“Hay décadas donde nada ocurre; y hay semanas donde ocurren décadas”.
—Vladimir Lenin

El 5 de abril de 2020 pasará a la historia de México. Con independencia de lo que venga después, el mensaje que dio ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las medidas de apoyo frente a la emergencia global del Covid-19 ha quedado a deber en términos de política fiscal. Esto es relevante además porque condicionará las alternativas que, al menos desde la política económica, se podrían ejecutar con eficacia más adelante.

Las expectativas eran altas. Frente a lo pavorosa que ha resultado la emergencia alrededor del impacto del Covid-19, se esperaban medidas igualmente extraordinarias de respuesta. Las preocupaciones eran diversas: oscilaban entre el uso más profundo de los ahorros de largo plazo del gobierno federal y la disposición de otros instrumentos fuera del balance público que podrían resultar más costosos mientras su retraso sea mayor.

Los ahorros de largo plazo del gobierno federal se encuentran en varios instrumentos financieros, la mayor parte de ellos en fideicomisos. Estos, aunque han sido una figura vilipendiada en el debate público, operan en su mayoría con reglas de transparencia claras1 y mecanismos de disposición establecidos en distintas leyes. Debido a ello fue necesario un decreto presidencial para poder hacer un uso extraordinario de dichos recursos.

Ilustración: Izak Peón

Este decreto se refiere a los fideicomisos que no tienen estructura orgánica, es decir aquellos que no son una entidad paraestatal, cuyo monto ascendía a 740 000 millones de pesos al cierre del cuarto trimestre de 2019. No obstante, no se puede disponer de todos estos recursos para compensar los ingresos que serán menores, pues hay excepciones que contempla el mismo decreto. En esencia, se excluyen fondos de pensiones y aquellos que están ligados a instrumentos de deuda, y por lo tanto tienen obligaciones de pago recurrentes ya sea en mercados financieros o accionarios.

Al retirar estos recursos del monto total, la disponibilidad para este año se reduce a 250 000 millones de pesos, una tercera parte, pero la pregunta es cuánto se podría convertir realmente en apoyos directos a la población. Para saberlo, primero es necesario entender qué presiones enfrentan las cuentas fiscales frente a la realidad macroeconómica y cómo espera ajustarse a ellas la Secretaría de Hacienda.

Cada año, de acuerdo con el procedimiento estipulado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el proceso de interlocución con miras al presupuesto del siguiente año entre el gobierno federal y el Congreso comienza el 1 de abril. Esta fecha señala el plazo máximo para que la Secretaría de Hacienda presente un primer esbozo del paquete económico (Criterios Generales de Política Económica, Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos) a través de un documento que se conoce de manera informal como “Precriterios”.

Normalmente, la atención se centra en las estimaciones de finanzas públicas para el siguiente año y en ciertas ocasiones —en especial, si en el año corriente el entorno macroeconómico se complica— también en las estimaciones actualizadas para el cierre del año sobre ingresos, gastos, déficit y deuda. Frente a los efectos negativos provenientes del Covid-19 y la severa caída en los precios internacionales del petróleo, este año la atención se volcó sobre todas estas estimaciones al cierre de 2020.

De esas estimaciones sabemos que la Secretaría de Hacienda, reconociendo un entorno económico más adverso, aunque éstas aún se mantienen lejos de las estimaciones de los analistas del sector privado, había reducido el balance primario en 1.1 puntos porcentuales del PIB. Lo anterior pasando de un superávit de 0.7 % del PIB a un déficit de 0.4 %. Este balance resulta de restar los gastos (excluyendo el pago del costo financiero de la deuda) a los ingresos totales del sector público.

La reducción se explica porque las autoridades fiscales ya anticipan menores ingresos. Pero, como siempre, el diablo está en los detalles: porque ese deterioro esperado en el balance primario se acentúa en la medida más amplia de déficit público (los Requerimientos Financieros del Sector Público), que incluye los sectores financiero y no financiero, y un tanto más en la métrica más robusta de deuda pública (el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público).

