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El virus SARS-CoV-2 y el padecimiento que provoca, el Covid-19, se han expandido vertiginosamente en el mundo, infectando a millones y matando a cientos de miles de personas lo que ha puesto en jaque a la infraestructura de salud en muchos países e incluso en EE. UU., el país más rico y poderoso del mundo. La forma privilegiada de enfrentar la pandemia ha consistido en reducir, con distintas estrategias, el contacto entre personas para reducir la velocidad de transmisión del virus y, así, ganar tiempo hasta que se desarrolle una vacuna o un tratamiento eficaces y, a la vez, impedir que la saturación de los servicios de salud dé lugar a un número creciente de muertes evitables.

El aislamiento o confinamiento de una parte de la población —nunca puede ser el total de la misma pues la producción de bienes y servicios esenciales debe mantenerse en cualquier circunstancia— proporciona un bien público a la sociedad: aumenta la probabilidad de cada individuo de mantenerse sano y mantiene abierta la posibilidad de, en caso de contagio, recibir atención adecuada lo que aumenta la probabilidad de sobrevivir a la plaga.

Este bien estrictamente público —todos nos beneficiamos del aislamiento de una parte de la población— sin embargo, tiene un alto costo económico: la suspensión de la producción en las actividades consideradas no esenciales, el “coma inducido” en la economía, de acuerdo a la atinada metáfora de Paul Krugman. Quienes se aíslan, voluntariamente o por disposición de la autoridad, en su gran mayoría (excepto quienes pueden recurrir al trabajo desde casa) dejan de participar en la vida económica y, en consecuencia, pierden el ingreso y la capacidad de compra en los que se basaba el nivel de vida que tenían antes de la emergencia.

Ilustración: Kathia Recio

Los afectados son los trabajadores, y las empresas en que laboran, que tienen la mala fortuna de encontrarse entre los productores de bienes y servicios considerados no esenciales y también todos aquellos cuyo ingreso está vinculado a la circulación de la población en el espacio público, notablemente los trabajadores por cuenta propia y sus familiares y empleados que se encuentran en ese vasto universo del comercio y los servicios informales. Por el contrario, quienes se ubican en los sectores “esenciales”, los que pueden reconvertir sus tareas al esquema de trabajo desde casa y todos aquellos que dependen del Estado y no llevan a cabo labores esenciales (muchos trabajadores administrativos, universitarios, maestros, etc.) siguen percibiendo el ingreso acostumbrado durante el confinamiento. Desde luego, en un segundo momento, también sufrirán las consecuencias un porcentaje de quienes participan, ya sea como trabajadores o empresarios, en los sectores esenciales cuando la crisis económica los alcance.

Estamos pues, ante un caso evidente de socialización del beneficio de una política pública y de privatización de su costo. Con el agravante —desde el punto de vista distributivo— de que los grupos de población que cargan con los costos son, en su mayoría, los de menores recursos, los pobres. A reserva de llevar a cabo una investigación detallada, basta recordar que el ingreso per cápita del sector informal es del orden de 22% del que registra el sector formal, que en él se concentra buena parte de la pobreza y que el mayor impacto de la crisis en el empleo y en la inevitable mortandad de empresas se dará entre las pequeñas y medianas, que tienen menor capacidad de resistir la suspensión de su flujo de efectivo y en las cuales los salarios y los ingresos son mucho menores al promedio.

Ante una situación en que los beneficios son generales y los costos inevitables recaen en una parte de la población, los más pobres, resulta de elemental justicia poner en práctica acciones que tiendan a socializar dichos costos.

Huelga decir que dichas acciones solo pueden ser llevadas a cabo por el Estado. Al margen de las propuestas específicas para llevar a cabo la tarea, se puede decir que, en general, al Gobierno se le presentan dos vías para encararla. Puede, por una parte, mantener el volumen de gasto que tenía presupuestado antes de la irrupción de la pandemia y cambiar su composición para resarcir —así sea parcialmente— los costos en que incurren los grupos afectados o puede expandir su gasto para emprender las acciones de emergencia sin afectar el resto del gasto público.

El Gobierno de México ha optado al parecer por la primera vía y eso de manera, hasta ahora, muy tibia. Lo que se ha anunciado a la fecha es 1) programas de crédito para microempresas, 2) adelanto del gasto en programas sociales existentes, 3) ampliación del crédito de vivienda a los empleados públicos, 4) facilidades para quienes pierden su empleo en el pago de créditos de vivienda y 5) el anuncio de que se impulsarán obras de infraestructura por 25 000 millones de pesos en 50 ciudades, aunque no se sabe si son proyectos existentes que se aceleran o se trata de nuevos proyectos. Adicionalmente, se han anunciado reducciones a salarios de funcionarios y recortes al presupuesto de gastos generales de las dependencias gubernamentales. Por lo demás, el presupuesto de egresos es básicamente el mismo.

