Presentamos un adelanto de Vuelta a la izquierda, la Cuarta Transformación en México (Océano, 2020), libro en el que el historiador Carlos Illades hace una revisión crítica del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.


La república plebeya

A los 100 días de gobierno la popularidad de López Obrador estaba por las nubes. Si bien variaban los números —del 67 % de Mitofsky al 86 % de Parametría—, el consenso de las encuestas era que el presidente había incrementado alrededor de 15 puntos porcentuales su índice de aprobación entre agosto de 2018 y marzo del siguiente año. Era el mandatario mejor evaluado de Latinoamérica y ocupaba el tercer sitio a escala planetaria. Que comenzara muy bien valorado no era novedad —así ocurrió con Fox y con los presidentes latinoamericanos emanados de las izquierdas emergentes—, que creciera tanto en los meses subsecuentes, sí lo era. El Financiero le otorgó un 78 % aprobación y su coordinador de encuestas no dudó en afirmar que “éste es el nivel más alto de apoyo de los últimos 30 años a un presidente mexicano en sus primeros meses de gestión”. Perplejos, los comentaristas políticos oscilaban entre vaticinar la inminente caída de la popularidad presidencial a consecuencia de su deficiente manejo de la economía, achacar aquélla a la ignorancia e insensatez de sus seguidores o bien atribuirla a la aquiescencia de una grey seducida por el Mesías.

López Obrador ganó la elección porque logró concentrar en un polo la expectativa de un electorado que quería el cambio y acaso después de tres meses más gente pensaba que efectivamente lo estaba realizando. El combate al robo de combustible, las medidas contra corrupción, el proyecto educativo y las acciones contra la pobreza eran los rubros de la agenda presidencial mejor calificados. El presidente tabasqueño contaba entonces con el respaldo de las clases populares y medias, era mejor visto por los adultos que entre los más jóvenes, mejor por los hombres que para las mujeres. De todos modos, su aprobación rebasaba la media prácticamente en todos los rubros. Y dos tercios de los encuestados reconocían que López Obrador estaba cumpliendo lo prometido en campaña, algo inédito en los usos y costumbres de los políticos mexicanos.

El nacionalismo económico, pero sobre todo las políticas sociales, apuntalaron la popularidad del presidente tabasqueño. Aquél, caballo de batalla del desarrollismo de mediados del siglo pasado, con finanzas públicas sanas y motor de un crecimiento económico sostenido. Éstas, soporte de la relativa paz social durante el “milagro mexicano”, con una redistribución del ingreso que, si bien no acababa con la pobreza, ofrecía cierto alivio a las clases populares fortaleciendo su compromiso con el régimen posrevolucionario que mal que bien hacía algo por ellas. Ambas políticas puestas en acto integraron el entorno dentro del cual López Obrador realizó su socialización política, fogueándose en el trato con las clases populares y los marginados. Eso, antes era medianamente común, actualmente suena anacrónico además de inaceptable, incluso radical para sus detractores. Sin embargo, la práctica de mirar hacia abajo, el contacto frecuente del presidente tabasqueño con los gobernados, y el diálogo informal con los subalternos fortaleció su imagen. Chilapa, Reynosa, Badiraguato e Iguala, ciudades donde los presidentes de la alternancia no se paraban, gobernadas por el crimen, recibieron con entusiasmo a López Obrador. Pancartas de bienvenida, vítores y solicitudes expresas, rubricaron el rencuentro del Ejecutivo con la gente de a pie.

Estado y mercado

El mercado es el demiurgo de la sociedad contemporánea, el sustituto de la voluntad divina de las antiguas religiones: quita y pone presidentes, decide quién gana y el que pierde en la vida, premia a los eficientes y castiga a los holgazanes, acaba con algunas especies vivientes e híbrida a otras haciéndolas más resistentes, reduce lo humano a cosas que, como tales, se compran y venden. Es tan perfecto que se autocorrige, es tan neutro que no hace distingos a la hora de emitir sus veredictos siempre justos e inapelables, es tan sabio que asigna recursos de manera acertada, es la mano invisible o fuerza oculta que remplazó a la Providencia en la moderna teología neoliberal. Para ella, el Estado está para servir al mercado, incluso a costa de los ciudadanos.

La política económica de López Obrador, basada en el nacionalismo económico de la posrevolución, no es bien vista por el capital financiero ni tampoco por las comunidades indígenas. Para aquél, el presidente tabasqueño piensa al país de manera aislada; según éste, no se hace cargo de los intereses de los pueblos originarios y de su forma de administrar los recursos naturales; también advierten el peligro de la eventual privatización de sus territorios con la llegada de la inversión estatal y privada. Poco capitalista y provinciano para el capital global; neoliberal y depredador de acuerdo con las comunidades locales que se asumen “anticapitalistas”. No se integra al flujo global de capital en un caso; subordina a los pueblos originarios a la lógica del capitalismo neoliberal, desde la segunda perspectiva. Sin embargo, contra tirios y troyanos, el 17 de marzo de 2019 López Obrador decretó en un acto público el fin de “la política neoliberal y la política económica del pillaje, antipopular y entreguista… quedan abolidas ambas cosas”.

