Durante la última semana de abril, diversos actores públicos —economistas, empresarios, funcionarios, políticos, entre otros— fueron convocados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para presentar propuestas que dieran pie a un Acuerdo Nacional de recuperación económica tras la pandemia de COVID-19.

A continuación, por parecernos pertinentes, presentamos algunas de las propuestas expresadas durante el foro del CCE.


Patricia Armendariz
Directora de Financiera Sustentable.

Consideraciones y supuestos

• La caída generalizada del consumo excluyendo el muy básico  e incluyendo las exportaciones no agrícolas, es tan grave como para alcanzar  una caída en el PIB hasta del 10 %.

• Las restricciones presupuestales y los niveles de deuda pública pueden exacerbarse por la contingencia de la situación financiera de Pemex.

• Las restricciones presupuestales y la convicción gubernamental de no salvar empresas, con base en experiencias pasadas, obliga a buscar mecanismos de liquidez gubernamental sin costo adicional y medidas privadas que traspasan la carga al sector bancario, que no cubriré aquí atenta a la mesa respectiva.

• Derivado de la caída generallzada de las ventas, las tesorerías se están viendo presionadas para pagar su nómina, y mantener sus operaciones, por lo que la falta de apoyo de liquidez puede llevar a una mortandad sin precedentes de empresas de todos tamaños, exacerbando la recuperación.

• En el extremo, la tasa de desempleo puede alcanzar el 15 % exacerbando la caida en la demanda agregada y el uso de actividades informales, incluida la delincuencia

• Nos llevará empezar a salir a hacer negocios un mínimo de 2 meses en caso de que el manejo del covid sea exitoso, y una recuperación a tan solo los niveles pírricos de crecimiento anteriores, de un año como mínimo, dependiendo del sector.

• La incertidumbre obliga a prever nada más el muy corto plazo, y establecer mecanismos de seguimiento continuo y de reacción rápida a eventos que no podemos predecir.

• El sector de la Base de la Pirámide que comprende el informal y las pymes menores de 10 empleos será apoyado con programas gubernamentales.

Protección al empleo

Garantizar a cada uno de los 27 millones de personas ocupadas en las 4.7 millones de empresas del país, 2 mensualidades de un salario mínimo cada una. Pedirle al Presidente que para las que ocupan hasta 10 empleados, y que son la mayoría, 4.5 millones, el Estado aporte a cada trabajador esa cantidad, que asciende a un apoyo total  de 74 250 millones de pesos adicionales, o sea .4 % del PIB. Si no hay recursos para ello, pedirle al Gobierno que se substituya esta medida por la de crédito a la palabra anunciado, que equivale a un apoyo cuantitativo similar, o utilizar recursos del seguro de desempleo. Para el resto de las empresas mayores a 10 trabajadores, que son 467 000, que cada empresa garantice como mínimo esos dos salarios mínimos sin despedir al trabajador, lo cual equivale a 122 000 millones, que significan en promedio el .6 % de los ingresos anuales de las empresas que ocupamos más de 10 empleados, o .7 % del PIB. Para las empresas que no tengan liquidez para sus aportaciones sugiero solicitar apoyo de Banco de México para esta partida.

Protección a la cadena de pagos

Lograr un pacto nacional de respiro a las cadenas productivas donde cada proveedor se comprometa a dar un respiro a su cliente hasta por dos meses por la totalidad  de las cuentas por cobrarle a su cliente, tal y como lo están haciendo los bancos con sus acreditados.

Cuidado de la deuda pública a través de un aun mayor cuidado de la situación económica de Pemex

El Estado Mexicano debe cuidar la expansión de la deuda pública derivada del posible salvataje que tendría qué hacer a Pemex, que nos puede llevar a la experiencia de Brasil con Petrobras, que le ha costado una recesión prolongada. Es imperativo impulsar la productividad de Pemex que se encuentra muy por debajo de sus homólogos, y reestructurar su deuda urgentemente.

