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El 2 de junio de 2019, más de 840,000 bajacalifornianos acudieron a las urnas para elegir a su gobernador por un periodo de dos años. Con el 50.61% de los votos, Jaime Bonilla Valdez, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (JHH), formada por Morena, el Partido Verde Ecologista, Partido del Trabajo y el partido local Transformemos fue declarado ganador de la contienda.

No cabe duda sobre el plazo que duraría la gubernatura electa. Sin embargo, en los últimos meses hemos sido testigos de un intento reiterado por manipular la ley por parte de Jaime Bonilla, quien busca permanecer el poder durante cinco años cuando fue elegido por dos. La batalla por blindar al Estado de derecho se libra ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se debe restablecer el respeto a la Constitución y al mandato de las urnas.

Ilustración: Fabricio Vanden Broeck

La duración del cargo por dos años para los representantes elegidos este año en Baja California no fue una modificación reciente, ni un cambio improvisado, ni mucho menos oculto a la opinión pública. Tampoco fue un cambio azaroso ni respondió a un capricho de los legisladores. De hecho, ocurrió en 2014, hace ya cinco años, cuando se publicaron las reformas a la constitución local para responder a la obligación establecida en el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso n) de la constitución federal de homologar los procesos electorales locales con el federal.1

Con esta disposición, la intención del constituyente fue mejorar la eficiencia de los procesos electorales, reducir los costos e incentivar la participación ciudadana, tema de especial relevancia en el caso de Baja California, que desde hace varios años se ha caracterizado por registrar uno de los menores índices de asistencia a las urnas en todo el país.

En un contexto en donde resulta fácil difundir desde medias verdades hasta completas falacias, así como construir realidades alternas al puro estilo de la posverdad, conviene revisar cada uno de los hechos de una de las más grandes pretensiones autoritarias que ha enfrentado nuestro país desde su democratización.

Capítulo 1: la convocatoria para la gubernatura

El 28 de diciembre de 2018, el Instituto Electoral Estatal de Baja California (IEEBC) aprobó la convocatoria pública para la celebración de elecciones ordinarias en esa entidad durante el proceso electoral local 2018-2019.2 En este documento se establecieron los plazos de los cargos a elegirse el 2 de junio de 2019. Todos ellos ─una gubernatura, 25 diputaciones y cinco ayuntamientos─ por un periodo de dos años. En el caso de la gubernatura, la convocatoria establecía a la letra que el periodo en el cargo sería “del 1º de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021”.

Inició la batalla: el 24 de febrero de 2019, Blanca Estela Fabela Dávalos, precandidata a la gubernatura de esa entidad, se inconformó ante el tribunal electoral local por el plazo de dos años establecido en la convocatoria por considerar que violaba su derecho a ser votada. La Sala local, integrada por los magistrados Leobardo Loaiza Cervantes, Jaime Vargas Flores y Elva Regina Jiménez Castillo, resolvió por mayoría de votos que, en efecto, dicho plazo debía modificarse a cinco años. Si bien la magistrada Jiménez no estuvo de acuerdo,3 la sentencia señaló que el legislador habría podido tomar otra medida para homologar su calendario local con el federal: a los magistrados les pareció que el congreso habría podido empatar las elecciones a partir de 2024 y no de 2021 como finalmente hizo.4

En consecuencia, el 8 de marzo de 2019, el Instituto Electoral de Baja California fue mandatado a publicar la Adenda por la que modifica el inciso a) de la Base Sexta de la Convocatoria Pública en donde se estableció que la gubernatura electa en 2019 iniciaría funciones el 1º de noviembre de 2019 y concluiría el 31 de octubre de 2024. Convocatoria que, por cierto, ha sido exhibida por el gobernador electo como prueba del mandato que él quisiera cumplir. Lo que no ha dicho es que esta adenda fue objeto de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que la invalidó.

El 27 de marzo del mismo año, la sala superior revocó la sentencia (y por lo tanto esa adenda a la convocatoria) ya que el recurso de inconformidad se había presentado de forma extemporánea.5 Si bien la sala superior no se pronunció sobre el fondo del asunto,6 sí ordenó al IEEBC a conservar los plazos de la convocatoria original. Es con esta convocatoria con la que inició la campaña electoral cuatro días después.

Capítulo 2: El registro de la candidatura

Cuando parecía que se había recuperado la normalidad constitucional, el 30 de marzo de 2019, el instituto local aprobó el acuerdo por el que aceptó la solicitud de registro del candidato de la coalición JHH.7 Debido a que este documento retomaba lo dispuesto en la convocatoria, se volvía a explicitar el plazo de dos años para desempeñar el cargo a la gubernatura.