López Obrador ha tenido algunas escaramuzas con el mercado (la cancelación del NAIM, el rescate de Pemex) de las que no sabemos si finalmente saldrá bien librado. Siempre antepuso la política a la economía, fundamentando aquélla en consideraciones morales dentro de su batida contra la corrupción. En cualquier caso, el presidente tabasqueño no rompió el equilibrio macroeconómico, ajustándose a la disciplina presupuestaria. El desorden en el gasto público, que suele atribuírsele al “populismo” latinoamericano, ha topado con la austeridad republicana pregonada por López Obrador y su manejo responsable del presupuesto, a tal grado que el primer trimestre de su administración arrojó un subejercicio. Puede no ser eficiente esta práctica, pero ciertamente no es dispendiosa, como si la fue la de sus predecesores neoliberales.

Para el nacionalismo económico de López Obrador la soberanía energética es fundamental, por tratarse de un asunto de seguridad nacional, y al mismo tiempo, porque la explotación petrolera es el puntal del programa económico de la Cuarta Transformación. Considera prioritario el presidente tabasqueño recuperar el terreno cedido a las compañías transnacionales en la explotación petrolera y, también, el procesamiento de los hidrocarburos, a fin de tener una industria integrada desde la exploración hasta la petroquímica. Esto requiere extirpar la corrupción de Pemex, inyectar recursos frescos a la empresa y hacerse de los nichos de mercado perdidos por obra de la privatización del sector energético. La tarea es titánica, y la estrategia, cuestionable. Titánica, porque la paraestatal es la petrolera más endeudada del mundo, su tecnología es obsoleta, la inversión está muy por debajo de lo indispensable y el sindicato petrolero es el epítome de la corrupción. Cuestionable, porque son insuficientes los recursos del Estado, y la alianza con las empresas transnacionales podría aportar capital y tecnología de punta para la exploración en aguas profundas, liberar fondos públicos para otros rubros básicos o bien el Estado podría invertir en energías limpias.

El rescate financiero de Pemex arrancó en febrero de 2019 con la reducción de la carga fiscal en 15 000 millones de pesos y 25 000 millones en capitalización a la paraestatal. Medidas insuficientes para que las calificadoras internacionales mejoraran la evaluación de la empresa ponderándola a la baja. El argumento de las entidades especializadas en determinar el grado de inversión de empresas y países, es decir, el riesgo que implica canalizar recursos hacia ellos (vía inversión o préstamos), consistió en decir que las acciones se quedaban cortas y básicamente eran erradas, pues al emplearse recursos presupuestarios para sanear a la petrolera estatal se debilitaban otros renglones del gasto público, y el que verdaderamente importa al capital global, la inmensa partida comprometida en saldar la deuda pública. La única opción considerada aceptable por las calificadoras era que Pemex se volviera por sí misma una empresa eficiente y rentable. De esta manera, no habría más salida que reactivar la reforma energética para remontar la caída prolongada de la producción petrolera mexicana —45.8 % en los últimos 14 años—, consecuencia de la bajísima o nula inversión en exploración en el último cuarto de siglo, así como el agotamiento de los yacimientos de la Sonda de Campeche, explotados en aquella bonanza irresponsable que únicamente se comprometió a “administrar la abundancia”.

Otra obsesión de López Obrador es refinar el petróleo para ser autosuficientes en la producción de gasolinas, dado que actualmente el país produce una cuarta parte de los hidrocarburos que consume. Con este objetivo, comprometerá recursos en modernizar seis refinerías y crear dos nuevas. Dos Bocas, junto con el Tren Maya, serán las megaobras del sexenio, ambas en el sureste. Las refinerías, proyectadas para procesar 300 000 barriles diarios de petróleo crudo en Tabasco, estima el gobierno costará 8 000 millones de dólares, aunque el cálculo extraoficial es un 50 % mayor. El presidente espera tener en operación en tres años la primera de ellas, fecha fatal en que se dejará de importar gasolina. Los cuestionamientos han sido múltiples: cuál será el costo real de la obra, considerar opciones tales como comprar pequeñas refinerías en Texas o permitir que inversores privados las construyan en México, dejar que las plantas estadounidenses procesen las gasolinas nacionales (presumiblemente a costos más bajos) o canalizar esa masa de recursos a producir las energías limpias del futuro, particularmente la solar. No obstante, al igual que con Pemex, López Obrador antepone la cuestión de la soberanía —la misma consideración hace para la electricidad o la producción de maíz— a la eficiencia económica, distanciándose de nuevo del planteamiento neoliberal.

