Reflexionar sobre la crisis que se desenvuelve frente a nuestros ojos se vuelve cada día más difícil por al menos dos motivos: por una parte, la incertidumbre y el ritmo vertiginoso del avance del Covid-19 a nivel global hace difícil saber qué esperar de siquiera las próximas horas; por la otra, debido a que la creciente globalización e interconexión que habíamos vivido hasta hace unas semanas nos dejó como consecuencia que podamos saber, en tiempo real, lo que se hace y deja de hacer en otras latitudes.

Esto incluye las asimétricas respuestas de los gobiernos del mundo a la pandemia. Desde Europa occidental, que activa sus estados de bienestar para garantizar redes nacionales de protección social para personas y empresas; hasta América Latina, que debe sortear la ola con millones de personas sumidas en la pobreza y/o la informalidad laboral —entendida como la falta de seguridad social y no por su situación fiscal.

Dentro de este contexto se debe leer la declaratoria de emergencia sanitaria nacional que anunció ayer el gobierno federal mexicano y que está en vigor a partir del pasado lunes 30 de marzo. Ésta incluye, a grandes rasgos, la suspensión inmediata de actividades no esenciales, el resguardo domiciliario durante todo el mes de abril, y el posible regreso escalonado y regionalizado a actividades cuando indiquen las autoridades sanitarias.

Por un lado, se reconoce que aumenten las medidas de contención y se dé un verdadero sentido de urgencia a esta crisis global, especialmente a la luz de la carga que seguramente representará para nuestros sistemas de salud si se mantiene la tendencia actual de contagios; esto a pesar de la omisión deliberada del presidente durante semanas de dar la justa y más que necesaria dimensión a la emergencia que enfrentamos. Además, debe destacarse el compromiso discursivo mostrado hacia el estricto apego a los derechos humanos, llamando en distintas ocasiones durante los últimos días a no hacer uso del estado de excepción, como se ha reclamado en distintas ocasiones por periodistas y líderes de opinión en distintos espacios.

Para muestra de las implicaciones de esta decisión, basta voltear a ver lo ocurrido en Hungría. El parlamento húngaro aprobó una ley que autoriza al primer ministro de ultraderecha, Viktor Orbán, alargar el estado de alarma –que le permite gobernar por decreto, con poderes extraordinarios y sin límite temporal– de manera indefinida, atacando así aspectos fundamentales del Estado de derecho con una postura autoritaria. Un estado de excepción en México abriría la puerta, además, a la libre actuación de las fuerzas armadas, principales responsables de violaciones a derechos humanos entre 2007 y 2017, según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Por el otro lado, resulta notorio el retraso en el anuncio de medidas fiscales federales de emergencia para hacer frente a las implicaciones económicas y sociales de la respuesta al avance del Covid-19. La ausencia de acciones firmes del estado mexicano en materia fiscal puede tener consecuencias inmediatas para la economía y la sociedad mexicanas; especialmente para la población más vulnerable del país y para las micro, pequeñas y medianas empresas, en un entorno de baja demanda y de baja liquidez para hacer frente a sus obligaciones de manera inmediata.

Ilustración: Víctor Solís

En este sentido, el principal reto que tiene el gobierno federal es el costo de un paquete de medidas contracíclicas como tal, especialmente ante el cada vez menor margen de maniobra con que cuentan las finanzas públicas federales desde hace años para el gobierno pueda realizar sus políticas públicas. Dicho margen, conocido como espacio fiscal, pasó de 6.6 % del PIB en 2016 a apenas 2.4 % en 2020, especialmente por la caída de los ingresos públicos y por el crecimiento del monto destinado al pago de pensiones; consecuencia directa de unos muy bajos ingresos públicos, gracias sobre todo al actual arreglo fiscal del país.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) publicó hace unos días un reporte donde estima el costo de un paquete mínimo de seis políticas contracíclicas de corto plazo para enfrentar esta coyuntura, cuyo costo total se encontraría entre el 1.3 y el 2.2 % del PIB,1 dependiendo del nivel de cobertura de las transferencias monetarias para las personas mayores de 18 años incluidas en esta propuesta. Aunque este paquete permitiría al gobierno mexicano maniobrar en medio del primer golpe de la tormenta, a costa de retroceder megaproyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, podría resultar insuficiente si la crisis se extiende por meses.