Llegó entonces un nuevo intento por alargar los dos años de la gubernatura. El candidato Bonilla interpuso un recurso de inconformidad contra el acuerdo en que se aceptó su propio registro para intentar alterar el plazo previsto. Bonilla argumentó que la reducción había sido arbitraria, que se violaba su derecho fundamental a ser votado y que la medida no era proporcional ni idónea. Argumentó que el mandato de homologar las elecciones locales con la federal contiene el término “al menos” por lo que no existía la obligación de homologar todos los cargos de elección. Con sólo haber cambiado el plazo de ejercicio para los diputados y ayuntamientos, según él, se había cumplido con la constitución federal.

Es decir, Bonilla solicitó la inaplicación de una norma establecida en la constitución local por argüir que afectaba sus derechos humanos. Y una vez más el tribunal local le dio la razón. En su sentencia del 7 de mayo de 2019 favoreció a Bonilla al ordenar que se incrementara el mandato nada menos que a seis años. Uno más, incluso, que la pretensión inicial por un lustro.

Los magistrados, otra vez con la oposición de la magistrada Jiménez pero con el voto a favor de los magistrados Loaiza y Vargas, señalaron que el legislador local había tenido tres opciones para cumplir con el mandato constitucional: a) establecer que el periodo iniciara en 2019 y concluya en 2021 (como lo hizo); b) que concluyera en 2024, y c) dejar intocado el periodo de gobernador, toda vez que ya se cumplía con la regularidad constitucional al tener, no sólo una, sino dos elecciones locales concurrentes con las elecciones federales intermedias (opción que finalmente le pareció más pertinente al Tribunal de la entidad).8

En pocas palabras, el Tribunal local tuvo el desatino de defender que cuantos más años esté un gobernante en el poder, más se garantiza su derecho a ser votado. Esta conclusión es uno de los mayores absurdos al que ha llegado algún Tribunal electoral. Y el precedente que se instaura es profundamente peligroso.

La necesidad de establecer la duración de un cargo de elección popular debe ser la de limitar el poder, permitir la renovación de gobernantes y representantes, así como propiciar la rendición de cuentas. El plazo no es —ni puede ser— establecido como un derecho de los representantes para extenderse el tiempo que ellos, y no la ciudadanía, consideren. Por lo menos no en democracia.

Bajo esta lógica, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de Baja California, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) acudieron al máximo tribunal electoral para contravenir esta decisión. El TEPJF volvió a revertir por unanimidad la decisión del tribunal local y estableció que el plazo por el que se elegiría gobernador en el estado de Baja California sería, sin lugar a dudas, de dos años.

Si bien no se examinó el agravio que adujo Bonilla sobre la violación a su derecho a ser votado,9 sí dejó muy en claro que las reglas del juego se habían establecido en la convocatoria y que él, al registrarse como candidato bajo esas reglas, las había conocido y aprobado. El acuerdo por el que se aceptó su solicitud como candidato de la coalición JHH sólo retomaba disposiciones que ya habían sido sancionadas y, por tanto, estaban fuera de toda controversia.10

Dos años y ni un minuto más. Así fue como la ciudadanía de Baja California acudió a votar en elecciones libres y auténticas, expresando su voluntad para que su próximo mandatario estatal no permaneciera en el cargo más allá de 2021.

El 11 de junio de 2019, el Consejo General Electoral del IEEBC declaró la validez de la elección y al candidato Jaime Bonilla como gobernador electo. Una vez más, se señaló a la letra: “Se declara gobernador electo para que desempeñe el cargo, de acuerdo con lo previsto en la Base Sexta, inciso a) de la convocatoria”. Esto es, por el periodo de dos años.

Más aún, el tribunal estatal confirmó esta declaratoria ante dos impugnaciones del PRD y del partido local Transformemos. Si bien estas impugnaciones no tenían que ver con la duración del mandato, sino con supuestas irregularidades en el proceso comicial, el tribunal Estatal —y después el federal—, confirmaron la constancia de gobernador electo tal y como había sido emitida: “Resulta procedente a su vez confirmar tanto los resultados contenidos en el Dictamen relativo al Cómputo Estatal de la Elección de Gobernador del Estado; la Declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría efectuado por el Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California”.11

Capítulo 3: la “Ley Bonilla”

Una vez efectuada la votación, el 8 de julio de 2019, el congreso saliente de Baja California aprobó la llamada “Ley Bonilla”.12 A propuesta del diputado local de Morena, Víctor Morán, y acompañado de una mayoría panista, el congreso aprobó ampliar la duración de la gubernatura. La reforma estableció que “para efecto de la concurrencia de la elección de gubernatura del estado con el proceso electoral federal de 2024, la gubernatura electa en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el 1º de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2024”. El pretexto para aprobarla fue que esta medida representaría un ahorro para el erario público de la entidad. 21 de 25 diputados locales que estaban por terminar su encargo aprobaron el atropello.