Apoyo de organismos multilaterales

Utilizar fondos disponibles en organismos multilaterales con costos bajos  para reestructurar deuda pública que le libere liquidez al gobierno en el plazo inmediato sin afectar el VPN de la deuda. Aprovechar mecanismos de financiamiento de bancos de desarrollo internacionales, directamente a las empresas. Lo mismo del banco central.

Unión nacional incluyente

Organizar urgentemente un diálogo con el Presidente y su Gabinete, más incluyente de los representantes del sector privado, es decir menos cupular, y más público, que elimine el ruido de la desunión y fisuras, donde ese diálogo apuntale la unión nacional incluyente que necesitamos más que nunca. Las interpretaciones de confrontación y desunión nos están haciendo mucho daño.

Volvernos a reunir en un mes

Esta crisis es inédita. Como dijera el Gobernador de Nueva York, estamos cruzando un pantano desconocido y hay qué asegurar cada paso poniendo el pié en la siguiente piedra segura. Por lo que sugiero reunirnos en un mes para evaluar a dónde estamos y qué sigue hacer.

Iniciar con este mismo formato la discusión de medidas de reactivación

Hay qué aprovechar la unión que nos está provocando la crisis para iniciar urgentemente mecanismos de acuerdos de medidas para recuperar el crecimiento incluyente del país, que de por sí estaba tan dañado desde antes de la crisis. Somos el sostén económico de nuestro país. Hagamos lo nuestro y apoyemos al Gobierno para hacer lo suyo.


Salomón Chertorivski
Exsecretario de Salud federal y exsecretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

No caben otras palabras que las de mayor urgencia. La mayor en esta generación y podríamos decir, de todas las generaciones vivas.

Lo peor ya llegó y no tiene ningún sentido negarlo, esconderlo o reducirlo. Entramos al pasaje oscuro de miles de compatriotas muertos, de decenas de miles que se quedarán sin empleo (que es otra forma de morir) y de un dislocamiento general del orden económico y social. Un desafío a nuestra civilización.

Ya, en las puertas de lo peor, la respuesta mexicana a la contingencia más grave en un siglo, ha sido insuficiente, timorata e ignorante. Esta responsabilidad recae, por sobre todos los actores, en el Gobierno Federal. Las consecuencias de su obcecación y su miopía las empezamos a pagar todos hoy.

Esta crisis es única por su tamaño, sus razones y sus consecuencias, empezando por el origen biológico de la pandemia, por su rápida propagación planetaria y terminando por el hecho de que su salida será un pasaje largo y difícil. Si no hay vacunas ni tratamientos confiables, la normalidad tardará en llegar a pesar de la prisa insensata de intereses políticos y económicos dispuestos a sacrificar vidas en nombre de una normalidad imposible.

Mientras más rápido controlemos los contagios, mejor para la economía. Y mientras más tardemos en suprimir la epidemia más sufrirán los trabajadores, los pobres, las familias y las empresas. Deseo que este sea uno de los principales acuerdos de esta mesa, de esta Conferencia Nacional: no hay tal contradicción entre salud y economía. En la medida en que pongamos alto a la epidemia estaremos liberando la dinámica económica de nuestro país, que por obligación hoy debe detenerse.

Cinco puntos definen la posición que hoy debo colocar en esta Conferencia:

• Todo el apoyo al personal de salud, que ahora mismo arriesga su vida para salvar la nuestra.

• La política económica debe acompañar a las directrices de salud. Nunca contradecirla. México requiere un gran plan, una gran estrategia para quedarnos en casa por un período aún incierto.

• Quienes se quedan en casa están haciendo un servicio público crucial: están ayudando a contener la pandemia. Están creando un beneficio social que debe reconocerse por parte del Estado.

• Salvar empleos es otra forma de salvar vidas. Este es el núcleo de la política económica para amortiguar el sufrimiento de los que están pagando los primeros costos de esta crisis.

