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De manera sorpresiva, el pasado 11 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo con el que se modifica el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).1 Con esta reforma se pretende cambiar de raíz la naturaleza del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, un organismo autónomo creado por la Ley de Ciencia y Tecnología cuya mesa directiva está integrada por algunas de las más importantes instituciones de educación superior e investigación, las academias de especialistas en diferentes disciplinas, representantes de los científicos miembros del Sistema Nacional de Investigadores y organismos empresariales.2 El objetivo consiste en anular su autonomía y convertirlo en un órgano sujeto al Conacyt que actualmente dirige la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, única firmante y por tanto responsable del Acuerdo citado.

Lo primero que hay que observar es el tipo de ordenamiento legal al que me refiero. Su artículo 3 define sus alcances: “El presente Estatuto Orgánico establece las atribuciones que corresponden a los órganos y unidades que conforman al Conacyt”. Al ser el Foro Consultivo una Asociación Civil, no es parte integrante del Conacyt, como sí lo son, por ejemplo, las Direcciones Adjuntas de Desarrollo Científico o Desarrollo Tecnológico, o su Oficialía Mayor, las cuales son instancias creadas y operadas por el Consejo en los que sí son aplicables los cambios de conformación y atribuciones que se decidan mediante reformas en el Estatuto Orgánico, pero de ninguna manera podrían ser aplicables para el Foro, a menos que, como parece ser el caso, nos situemos abiertamente al margen de las leyes.  

La redacción de este Estatuto es en buena medida un copy-paste (copiado y pegado) de los contenidos de la normatividad de mayor rango, como la Ley de Ciencia y Tecnología o la Ley Orgánica del Conacyt. Por ejemplo, toma algunas de las funciones del Consejo que se establecen en esas leyes y las repite en el Estatuto, lo mismo ocurre con algunas funciones del Foro Consultivo, lo que lleva a fantasear a la autora o autores de esta trampa, que al reformar algunos artículos del Estatuto Orgánico todo el mundo va a creer y aceptar que ya cambiaron la estructura y funciones de organismos como el Foro, las cuales están claramente definidas en las leyes de mayor jerarquía.

 

Ilustración: Belén García Monroy

Un procedimiento irregular

El procedimiento que se siguió en esta reforma fue bastante retorcido, por decir lo menos. Para realizarla, primero se impulsó un acuerdo en la Junta de Gobierno del Consejo en la que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Conacyt y el propio Estatuto Orgánico, el Foro tiene un lugar. No obstante, en la sesión realizada el 22 de octubre de 2019, se impidió la presencia de la representante acreditada del Foro Consultivo (el secretario de la Junta le pidió que se retirara). Sobra decir que esta ausencia provocada en forma grosera por la dirección del Conacyt, brindó el espacio ideal para hacer las modificaciones referidas sin que hubiera una argumentación calificada que se opusiera a las mismas.

Los cambios principales impuestos y finalmente aprobados por los asistentes a dicha reunión, consisten en modificaciones en el artículo 22 con las que se desconoce la facultad del Foro para definir las bases de su integración, funcionamiento y organización. En su lugar, serán las Direcciones Adjuntas de Desarrollo Científico y Desarrollo Tecnológico e Innovación —es decir, el propio Conacyt— quienes propondrán, y por tanto definirán las características señaladas. Se elimina además su carácter como Asociación Civil con lo que, de consumarse este atropello, se elimina por completo la autonomía del Foro Consultivo quedando como mero apéndice del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Otros cambios relevantes se realizaron en el artículo 23 del Estatuto, con los que se pretende convertir al Foro en simple organizador de eventos o reuniones de consulta que, se entiende, requiera el Conacyt (francamente no me imagino al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la presidenta de la Academia Nacional de Medicina o al presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, miembros de la mesa directiva del Foro, desempeñando esta función), con ello se elimina el papel activo  del organismo asesor autónomo para proponer y participar en la elaboración y formulación de las políticas de apoyo a la investigación científica, tecnológica y de innovación de México, por ejemplo, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación; y quizá lo más conveniente para los autores de la reforma, se elimina la función del Foro como organismo que evalúa los instrumentos empleados por el Conacyt para el fomento de estas actividades.