Este enfoque difícilmente puede ser considerado una estrategia de emergencia a la altura del problema que plantea la pandemia y desde luego no se acerca a cumplir con el imperativo moral de socializar los costos de preservar la salud de todos. Por un lado, el adelanto de los programas sociales apoya a becarios y adultos mayores cuyos ingresos no están en riesgo y los créditos de vivienda a empleados públicos van a grupos cuyos ingresos están asegurados y por tanto no contribuyen a resarcir a quienes pagan el costo social de la política sanitaria. Por el otro, los recursos restantes se antojan exiguos de cara a la magnitud del impacto económico que se espera, tanto en términos de ingresos como de empleos perdidos. Dada la estructura del gasto, y el margen disponible de reasignación discrecional de recursos, es probable que una estrategia basada en la reasignación de recursos públicos, aunque no deba descartarse como complemento, tenga un efecto limitado incluso si se decide posponer parte del gasto en inversión física ya que ésta representa apenas alrededor de 2.5 % del PIB previsto al momento de aprobarse el presupuesto.

La enorme mayoría de los países, por el contrario, se han embarcado en una estrategia de incremento de gasto, sobretodo a través de transferencias directas a las personas y apoyo temporal, tanto fiscal como financiero, a las empresas grandes y pequeñas afectadas por las medidas sanitarias. En el caso mexicano, el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, Santiago Levy, Gerardo Esquivel y un colectivo de economistas de diversas tendencias, entre otros, han presentado diversas propuestas de las medidas específicas que se podrían incorporar en un programa económico emergente similar a los de otros países. Al margen de diferencias en los detalles, estas propuestas lo mismo que los programas de estímulo del resto del mundo, coinciden en plantear una revisión profunda de la política económica vigente antes de la irrupción de la pandemia. El principio común del que parecen partir podría resumirse en la afirmación de Kristalina Gueorguieva, presidenta del FMI en una reciente entrevista para la BBC: “Es un momento en que los gobiernos deben gastar tanto como se puedan permitir y más… algunos países podrán hacer más… y veremos algunos países que necesitarán más ayuda”.

Pensar y actuar de esta manera tiene sentido por partida doble. Por un lado, socializa el costo de la estrategia sanitaria al cargarle al erario público lo que en ausencia de ese gasto serían costos privados. Por otro, tiene sentido desde el punto de vista macroeconómico: en ausencia de un mayor gasto público la caída en la producción, el empleo y los ingresos que el “coma inducido” inevitablemente provoca en un primer momento generaría una caída en el gasto de los grupos afectados lo que, a su vez, daría lugar a que cayeran también la producción, el empleo y los ingresos en los sectores que siguen funcionando. Impedir que esta bola de nieve se convierta en una avalancha puede marcar la diferencia entre la recesión y la depresión económica. En la jerga de los economistas, se trata de contrarrestar el efecto multiplicador del choque de oferta generado por la paralización de una parte significativa de la actividad económica.

 Desde luego, la estrategia de ampliación del gasto tiene límites como sugiere la presidenta del FMI y estos varían entre países. Se debe actuar con prudencia para evitar que el remedio resulte peor que la enfermedad, es decir, se debe evitar forzar el equilibrio macroeconómico al punto que se produzca una pérdida masiva de confianza en los mercados de capitales y una corrida catastrófica contra el peso que pongan en peligro el sistema financiero.  El arte de la política económica está precisamente en determinar esos límites y aprovecharlos al máximo sin rebasarlos. Lo que resulta evidente es que al día de hoy estamos lejos de ellos y que la estrategia gubernamental ha optado por no acercarse siquiera.

Al final, se trata de establecer el tamaño del déficit que es financiable, en el entendido que será menor al que los países desarrollados pueden financiar y al que sería adecuado para la magnitud de la crisis, de elegir los mejores mecanismos para financiarlo (sin descartar de antemano ninguna opción) y de comunicar de manera creíble a los mercados que se trata de un recurso temporal. Esto último probablemente requiera ofrecer pruebas fehacientes, desde ya, de que se trabaja en el fortalecimiento de la capacidad fiscal del Estado, es decir que se busca activamente el consenso de los actores económicos, sociales y del congreso para incrementar sus ingresos recurrentes. Visto desde otra óptica, lo anterior simplemente refleja el hecho de que si convenimos que el Estado debe incrementar su gasto en el cortísimo plazo para proveer bienes públicos de valor inestimable (preservar la salud e impedir el colapso económico), debemos estar dispuestos a pagar ese gasto, en su momento, entre todos.

Por ahora, sin embargo, esta discusión no parece tener relevancia práctica pues el gobierno federal, como ya se dijo, parece haber optado por no incurrir en gasto y endeudamiento adicionales, y por tanto se mantiene el esquema en el que la contraparte de los beneficios colectivos de la estrategia sanitaria son los costos que asumen personas y empresas en lo individual. Sin embargo, vale la pena empezar a pensar en alternativas pues es muy probable que la crisis lo obligue a cambiar el rumbo más temprano que tarde.

 

José I. Casar
Investigador del Programa Universitario de Estudio del Desarrollo de la UNAM.

 

2 comentarios en “Economía moral de la pandemia

  1. Nuestros académicos no aportan mas que lo que se esta ya implementando en otros países. Ni aun tropicalizado.

    • Definitivamente las consecuencias económicas so aterradoras, el dilema de los epidemiólogos fue y es, muertos vs. economía y cómo médicos optaron por enfocar sus esfuerzos a que ocurriera el menor número de fallecidos. Esperar la producción de fármacos específicos o una vacuna cualquier médico o quien sepa algo de historia de la medicina reconoce que es muy deseable, pero irreal a corto plazo, mucho menos en este momento o a corto plazo.