•Ante el abrupto freno económico que en algunos aspectos alcanza dimensiones monstruosas, la única palanca que nos queda es la masiva intervención pública. Es la hora del Estado, de su presencia y de su gasto para mantener viva la economía real en los meses dramáticos que están por venir.

Frente a la adversidad, estamos obligados a ofrecer, una y otra vez, todos los argumentos que sean necesarios para enfrentar una calamidad, que según el propio grupo científico gubernamental, está entrando a su fase exponencial en estas horas.

No tenemos tiempo para el encono.

Decir que México está dividido en dos es una falacia completa, que niega la diversidad real de la República. Por el contrario, como lo ha mostrado esta misma Conferencia -esta misma mesa- existen múltiples diagnósticos, intereses y propuestas que deben ser atendidas, porque la sociedad mexicana no está partida en dos, como lo quieren los que medran entre tanta polarización y tanta discordia.

Nos quedan tres cosas por hacer:

Crear un grupo de trabajo que sea capaz de elaborar una síntesis poderosa de los principales planteamientos que se han hecho aquí (y también en otras instancias). Sostengo que, frente a la emergencia, estamos en condiciones de presentar un primer consenso compartido de la pluralidad mexicana.

Ese consenso debe difundirse y exhibirse en todos los foros y todas las plataformas, nacionales, estatales e internacionales. Esta síntesis se convertiría así en el ariete de la gran corriente de opinión pública que exige salir del pasmo y un cambio drástico en política gubernamental.

Tenemos que presentar esta síntesis ante los gobiernos estatales, primeros encargados de gestionar la crisis. Y presentarla formalmente ante el Congreso de la Unión, ante el Poder Legislativo, ante la representación popular.

Nunca había sido más necesaria la actividad legislativa y la presencia de los gobiernos locales. Sus iniciativas y su trabajo forman parte de la solución a la crisis.

Nunca como ahora había sido necesario el dialogo, el encuentro y la búsqueda de soluciones comunes. La peor crisis en al menos un siglo exige incluir al México real y diverso que hoy ha volteado su mirada hacia esta Conferencia. En buena hora.

No esperamos más división ni mas odio. Conversación para la integración democrática y común de un proyecto en el cual, se reconozca toda la nación.


Carlos Hurtado
Director General del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

El aumento de la deuda pública como proporción del producto es inminente, pero se justificaría y se podría tolerar un incremento adicional siempre y cuando se utilice para los fines que demanda la atención inmediata a la crisis sanitaria y económica. Con ello, y con el uso de reservas o “colchones” del fisco, se puede contar con los recursos necesarios para un plan ambicioso a fin de hacer frente a la crisis.

La deuda pública como proporción del PIB, o la razón deuda/PIB, fue de 45.6 % al cierre de 2019. Si a lo largo de este 2020 no se hiciera nada, es decir, si el valor de la deuda se mantuviera igual al cierre del año pasado, la razón deuda/PIB aumentaría automáticamente a 50.1 %.  ¿Porqué? Eso pasaría bajo un escenario en el que el PIB real de contrajera en 6 % en este año y el tipo de cambio se quedara en 24 pesos por dólar, lo que eleva el valor de la deuda externa en pesos.

Por otro lado, parece haber una amplia coincidencia acerca de la necesidad de tomar medidas fiscales transitorias para enfrentar las crisis sanitarias y económicas.  Por ejemplo:

• Es primordial, de importancia vital, dirigir mayores recursos al sector salud. 

• Sería muy deseable que dichas medidas se enfocaran en dar facilidades (no condonaciones) a las empresas a fin de que éstas, en el ánimo de proteger el empleo de sus trabajadores, no caigan en un problema de liquidez, mismo que si perdura se puede convertir en insolvencia y conducir a la eventual quiebra.  Y eso significaría la cancelación permanente de las fuentes de trabajo.   

