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Desde mediados del siglo pasado, la ciencia política alcanzó un consenso bastante extendido en considerar que la elección libre y equitativa de representantes era el aspecto central de un régimen político democrático. Este criterio sirvió y sirve aún para marcar una línea divisoria entre democracias y dictaduras, en un mundo donde el concepto de gobierno popular es apropiado por regímenes que ponen énfasis en la identidad étnica o cultural entre gobernantes y gobernados, en la participación popular, o en la distribución igualitaria de recursos materiales, pero niegan en los hechos las libertades políticas más básicas. No obstante, tenemos suficiente evidencia acumulada para saber que en el largo plazo una democracia no puede sostenerse, al menos no de manera estable, si el acceso competitivo al poder no va a acompañado de avances hacia una mayor igualdad social, política y legal, y de la presencia constante de alternativas políticas para canalizar las demandas ciudadanas. La ausencia de estos componentes en muchas democracias latinoamericanas es clave para entender tanto los fenómenos frecuentes de disidencia social en la región como las protestas populares que recientemente han afectado a dos países con trayectorias históricas disímiles, como son Ecuador y Chile.  

Ecuador no ha sido un modelo de democracia y desarrollo. Desde la transición a la democracia tuvo un sistema de partidos débiles, un alto nivel de volatilidad electoral, crisis institucionales periódicas, numerosos escándalos de corrupción, y un desempeño económico deficiente. A partir de 2007, Ecuador experimentó una recomposición del sistema de partidos y el surgimiento de un partido mayoritario de izquierda, Alianza País, que logró tasas más altas de crecimiento, reducción de la pobreza y el desempleo, y mejoras en el salario. No obstante, estos cambios no fueron sostenibles. El ingreso per capita anual subió de 4, 460 a 8, 989 dólares de 1990 a 2010, pero desde el 2011 la economía ha vuelto a decaer y la pobreza se ha mantenido constante, afectando un 23 % de la población.1 Por otra parte, aunque Alianza País ganó formalmente las elecciones nuevamente en 2017, el partido de gobierno se halla profundamente dividido y es probable que la competencia partidaria vuelva en el futuro cercano a su tradicional fragmentación.

Chile fue recurrentemente señalado cómo un caso de éxito político y económico. La democracia en Chile se organizó en base a una competencia estable entre dos coaliciones multipartidistas, una de centro-izquierda y otra de centro-derecha, que captaron gran parte del apoyo popular y que desde 2010 se alternaron pacíficamente en el gobierno. En contraste con Ecuador y muchos países de la región, la política chilena no ha sido afectada por crisis políticas insuperables y ha tenido niveles comparativamente bajos de corrupción pública. La coalición de centro-izquierda que gobernó durante las primeras dos décadas, lo hizo con una constitución plagada de trabas para introducir reformas profundas al modelo económico de mercado que estableció la dictadura. No obstante, entre 1990 y 2010 el país no solo incrementó en más de tres veces el ingreso per capita anual, de 4, 270 a 16, 880 dólares, sino que la pobreza disminuyó del 46 a menos del 20 %. Al igual que en Ecuador, y en coincidencia con la caída del precio internacional de productos primarios, Chile experimenta desde 2011 un relativo estancamiento económico. Pero aún así, el ingreso per capita continuó en aumento y la pobreza cayó por debajo del 10 %.

Estas diferencias, sin embargo, ocultan varios problemas compartidos. El más obvio es la desigualdad económica. El índice de desigualdad en la distribución del ingreso en Chile es virtualmente el mismo que en Ecuador: el 20 % de la población con menos ingresos solo percibe aproximadamente un 5 % del ingreso total. Y ésta es solo una medida cruda de la percepción de inequidad que la desigualdad en el ingreso puede generar en muchos aspectos de la vida social. Al igual que en Ecuador, y otros países de América Latina, solo los sectores de mayores ingresos en Chile tienen la capacidad de acceder cómodamente a servicios privados de educación y salud, que son de mejor calidad que los que ofrece el estado. Es cierto que parte de la nueva clase media que generó el crecimiento económico compra también estos servicios privados, pero lo hace por medio de un esfuerzo y un endeudamiento desmedido. A esto se suman en ambos países desigualdades a nivel regional y étnico que segmentan aún más la ciudadanía.

Ilustración: Patricio Betteo

El silencioso resentimiento que genera la desigualdad económica y social, se potencia cuando la ley se aplica de manera desigual al ciudadano común y a quienes poseen poder económico o político. Chile ha ocupado siempre buenos lugares en los índices de transparencia y es uno de los pocos países que no fue salpicado por la red de sobornos en contrataciones públicas que tejió la constructora brasileña Odebrecht en la región. Sin embargo, en los últimos años la opinión pública ha sido conmovida por escándalos que involucran a empresarios evasores del fisco, empresas coludidas para fijar precios de manera abusiva, así como casos de financiamiento ilegal de campañas electorales y tráfico de influencias que involucran tanto a políticos y partidos de izquierda como de derecha. Ecuador ha sido prolífico en tramas de corrupción que protagonizan miembros de la elite empresarial y política. El propio expresidente Correa se halla envuelto en 26 procesos judiciales abiertos por peculado, cohecho, y asociación ilícita, entre otros.

