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A lo largo de la historia, diversas situaciones de crisis han orillado a distintos países a replantear su estrategia energética. En la antesala de la Primera Guerra Mundial, Winston Churchill, como primer lord del Almiraltazgo, sustituyó el carbón por el petróleo como combustible principal de la Marina Real, apuntalando así la hegemonía británica en la carrera naval anglo-alemana. Como parte de los esfuerzos de reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, países como Francia, Reino Unido e Italia ejercieron mayor control estatal sobre sus industrias eléctricas, a través de nacionalizaciones y monopolios públicos. Tras el embargo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en 1973, Estados Unidos creó una reserva estratégica de petróleo, Francia redobló su apuesta por la energía nuclear y Alemania sembró las semillas de la Energiewende, su transformación hacia la descarbonización y la eficiencia energética. Aunque todavía es prematuro dimensionar el impacto total de la pandemia de COVID-19 en nuestras sociedades, todo apunta a una reconfiguración del tablero energético internacional. A la luz de la emergencia sanitaria y económica, México debe preguntarse qué modelo energético le conviene después de la crisis y cómo le ayudará a afrontar los principales desafíos del siglo XXI.

Desde el arranque de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado una política eléctrica de corte nacionalista, orientada al rescate de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Su discurso evoca tiempos más sencillos en los que no se cuestionaba la supremacía de los hidrocarburos. Más allá del debate ideológico, la profundización de un modelo intensivo en combustibles fósiles se contrapone a una urgencia actual del sector eléctrico internacional: la necesidad de impulsar el despliegue masivo de las energías renovables para reactivar la economía y combatir el cambio climático. Hasta ahora, el enfoque gubernamental ha remado a contracorriente de las ambiciones, tendencias y preocupaciones que hoy predominan en el mercado energético global. La crisis del COVID-19 es la última llamada para que la administración en turno desarrolle el inmenso potencial renovable de México en beneficio de nuestra seguridad energética y ambiental.

Tras la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, el sector creció a partir de la quema de combustibles fósiles como el carbón, el combustóleo y el gas natural. Por décadas, estos hidrocarburos fueron la opción más confiable y asequible para electrificar al país, sentando así una base para el crecimiento económico y el desarrollo social. Bajo aquel modelo, se concebía una sinergia natural entre Pemex y CFE, mediante la cual el primero abastecía de combustibles a la segunda, y esta se encargaba de generar y suministrar energía eléctrica a todo México. Ante la falta de estándares ambientales más estrictos, la única fuente renovable contemplada era la energía hidroeléctrica, misma que había registrado un auge importante durante la primera mitad del siglo XX.

En la misma línea, la política eléctrica actual no niega su abierta preferencia por los hidrocarburos como principal fuente de energía. En el presente sexenio, la CFE planea instalar cuatro veces más capacidad fósil convencional que capacidad renovable. Ciertamente, el vuelco hacia el gas natural no es nuevo en nuestro país; este fue impulsado por gobiernos anteriores, sobre todo a partir de la revolución del gas de lutitas en Estados Unidos. No obstante, la presente administración ha dado un paso adicional al justificar públicamente el uso de carbón y combustóleo, ambos reconocidos como los hidrocarburos más nocivos para la salud y el medio ambiente. Tal y como se prometió en campaña, la secretaría de Energía suspendió el retiro programado de casi 12 gigawatts de plantas fósiles (equivalentes a la capacidad instalada de Nigeria), enviando así una señal inequívoca de que buscará alargar la vida de centrales a base de hidrocarburos, sin importar el costo económico o el impacto ambiental.

Ilustración: Víctor Solís

La agenda prohidrocarburos del gobierno contrasta con el creciente ímpetu global para descarbonizar a la industria eléctrica, la cual es responsable de emitir una cuarta parte de los gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera. Preocupados por los riesgos presentes y futuros asociados al cambio climático, actores como la India y la Unión Europea han establecido metas y tomado medidas encaminadas a aumentar el porcentaje de las fuentes renovables en sus matrices energéticas. Países como Alemania, España y Portugal incluso han fijado una fecha para dejar de usar carbón por completo. Así, se prevé que las acciones agregadas de la comunidad internacional llevarán a que más de la mitad de la electricidad en el mundo sea renovable en 2050.