• Es importante dirigir ayuda a los trabajadores informales, no cubiertos por los programas sociales, especialmente en las zonas urbanas, para que puedan quedarse en sus casas. De otra forma, deberán continuar en las calles, buscando el sustento diario.  Las consecuencias serían dos: 1) que se conviertan en una enorme línea de contagio y 2) que tarde o temprano sean una fuente de violencia social.

Para esos fines, y lograr así mitigar los efectos de la crisis, el país puede y debe tolerar un relajamiento transitorio y prudente de sus metas fiscales, o sea, un mayor déficit de las finanzas públicas  y consecuentemente un aumento de la deuda pública como proporción del PIB.  México puede utilizar, por un lado, el prestigio del país en cuanto a su manejo fiscal para comprometerse a una trayectoria sostenible de la deuda en el futuro y, por el otro, la disponibilidad de financiamientos a costos razonables a los que puede acceder —solamente con la línea de crédito flexible con el FMI se cuenta con alrededor de 60,000 millones de dólares—.

El fisco tiene “colchones” de recursos además de facilidad de financiarse expeditamente.  Es probable con de estas dos fuentes pueda contar rápidamente con unos 1,000 mp para financiar las medidas para enfrentar la crisis con un plan sólido.  Por un lado, están los recursos del FEIP y los de varios fideicomisos extinguibles.  Por el otro, el gobierno tiene disponibilidades financieras que podrían ser excesivas, y que las puede utilizar. Sin certeza y como una hipótesis de trabajo, podría suponerse, que de estas fuentes se podría disponer de unos 500 mmp.  Con un aumento equivalente de la deuda se completarían los  con 1,000 mp y la razón deuda a PIB se elevaría a aproximadamente 52 %.

Lo importante es actuar.  En estas circunstancias, el aumento automático de la deuda pública neta o bruta como proporción del PIB y un incremento adicional prudente no causarían inquietud a los mercados o las calificadoras de crédito.  Es muy probable que éstos castiguen más bien a los países que no cuenten con un plan certero para lidiar con la crisis sanitaria y económica y con un esquema claro de recuperación y estabilización del déficit fiscal y la deuda pública.  En estos momentos, si la deuda pública  se mide en términos netos o brutos parece más bien irrelevante.


Nora Lustig
Profesora de Economía latinoamericana y directora del Instituto de Compromiso por la Equidad de la Universidad de Tulane.

La pandemia Covid-19 ha puesto al mundo en una cuarentena económica de duración todavía incierta. Esto sugiere que el tránsito de regreso a la normalidad, aun en escenarios optimistas para vacunas y tratamientos, podría medirse en años, y no en meses. La economía mexicana ha sido y continuará siendo afectada en todos los frentes: bajos precios del petróleo, menor demanda por exportaciones, disminución drástica del turismo y las remesas, interrupciones en la cadena de suministro de insumos, desplome de la demanda interna, y aversión al riesgo del capital global. El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reciente World Economic Outlook (abril 2020), pronostica que la economía mundial podría caer en 3 % en 2020, Latinoamérica en 5.2 % y México en 6.6 %. No hay ninguna duda que la crisis sanitaria, las medidas para contener la propagación del coronavirus y la crisis económica inducida por estas medidas y por todos los choques adversos generarán un aumento de la desigualdad y la pobreza. Para evitar un escenario que pudiera llegar a ser un cataclismo aún mayor, el gobierno, el sector privado y la sociedad en general deberán tomar acciones sin precedentes en el ámbito macroeconómico y en el de la protección social y de cómo financiarla. Un buen número de estas medidas no formarían parte de recetario tradicional usado en crisis macroeconómicas típicas.