La sagacidad política de López Obrador volvió virtud lo que inició como el yerro de un equipo inepto. Existe la presunción de que en diciembre de 2018 disminuyó drásticamente la compra de gasolinas en el mercado estadounidense con el consecuente desabasto de combustible en México. Problema al que se añadió la falla de la refinería de Salamanca, capaz de destilar 220 000 barriles de petróleo crudo, por forzarla a procesar crudo pesado sin mediarlo con el petróleo ligero de importación. Tanto la circunstancia como la preocupación que el presidente tabasqueño expresó en la campaña por el robo de combustible, al grado de anunciar que lo tipificaría como delito grave, precipitaron la guerra contra el huachicol que, pese al desbasto de combustible, contó con el apoyo de la población frente a la evidencia de que las administraciones anteriores habían ignorado el problema o carecieron del respaldo popular suficiente para tomar medidas que en lo inmediato perjudicaban a los consumidores.

Mientras la guerra al narco de Calderón fue celebrada por un segmento de la clase media, la derecha, el capital y los EEUU (un verdadero éxito de acuerdo con los despachos de la embajada estadounidense del primer año), y el “mover a México”, de Peña Nieto, sólo logró el consenso de las élites, el combate al huachicol emprendido por López Obrador era transversal, concernía a todos, de tal manera que, en cuestión de meses, la población pasó del antigobiernismo histórico a casi su opuesto, otra marca impuesta por el presidente tabasqueño. Incluso la explosión en enero de 2019 de la toma clandestina de un ducto de Pemex en el poblado de Tlahuelilpan, Hidalgo, y sus 135 víctimas fatales no menguó un ápice la popularidad de López Obrador, como tampoco ocurrió con el fallido operativo de la Marina, iniciado en marzo, para capturar a José Antonio Yépez (el Marro), jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima, asentado en el municipio de Villagrán, Guanajuato.

El nacionalismo económico del presidente tabasqueño está acompañado por el desprecio a la globalización. Sintomáticas de esto han sido sus declaraciones en el sentido de que el petróleo deberá cubrir primero las necesidades nacionales antes de exportarse. También ilustra este punto la minimización de López Obrador de las evaluaciones negativas de las calificadoras con respecto al rescate de Pemex, o la falta de una respuesta puntual de los cuestionamientos de la Asociación de Transporte Aéreo (IATA) sobre la inviabilidad del funcionamiento simultáneo de los aeropuertos Licenciado Adolfo López Mateos (Toluca), Benito Juárez (Ciudad de México) y el proyectado Felipe Ángeles en la base aérea de Santa Lucía (Zumpango). Recordemos que, desde la campaña, el político de Macuspana anunció que cancelaría el proyecto del naim sustituyéndolo con la construcción de dos pistas adicionales en la Base Aérea Militar Alfredo Lezama Álvarez. Ni entonces, ni tampoco ahora, su equipo ha realizado un estudio de factibilidad técnica con respecto de Santa Lucía, aunque el presidente tabasqueño determinó su edificación a manos del Ejército a partir de enero de 2019, institución que recibirá las ganancias que aporte la terminal aérea. Pero, más allá de la voluntad presidencial, la complicación estriba en que la iata es la referencia de las líneas aéreas en materia de aviación comercial, razón por la cual si no otorga su aprobación al proyecto aeroportuario las principales compañías aéreas del mundo simplemente no aterrizaran en el Felipe Ángeles. A esto se han agregado objeciones con respecto a la afectación de las comunidades cercanas y sobre el posible impacto ambiental.

El Tren Maya, con el que se han comprometido buena parte de los recursos ahorrados con la austeridad republicana, pretende explotar el turismo en el sureste. La obra, calculada en 8 000 millones de dólares, conectará con 1 500 kilómetros de vías férreas —nuevas o remozadas— cinco entidades federativas en las cuales hay importantes vestigios arqueológicos de los antiguos mayas. Los ambientalistas señalan que la megaobra puede afectar la biósfera y los microclimas de la región. Las comunidades neozapatistas indican que el ferrocarril es la punta de lanza del capitalismo global el cual no llevará a sus territorios más que daños, degradación y el despojo de sus tierras con los 3 millones de visitantes anuales que se estima movilizará el Tren Maya. Por esta razón, las mujeres del ezln declararon en enero de 2019 que se opondrían a este proyecto y al otro anunciado por López Obrador consistente en sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables en el sureste, además del rechazo a las mineras transnacionales, “porque constituyen una estrategia para convertir los territorios de los pueblos originarios en mercancías”.

Los reparos con respecto de las decisiones económicas de López Obrador, además de denuncias con respecto del conflicto de intereses, imposición de funcionarios e incompetencia de algunos de los miembros del gabinete del presidente tabasqueño, propiciaron la renuncia de Carlos Manuel Urzúa Macías a la cartera de Hacienda y Crédito Público en julio de 2019. Con inusual beligerancia, el secretario adujo estar convencido “de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los posibles efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o de izquierda”. En entrevistas a los medios, Urzúa Macías también señaló el voluntarismo con el que se manejaba la administración obradorista y la necesidad de realizar una reforma fiscal para enfrentar los gastos derivados de los programas sociales y del rescate de Pemex con fondos públicos. La renuncia de Urzúa fue leída por los organismos financieros internacionales como falta de consenso en el equipo de López Obrador, lo que reforzaba la incertidumbre con respecto de la perspectiva económica del país. No obstante, su relevo, Arturo Herrera Gutiérrez, calmó los mercados, apuntó la necesidad de una reforma fiscal en la segunda mitad del sexenio y aplicó algunas medidas para incentivar el crecimiento económico.