Esto obliga al gobierno federal a plantearse como alternativa la contratación de deuda pública para poder contar con la liquidez suficiente para hacer frente a la emergencia, aún en un escenario desfavorecedor para las condiciones de pago de una nueva obligación. Sin embargo, López Obrador ha descartado esta posibilidad desde una postura arraigada en la ortodoxia económica. Mantener esta postura podría tener como consecuencia directa que, aunque el gobierno federal responda en las calles con estricto apego a los derechos humanos, millones de familias en lo privado no tengan acceso al ejercicio efectivo de derechos debido a la falta de ingresos para poder cubrir necesidades básicas como la alimentación o la vivienda; sobre todo ante la posibilidad cada vez mayor del resguardo domiciliario para hogares que no se lo pueden permitir por (sobre)vivir al día.

Pero no debemos olvidar el papel central que jugarán los gobiernos estatales y municipales en la respuesta a esta crisis, sobre todo por la diversidad de contextos locales en que se desenvuelve esta pandemia. Una respuesta adecuada por parte de las autoridades debe iniciar con la capacidad y voluntad de los gobiernos locales. Sin embargo, su margen de maniobra se encuentra fuertemente restringido por sus débiles finanzas públicas. Años de omisión y renuncia a la recaudación local tuvieron como consecuencia gobiernos locales con baja capacidad institucional, altamente dependientes de las participaciones y aportaciones federales. Hoy en día, los gobiernos estatales que cuentan con mayor autonomía política para activar planes adecuados de emergencia son aquellos que cuentan mayor autonomía presupuestaria, como ocurre en la Ciudad de México.

Sin embargo, sea cual sea el plan de acción elegido, la respuesta de los gobiernos en todos los niveles deberá acompañarse de un principio de máxima transparencia en el uso de recursos públicos, especialmente en un caso de emergencia como el que enfrentamos hoy. El breve margen de maniobra con que cuentan tanto el Ejecutivo federal como los subnacionales obliga a que el uso de los recursos públicos se haga de manera adecuada y efectiva, y la vigilancia ciudadana será crucial para que esto ocurra. Un mal uso de los recursos públicos en esta coyuntura no sólo implica derroches innecesarios en tiempos de escasez, sino que podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas.

Sin duda, la crisis actual pone de manifiesto, hoy más que nunca, la debilidad estructural del Estado mexicano, especialmente para responder a contingencias. En esta era de la inmediatez, el recordatorio por medio de las redes sociales de que otras respuestas son posibles presenta un reto para nuestro gobierno de estar a la altura de las circunstancias que enfrentará en los próximos meses; pero también un grave recordatorio para nuestra sociedad de que la actual baja capacidad de actuación de nuestros gobiernos fue, es y seguirá siendo una decisión política. Esperemos que no se nos olvide una vez que esta tormenta pase, porque pasará.

 

Carlos Brown Solà
Economista e internacionalista


1 Entre 349,000 y 581,000 millones de pesos, aproximadamente.

 

Un comentario en “Se busca plan para la crisis

  1. Coincido plenamente que las decisiones que el gobierno está (o no está) tomando tienen un interés político más que realmente resolver el problema. El presidente (así con minúsculas) no tiene en su cabeza otro interés que seguir adelante con sus proyectos patito que mucho le cuestan al pueblo mexicano, que dice defender, y que a la larga resultarán inútiles, pero con un alto costo ambiental y económico. La actual crisis médica y económica, pone de manifiesto cuáles son los verdaderos intereses del señor. Primero quiere, a través de dádivas (asistencialismo), mantener su sector duro que lo apoya, incluso con miras a una reelección aunque el diga que no, segundo tener los recursos, caiga quien caiga, para sus proyectos patitos, no importa el colapso de las empresas, que afectarán obviamente, a una ingente cantidad de trabajadores que serán lanzados a la calle, aumentando el desempleo, bajando el consumo, etc. Este es un gobierno de decisiones políticas muy definidas pero acciones muy erráticas, con malas señales a la inversión y poco interés real en las personas.