En octubre el gobierno mexicano publicó una propuesta de reglamento con miras a modificar la forma en la que se etiquetan los alimentos envasados en el país. La reforma propuesta tiene dos pilares. Por una parte, se introduciría un etiquetado frontal de advertencia para identificar claramente los alimentos y bebidas que contengan altas cantidades de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio, así como también la presencia de edulcorantes artificiales. De igual modo, prohibiría que  productos con alguna etiqueta de “exceso”, utilicen en sus envases ciertos ganchos publicitarios que fomenten el consumo de estos productos, incluyendo personajes, dibujos, ofertas y concursos.

Propuestas de etiquetas de advertencia

Con estas medidas regulatorias, México busca responder a la crisis de obesidad y enfermedades crónicas, tales como diabetes, cáncer y afecciones cardíacas. Al hacerlo, el ejecutivo espera expandir los esfuerzos pioneros del país en impuestos a las bebidas azucaradas introducidos en 2013. La implementación de etiquetado frontal en México tendría alta relevancia global ya que debido al tamaño del mercado mexicano, esta reforma podría convertirse en un punto de inflexión, tras la cual otros países que se encuentran actualmente luchando para introducir reformas similares, podrían seguir su camino, especialmente Brasil y Argentina.

Si bien es importante la existencia de etiquetas de advertencia, es preciso reconocer que ellas no son la panacea en la lucha contra la obesidad y enfermedades crónicas. Dichas etiquetas, así como las restricciones publicitarias asociadas, son sólo una parte de una estrategia amplia en pos de una alimentación y estilos de vida saludables. Los consumidores deberían tener la posibilidad de volver a comer comida de verdad, es decir, alimentos con menor grado de procesamiento y menor cantidad de nutrientes críticos como azúcares, sodio y grasas saturadas y trans así como de energía, para lo que es crucial además, que tengan un precio asequible. Finalmente, se deben también disminuir las barreras a la práctica habitual de actividad física en toda la población, como por ejemplo en las academias da saúde en Brasil.

No obstante, las etiquetas de advertencia pueden ser una parte importante de las estrategias poblacionales o estructurales para mejorar los entornos alimentarios, ya que pueden ayudar, en particular, a reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, comúnmente altos en azúcares, sodio y ciertas grasas. Las etiquetas de advertencia pueden dar un empujón a los consumidores para que elijan alimentos y bebidas más saludables. Más aún, el etiquetado de productos no saludables permite al estado introducir una serie de medidas regulatorias vinculadas a ello, que incluyen las limitaciones a la publicidad y las restricciones de venta, principalmente en escuelas. La adopción de un etiquetado de advertencia en México podría, por lo tanto, presentar una importante victoria para las políticas de salud pública a nivel nacional y global.

Sin embargo, la efectiva implementación de esta reforma dista aún de ser un hecho. Lejos del ojo público, la industria de alimentos y bebidas y sus aliados políticos se movilizan con el objeto de retrasar, atenuar o simplemente evitar la regulación de este etiquetado frontal. La implementación de la ley de etiquetado en Chile tomó no menos de cinco años. Perú por su parte, ha tenido que atenuar su ley de etiquetado debido a la presión de la industria y no es claro si Bolivia jamás podrá implementar su ley de etiquetado aprobada en 2016. No tenemos razones para creer que el reto de implementar un etiquetado frontal en México será más fácil que en otros países de Latinoamérica, después de todo, la industria de alimentos y bebidas es sumamente influyente en este país.

México está actualmente en una fase particularmente sensible del período de implementación, dado que el Ministerio de Economía se encuentra realizando una consulta pública sobre el etiquetado de advertencia, la que estará abierta hasta el 6 de diciembre. Las consultas públicas son requeridas por los acuerdos económicos internacionales y pretenden que la elaboración de las políticas públicas sean más participativas. En la práctica, no obstante, dichos procedimientos de consulta son predominantemente usados por las grandes corporaciones con sus vastos recursos, para emitir opiniones muchas veces en contra.

Ilustración: Guillermo Préstegui

En una investigación sobre el etiquetado frontal en Chile (en el cual se basa la propuesta mexicana) hemos examinado recientemente todos los comentarios enviados a la consulta pública sobre el reglamento chileno.1 El Ministerio de Salud de Chile recibió un total de 111 comentarios provenientes de diversas organizaciones; de éstas, 5 eran de universidades, 6 de ONGs y 8 de otras agencias gubernamentales chilenas o extranjeras, mientras que los 92 comentarios restantes fueron enviados por la industria alimentaria. Esto sugiere que estas consultas públicas más bien son utilizadas como forma de presión para debilitar las regulaciones más que para fortalecerlas mediante la participación.

Los 92 comentarios hechos sobre el proyecto de reglamento en Chile mostraban un tema dominante y repetido, el hecho de que las medidas de etiquetado de advertencia implicaban una violación del derecho comercial internacional, en particular de los acuerdos OTC y ADPIC de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El hecho de que Chile haya podido eventualmente implementar su emblemática regulación sugiere que los argumentos presentados por la industria alimentaria eran erróneos. Sin embargo, dado que la industria alimentaria continúa haciendo lobby frente a los gobiernos (actualmente, con mayor intensidad, el mexicano), vale la pena revisitar y desmentir brevemente los dos argumentos más comúnmente utilizados por la industria alimentaria en contra del etiquetado de advertencia. 