Los olvidados

La cuestión social ha estado ausente del discurso público de los últimos 25 años. Ni la tecnocracia neoliberal ni la derecha en el poder asumieron el locus específico de la izquierda. En estos años la economía creció insuficientemente y se ensanchó la brecha social de manera considerable. La condición para revertirla era la intervención estatal como agente de la redistribución del ingreso, es decir, un Estado que ejerciera sus competencias en lugar de minimizarlas. El salario mínimo en nuestro país es uno de los más raquíticos de América Latina, el lugar 19 del subcontinente y el penúltimo de abajo hacia arriba para ser precisos. A partir del 1 de enero de 2019, el salario mínimo subió un promedio del 16.21 % a nivel nacional —incremento superior al registrado en todo el sexenio de Felipe Calderón— duplicándose en la frontera norte. La medida, aprobada por los tres sectores del ramo laboral (Estado, patrones y trabajadores), se presentó como un compromiso ineludible con la justicia social y parte también de una estrategia de fortalecimiento del mercado interno. El beneficio directo será para 8 millones de trabajadores que tienen un ingreso entre uno y uno y medio salarios mínimos. A pesar del aumento, 50 millones de mexicanos reciben emolumentos inferiores al costo de la canasta básica alimentaria, lo que obliga a incrementos consecutivos y considerables en los próximos años. De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el objetivo del consenso tripartito sería alcanzar en 2021 el lugar 10 y con ello superar a Honduras, país con una emigración masiva hacia los eua, según apuntamos.

El aumento del salario mínimo en la frontera norte vino acompañado de la reducción del 50 % al Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como la disminución de un 10 % del Impuesto sobre la Renta (ISR) y la homologación del precio de los energéticos nacionales con los estadounidenses. Aparte de favorecer a los habitantes de la franja fronteriza, la medida empata con la política migratoria de López Obrador, a saber: colocar “cortinas” a lo largo del país para reducir la emigración mexicana hacia los EE. UU. En esta lógica también se inscribe la siembra extensiva de árboles maderables en el sureste en el marco del programa Sembrando Vida y, subsidiariamente, el Tren Maya. Sin discutir las múltiples implicaciones de estos proyectos, llama la atención que estén concentrados en el sureste como si ese fuera el principal foco de la emigración transnacional, y no en Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, Jalisco, Oaxaca o Guerrero, principales expulsores de migrantes hacia los EEUU.

Cuando fue jefe de gobierno del hasta hace poco Distrito Federal, López Obrador implementó un conjunto de programas sociales muy bien recibidos por la población de bajos recursos, los cuales posteriormente adoptaron los gobernantes de varias entidades de la república e incluso el gobierno federal, no sabemos si por convicción o simplemente para ganar elecciones. Madres solteras y adultos mayores fueron los beneficiarios más conocidos de esta política tildada de “asistencialista” por los opositores, quienes después se sirvieron de ella y dejaron de nombrarla así. En enero de 2019, el presidente tabasqueño puso en marcha programas sociales de alto impacto. El Valle de Chalco fue el escenario donde López Obrador presentó la pensión para adultos mayores que entregará 1 274 pesos mensuales de manera directa a personas de 68 años o más y de 65 en adelante si son indígenas, de una bolsa de 100 000 millones de pesos. Tlapa de Comonfort, en la Montaña guerrerense, constituyó el marco para anunciar una pensión de un monto idéntico para las personas con discapacidad de cualquier edad, que estima el presidente tabasqueño llegará a un millón de personas. Asimismo, López Obrador fijó precios de garantía para comprar maíz, frijol y leche a los productores agropecuarios por parte de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) creado por su administración con este fin. Banco Azteca —propiedad de Ricardo Salinas Pliego— recibió la encomienda de emitir las Tarjetas del Bienestar, a través de las cuales se canalizarán los recursos destinados a los programas sociales, en tanto el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (bansefi) se transforma en el Banco del Bienestar del Pueblo. Los beneficiarios ya bancarizados recibirán las pensiones y becas por medio de las instituciones de crédito donde sean cuentahabientes.