En el marco de la lucha contra el cambio climático, México se ha bajado de la ola renovable de manera voluntaria e innecesaria. A pesar de contar con metas nacionales de generación limpia de 35 % hacia 2024, 40 % hacia 2033 y 50 % hacia 2050, la administración no ha ocultado su escepticismo frente a las energías renovables, especialmente la eólica y la solar. De acuerdo con autoridades del sector, estas fuentes de energía son demasiado caras y causan un problema de confiabilidad en la red eléctrica debido a su intermitencia. Si bien estas preocupaciones eran legítimas hace algunos años, con el paso del tiempo se han desmitificado.

En los hechos, la transición hacia las energías limpias está soportada por avances tecnológicos excepcionales. Optar hoy en día por un suministro eléctrico renovable no sólo se justifica en un sentido ambiental, sino también en términos económicos y de desarrollo. En la última década, los costos —sin subsidio— de las energías eólica y solar han caído 70 % y 89 %, respectivamente. De esta manera, se han consolidado como las fuentes de energía más baratas para más de dos terceras partes de la población mundial, abarcando países como China, India y Estados Unidos. Esta notable reducción de costos ha acelerado la integración de las energías renovables a la red eléctrica. Sistemas como los de Uruguay, Dinamarca y California han demostrado que, a pesar de la intermitencia, es posible operar la red de forma estable con niveles de energía renovable variable superiores al 30 %, 50 % e incluso 70 %. Más aún, las innovaciones en el campo del almacenamiento eléctrico y la demanda controlable permitirán una operación de la red cada vez más flexible y con mayores porcentajes de energía renovable, algo que hubiera sido impensable hace algunas décadas.

La política renovable de la administración debería sintonizarse con las disrupciones tecnológicas que actualmente están transformando al sector eléctrico a nivel global. Hoy nuestra principal apuesta renovable gira en torno a la rehabilitación y modernización de las plantas hidroeléctricas ya existentes en el país. Esta iniciativa es deseable pero insuficiente ante el enorme desafío que representa la descarbonización, para la cual se requiere la instalación de nuevas centrales renovables a gran escala, que atiendan la creciente demanda eléctrica y además sustituyan la generación más ineficiente y contaminante.

De seguir por el camino trazado, el sector eléctrico en México incrementará sus emisiones contaminantes en lugar de reducirlas. De acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2019-2033, las emisiones de gases de efecto invernadero del sector eléctrico aumentarán de 85 millones de toneladas de CO2 equivalente en 2020, a 105 millones de toneladas de CO2 equivalente en 2033. Para ser justos, gobiernos anteriores también habían proyectado un aumento de emisiones; sin embargo, ha sido esta administración la que —hasta ahora— ha decidido no usar su arma más poderosa para hacer frente al cambio climático: las subastas eléctricas.

En enero de 2019, la administración actual tomó su primera gran decisión en materia eléctrica: cancelar la cuarta subasta de largo plazo en razón del cambio de gobierno y el nuevo enfoque de política energética. Las subastas son concursos mediante los cuales se agrega la demanda eléctrica de suministradores y grandes usuarios (compradores, incluyendo a la CFE y particulares); posteriormente, múltiples generadores (vendedores, incluyendo a la CFE y particulares) compiten y presentan ofertas para satisfacer dicha demanda al menor precio posible. Una vez evaluadas las ofertas, el gobierno emite un fallo con los proyectos ganadores y se firman contratos de cobertura que dan pie a la construcción y puesta en marcha de las centrales eléctricas.

Entre 2016 y 2018 se llevaron a cabo tres subastas de largo plazo en México, las cuales arrojaron inversiones superiores a los 8000 millones de dólares y detonaron la construcción de más de 50 nuevas centrales eléctricas, en su mayoría eólicas y solares fotovoltaicas. Los proyectos ganadores de las subastas suman 7.4 gigawatts de capacidad, que equivalen a aproximadamente el 10 % de la capacidad instalada en nuestro país en la actualidad.

La competencia por ofertar la energía menos costosa en las subastas arrojó precios sorprendentemente bajos para las tecnologías eólica y solar, por debajo de los 30 e incluso los 20 dólares por megawatt-hora (USD 20/MWh). Para poner esta cifra en contexto, la electricidad generada por centrales de ciclo combinado a base de gas natural cuesta el doble (entre USD 40/MWh y USD 60/MWh), mientras que aquella generada a partir de carbón cuesta el triple (no menos de USD 60/MWh). Así, México se convirtió en un referente internacional, no únicamente en cuanto a la asequibilidad de su energía renovable, sino en cuanto a la asequibilidad de su electricidad en general.