El extraño papel de la Conamer

Al tratarse se una reforma con posible impacto en la ciudadanía —para empezar en el propio Foro Consultivo como Asociación Civil— la modificación del Estatuto Orgánico debía someterse a un proceso de consulta a cargo de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), la cual publicó el 2 de diciembre de 2019  en su página Web, la propuesta de Reforma al Estatuto Orgánico, debiendo recibir comentarios durante un mes, es decir, hasta el 2 de enero de 2020. Las opiniones comenzaron a llegar,3 pero de manera abrupta fueron interrumpidas (e invalidadas) antes de cumplirse el plazo señalado, dejando vía libre para que se procediera a la publicación del Acuerdo en el Diario Oficial.

Este hecho, desde luego, constituye un gran estímulo a la curiosidad y hace inevitable detenerse un momento en esta Comisión para tratar de entender las razones de su actuación en este proceso. La Conamer es un órgano administrativo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Economía con autonomía técnica y operativa, cuya misión es: “Impulsar la mejora regulatoria y la simplificación de trámites en la Administración Pública Federal… disminuyendo pasos, costos y tiempos que redunden en el máximo beneficio para la sociedad”.4 Es claro que con su participación en este caso, obtiene beneficios una dependencia del gobierno, es decir, el Conacyt, pero no así el conjunto de la sociedad.

La cancelación de la consulta que ya había iniciado la Conamer ocurrió el mismo día en el que el Acuerdo con las reformas al Estatuto Orgánico se publicó en el Diario Oficial  y tuvo como elemento, más que extraño, un oficio aparecido ese mismo día (aunque prefechado el 25 de noviembre) en el sitio en el que se desarrollaba la consulta. El documento, es una respuesta a una solicitud realizada por el Oficial Mayor del Conacyt, Noé Ortiz Lépez, quien pide que no se realice el análisis de impacto regulatorio. La respuesta dada a esta petición establece que al no haber impacto en la ciudadanía no eran necesarios la recepción de comentarios ni la consulta pública; esta contestación la firma el director de la Coordinación General de Mejora Regulatoria de Servicios y de Asuntos Jurídicos de la Conamer, Fernando Israel Aguilar Romero.

El funcionario, basó su resolución en la documentación que le hiciera llegar el Oficial Mayor del Conacyt la cual está plagada de elementos falsos, pues señala que “se busca la armononización (sic) del Estatuto con la Ley de Ciencia y Tecnología, particularmente lo concerniente a los artículos 36, 37 y 38”, que son los que se refieren a la estructura, funciones y financiamiento del Foro, y como hemos visto, de ningún manera se trata de armonizar nada, sino de someter. En uno de los formularios que debieron ser llenados por el Conacyt se piden respuestas sobre los posibles impactos de la regulación, entre ellas: “4. Justifique las razones por las que considera que la regulación propuesta no genera costos de cumplimiento para los particulares, independientemente de los beneficios que ésta genera”, la respuesta es breve pero muy clara y alejada de sus pretensiones reales: “Sólo es aplicable al interior del Conacyt”.5 Aunque con la reforma se estaba dañando claramente a los ciudadanos, la Conamer optó por ponerse abiertamente del lado del Conacyt.  

El propósito: destruir al Foro Consultivo

Hay varios antecedentes que muestran que desde el inicio de la actual administración el objetivo del Conacyt ha sido destruir al Foro Consultivo. El primero se remonta a febrero de 2019, con la presentación en la Cámara de Senadores de una iniciativa para modificar la Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera Rivera, destacada activista en la defensa del maíz nativo, pero sin antecedentes ni conocimiento demostrable de la política de ciencia y tecnología. De acuerdo con evidencias documentales, en la elaboración de dicha iniciativa participó el área jurídica del Conacyt, bajo la supervisión —de acuerdo con diversos testimonios— de la propia directora general, (aunque Álvarez-Buylla lo ha negado). En aquel intento de “madruguete” (fallido pues fue repudiado por la mayor parte de investigadores),6 ya asomaba la idea de desaparecer al Foro Consultivo y centralizar todas las funciones en la dirección general del Conacyt.