El primer componente de una política social efectiva y equitativa en esta pandemia empieza por implementar una política macroeconómica que minimice la caída del ingreso nacional y, esencialmente, comprende una política fiscal anti-cíclica y una política monetaria no convencional:

Política fiscal anti-cíclica: El FMI en su publicación Fiscal Monitor (abril 2020) calcula que el promedio de los paquetes fiscales en el mundo es 9.5 % del PIB. El de México, por lo menos hasta recientemente, de solo 1.2 % del PIB.  Las medidas anunciadas la semana pasada —las cuales combinan expansión en algunos rubros pero contracción en otros— podrían ser neutrales o incluso contractivas. El gasto público se debe expandir ya. La excesiva prudencia fiscal que en tiempos normales podría ser bien recibida, hoy no tiene cabida. Si bien el gobierno debe etiquetar las medidas tomadas como de emergencia, aumentos de la deuda/PIB considerables probablemente sean necesarios. La preocupación con una trayectoria estable o decreciente de la razón deuda/PIB debe dejarse para los años posteriores a la pandemia y sus secuelas. Por muy relevantes que sean las calificaciones crediticias en tiempos normales, ahora no lo son. La política fiscal debe estar canalizada a la emergencia médica y a la ayuda a los segmentos más afectados y vulnerables de la población.

Política monetaria no convencional: Si la contracción de la actividad dura más que los 1-2 trimestres anticipados por la mayoría de los analistas, los problemas de liquidez se volverán problemas de solvencia. Esto nos confrontará con una crisis financiera cuyas consecuencias serán aún más devastadoras y duraderas. Ante este desolador escenario, la política monetaria debe ir más allá. En particular, el Banco de México debería ampliar en montos y cobertura las líneas de crédito como las recientemente anunciadas, canalizando fondos de largo plazo al sistema bancario con los adecuados incentivos para que la banca privada a su vez convierta estos fondos en préstamos de largo plazo al consumidor y empresas (idealmente, de 10 a 20 años con 3 a 5 de gracia y a tasas de interés concesionarias) para impedir que se deterioren su capacidad de pago y su hoja de balance.

El segundo componente de una política social efectiva y equitativa se refiere al gasto público y las medidas de protección social y comprende asegurar que el gasto se reoriente a las prioridades adecuadas, se distribuya de manera justa y se tomen iniciativas para mitigar los efectos de corto y mediano plazo en la población más pobre y vulnerable. Las prioridades (no necesariamente en esta secuencia) del uso de recursos del estado debieran ser:

• El equipamiento de los servicios médicos, el maximizar la disponibilidad de pruebas diagnósticas, poner en acción medidas de localización, y el aislamiento temporal de la población infectada o de alto riesgo.

• Minimizar la desaparición permanente de fuentes de empleo sobre todo en las pequeñas y medianas empresas.

• Asegurar la supervivencia y funcionamiento de sectores estratégicos de importancia sistémica, como los sistemas alimentarios, bancario y de telecomunicaciones, entre otros.

• Compensar en lo posible las pérdidas de ingreso para la población formal e informal que haya perdido su empleo (ya sea por las medidas de contención del contagio o la crisis económica).

Asegurar la satisfacción de las necesidades básicas (alimentos, agua y artículos de higiene, vivienda, servicios educativos y de salud, conectividad y otros servicios básicos) de la población más pobre y vulnerable. En particular:

Focalizar esfuerzos con transferencias de ingresos y otras iniciativas en las zonas urbanas marginadas y comunidades rurales pobres a través de una estrategia integral.

Reintroducir los programas de atención a la primera infancia en el ámbito de la nutrición y la salud preventiva que fueron desmantelados con la eliminación de Prospera. De lo contrario, no solamente empeoran las condiciones de vida de corto plazo para esta población, sino como ha sido demostrado en otras crisis, el deterioro nutricional y educativo de las nuevas generaciones puede ser significativo y afectar a generaciones enteras a lo largo de su vida.

Focalizar esfuerzos en prevención de y combate a la violencia doméstica.

Continuar educando durante el periodo en que las escuelas estén cerradas con clases virtuales, el uso de aplicativos (a través de teléfonos celulares y no solo computadoras y tablets) y videos, y el uso de métodos más tradicionales de educación a distancia como la TV y la radio.

