Mónica y Gabriela son dos hermanas de poco más de 40 años que viven con sus padres en una colonia ubicada sobre las faldas de la Sierra de Santa Catarina, en la parte oriente de la delegación Iztapalapa.1 Residen ahí desde que tienen uso de razón. Han visto el área poblarse, despoblarse y volverse a poblar, conforme la relación entre la periferia y el centro de la ciudad cambia y la situación económica de las familias mejora o empeora. Mónica es soltera; Gabriela tiene un hijo pequeño que también vive con la familia.

El padre y la madre, ambos alrededor de los 70 años, reúnen un amplio catálogo de problemas de salud: diabetes, ceguera, problemas cardiovasculares, hipertensión, malestar en articulaciones, pérdida de piezas dentales, entre otros padecimientos a los que se suma la depresión y la tristeza que vienen con el deterioro físico y la pérdida de autonomía.

A diferencia del 17.7 % de las personas adultas mayores del país, el padre cuenta con acceso a seguridad social, que hace extensiva a la madre. El abuelo, además, recibe una pensión contributiva, como sólo tres de cada 10 personas mayores de 65 años. Dada su mala salud, el acceso a este tipo de servicios ha sido fundamental para la atención de sus padecimientos, lo que sólo hace más evidente la gravedad de que poco menos de 60 % de la población (71 millones de personas) carezca de seguridad social.

Sin embargo, las deficiencias de estos servicios no han evitado que recurran a médicos privados o que deban conseguir medicamentos por su parte. Tampoco, por supuesto, ha reducido el trabajo de cuidados que realizan sus hijas, responsables directas de la salud física y mental de sus padres. Ellas reciben las instrucciones de los médicos, son ellas quienes gestionan sus crisis y malestares, y son ellas también quienes reciben regaños institucionales y familiares cuando una nueva recaída se presenta.

A pesar de que Mónica y Gabriela han intentado tener vidas independientes fuera del hogar paterno, tal y como sus hermanos varones han hecho, las circunstancias las han obligado a permanecer al lado de sus padres, quienes cada día dependen un poco más de ellas para sobrevivir en un entorno urbano hostil, con servicios básicos de mala calidad e infraestructura urbana deficiente que complican enormemente su movilidad y la accesibilidad a bienes y servicios cotidianos.

Entre el cuidado a sus padres y a su hijo, Gabriela no tiene tiempo para buscar el trabajo remunerado que tanto desea para no depender de la magra pensión del abuelo y del dinero que ocasionalmente aportan sus hermanos. Mónica, por su parte, ha tenido que dejar de trabajar de manera remunerada para apoyar el intensivo trabajo de cuidados familiares y atender sus propias enfermedades crónicas e incapacitantes. Afortunadamente tiene algunos ahorros, pero no seguridad social.

Ilustración: Kathia Recio

Efectivamente, la dificultad para mantener un trabajo remunerado frente a la sobrecarga de tareas domésticas y de cuidados, es una de las razones por las que la tasa de participación económica femenina, aunque aumenta, sigue siendo notablemente más baja que la de los varones (52.0 % y 82.8 %, respectivamente en 2018) y lo es más entre mujeres que viven en pobreza (47.4 %, contra 55.0 % de las mujeres no pobres en el mismo año).

Ambas están agotadas; se apoyan mutuamente, pero se sienten rebasadas. Tienen que sumar a sus trabajos la tarea de mantener un delicado equilibrio emocional entre ellas. Saben que si lo rompen estarán perdidas. En sus reflexiones se mezclan la satisfacción por apoyar a sus padres, la resignación frente a un estado de las cosas que no pueden cambiar y la angustia por lo que depare el futuro.

La situación de Mónica y Gabriela no es anecdótica. Es la apabullante realidad de millones de mujeres en un país en el que el envejecimiento demográfico avanza entre la pobreza, la enfermedad y la inseguridad. Cuando señalo que “las circunstancias han obligado” a este par de hermanas a hacerse cargo de todo el trabajo doméstico y de cuidados, al punto de ver seriamente limitados sus márgenes de independencia y autonomía, no describo un estado natural de las cosas, sino una forma de organización social que no existe como existen el día y la noche, sino que es el producto de arreglos sociales, funcionales para unos y extremadamente injustos para otras.

La división sexual del trabajo no es resultado del azar ni de una mística del afecto que dote a las mujeres de una vocación amorosa extraordinaria, mientras condena a los hombres a una curiosa forma de “desprendimiento” de responsabilidades afectivas. Por el contrario, se trata de una construcción social —es decir, creada por personas vinculadas a través de complejas relaciones de poder— que no sólo reparte inequitativamente a hombres y mujeres entre el espacio público y privado, sino que también asigna valores y recompensas distintas a cada uno.

