Una semana después de las elecciones generales, el ambiente en el país se mantiene en extrema crispación, con paros de actividades en varias ciudades, acompañados de bloqueos de calles y cabildos convocados por diversas organizaciones políticas y cívicas en demanda de la realización de una segunda vuelta electoral. El presidente Morales, por su parte, ha convocado a su vez a la movilización de sus bases en defensa de su elección en primera vuelta.

Tal situación se origina en una controvertida interpretación de los resultados de las elecciones generales del pasado 20 de octubre, en las cuales participaron nueve organizaciones, de las cuales únicamente cuatro superaron el umbral necesario para mantener su registro electoral y poder contar así con una bancada parlamentaria. Todo gira, sin embargo, únicamente alrededor de los resultados obtenidos por los dos primeros lugares.

Ilustración: Belén García Monroy

Las cifras oficiales establecen un 47.08  en favor de Evo Morales (MAS) y un 36.51  en favor de Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana). Según el Reglamento del Régimen Electoral, en caso de que ningún candidato supere el 50 , corresponde convocar a una segunda vuelta, siempre que el primer lugar hubiera logrado más del 40  de los votos y cuente además con una diferencia superior al 10  respecto del segundo lugar.

De acuerdo con la oposición, la diferencia resultante de las cifras anteriores de 10.57  habría sido fabricada mediante el fraude.

La Misión de Observación Electoral de la OEA, por su parte, sostiene oficialmente que el proceso electoral estuvo caracterizado por muchas irregularidades, que no permiten la aplicación rígida de la norma vigente y, dado que la diferencia entre los dos primeros lugares  es ínfima, recomienda que se convoque a la segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. A esta posición se han sumado luego también la Unión Europea, Alemania y España, así como Estados Unidos, Argentina, Brasil y Colombia.

De acuerdo con los mencionados resultados oficiales el MAS contaría con 21 senadores y 67 diputados. Comunidad Ciudadana, por su parte, tendría 15 senadores y 51 diputados. En diputados, el Partido Demócrata Cristiano tendría nueve diputados, y el partido del 21F, tres diputados.

Dicha composición de la Asamblea Legislativa ya no es suficiente por cierto para dar continuidad al estilo de gestión practicado en los 14 años pasados por parte del MAS y en particular por parte del presidente Morales.

En términos territoriales, el MAS habría ganado en seis departamentos (La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Beni y Pando) y Comunidad Ciudadana lo habría hecho en tres Departamentos (Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija). De los 337 municipios existentes, el MAS tendría mayoría absoluta en 285 municipios, aunque habría perdido en las principales ciudades del país, donde residen alrededor de dos tercios de la población.

Tales resultados demuestran que el MAS ha perdido en estas elecciones varias cosas importantes. En primer lugar, ha perdido la mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa, que le dio una fácil gobernabilidad desde 2009. También ha perdido el apoyo de las ciudades, y ahora debe enfrentar una oposición militante de al menos cinco comités cívicos que rechazan los resultados oficiales de las elecciones, pero al mismo tiempo incluyen reivindicaciones propias, entre las cuales destaca la demanda de federalismo, en lugar del actual esquema de autonomías departamentales y municipales.

Resulta también evidente que los jóvenes urbanos de primer ingreso al ejercicio ciudadano se han volcado en contra del MAS, y constituyen los principales actores de las movilizaciones llevadas a cabo en en los últimos siete días.

Dicho esto, conviene intentar una explicación de semejantes resultados. En primer lugar, es evidente la fatiga de la población con el estilo autoritario del gobierno, abusos de parte del poder y un derroche de recursos, así como de un enorme grado de corrupción en el manejo de los recursos públicos. Las campañas electorales mostraron en efecto una asimetría descomunal, puesto que se impuso todo tipo de restricciones a los partidos de oposición, mientras que al presidente Morales se le permitió inaugurar obras hasta el día previo a los comicios, haciendo además un uso abusivo de los recursos públicos y ofreciendo obras por votos.

Al respecto es contundente el Informe de la Misión de la OEA cuando sostiene que el proceso electoral se llevó a cabo en medio de un clima de polarización, desconfianza en el Tribunal Supremo Electoral por la falta de transparencia en su accionar, así como de inequidad en la contienda y desenlace muy ajustado de los comicios, todo lo cual ha creado tensión política y social.

En los pasados 14 años la composición demográfica y social ha sufrido importantes cambios, puesto que ahora la mayor parte de la población vive y trabaja o estudia en ciudades, y cuenta además con acceso a servicios públicos y con equipamientos urbanos de infraestructura de los que antes no disponía. El crecimiento económico y las políticas sociales redistributivas han dado lugar por consiguiente a la conformación de una incipiente clase media que tiene demandas más complejas que las de la población rural que supone representar el MAS.

En el ámbito político, hay que mencionar el debilitamiento de los partidos políticos tradicionales, por un lado, y la gravitación determinante de las redes sociales, por otro, que se ha traducido en una notable capacidad de organizar movilizaciones y posicionamientos claramente opuestos al régimen de gobierno, especialmente después del referendo constitucional del 21 de febrero de 2016, que determinó por mayoría de votos la prohibición de que el presidente Morales se postulara por cuarta vez a la elección presidencial. Para soslayar dicha prohibición, el presidente Morales impuso resoluciones suspensivas a su favor por parte del Tribunal Supremo Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral, reforzadas además con la invocación del derecho a la reelección en cuanto derecho humano.

Esta materia se constituyó en la controversia primordial de los tres años pasados, ocasionando que la oposición deje a un lado la tarea esencial de organizar una fuerza opositora con capacidades operativas y clara organización democrática, principios ideológicos y liderazgos idóneos. Por la fuerza de las circunstancias, recién después de las elecciones se ha creado la Coordinadora de Defensa de la Democracia con el objetivo de hacer cumplir la voluntad popular de definir la elección presidencial en segunda vuelta.

Así las cosas, la OEA ha ofrecido realizar una auditoría completa del cómputo electoral, y ha recibido el respaldo del Secretario General de las Naciones Unidas. El presidente Morales ha anunciado que estaría dispuesto a que se revise en su integridad el proceso electoral, y que en caso de que se demuestre fraude, estaría dispuesto a convocar a la segunda vuelta entre los dos primeros candidatos.

La Coordinadora de Defensa de la Democracia rechaza, sin embargo, la mencionada auditoría con el argumento de que ya se habrían cerrado los cómputos oficiales sin haber esperado los resultados vinculantes de la auditoría de la OEA, como estaba previsto. El otro argumento para su rechazo se refiere a que la auditoría no cambiaría la composición de la Asamblea Legislativa resultante del supuesto fraude ocurrido.

La semana que comienza tiene conmocionado al país, con movilizaciones convocadas mediante consignas cada vez más radicales, sin que se ponga de manifiesto algún tipo de mediación viable capaz de lograr una solución pacífica al actual conflicto que divide a la sociedad boliviana. El riesgo mayor se refiere por supuesto al potencial de violencia que está presente y podría derivar en una confrontación mayor con desenlace incierto.

 

Horst Grebe López
Economista boliviano.