Esta conjunción de factores que ha sido la antesala de las protestas masivas por la eliminación del subsidio a los combustibles en Ecuador y por el incremento en la tarifa del metro en Chile, no brinda un cuadro completo si no se toma en cuenta cómo perciben los ciudadanos las alternativas que tienen para canalizar de manera pacífica sus demandas. Contrariamente al análisis simplista y unidimensional de quienes quieren ver detrás de la insatisfacción popular solamente un modelo neoliberal implementado por la derecha, es fundamental tener en cuenta que tanto en Ecuador como en Chile la ciudadanía ha manifestado insatisfacción con gobiernos de distinta orientación. Entre 2010 y 2018 el electorado chileno apoyó y luego se desilusionó sucesivamente con gobiernos de derecha y de izquierda. Desde el 2006 los Ecuatorianos manifestaron su descontento con la clase política tradicional y apoyaron una nueva opción progresista. Pero hoy es mejor la imagen de un político tradicional como Jaime Nebot que la del presidente Moreno y que la del ex-presidente Correa, lo que anuncia una posible mudanza de lealtades electorales (aunque no se sabe hacia donde) en un futuro cercano.2 Es precisamente por esta decepción recurrente que hoy los ciudadanos de ambos países tienen una muy baja confianza en los partidos y descreen de la existencia de alternativas políticas para expresar su descontento.

Es preciso recordar también que si bien la cercanía en el tiempo de la explosión social en Ecuador y Chile llama la atención, en las últimas décadas ambos países sufrieron protestas fundadas en demandas por mayor igualdad social o por una aplicación uniforme de la ley.  La protesta social fue central en la interrupción anticipada del mandato de tres presidentes en Ecuador entre 1997 y 2005. El movimiento indígena, liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), fue un actor clave en todos estos casos, pero la protesta también incluyó la adhesión de otros grupos como estudiantes y sindicatos. Las movilizaciones de 1997 y 2000 tuvieron origen en medidas económicas que se consideraron contrarias a los intereses de los sectores más vulnerables, pero la protesta que llevó a la caída del presidente Lucio Gutiérrez en 2005 no fue por una cuestión económica sino por el intento del gobierno de manipular los nombramientos de la Corte Suprema e intervenir en la justicia. El propio presidente Correa, pese a haber logrado un importante apoyo popular a su agenda redistributiva, sufrió manifestaciones contra su política económica y estilo de gobierno. Aunque la conflictividad social ha sido menor en Chile y no ha tenido un liderazgo político definido (como la CONAIE en Ecuador), también en este país se han experimentado protestas sociales importantes, como las movilizaciones contra las deficiencias del transporte público en 2007 y las protestas estudiantiles desarrolladas entre 2011 y 2013 para hacer más equitativo el acceso a la educación superior.

Como seguramente no pasará desapercibido para los lectores, la preocupación que genera este análisis es que los elementos que se combinan en Ecuador y en Chile para explicar la protesta social están presentes hoy en muchos otros países de la región. No es el subsidio a la gasolina o el precio del transporte en sí mismo. Es una larga cadena de injusticias y agravios materiales y simbólicos que, si no se pueden resolver institucionalmente, en cualquier momento pueden desencadenar un estallido. Así como quienes pierden una elección deciden mantenerse en el juego político si existen posibilidades de triunfar en el futuro, los ciudadanos desaventajados aceptan decisiones del estado que les parecen injustas sólo si tienen expectativas de un futuro mejor.

Por supuesto existen restricciones económicas para generar modelos de desarrollo más incluyentes y equitativos. Pero es posible pensar en algunas líneas básicas de acción política para ir en esa dirección. Se  requiere en primer lugar que la clase política rompa su aislamiento y se implementen mecanismos efectivos de participación que permitan expresar las necesidades y demandas reales de la sociedad. También se necesita de liderazgos políticos responsables que puedan encontrar un equilibrio entre la acumulación y la distribución de recursos, exigir sacrificios de las clases privilegiadas y aplicar la ley de manera irrestricta, aunque eso afecte a sus propios socios políticos o económicos. Quizás hay aún margen de acción, pero el tiempo es escaso y los llamados de atención ya son muchos. 

 

Gabriel Negretto
Profesor. Instituto de Ciencia Política Pontificia Universidad Católica de Chile.


1 Estos y otros datos económicos citados en este artículo fueron obtenidos de la base del Banco Mundial, accesible aquí.

2 Ver aquí y aquí.