Como otros trabajos, el que se realiza en el espacio doméstico consiste en transferir el producto del esfuerzo de una persona en beneficio de otra, lo que frecuentemente redunda en la concentración de recursos y poder en la parte receptora, y en la pérdida de control y autonomía en quien realiza el trabajo. De acuerdo con la politóloga estadounidense Iris Young, ésta es la definición de la explotación, una forma de opresión que, en el caso de las mujeres, no se limita a los productos materiales del trabajo, sino que abarca todo un conjunto de tareas sexuales y afectivas cuya distribución no sólo beneficia desproporcionadamente a los varones, sino que les habilita física, mental y emocionalmente para mantener sus privilegios.2

Sabemos que al presidente le preocupa la moral del pueblo. Pero sus esfuerzos, aunque bien intencionados, son absolutamente contraproducentes. Anclar el trabajo de cuidados a una moral y emocionalidad dominantes, impide que los cuidados sean reconocidos como trabajo en su sentido de auténtica producción económica, una tarea que ha congregado durante décadas los esfuerzos de mujeres comprometidas y brillantes, que saben que esta falta de reconocimiento dificulta que se asigne a estas tareas el valor que merecen y minimiza el esfuerzo intelectual y emocional que demandan.

Más aún, enmarcarlos en el afecto y la generosidad pasa por alto que estos trabajos requieren de recursos monetarios, materiales y físicos y que, por lo tanto, mientras esos recursos estén distribuidos de manera desigual e injusta entre la sociedad, la capacidad para cuidar también lo estará. Es precisamente en esta cuarteadura del sistema, en la desigualdad brutal que nos caracteriza, que la seguridad social, en tanto sistema institucionalizado de protección, cobra una relevancia fundamental.

Las transferencias contributivas —incluso las no contributivas, si nos permitimos cierta flexibilidad—, el acceso a instituciones de salud, las prestaciones laborales, entre otros, existen no sólo para enfrentar los riesgos inherentes a vivir, sino también para redistribuir bienes y servicios necesarios en distintas etapas de la vida que, en una sociedad estratificada, se transitan con recursos distintos. La función de la seguridad social es ésa: repartir los dividendos del trabajo, tendiendo puentes de solidaridad entre personas y actores colectivos que construyan, juntos, una red de protección sostenida por los marcos normativos del Estado, sí, el máximo garante de los derechos de la población.

La familia no es más importante que el IMSS o el ISSSTE, como se nos indicó en la conferencia matutina. No es más importante que el sistema educativo, el de salud o el financiero. Y no es que no lo sea porque su función es menos relevante, sino porque no puede, no ha podido y no podrá sustituir las funciones de aquellos. No le corresponden.

El argumento de la familia como su propia institución de seguridad social suena bien, nos hace ver fraternos, generosos. Y tiene un correlato de verdad, a no dudarlo. Frente a las crisis la familia suele abrir los brazos y brindar apoyo. Varios procesos sociales complejos como la movilidad social, la urbanización o las migraciones, están anclados en los vínculos familiares. La sociología y la antropología han mostrado que por las redes de apoyo familiar circulan afecto, bienes, servicios, dinero, favores e información que promueven el bienestar de las personas. Pero también han mostrado que el éxito de estos procesos nunca ha dependido enteramente de la familia, sino de su capacidad para movilizar sus recursos en el entorno social, económico e institucional con el que interactúa.3

En este sentido, muchas familias —porque no es una, sino muchas, con muy diferentes características y dinámicas— encuentran crecientes dificultades para persistir como un proyecto que permita que sus miembros florezcan y no sólo sobrevivan. Y estas dificultades tienen menos que ver con la decadencia moral que supone el presidente, que con la desigualdad, la violencia y la intensificación de la precariedad. Los pactos están llegando al límite, las redes de la solidaridad se han tensado al máximo y los flujos de la reciprocidad están obstruidos. El aislamiento físico que la pandemia nos demanda hoy se montará necesariamente sobre el aislamiento social en el que ya se encontraban muchas personas que se han retirado gradualmente del espacio social porque no tienen recursos para participar en el intercambio, núcleo duro de las sociedades.4

Se ha dicho que el presidente sólo describió el estado de las cosas. Pero describir un orden injusto sin adjetivarlo y combatirlo es prescribirlo. Otras decisiones del presidente han apuntado hacia el mismo sentido: desplazar la respuesta institucional hacia las familias y, entre ellas, las mujeres. Si el cuidado es un espacio de amor y generosidad —y también lo es—, ¿por qué ser ambiguos?, ¿por qué “desprenderse” de la responsabilidad moral de reorganizarlo, no sólo entre hombres y mujeres, sino entre la familia y las instituciones? El verdadero reconocimiento no son las gracias, es la redistribución.

 

Paloma Villagómez Ornelas


1 Estudio de caso retomado de mi tesis doctoral. La información es verídica, pero los nombres ficticios.

2 Young, Iris. (2011). Justice and the politics of difference. Princeton University Press.

3 Ver los estudios de Mercedes González de la Rocha, Elizabeth Jelin, Lucía Bazán, Caroline Moser, Rubén Kaztman, Fernando Filgueira, Marina Ariza y Orlandina de Oliveira, Francisca Márquez, entre otras.

4 Se recomienda la lectura de las investigaciones para el caso latinoamericano de Mercedes González de la Rocha, Cristina Bayón, Gonzalo Saraví, Orlandina de Oliveira, Minor Mora, entre otros.

 

Un comentario en “Cuidados e instituciones: historia de un desprendimiento

  1. Excelente resumen del caso y de su ubicación dentro del entorno socioeconómico mexicano, citas muy pertinentes. La felicito por su contribución, pues con brevedad trata a profundidad un tema de la mayor importancia para los derroteros de la vida familiar y para entender los fundamentos institucionales del bienestar. Le agradezco.