La política laboral de López Obrador es notoriamente distinta de la de sus antecesores. Del empeño estatal en intervenir en las negociaciones obrero-patronales, hemos pasado en pocos meses a permitir que los factores de la producción concerten entre ellos. No es una panacea, pero sí un cambio digno de tomarse en cuenta. Basta tan sólo recordar las imágenes de la Policía Federal Preventiva —si bien algunas fuentes indican que eran miembros del Ejército quienes participaron en el operativo— ocupando las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en octubre de 2009, o el desdén de la empresa de Germán Larrea con los mineros fallecidos en Pasta de Conchos tres años antes, y el nulo compromiso moral de Fox con las familias de las víctimas, para aquilatar el cambio en el mundo del trabajo.

La disparidad salarial es elevadísima en la frontera, razón por la cual desde la década de los sesenta comenzaron a instalarse maquilas en la región, con uso extensivo de mano de obra femenina y de trabajo no calificado, para abaratar los costos de producción en los eua. Una hora de trabajo en el país vecino genera un salario mayor que una jornada laboral completa de un obrero mexicano en Matamoros con condiciones laborales paupérrimas. En enero de 2019 los trabajadores de esta ciudad, agrupados en el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora (Sjiiom), demandaron un aumento salarial del 20 % además de un bono anual de 32 000 pesos. Para febrero las maquiladoras de Reynosa y Ciudad Victoria hicieron reclamos parecidos. Hubo despidos, pero en muchos casos tuvieron éxito los huelguistas. Tan es así, que obreros de otros ramos los emularon, como ocurrió con las “huelgas salvajes” realizadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, en febrero y marzo de este año. Los paristas obtuvieron 20 % de incremento salarial y un bono de 40 000 pesos.

En octubre de 2018 López Obrador declaró en Tampico que promovería una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantizara la democracia sindical, con elecciones por voto secreto, la prohibición de que los dirigentes coloquen familiares en cargos administrativos y que intervengan en la asignación de contratos. Volvió al tema el presidente tabasqueño cuando el senador Gómez Urrutia anunció en febrero del siguiente año la creación de la Confederación Sindical Internacional Democrática (CSID), planteando López Obrador que no intervendrá en la vida interna de los sindicatos, además de decirse respetuoso de la libertad de asociación y pronunciarse por la democracia gremial. La nueva central, que tiene por punta de lanza al sntmmssrm, resulta pertinente dada la bajísima tasa de sindicalización en el país —aproximadamente un 10 % de la población económicamente activa— y es también novedosa porque su naturaleza transfronteriza —la mayor densidad sindical en el país está en la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco— rompe las limitaciones nacionales del sindicalismo que suele hacerlo inoperante frente al capital global, al mismo tiempo que pone en jaque el corporativismo que es por definición estatal-nacional. Ello, claro está, no asegura que la central funcione democráticamente.

Aunque de mucho tiempo atrás se habló de modernizar la Ley Federal del Trabajo (LFT), las condiciones impuestas para la aprobación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-mec) forzaron la reforma. De hecho, los acuerdos paralelos para la firma del tlcan contenían disposiciones en materia laboral, no instrumentadas por el gobierno mexicano al no ser vinculantes. El capítulo laboral del T-mec (Anexo 23-A), de observancia obligatoria para los firmantes, quiere hacer efectivas la negociación colectiva, la libre afiliación sindical, la pluralidad de sindicatos, la elección de las dirigencias sindicales por voto personal, libre y secreto con mecanismos de verificación confiables, la transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos, y la conformación de una entidad independiente de conciliación laboral y registro de los contratos colectivos de trabajo (disponible su consulta para todos los trabajadores), además de crear tribunales laborales independientes y permitir el arbitraje a cargo de terceros. Obsequiando esas demandas, e incluyendo un apartado sobre trabajadores del hogar, la Cámara de Diputados redactó las modificaciones a la LFT en abril de 2019, sometida a revisión por parte del Senado en un periodo extraordinario de sesiones.

Recordemos que en la toma de posesión de López Obrador los representantes de 68 pueblos originarios le entregaron el bastón de mando de la Gubernatura Nacional Indígena (GNI), en el Zócalo, en una ceremonia pletórica de humo de copal, danzas, discursos, rituales religiosos y parabienes. El presidente tabasqueño dio a conocer en enero de 2019 el Programa Nacional para los Pueblos Indígenas en Oaxaca. La política pública es una suma de las anunciadas previamente —adultos mayores, discapacidad, jóvenes, apoyo al campo— con adecuaciones en favor de los indígenas a manera de acción afirmativa que les de preferencia en el acceso a los recursos, el ingreso a las nuevas universidades, que en su mayoría se instalarán en las regiones indígenas, considere edades más tempranas para los adultos mayores (indígenas y afroamexicanos), medicinas gratuitas en los servicios de salud públicos, liberación de los presos políticos y construcción de caminos de concreto con mano de obra local en los poblados donde haya alcaldías. También prometió López Obrador que aplicará en el Istmo de Tehuantepec los mismos incentivos fiscales que en la frontera norte.