Un argumento recurrente de la industria ha sido que el etiquetado frontal de advertencia viola el acuerdo OTC de la OMC, específicamente sus regulaciones de estándares internacionales. El argumento de la industria es que los reguladores no siguen los lineamientos del etiquetado de alimentos de la “Comisión del Codex Alimentarius”, organismo regulatorio vinculado a estándares globales relacionados a los alimentos. La industria alimentaria afirmó que los (antiguos) estándares del Codex Alimentarius previenen a los países de introducir etiquetado que pueda “provocar temor” en los consumidores (con leyendas tales como “alto en” o “exceso de”) y arguyó que el acuerdo OTC requiere que los miembros de la OMC sigan preferentemente los estándares establecidos en el Codex. No obstante, expertos menos parciales en regulaciones de la OMC argumentan que los estados miembros deberían basar sus regulaciones en estándares internacionales relevantes, tales como el Codex, pero pueden alejarse de ellos por razones superiores como la salud pública. Por otra parte, el Codex no cubre el ámbito del etiquetado nutricional frontal, razón por la cual las regulaciones nacionales actualmente tienen flexibilidad en esta área. El acuerdo OTC, por lo tanto, no restringe la capacidad de los estados miembros de introducir los octógonos de advertencia.

El segundo gran argumento de la industria alimentaria ha sido que las restricciones a la publicidad de alimentos dirigida a los niños, tales como la prohibición de usar personajes de animación al publicitar productos con sellos de advertencia, violaría los derechos de propiedad intelectual de estas marcas. La industria argumenta que el acuerdo sobre los ADPIC de la OMC previene a los Estados miembros de restringir el uso de marcas, es decir, a prohibir el uso de ciertos personajes (que están inscritos como propiedad intelectual) en algunos productos. Aunque el acuerdo sobre los ADPIC, efectivamente protege los derechos de propiedad intelectual de las corporaciones, los acuerdos no garantizan su uso sin restricciones. En lugar de ello, la OMC permite claramente que los Estados miembros restrinjan derechos de propiedad intelectual con el propósito de salvaguardar la salud pública. Esta primacía de la salud pública fue explícitamente reconocida en la Declaración de Doha de la OMC y fue, asimismo, reafirmada por decisión del tribunal de la OMC en 2018, al permitirle a Australia la introducción del empaquetado neutro en el tabaco. En resumen, las normas de la OMC, en efecto, protegen los derechos de marca de las corporaciones, sin embargo, también dejan margen para excepciones como las restricciones a la publicidad de comida chatarra en pos de la salud de la población. 

Es, por lo tanto, engañoso, si no, derechamente erróneo, argumentar que los acuerdos de la OMC restringen a los estados miembros en su capacidad de introducir un etiquetado nutricional más claro, o de prohibir la publicidad de comidas y bebidas no saludables, dirigida a los niños. A pesar de esto, la industria alimentaria continúa presentando dichos argumentos, en un intento de evitar políticas de nutrición más estrictas que podrían generar una disminución en sus ganancias. La industria alimentaria ya elevó estos argumentos en Perú y lo hizo también en Uruguay, y ha aprendido de esta estrategia de lucha en contra de regulaciones no deseadas, creando la impresión de que violan los acuerdos económicos internacionales.

La industria alimentaria se encuentra actualmente empleando esta estrategia en México. La semana pasada se filtró una carta enviada por el CEO de Nestlé en México (la empresa de alimentos más grande del mundo) dirigida a todos sus proveedores mexicanos, exhortándolos a intervenir políticamente en contra del proyecto de etiquetado frontal. Nestlé le pidió a sus proveedores que enviaran “cartas a los funcionarios y entidades de gobierno” (y se ofreció gentilmente a la preparación de dichas cartas) con el objetivo de crear la impresión de que el proyecto de reglamento “transgrede los principios establecidos en tratados comerciales internacionales, particularmente en temas referentes a propiedad intelectual y obstáculos técnicos al comercio”. Sin embargo, nuevamente, estas afirmaciones son extremadamente engañosas y derechamente erróneas.

Es de esperar que el gobierno de México no caiga en los falaces argumentos legales de la industria, o que los use para impedir la implementación completa de esta regulación. Es responsabilidad ahora de la sociedad civil ejercer presión sobre el gobierno para implementar con celeridad el reglamento existente, que conformará un importante logro para las políticas de salud pública, no sólo de México, sino también de la región.

 

Tim Dorlach
Politólogo e investigador de postdoctorado en el Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA) en Hamburgo.


1 Tim Dorlach & Paul Mertenskötter, “Interpreters of International Economic Law: Corporations and Bureaucrats in Contest over Chile’s Nutrition Label”, documento de trabajo.