El 29 de enero de este año, el presidente López Obrador anunció en su conferencia matutina la creación de un gabinete para el fomento de inversiones y crecimiento económico. Dicha propuesta evidenciaba la dificultad por la que pasaba el gobierno federal para impulsar la inversión privada debido a la creciente desconfianza generada en el sector privado a raíz de decisiones como la cancelación del Aeropuerto de Texcoco o la amenaza de cancelar contratos multimillonarios en el sector energético, como lo ocurrido con los gasoductos y la Comisión Federal de Electricidad.

AMLO puso a su Jefe de la Oficina Presidencial, Alfonso Romo, como encargado de dicho gabinete, quien tenía nuevamente la difícil tarea de reconciliar intereses empresariales con los del presidente y, a la vez, generar confianza para que los empresarios invirtieran en los grandes proyectos económicos del país. De acuerdo con Romo, la encomienda de AMLO para ese gabinete fue “crear entusiasmo” para que el país se convirtiera en ese “paraíso de la inversión del que siempre han hablado”. Anunció además un plan de inversión de la iniciativa privada dirigido al sector energético, el cual constaba de 137 proyectos por un monto total de 90 millones de dólares. La mayoría de los medios tomaron esta noticia con alivio, esperando que fuera señal de que AMLO había reconocido la necesidad de generar confianza, crecimiento y estabilidad en la economía.

En la misma conferencia del 29 de enero, cuando le cuestionaron por qué seguirían en pie ciertos contratos entre el sector privado y Pemex a pesar de supuestas irregularidades, el presidente respondió con un tono conciliatorio: “porque no queremos generar ningún tipo de confrontación. Nos importa mucho que haya confianza, no queremos pleito (…) Imagínense los periódicos especializados en finanzas a nivel internacional: ‘No hay confianza en México, no se respetan los acuerdos’. No queremos eso. Entonces, hay facilidades para la inversión particular”.

¿Era este entonces el “golpe de timón” de AMLO que tanto habían pedido analistas financieros y económicos para corregir el rumbo de la economía nacional? ¿Podíamos hablar de un nuevo comienzo del gobierno federal en consecución de la certidumbre y crecimiento económicos? Desafortunadamente, no tuvo que pasar mucho tiempo (poco más de un mes) para regresar a las arenas movedizas de la incertidumbre económica. La reincidencia del gobierno federal en señales y decisiones erráticas para la economía nacional ocurrió además mientras se extiende lo que parece ser la peor crisis económica desde la Gran Depresión de 1929.

Ilustración: Patricio Betteo

Así, el 3 de marzo, AMLO anunció que pondría a “consulta popular” uno de los proyectos de inversión extranjera de mayor cuantía a nivel nacional: la construcción de una planta cervecera en Mexicali a cargo de Constellation Brands, proyecto valorado en 1 400 millones de dólares. Dicho proyecto obtuvo resistencia por parte de algunas organizaciones de la sociedad civil debido a la supuesta amenaza o compromiso que representaba respecto a los recursos hídricos de Mexicali. El tono mesurado y prudente en torno al clima financiero internacional resaltado en párrafos anteriores desapareció entonces en la conferencia del 3 de marzo: “Nos mandan a decir hasta de la Embajada de Estados Unidos (…) que si se lleva a cabo la consulta va a quedar muy mal el país. ¡No! Si ya fue una decisión de una autoridad, se lleva a cabo la consulta”, comentó el presidente para después agregar solamente que la empresa ya llevaba “un avance” en el proyecto. Omitió, sin embargo, que ese “avance” rondaba el 70 % de construcción de la planta cervecera, representando cerca de 900 millones de dólares invertidos –es decir, diez veces lo que había contemplado a finales de enero el llamado “gabinete económico” en el plan de inversión de la IP para reactivar el sector energético.

Finalmente, el lunes 23 de marzo el gobierno federal anunció que la “consulta popular” decidió rechazar el proyecto cervecero de Constellation Brands. Y se hace aquí el entrecomillado de “consulta popular” porque, al igual que la consulta sobre el Aeropuerto de Texcoco o el Tren Maya, la consulta se realizó sin ningún fundamento jurídico, desatendiendo por completo los requisitos y lineamientos de las leyes y tratados en la materia que sí contemplan la figura de “consulta popular” o “consulta previa” como tal. Ahora bien, antes de la consulta, poco hizo el gobierno federal por difundir a la ciudadanía de Mexicali que dicho proyecto había sido respaldado por estudios técnicos y ambientales, a cargo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y del Colegio de la Frontera Norte (COLEF). De acuerdo con el informe del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la planta cervecera solamente utilizaría 0.2 % del agua de la localidad, la cual sería además tratada y devuelta para utilizar en el riego de actividades agrícolas de la localidad.

En resumidas cuentas, con base en una consulta improvisada, sin fundamento jurídico alguno, con información manipulada y con la participación de apenas el 4.6 % del padrón electoral de Mexicali, se echó abajó un proyecto de inversión de 1,400 millones de dólares que llevaba ya el 70 % de avance, cuya construcción había iniciado en 2016 con todos los permisos, tanto federales como estatales, en regla. Algo así como si el gobierno federal hubiera gritado a los cuatro vientos: “Estado de derecho, hazte a un lado”.