Hay en el país poco más de 38 millones de jóvenes (de 12 y 29 años de edad) que representan un tercio de la población total. 9 millones de menores de 19 años no estudian, esto es, el 24 % de quienes están en edad para hacerlo. Particularmente vulnerable es esta población, presa fácil del crimen organizado el cual tiene en la mira a muchachos entre 12 y 15 años, pues están debajo de la edad penal. 3.9 millones de jóvenes ni estudian ni trabajan (los llamados ninis), indica el inegi. De los jóvenes que van a la escuela, anualmente desertan 650 000 de la educación media superior, motivo por el cual el 53 % de los adultos jóvenes (de 25 a 34 años) cuenta únicamente con una educación inferior al nivel medio superior. Sólo el 38.4 % de los jóvenes de entre 18 y 22 años realiza estudios universitarios y alrededor del 1 % concluirá un posgrado. De acuerdo con datos de la ocde, la tasa de empleo de personas con baja escolaridad es del orden del 65 %, con educación media sube al 70 %, y 80 % para quienes cuentan con educación superior (el 22 % de la población). Otro tanto ocurre con la calidad del empleo, del doble o más salario para los que disponen de un título universitario respecto de quienes únicamente acreditaron el nivel medio superior. Proporción que se cuadruplica si se posee un posgrado.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que las ocupaciones laborales asequibles para los jóvenes mexicanos son de baja productividad y valor agregado reducido, lo cual constituye un potente incentivo para intentar alcanzar la movilidad social ascendente al margen de la economía formal. En una sociedad que jerarquiza a los jóvenes con base en su origen y fenotipo, más una economía que los sitúa en los márgenes salariales y legales, la oportunidad de formar parte de un colectivo que les permita hacerse de una identidad grupal y los empodere en la comunidad no puede echarse por la borda así como así. Esta situación, aunada a la fragilidad de las instituciones y a la impunidad como parámetro de justicia, favorece a la economía criminal con su ingente demanda de brazos para su funcionamiento y la persistente renovación de las bajas humanas provocadas por la violencia consustancial a su mecanismo de funcionamiento. Dentro de una economía estancada, el capitalismo criminal ofrece el ascenso social a una juventud sin ofertas laborales dignas.

López Obrador ha enfatizado mucho la importancia de que el Estado se ocupe de los jóvenes, y ve en la educación y el trabajo posibles salidas para alejarlos de la economía criminal, de allí su conocida frase de campaña “becarios sí, sicarios no”. Cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, el político de Macuspana creó preparatorias y una universidad pública para ofrecer educación a los jóvenes rechazados de las instituciones de educación superior más acreditadas. Partía del supuesto de que los estudiantes en esta condición tenían las aptitudes básicas para ingresar a la universidad, pero la falta de espacios suficientes lo impedía. Además, y con razón, como acabamos de exponer, esa situación eventualmente podría acercarlos a la actividad criminal.

Con una bolsa aproximada de 100 000 millones de pesos, similar al programa de adultos mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro otorgará becas de un año por un monto mensual de 3 600 pesos y un seguro médico a muchachos de ambos sexos entre 18 y 29 años —franja de edad que incluye a los ninis— para que se capaciten dentro de una empresa (2.3 millones) o realicen estudios universitarios (300 mil). Esta política pública es bien intencionada y se ocupa de un segmento de la población vulnerable, sin embargo, hay dudas en cuanto a su eficacia. Se presume que la intervención para que los jóvenes no abandonen la escuela debe ser en la infancia y no cuando ya arraigaron hábitos y conductas negativas en los muchachos. Y, en lo que respecta al primer empleo, existe la preocupación de que las empresas tomen esto como un subsidio (un trabajador al que no habrán de pagarle), deshaciéndose de él al terminar el periodo de aprendizaje, pues después vendrán otros jóvenes contratados bajo el mismo esquema. De esta manera, los aprendices, si bien les va, ingresan en el mercado laboral en calidad de trabajadores precarios.

El eclipse de las élites

El statu quo posrevolucionario se configuró con base en las políticas desarrollistas en economía, el autoritarismo en la gestión pública y el corporativismo como conexión del régimen con la sociedad. Todo esto permitió el desarrollo de una burguesía nacional ligada con el Estado, el asentamiento de una burocracia política y sindical con poderes efectivos, la habilitación de ideólogos egresados de la unam, generales devenidos en políticos y caciques que dominaban regiones enteras. El movimiento de 1968 fue la falla tectónica de esa dominación consentida (por la buenas o las malas) donde el crecimiento sostenido de la economía derramaba algunos frutos hacia abajo, mientras la insolvencia financiera en el epílogo de la administración lopezportillista fue la puntilla al desarrollo estabilizador. Salvo la desafortunada frase de “Echeverría o el fascismo”, poco dijeron los intelectuales en favor de los responsables de la “docena trágica”. Vendría entonces el recambio de las élites o el reciclaje de algunos de sus miembros.

