciones de operación distintas a la generación con fósiles, que pueden ser administradas y complementadas con otras fuentes. Pero esas variabilidades pueden generar oportunidades como disminuir costos o permitir mejores servicios a los clientes finales, incluso generar la propia energía. Limitar la competencia en nombre de la estabilidad para preferir las convencionales en lugar de apostar en transformar la red eléctrica para el futuro es un absurdo y es negar un mejor futuro, tanto en economía como en salud y bienestar a los ciudadanos.

Y por eso los ciudadanos tenemos que luchar contra este oprobio.

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía.

 

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