La animadversión de la directora del Consejo hacia el Foro se expresó luego de manera indirecta, mediante artículos periodísticos escritos por personas afines a ella en distintos medios, en particular (aunque no únicamente) en el periódico La Jornada, en los que se acusaba reiteradamente al Foro de ser un instrumento del capital privado, sólo porque entre los integrantes de su mesa directiva (ver referencia 1) figuran algunas organizaciones empresariales;7 un argumento que a todas luces es equivocado pues la estructura del Foro desde su surgimiento en 2002, se basa en un modelo de “triple hélice” (gobierno-academia-empresa), y nunca el peso principal lo ha tenido la parte empresarial pues, por ejemplo, sus coordinadores generales han sido y son investigadores de instituciones públicas. De cualquier modo esto resulta interesante, pues es expresión de la noción antiempresarial que forma parte de la ideología y el discurso de Álvarez-Buylla, el cual ha servido para alimentar a los sectores más atrasados política y científicamente dentro de la izquierda, pero que contrasta, e incluso se opone, a la idea de Andrés Manuel López Obrador que entiende mejor y considera necesaria la participación del sector privado en el desarrollo del país.

Posteriormente, una ofensiva más directa contra del Foro Consultivo fue la que se exhibió durante la comparesencia de la directora del Conacyt ante comisiones del Senado de la República el 28 de mayo de 2019,8 en la que acusó al organismo autónomo de difundir información “distorsionada” y de incumplir con la ley, luego de los pronunciamientos públicos que hiciera sobre los efectos adversos de las medidas de austeridad emprendidas por el gobierno sobre los Centros públicos de Investigación y otras instituciones científicas. Otra acusación en esa ocasión fue que el Foro realizó consultas entre los investigadores sin la autorización del Consejo. Todos estos señalamientos, mostraban un desconocimiento de la legislación vigente, pues el Foro actuó en todos los casos con apego a las atribuciones que le confiere la Ley de Ciencia y Tecnología, como lo mostré en un artículo previo.9

Pero nada de lo anterior parecía suficiente, y el 29 de julio la doctora Álvarez-Buylla, emitió un comunicado,10 en el que señala que el Foro Consultivo duplica funciones que corresponden al Consejo Nacional, reclama que el presupuesto que se le venía otorgando excede el monto necesario para el cumplimiento de sus funciones, sugiere además que incurrió en el uso indebido de la base de datos de los investigadores miembros del SNI para “promocionarse y distribuir consultas” y amenazó con notificar de tales hechos a la Auditoría Superior de la Federación… Peor imposible.

Pero ahora, siempre puede ser peor. Al día siguiente, en un nuevo comunicado,11 la dirección general del Consejo informó que después de realizar una consulta con la Secretaría de la Función Pública (SFP) que dirige la doctora Eréndira Sandoval, concluyó que el Conacyt no está obligado a transferir recursos económicos al Foro Consultivo, por tratarse de una asociación civil de carácter privado, un argumento completamente falso. Y así, con la aparente complicidad de la SFP, se decidió pisotear la Ley de Ciencia y Tecnología que con toda claridad señala en su artículo 38: “El Conacyt otorgará, por conducto del secretario técnico de la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente, así como los gastos de traslado y estancia necesarias para la celebración de sus reuniones de trabajo”.12 Ante esta determinación el Foro Consultivo decidió solicitar un amparo, que le fue concedido por un juez, por lo que el Conacyt quedó obligado a entregar los recursos económicos correspondientes, algo que a la fecha no ha ocurrido.

Elementos para la discusión

El capítulo VI de la Ley de Ciencia y Tecnología, no se denomina por casualidad o por capricho “Participación”. Es ahí dónde nace, dentro de la estructura de esta legislación, el Foro Consultivo Científico y tecnológico, como el medio para garantizar la presencia, no sólo del gobierno en la toma de decisiones, sino con el fin de asegurar la “expresión las comunidades científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación” (artículo 36). Queda claro que el Foro y el gobierno no son la misma cosa, sino que se trata de sectores independientes, que en ningún modo están subordinados unos a otros.