El distanciamiento de un segmento del empresariado con el gobierno de Luis Echeverría, motivado por el asesinato del magnate regiomontano Eugenio Garza Sada, se consumó con la nacionalización de la banca llevada a cabo por José López Portillo. Grotesca y dispendiosa, la administración del “último presidente de la Revolución” dio cabida a los tecnócratas que definirían el nuevo paradigma. La palabra modernización entró por la puerta grande al vocabulario público. Ésta, se pensaba, anclaría en la economía para posteriormente adentrarse en el sistema político, de acuerdo con la premisa liberal que considera la propiedad privada condición de la democracia, forma deliberativa que debería procesar los disensos surgidos en la concurrencia mercantil. Sintonizadas la economía y la política con el reloj de la globalización, tocaría el turno a otros tópicos de la realidad nacional. Pero esto simplemente no sucedió, tanto por las inconsistencias intrínsecas del proyecto, los intereses a veces incompatibles de quienes lo llevaron a cabo, como porque la incursión en la globalización desanudó fuerzas no previstas por la tentativa modernizadora. Con la guerra interna las políticas de seguridad restaron atención a los renglones pendientes o, para ser más exactos, robustecieron la colonización del capital de nuevos dominios permitida por las políticas neoextractivistas. Y la necropolítica resultó en amplias zonas del país más adecuada para distribuir el poder que una democracia cara y poco más que nominal.

La tecnocracia —formada en las universidades privadas y con posgrado en algún campus de la Ivy League— operó el proyecto modernizador, ya que la tentativa en su conjunto amalgamó a empresarios, políticos, medios de comunicación e intelectuales. Asimismo, el crimen organizado se incorporó como elemento constitutivo del nuevo bloque en el poder formado a partir de la privatización de las empresas estatales, la desregulación económica y los mercados globales (incluido el de las drogas). Los doctores relevaron a los licenciados en la gestión tecnocrática. El Estado achicó la noción de lo público, desincorporó empresas y dejó a la iniciativa privada nichos económicos considerados anteriormente estratégicos; también desatendió algunas de las responsabilidades básicas que tenía con la población porque sus deberes fundamentales eran ahora con el mercado. Las grandes instituciones sociales de alcance nacional, creadas por el régimen posrevolucionario, quedaron como reliquias en el inventario público que las sustituyó con “programas”. La élite neoliberal, guardiana de las instituciones según leemos, no construyó ninguna entidad pública en materia social equivalente a la del periodo de la revolución institucionalizada; ni siquiera tuvo cuidado en seleccionar a los compañeros del viaje modernizador a juzgar por la incorporación del crimen a los circuitos económicos y financieros, no obstante, el discurso sobre el Estado de derecho que adereza sus acciones.

Amenazadas por el descontento social detonado por el ajuste estructural de la administración de Miguel de la Madrid, las élites modernizadoras aseguraron la continuidad de su proyecto mediante un fraude electoral, las mismas que ahora se rasgan las vestiduras con la revocación de mandato puesta en la mesa por Morena. No hubo argumento legal, ni digamos lógico, que valiera para revertir esa decisión inobjetable “en bien del país”, en el entendido que el país eran ellos. El establishment intelectual avaló con malos argumentos o el silencio el atropello del Leviathan mexicano que ahora tanto le asusta. Y el presidente de la alternancia, conocido no por sus logros sino por la corona que fabricó con las boletas electorales quemadas, hoy se arrodilla obsecuentemente ante el “gran presidente que fue para México” Salinas de Gortari.

La modernización neoliberal fue excluyente, dejó fuera a medio país y a regiones enteras en donde en términos prácticos el Estado desapareció cediendo al crimen, o compartiendo con él, el control del territorio, el monopolio de la violencia y la fiscalidad, funciones sustantivas del Estado moderno. La alternancia democrática se dio en un contexto de guerra interna, lo que coartó los derechos políticos de la población en las regiones dominadas por el crimen y revitalizó los cacicazgos en cuanto forma de intermediación entre las clases populares y el ente estatal. La presencia criminal y la empresa neoextractivista —acicateada por las leyes permisivas en materia de recursos naturales de la primera batería de reformas estructurales— violentaron el entorno y la vida cotidiana de los pueblos originarios, sometidos históricamente por los colonizadores y el Estado nacional, y en el neoliberalismo, por el crimen y el capital. Masas de excluidos se convirtieron en el ejército de reserva de la economía criminal, emigraron o intentaron aferrarse a los raquíticos apoyos públicos.

Las élites que dirigieron esta modernización coja sufrieron el descrédito no por no entregar el país que prometieron (de Primer Mundo), sino por redondear el ciclo neoliberal con la corrupción, incompetencia e irresponsabilidad de la última administración priista, lo cual no exime a los otros gobiernos de la alternancia de su responsabilidad en el desastre. La clase política ocupada en los negocios. Los dueños del dinero lucrando con el Estado. Y los intelectuales sometidos dócilmente al poder económico. Esto, podemos decir, condujo a la crisis del liderazgo nacional que cobró factura el 1 de julio. Una crisis además de política, moral. El cráter que abrió en el sistema la arrolladora victoria de López Obrador, dejando los extremos del espectro político prácticamente deshabitados, es directamente proporcional a la magnitud de esta crisis. Como en los ochenta, la situación obligaba a un recambio de las élites, pero, a diferencia de aquel decenio, las élites emergentes eran muy pequeñas o inexistentes, dado que la izquierda no había gobernado a escala federal y porque el venero de la intelectualidad de izquierda representado por el comunismo casi estaba seco.