El mayor déficit deriva de que las autoridades fiscales ya descontaban el uso de los 250 000 millones de pesos provenientes de los fideicomisos. De esta cifra, sin embargo, la mayor parte (150 000 millones de pesos) se activa inmediatamente por las reglas vigentes del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP); este es el ahorro de largo plazo más importante del gobierno federal, que le permite compensar faltantes en ingresos petroleros y tributarios contra los que se presupuestan en la Ley de Ingresos.

Con base en lo anterior, sabemos que los recursos de los fideicomisos que podrían adjudicarse a labores para enfrentar la emergencia del Covid quedarían en alrededor de 100 000 millones de pesos. Sin embargo, los propios Precriterios para 2021 muestran que la asignación de esos recursos está pensada para otras tareas, empezando por mayores medidas de apoyo a Pemex, así como la suficiencia presupuestaria para los programas sociales de transferencias directas y los proyectos de inversión insignia de la administración federal.

El día de hoy, el presidente confirmó esta noticia. Al menos 65 000 millones de pesos se destinarán a Pemex por medio de una reducción adicional de su carga fiscal y se adelantará el pago de las pensiones para adultos mayores y algunas becas para beneficiarios en condiciones de pobreza. Además, ante la emergencia se redobló la apuesta: se dotará de recursos suficientes a los grandes proyectos de infraestructura, cuya rentabilidad económica es cuestionable, como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Aeropuerto de Santa Lucía.

Asimismo, se anunció la disponibilidad de créditos a la vivienda y de nómina para los trabajadores del gobierno. También, programas que contemplan dos millones 100 000 créditos personales y de vivienda para pequeñas empresas familiares de los sectores formal e informal. De estos últimos desconocemos montos, mecanismos de identificación de beneficiarios y, por supuesto, en qué condiciones de tasa y plazo se otorgarán.

La respuesta es por demás insuficiente. Resulta casi imposible que una fracción importante de los recursos de los fideicomisos tenga como destino directo un programa de apoyo fiscal diseñado específicamente para atender la emergencia del Covid-19. Pareciera que las autoridades esperan ganar algo de tiempo para cuantificar el impacto económico que tendrá esta emergencia, pero está claro que los efectos negativos seguirán incrementándose en las próximas semanas, por lo que el tamaño de la respuesta necesaria tan solo incrementará. Quizá por ello, sigue siendo clave preguntarse, ¿qué otros ahorros existen en el sector público que podrían aparecer cuando las necesidades de recursos apremien aún más?

Para tener una idea de lo que podría seguir, antes de pasar a las medidas que realmente se requieren, enumero lo que se ha divulgado en medios de comunicación o ha sido comentados por las autoridades: a) las disponibilidades de la Tesorería; b) las reservas del IMSS e ISSSTE; c) mayores créditos de la Banca de Desarrollo, o d) el propio capital de la Banca de Desarrollo. Lo crucial es que el uso de estos recursos tiene consecuencias graves en todos los casos.

Con respecto a las disponibilidades de la Tesorería, debe aclararse que la Secretaría de Hacienda reporta el ingreso en flujo y el gasto en términos devengados, es decir gastos registrados en el periodo pero no necesariamente pagados en el mismo. Esto genera “excedentes” en flujo que se acumulan en la Tesorería pero en total, durante el año, no representan mayores ingresos frente a los gastos generados. Como ejemplo, el año pasado se usaron estos recursos para financiar la operación de manejo de los pasivos de Pemex, sin embargo, hacia el cierre del año, estos recursos, que se reflejaron como menores ingresos, se compensaron con el uso de 125 000 millones de pesos del FEIP.

Sobre las reservas del IMSS y el ISSSTE, a las que se refirió el secretario de Hacienda en su conferencia de prensa hace un par de semanas, su uso parece aún más peligroso cuando el origen de la emergencia es sanitario. Desproteger de esta forma a las instituciones de seguridad social suena draconiano frente a esa realidad.