No olvidar en la estrategia a los grupos tradicionalmente olvidados: niños de la calle, personas sin techo, migrantes indocumentados, etc.

El tercer componente de una política social efectiva y equitativa comprende que, además de utilizar las fuentes tradicionales para financiar los gastos de protección social (impuesos, créditos nacionales y créditos internacionales), el gobierno deberá involucrar y facilitar la contribución por parte de quienes más recursos tengan y los afortunados que continúan con una fuente de ingresos estable. En particular:

Fomentar y facilitar las contribuciones de las empresas privadas en áreas específicas. Un área en particular donde la empresa privada puede contribuir de manera transformacional para disminuir los efectos enormemente desigualadores de la pandemia es en el ámbito de la conectividad y la bancarización. Dadas las limitaciones de conectividad entre los hogares pobres urbanos y rurales, el acceso a continuar la educación por medios virtuales se hace prácticamente imposible. En esos contextos, es muy importante que las empresas de comunicación ofrezcan planes de excepción que permitan el acceso a paquetes de datos gratis o altamente subsidiados para uso educativo.

Fomentar a través de campañas la llamada protección social de persona a persona. La pandemia nos convoca a reconsiderar los esquemas de protección social e ir más allá de lo que los gobiernos puedan hacer. Aquí hay un rol para la población con la fortuna de tener un ingreso estable: la protección social de persona a persona. Esta jugará un papel primordial en amortiguar la gravedad de la crisis. Ejemplos: algo tan sencillo como continuar pagando a quienes usualmente proveen servicios aun cuando no puedan hacerlo por las restricciones sanitarias.

MUY IMPORTANTE: Crear un fondo nacional de solidaridad con donaciones filantrópicas voluntarias complementado por un impuesto extraordinario a la riqueza de los individuos que están en el “1 %” más alto de la distribución de la riqueza.  Los miembros del llamado “1 %” deben ser convocados a iniciar, multiplicar y/o reorientar sus actividades filantrópicas, y de inversión sustentable de modo que más—muchísimo más– fondos lleguen a las organizaciones sociales avocadas a los bancos de alimentos, alojamiento a las personas sin hogar, enfermos sin acceso a diagnósticos o tratamiento, comunidades poco comunicadas, etc. Los gobiernos pueden incentivar y facilitar la canalización de estos recursos privados mediante la creación de fondos y vehículos especiales para este propósito.


Jaime Serra
Exsecretario de Hacienda y Crédito Público. Economista.

La crisis que hoy enfrenta la economía mexicana no es una crisis de desequilibrios macroeconómicos. El déficit fiscal actual de México es razonable, como lo es el nivel de endeudamiento del gobierno. Las crisis pasadas usualmente surgieron de déficits fiscales elevados. El déficit fiscal de México es hoy 2.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que contrasta con los déficits fiscales en crisis previas en las que se observaron déficits de hasta dos dígitos. Por ejemplo, el déficit fiscal en la crisis económica, que dio lugar al conocido Pacto a finales de los ochenta, era cercano a 17 % del PIB.

Además, aquellos déficits eran financiados por el Banco de México que no era una entidad independiente lo cual resultaba en episodios de alta inflación. Hoy el déficit se financia en su totalidad por los mercados privados, permitiendo que el Banco Central pueda orientar la política monetaria hacia sus objetivos de inflación. Seguramente, no observaremos una espiral inflacionaria ni aumentos significativos en las tasas de interés.

Por otra parte, el actual déficit en cuenta corriente es de menos de 1 % del PIB y se financia holgadamente con inversión extranjera directa. Contrasta enormemente con las crisis previas cuando, por ejemplo, en la crisis del 94/95, este fue de casi 8 % del PIB.