Acostumbrada a la lectura, cosmopolita en algunas de sus corrientes y forjada en el activismo social, la izquierda formó cuadros que solía robarle el PRI. Diluida en la confederación tribal que fue el PRD, la izquierda comunista perdió terreno en la dirección partidaria hegemonizada desde un principio por los ex priistas bien curtidos en “la política a la mexicana”, como la llamaba Revueltas. Si la migración de la vieja izquierda fue hacia el PRI, el perredismo se nutrió de los desprendimientos del partido oficial, motivados más por el despecho que por la esperanza. En cuanto partido de masas, el Sol Azteca no hizo a la universidad pública la única fuente de cooptación, mientras la laxitud en el reclutamiento abatió la calidad de la militancia partidaria: la izquierda se volvió antiintelectual. Quedó atrás esa relación orgánica del comunismo con la cultura que enriqueció el siglo XX.

Morena se construyó a ras de piso con cuadros de la vieja izquierda y una base amplia y disímbola reclutada en barrios, comunidades y centros de trabajo. La lucha más que el estudio fue la escuela política de sus militantes, básicamente de extracción popular o procedentes de la clase media menos favorecida. Denostadas por las élites blanqueadas, golpeadas por la derrota, resentidas con quienes siempre se salían con la suya, las bases morenistas adquirieron el temple y disciplina indispensables para asaltar el poder cuando flaquearon sus adversarios. Sin embargo, no estaban preparadas para gobernar, pocos lo habían hecho, más allá de la obvia preferencia de López Obrador por los leales en desmedro de los competentes. Su inexperiencia y falta de credenciales técnicas son notorias, más en las áreas estratégicas que requiere personal altamente calificado. La sofisticación de algunos campos de la administración federal, de los organismos descentralizados o de las empresas paraestatales —en materia jurídica, tecnológica, financiera o científica— frente a la debilidad, numérica y de calificación, de la intelligentsia de la izquierda, complicaron el relevo gubernamental. La contundente victoria electoral generó expectativas muy altas acerca de la capacidad de gestión del nuevo gobierno, carente de los cuadros suficientes y habilitados para cubrir los huecos que dejó en la administración pública la reducción de salarios de la alta burocracia. Sin élites (al menos suficientes) para el recambio, una suerte de irrupción plebeya marcó el arranque de la Cuarta Transformación.

Es cierto que, entre los compromisos con los aliados o las conversiones súbitas hacia la izquierda, se colocaron en el equipo de López Obrador algunos funcionarios experimentados (y cuestionables), pero esto no desmiente la afirmación de que no hay élites, o son débiles e insuficientes, para ocupar las posiciones de las que van de salida. Esto, además de centralizar todavía más la gestión en un presidente propenso de suyo a ello, plantea un reto mayúsculo tanto al sexenio en curso como a la eventual continuidad de la Cuarta Transformación. Por lo pronto, los empresarios parecen dispuestos a jugar con sus reglas en el contexto del nacionalismo económico que postula el nuevo gobierno. En cuanto a la renovación de las élites, una posibilidad sería, de la misma manera que en la posrevolución, la formación de grupos dirigentes emergentes sobre la marcha, en el ejercicio de la administración o de la práctica parlamentaria; dada la continuidad en el ejercicio del poder por varios periodos, éstos acabaran por aprender. Otra más consistiría en promover lo que Gramsci conceptualizó como transformismo, esto es, la cooptación de los intelectuales subalternos por parte de las clases dominantes, nada más que a la inversa. Cosa asequible pues, como hemos visto, existe un mercado intelectual. La tercera posibilidad residiría en que, con la debacle de los partidos tradicionales, aparezcan constelaciones políticas inéditas y mediante este tránsito se reconstituyan las élites. Que suceda alguna de estas cosas, o algunas otras en el mismo sentido, hará que la Cuarta Transformación no sea flor de un día. Pero eso, como toda historia, está por verse.

 

Carlos Illades
Profesor distinguido de la UAM, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia. Autor, entre otros títulos, de Conflict, domination and violence. Episodes in Mexican Social History (reimpreso en 2019).

 

Un comentario en “Vuelta a la izquierda, la Cuarta Transformación en México

  1. Me parece que el articulo lo considero como un resumen del libro del historiador Carlos Illades, habría que leer todo el libro para poder emitir un juicio del mismo. Sin embargo, hay que considerarlo como un documento que viene a sumarse a la reflexión de otros, tanto de especialistas como también de articulistas de la prensa nacional e internacional. Por lo que hay que continuar integrando más opiniones