Acerca de las alternativas que provee la Banca de Desarrollo, existen dos vías. Una se refiere a una provisión extensa de crédito; otra, a la disposición del capital de los propios bancos. En el primer caso se han comentados diversas cifras, inclusive los créditos de los que habló hoy el presidente para los sectores productivos podrían provenir de esta fuente. Sin duda, estos sí serían recursos nuevos pero, como mencioné antes, quedan pendientes las condiciones de tasa y asignación. En segundo término, está el capital de los bancos de desarrollo. Aún es incierto el mecanismo (una opción sería por medio de aprovechamientos) que habrá de usarse para disponer de estos recursos, muchos de los cuales no se pueden hacer líquidos de forma inmediata, pero el monto podría ascender hasta 700 000 millones de pesos, con claras repercusiones en el apalancamiento de los bancos públicos, esto es, el saldo de su deuda por cada peso de capital.

La idea de no contratar deuda adicional, que fue el eje del anuncio que vimos hoy, seguirá alimentando las discusiones públicas en las siguientes semanas. Sin embargo, la manera en que se mide la deuda en México también muestra que las nociones sobre ésta se encuentran distorsionadas. Como referencia, usaré la medida más amplia de deuda que comenté previamente, que se calcula restando el valor de los activos financieros al valor de la deuda total. Así, en términos contables es equivalente adquirir nueva deuda de mercado que reducir los activos. De ahí, parte del deterioro que espera Hacienda en los Precriterios, donde se anticipa un incremento de la deuda pública al 52 % del PIB… por ahora.

Está claro que las sorpresas continuarán, en especial a medida que los efectos de contención ante el contagio del Covid-19 tengan un impacto más severo sobre la actividad económica, el empleo y las posibilidades de ver una recuperación acelerada de esta crisis. Entonces será crítico tener acciones coordinadas de las autoridades fiscales y monetarias, que sería lo más positivo por los riesgos que se avecinan.

Las alternativas sobre este último punto se multiplican, sobre todo si se consideran operaciones en los mercados financieros, no solo para la deuda pública sino también para la deuda corporativa. En todo caso, a medida que la respuesta fiscal sea insuficiente, la posibilidad de que las autoridades monetarias deban explorar “aguas desconocidas” será mayor. En el fondo, es alarmante que, ante una situación de vida o muerte, se transmita la idea de que únicamente las autoridades continuarán con reglas discrecionales e insuficientes para canalizar recursos que den soporte a la economía. Después de este discurso, donde la mayoría debe “rascarse con sus propias uñas”, las consecuencias sobre la actividad económica serán más severas si el eje rector continúa siendo la austeridad en un entorno de contracción de la economía. Las implicaciones obvias sobre las primas de riesgo del país serán inevitables, como ineludible será el impacto sobre el tipo de cambio y las tasas de interés, que dinamitarán eventualmente el proyecto de que la deuda no se incremente “cueste lo que cueste”. Y sí, vaya que el endeudamiento costará aún más.

 

Víctor Gómez Ayala
El autor es Subdirector de Análisis Económico en Finamex Casa de Bolsa, donde se especializa en análisis de política fiscal y energética. Desde hace 5 años es profesor de macroeconomía avanzada en el ITAM.


1 Su saldo se actualiza trimestralmente en los informes de finanzas públicas que la Secretaría de Hacienda entrega al Congreso de la Unión.

 

5 comentarios en “A México le costará más “no endeudarse”

  1. Me parece excelente el artículo, se explica de manera muy clara y lógica la urgente necesidad de implementar una política fiscal expansiva agresiva. Me parece que la evidencia de que este tipo de políticas funciona en tiempos de recesión es muy clara, basta con voltear a ver qué están haciendo otros países (Como Japón que hoy anuncio un programa muy agresivo). Queda clara la falta de sensibilidad y comprensión del entorno económico que se nos avecina muy pronto.

  2. Sin duda, toca las fibras sensibles de la política fiscal, misma que el gobierno no entiende. Solo hay que ver lo que otros países estan haciendo para darse cuenta que aqui el gobierno se equivoca En la emergencia se requiere una decision firme y pronta para acelerar el gasto y defender los empleos productivos y las fuentes de trabajo