La crisis que hoy enfrentamos es una crisis compleja en la que interactúan diferentes variables: crisis de confianza asociada con el cambio de gobierno, un mercado petrolero desordenado, una caída abrupta en la demanda agregada, disrupciones severas en las cadenas globales de valor y una crisis de salud pública de alcances inesperados. Naturalmente, los instrumentos de política económica deben ser utilizados de manera distinta, y deben estar orientados a fortalecer los componentes de la demanda agregada.

Empecemos por la inversión que es el componente más estancado. La incertidumbre que generaron diversas decisiones del nuevo gobierno dio lugar a un ambiente que llevó a la posposición de decisiones de inversión privada. Esto resultó en una economía estancada con cero crecimiento. Para que la inversión repunte es indispensable que las políticas económicas definan, con claridad y sin restricciones regulatorias excesivas, las reglas del juego, particularmente en materia de infraestructura y energía. Desafortunadamente, la disminución inédita del precio del petróleo reduce el apetito de invertir en este sector. Sin embargo, es indispensable que el país encuentre la manera de promover la inversión pública y privada en estos sectores. Adicionalmente, el gobierno puede otorgar recursos a la banca de desarrollo para que, mediante un sistema de garantías, la banca privada pueda otorgar créditos sustantivos a las PyMEs; este es un programa que ha dado buenos resultados, pero ha ido disminuyendo por los recortes presupuestales de los dos últimos años. La política monetaria, por su parte, ha reaccionado positivamente y, si bien todavía se encuentra en terreno restrictivo, la disminución de la tasa de interés contribuirá a la recuperación de la inversión.

El consumo es el componente más grande de la demanda agregada y, con motivo de la contención para enfrentar la pandemia del coronavirus, se ha exacerbado el ritmo de disminución que inició antes de la propia crisis epidemiológica, mostrando caídas nunca antes observadas. Es indispensable que el gobierno aumente la liquidez requerida para revivir el consumo. La reciente fórmula del Banco de México, que estimula la liquidez, ayudará, sin duda, en este frente, pero se requerirá también de apoyos a los sectores más vulnerables, en particular a la población informal y aquellos que hayan perdido el empleo.

El gasto público debe ser, en estas circunstancias, un motor importante para la recuperación. Contrariamente a las medidas anunciadas para disminuir el gasto, debe haber una política de mayor gasto, que dinamice la demanda agregada. Hay suficiente espacio en las finanzas públicas para estimular el gasto y fortalecer al sistema de salud sin incurrir en desequilibrios desestabilizadores. Los países desarrollados han decidido responder a la crisis de salud con paquetes de estímulos enormes (vg. el paquete de Japón es de alrededor del 30 % del PIB; Alemania del 12 %; Estados Unidos más del 10 %; incluso países de la región como Perú (12 %) o Brasil (10 %) han reaccionado de forma decisiva). En nuestro caso, se deben asignar más recursos de lo que el gobierno ha anunciado, para apoyar la recuperación económica. Naturalmente, debe haber un claro y creíble acuerdo para que, al paso del tiempo y conforme se resuelven los problemas de liquidez, se corrija el déficit resultante.

Las exportaciones han sido el componente más dinámico de la demanda agregada por los últimos veinte años. En estas circunstancias debemos evitar que, por la caída de la producción, los exportadores pierdan su posicionamiento en las cadenas de valor en la región norteamericana. Ya empieza a haber signos de este fenómeno. Para evitar un daño mayor es indispensable que la política de comercio exterior acelere el proceso de convergencia con las economías de América del Norte.

En resumen, la política económica debe proponerse, sin incurrir en desequilibrios excesivos, impulsar la demanda agregada. Hay espacio en el balance fiscal para instrumentar las medidas requeridas. Por paradójico que parezca, los mercados y las calificadoras reaccionarán mejor hacia una política fiscal temporalmente expansiva, que a una disciplina presupuestal exagerada. Presumiblemente, un acuerdo nacional que incorpore estos elementos sentará las condiciones para salir de la contingencia de salud y para que la economía vuelva a la senda del crecimiento.