Las subastas marcaron un antes y un después en el desarrollo de las energías renovables en México. Nunca antes se había invertido ni se habían construido tantas centrales eólicas y solares en un periodo tan corto. Además de contribuir al cumplimiento de las metas nacionales de generación de energía limpia, los contratos de largo plazo que resultaron de los concursos dotaron de estabilidad y certidumbre al sector energético. Las tres subastas fueron ejercicios útiles que armonizaron las necesidades futuras de grandes compradores, con la expansión del parque de generación, lo que reduce el riesgo de apagones y robustece la seguridad energética de México hacia adelante. En suma, las subastas tumbaron diversos mitos y demostraron que es posible tener acceso a energía renovable, confiable y de bajo costo en nuestro país.

Ahora bien, cabe señalar que las subastas han enfrentado distintas críticas y desafíos de implementación. Una minoría de proyectos ha presentado retrasos a causa de conflictos sociales, descubrimientos arqueológicos e incumplimiento de las Evaluaciones de Impacto Social correspondientes. Por otra parte, la carga burocrática en los tres niveles de gobierno ha representado un obstáculo para algunas empresas desarrolladoras. Asimismo, la falta de interés de la banca comercial por financiar estos proyectos (en lugar de la banca de desarrollo, como ha sido hasta ahora), ha levantado dudas respecto al costo total de las centrales y los precios tan competitivos que se han registrado.

Si bien México no es el único país que ha cancelado subastas en los últimos años, sí destaca por ser el único que ha frenado el mecanismo por completo. A pesar de los retos inherentes a la implementación, las subastas eléctricas se han consolidado como el mecanismo estándar para impulsar el despliegue de las energías renovables a nivel global. En el transcurso de la última década, el número de países que adoptaron el esquema pasó de menos de 20 a más de 100. Es por ello que la realización de subastas en México no puede entenderse como una rareza o anomalía, sino como una mejor práctica reconocida en el ámbito internacional, sin importar la ideología u orientación política de los gobiernos. Tan sólo en el último año, las subastas han sido avaladas por administraciones que van desde el conservadurismo de Jair Bolsonaro en Brasil hasta el peronismo de Alberto Fernández en Argentina.

Además de la suspensión del mecanismo de subastas, otras decisiones han debilitado el panorama de las energías renovables en México. La propuesta de otorgar certificados de energía limpia a centrales generadoras preexistentes a la creación del esquema, inundaría al mercado de certificados, minaría su efectividad e inhibiría el desarrollo de nuevas centrales renovables. Por otra parte, la cancelación de dos líneas de transmisión de corriente directa —una que iría de Oaxaca al centro y otra que hubiera interconectado a Baja California con el resto del país— ha limitado la integración de energía eólica en el sur-sureste y solar en el noroeste. Asimismo, las soluciones que se han planteado para evitar apagones y fortalecer el suministro en Yucatán y Baja California Sur dependen de tecnologías fósiles, a pesar de ser dos estados con un potencial renovable envidiable. Como resultado de estas decisiones, México ha caído del lugar cuatro a la posición 24 en el ranking mundial de países más atractivos para invertir en energías renovables.

Para complicar aún más el panorama, el COVID-19 ha sacudido los cimientos del sistema energético global. Se estima que las políticas de confinamiento, junto con la paralización de la actividad económica no esencial, reducirán la demanda anual de energía alrededor del mundo en 6 %, lo que en términos absolutos equivale al consumo total de la India. La sobreoferta de petróleo a nivel internacional ha tenido consecuencias que hasta hace unos meses eran impensables: primero, un acuerdo inédito entre la OPEP y sus aliados para recortar la producción de crudo en aproximadamente 10 millones de barriles diarios, y segundo, el desplome del precio del petróleo hasta alcanzar los -37 dólares por barril. En materia eléctrica, la caída de la demanda actual sólo es equiparable a la contracción registrada durante la Gran Depresión. Asimismo, la interrupción de cadenas de producción y suministro ha retrasado la instalación de proyectos eléctricos de pequeña, mediana y gran escala.     