“La señal que manda México al mundo”, declaró Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, “es que aquí no se respeta la ley, y que no existe garantía alguna para quienes busquen invertir, generar empleo y desarrollo en nuestro país”, puntualizando además que el gobierno terminaría pagando al menos 900 millones de dólares a la empresa ante una demanda inminente por daños y perjuicios bajo el amparo del capítulo 11 del TLCAN (o su sucesor, TMEC) sobre inversión extranjera. Enrique Rovirosa, del Colegio de Economistas de Mexicali, calculó en cambio que el monto por daños y perjuicios pudiera ascender hasta 3,500 millones de dólares. Ello si se contemplan propiamente los perjuicios —es decir, las ganancias que Constellation Brands dejó de percibir, tomando en cuenta que la reubicación y consecuente construcción de otra planta le tomaría al menos otros cuatro años.

Aparte del monto exorbitante que tendría que devolver el gobierno federal, se tiene el impacto y menoscabo directo en la economía de Mexicali y del país. De acuerdo con el análisis de impacto económico realizado por el COLEF, la cancelación del proyecto cervecero representa una pérdida aproximada de 5 068 empleos en el estado de Baja California y de 7 383 empleos indirectos en el resto del país en lo que terminaba la Fase de Construcción de la planta, es decir, hasta 2021. Ya en fase de operación, se estaría dejando de producir anualmente 386 millones de dólares de actividad económica, 36.5 millones de dólares de ingresos laborales a hogares de Baja California y 4.7 millones de dólares de ingresos fiscales a nivel estatal; mientras que a nivel nacional se dejaría de generar una producción agregada de 230.4 millones de dólares anuales, 3 291 puestos de trabajos, 25.9 millones de dólares anuales en ingresos laborales y 2.3 millones de dólares anuales en recaudación de impuestos.

Y, claro, vivimos en un mundo cada vez más interdependiente, donde este tipo de señales son recogidas de inmediato por el sistema económico internacional. Dos días después de la decisión del gobierno federal sobre la consulta, Standard and Poors bajó el nivel crediticio de México de BBB+ a BBB en moneda extranjera y de A+ a BBB+ en moneda local, pasando además de una perspectiva “positiva” a una “negativa” para el país. La calificadora realizó dicha baja del nivel crediticio de México a raíz de la crisis internacional del Covid-19, la caída de precios petroleros y la desconfianza generada en inversionistas, enfatizando que “una manera de revertir esta situación es que el Gobierno tenga una política económica que aliente la confianza de los inversionistas”. En paralelo, J.P. Morgan pronosticó una contracción del 35.5 % de la economía mexicana para el segundo trimestre del año y de -7 % anual, tasas que han evocado ya la crisis del “efecto tequila” de 1994.

Esta decisión de parte del gobierno federal ha llegado entonces en el peor de los momentos, ya que la crisis del Covid-19 apunta a superar los efectos negativos experimentados por la recesión económica de 2008 a nivel mundial. Esa Gran Recesión de 2008, no obstante, sirvió de lección para los gobiernos y bancos centrales de países como Estados Unidos o de la propia Unión Europea, quienes ahora no han dudado en poner en marcha políticas fiscales y monetarias agresivas con el objetivo de amortiguar el impacto negativo en sus economías. En México, en cambio, implementar políticas fiscales y monetarias expansivas para dar respuesta a la actual crisis se dificulta cada vez más considerando las crecientes restricciones al acceso a financiamientos sostenibles debido al bajo nivel crediticio de nuestro país. De igual forma, la proyección financiera de México a nivel internacional, junto con su capacidad de respuesta a la crisis, se agravan considerablemente si se continúan cancelando arbitrariamente grandes proyectos de inversión como el de Constellation Brands.

Si de algo puede servirnos la historia respecto a la tortuosa trayectoria de nuestro desarrollo económico, es que los casos de grandes transformaciones económicas, desde Inglaterra y Estados Unidos hasta los más recientes de Corea del Sur y China, se han dado cuando sector público y privado trabajan de la mano en lo que Peter Evans llamó “proyectos conjuntos de transformación”.1 En dichas transformaciones, uno de los principales ingredientes que aporta el gobierno es el de otorgar certeza y confianza a empresas privadas, conscientes de que tanto la inversión como la producción dependen fundamentalmente de la cooperación con el sector privado. Como dicen en inglés, “it takes two to tango” —se necesitan a dos para bailar el tango. Si queremos abatir nuestra histórica desigualdad socioeconómica, un persistente estancamiento productivo y una crisis económicos en puerta, lo mismo aplica. Sector público y privado deben trabajar de la mano con espíritu cooperativo. Esperemos que los efectos generados a nivel internacional por la crisis económica sean, ahora sí, esa señal de alerta para nuestro gobierno federal. 

 

Walid Tijerina
Doctor en Ciencia Política por la Universidad de York, Inglaterra, y profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León.


1 Peter Evans (1995). Embedded Autonomy. Princeton University Press.

 

Un comentario en “La constelación de la incertidumbre

  1. Excelente y conmovedor artículo del Dr.Tojerina. Solo una duda: Sabría REALMENTE el Dr Tojerina porque la férrea oposición de la gente de Mexicali? No sería porque los permisos De los niveles de gobierno fueron otorgados por CORRUPCION? Sabrá el autor lo que es la falta de agua viviendo a cerca de 50 grados C de temperatura?
    Le dejo las preguntas al aire, mismas que debió investigar sus respuestas antes de culpar al Sr. Presidente actual.