La pretensión de cambiar la estructura y funcionamiento del Foro mediante la reforma de un estatuto que sólo es aplicable al interior del Conacyt, es en sí misma un despropósito. Pero también lo es porque, como mencioné líneas arriba, entra en contradicción con ordenamientos de mayor jerarquía, desde luego con la Ley de Ciencia y Tecnología ya citada, pero además con otras como la Ley Orgánica del propio Conacyt que establece: “Artículo 3. El Conacyt  apoyará el funcionamiento del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, los cuales se integrarán y operarán conforme a lo que establece la Ley de Ciencia y Tecnología”.13 Lo anterior deja en claro que la integración y funciones del Foro sólo podrían ser modificadas cambiando, no un simple estatuto, sino la Ley de mayor jerarquía jurídica para este sector en México.

A partir de lo anterior se puede concluir que a lo largo de 2019, una de los principales objetivos del gobierno, impulsados a través de la directora general del Conacyt, ha sido acabar con el Foro Consultivo o en su defecto someterlo. Aquí conviene hacer una precisión, pues habría que distinguir si esto es la expresión de la política de toda una administración, o es la idea o el deseo particular de una funcionaria. El respaldo acrítico que hasta ahora ha brindado el presidente a la doctora Álvarez-Buylla en sus intervenciones públicas, sugiere que al menos por ahora, se trata de la manifestación de la política gubernamental hacia la ciencia, lo cual es lamentable, pues daña la relación de la comunidad científica con el gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador y genera rechazo en este sector hacia los significados de la Cuarta Transformación para la ciencia, la tecnología y la innovación.

Pero a pesar de todo estamos ante una gran oportunidad, pues hemos llegado al borde de un camino que se bifurca, y obliga a tomar una decisión: las diferencias que han surgido ¿pueden superarse o profundizarse?, no hay más. Aunque el descenlace es incierto, la reciente reforma al Artículo Tercero constitucional ofrece una oportunidad, pues prevé la creación de una nueva Ley de Ciencia y Tecnología en un proceso que debe concluir en 2020. Dicho en otras palabras, se requiere de organismos independientes que garanticen la participación de científicos, tecnólogos, académicos y empresarios en la definición de políticas públicas en este sector; o queremos un poder centralizado con instancias sometidas al control gubernamental. La decisión que se tome va a definir en buena medida el rumbo que tomará el país en la próxima década.

 

Javier Flores
Periodista científico.


1 Diario Oficial de la Federación (11 de diciembre, 2019). Acuerdo por el que se reforman diversas disposiciones del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

2 Resulta interesante conocer la lista de las personalidades que integran la mesa directiva del Foro Consultivo.

3 Hasta antes de que se suspendiera, se recibieron 33 mensajes en la consulta.

4 Su directorio está conformado por  César Emiliano Sánchez Ochoa, quien es el Comisionado Nacional; Julio César Rocha López, Coordinador General de Mejora regulatoria Sectorial; José Daniel Jiménez Ibañez, Coordinador General de Proyectos Especiales; Ramón Arcilla Marín Coordinador de Estados y Municipios y Othón Hernández Ponce, Coordinador Ejecutivo.

5 Otros apartados del formulario son: “5.1 Crea nuevas obligaciones y/o sanciones para los particulares o hace más estrictas las existentes” la respuesta es no. Otra: “5.3 Reduce o restringe prestaciones o derechos para los particulares” la respuesta nuevamente es no. Una más: “5.4 Establece o modifica definiciones, clasificaciones, metodologías, criterios, caracterizaciones o cualquier otro término de referencia, afectando derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de los particulares” y la respuesta es otra vez el monosílabo no.

6 Ver, por ejemplo, Flores, Javier, “Libertad de Investigación amenazada”. La Jornada, 12 de febrero, 2019.

7 Por ejemplo, Witker, Jorge, “Una nueva política científica para el interés nacional”. La Jornada, 23 de abril, 2019

8 La sesión puede verse en el Canal del Congreso.

9 Flores, Javier, “El origen de las distorsiones”, La Jornada, 4 de junio, 2019.

10 Conacyt, “Conmina el Conacyt al Foro Consultivo Científico y Tecnológico a cumplir con la ley y actuar en congruencia con las medidas de austeridad”, 29 de julio, 2019.

11 Conacyt, “El Conacyt debe priorizar el interés público por encima del financiamiento a asociaciones de carácter privado”, 30 de julio, 2019.

12 Cámara de Diputados. Ley de Ciencia y Tecnología.

13 Cámara de Diputados. Ley de Ciencia y Tecnología.