En este entorno de crisis, la comunidad internacional se encuentra ante una gran disyuntiva: insistir en un esquema de crecimiento dependiente de los hidrocarburos, o erigir un modelo de desarrollo económico basado en las energías renovables. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Agencia Internacional de Energía (AIE) y la Unión Europea (UE) se han pronunciado a favor de que el eje rector de la recuperación económica sea la transición hacia las energías renovables. En este sentido, han recomendado que los paquetes de reactivación y planes de estímulo que se autoricen, prioricen la creación de “empleos verdes”, así como inversiones en proyectos de energía eólica y solar, almacenamiento eléctrico, redes de transmisión y distribución, captura y utilización de carbono, eficiencia energética y movilidad sostenible. De igual manera, han propuesto que los créditos y apoyos fiscales que se otorguen durante este periodo estén condicionados a la obtención de objetivos y estándares climáticos. Por el contrario, entre las pocas voces que han sugerido utilizar recursos públicos para rescatar a la industria petrolera se encuentra la del presidente Donald Trump.

La apuesta por una recuperación económica sostenible tiene sentido. Mientras que el sector petrolero ha comenzado a recortar producción, inversiones y hasta dividendos, las energías renovables han demostrado resiliencia ante el impacto de la crisis. Al tiempo que ha disminuido la quema de combustibles fósiles para la generación eléctrica, se ha incrementado el consumo de energía eólica y solar. De hecho, las renovables fueron la única fuente de energía en el mundo cuya demanda creció durante el primer trimestre de 2020, lo que ha aumentado su participación de mercado. La AIE ha caracterizado este fenómeno como un adelanto de lo que sistemas eléctricos alrededor del mundo experimentarán en la próxima década. Cabe anotar que las energías renovables no sólo han sobrellevado la crisis en términos de demanda, sino que continúan registrando costos cada vez más bajos. Apenas el 28 de abril de 2020 —en plena pandemia— un proyecto solar ganador de una subasta eléctrica en Abu Dabi arrojó un precio récord de USD 13.5/MWh, el más bajo en la historia (para cualquier tecnología). 

La reacción de las autoridades energéticas en México ante el COVID-19 ha sido contraria a la de sus pares alrededor del mundo. Mientras que países como Austria y Suecia han aprovechado la coyuntura actual para cerrar sus últimas centrales eléctricas a base de carbón, el gobierno mexicano ha antepuesto de nueva cuenta su agenda pro-hidrocarburos en detrimento de las energías renovables. Con motivo de la emergencia sanitaria, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) ha emitido un acuerdo que suspende de manera indefinida la entrada en operación de nuevas centrales eólicas y solares, argumentando que “la generación intermitente afecta la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”. Dicho acuerdo no sólo impacta a 28 plantas renovables que actualmente se encuentran listas para operar, sino que inyecta mayor incertidumbre a inversiones futuras. En última instancia, la resolución del Cenace abre la puerta para que se despache electricidad de manera discrecional y aumente nuestro consumo de combustóleo y diésel.  

A partir de la cancelación de la cuarta subasta se ha vuelto cada vez más difícil invertir en proyectos de energía renovable en México. En el mediano plazo, esta tendencia provocaría un rezago importante en el cumplimiento de las metas nacionales de generación limpia y nuestros compromisos internacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora es un buen momento para repensar la seguridad energética y ambiental de México; la mesa está puesta para que salgamos fortalecidos de esta crisis y aceleremos la transición hacia un sector energético más limpio y resiliente. La descarbonización del sistema eléctrico requerirá cuantiosas inversiones de capital, tanto públicas como privadas. Esto lo saben las grandes potencias de la economía mundial y por ello han decidido que la sostenibilidad sea el eje de la recuperación económica. 

Una política energética con enfoque nacionalista no tiene por qué limitarse al aprovechamiento de los hidrocarburos. Diversos gobiernos de América Latina y Europa han demostrado que es posible desarrollar el potencial renovable de sus países, manteniendo la rectoría y supervisión del Estado intactas. Por su parte, México ha probado que cuenta con las condiciones y herramientas necesarias para sumarse a la irreversible ola renovable; sólo falta que la administración en turno decida invertir en esta agenda y delimite las reglas del juego para los demás participantes. Nos encontramos ante la última llamada para ajustar el rumbo del barco, recobrar el liderazgo internacional que nos corresponde en materia renovable y hacer frente a las crisis económica y climática.

 

Alejandro Chanona Robles
Internacionalista y analista en temas energéticos.

 

Un comentario en “El papel de las energías renovables frente a la crisis

  1. Tristemente parece que ese tren se nos irá, y de nuevo quizá quedemos retrasados décadas respecto a las tendencias internacionales, la transición energética se ha suspendido de facto y al menos en este sexenio no se avanzará, la ceguera petrolera y pseudo-nacionalista nos van a salir muy caras.