Tabla 1. Votación de la Sesión Número 1018 Extraordinaria de fecha 8 de julio de 2019, del Congreso de Baja California, en que se aprobó la conocida como “Ley Bonilla”.

PARTIDO

A FAVOR

EN CONTRA

NULO

PAN

9

0

1

PRI

5

0

 

Morena

3

0

 

PRD

1

0

 

PT

1

0

 

MC

1

0

 

Transformemos

1

0

 

TOTAL

21

0

1

Fuente: Congreso del Estado de Baja California.

En respuesta a las críticas y cuestionamientos que generó la Ley Bonilla, que incluso propició que el Partido Acción Nacional expulsara de sus filas a quienes votaron a favor de ella, la nueva legislatura del congreso local de la entidad (con una integración mayoritaria de Morena), convocó a la realización de una consulta para que la ciudadanía expresara su opinión sobre la duración del mandato de su nuevo gobernador.

Esto, a pesar de que en la legislación de Baja California no existe la figura de “consulta ciudadana”, pues no se contempla en la constitución local, ni en las leyes electorales y de participación ciudadana. Tampoco hubiera sido posible realizar una “consulta popular” conforme a la constitución federal, puesto que la materia electoral no puede ser objeto de consulta, las preguntas las debe validar la SCJN y, además, en años electorales, éstas debían realizarse el mismo día de la jornada electoral.13 Por si fuera poco, la constitución establece que es el Instituto Estatal Electoral quien tendrá a su cargo la organización total de las consultas populares, algo que no sucedió, ya que fue organizada por los diputados locales.

Movimiento Ciudadano y miembros de la Confederación Patronal Mexicana (COPARMEX) de Baja California impugnaron ante el tribunal local la realización de la consulta. El 30 de septiembre, la sala local, por mayoría, y una vez más con el voto de la magistrada Jiménez en contra, se declaró incompetente para pronunciarse pues consideró que el tema a tratar no era de naturaleza electoral.14 Los magistrados argumentaron que como el mecanismo de participación planteado por el Congreso era un instrumento diverso al de la consulta popular legalmente previsto, ellos no podían juzgar el asunto.

El 9 de octubre de 2019, el PAN, Movimiento Ciudadano e integrantes de la COPARMEX local recurrieron esta decisión ante el TEPJF.15 Argumentaron que la consulta claramente era de naturaleza electoral pues incidía en la duración de una gubernatura electa, además de que la realización de la consulta vulneraba el derecho al voto, así como los principios de certeza y definitividad en materia electoral. Sin embargo, así como no sorprendió la decisión de un tribunal local que había dado la razón en repetidas ocasiones al gobernador electo, sí sorprendió que la sala superior del TEPJF llegara a la misma conclusión. Todos los magistrados federales coincidieron en que los tribunales electorales sólo pueden revisar la legalidad de un mecanismo de participación cuando sus reglas están escritas en la ley. Llegó al extremo de sostener que como el proceso electoral había concluido, el periodo de duración ya no formaba parte de éste. Es decir, respaldó el fraude a la ley que se planteó con una “consulta patito” porque el que se realizara fuera de la ley era justamente lo que hacía que los Tribunales no pudieran intervenir y detener su realización.

Es así que la consulta se realizó el 13 de octubre sin ninguna base legal y sin garantías de ningún tipo. La pregunta en la boleta fue: “¿Cuál piensa usted que es la mejor opción para nuestro estado? Proyecto 5. Mantener la reforma aprobada para un proyecto de cinco años de gobierno. Proyecto 2. Llevar a cabo una contrarreforma para limitar el periodo de gobierno a dos años”. Esto es, para ellos, la “contrarreforma” era “limitar el periodo de gobierno”. Una prueba más de lo burdo del ejercicio.

Los resultados arrojaron una participación de apenas el 1.8% de los inscritos en el listado nominal. Es decir, se recibieron poco más de 53,000 votos en las 250 casillas instaladas en los cinco municipios de la entidad. El resultado: 84% apoyó la ampliación del mandato del gobernador electo.

Cabe destacar la diferencia entre las elecciones auténticas celebradas el 2 de junio, y la citada simulación de “consulta ciudadana”. En los comicios organizados por la autoridad electoral, se instalaron 4,804 casillas; 19,216 ciudadanos que fueron seleccionados de forma aleatoria recibieron y contaron los votos; los electores sufragaron en secrecía con la documentación y material electoral que así lo garantiza (boletas con medidas de seguridad, mamparas que posibilitan la secrecía y libertad del voto); se contó con una lista nominal confiable de 2,811,075 electores; y se recibieron 840,486 sufragios únicos, pues se comprobó la identidad de cada votante con la credencial de elector y se marcó su dedo con tinta indeleble.

Esto quiere decir que, a través de una consulta realizada sin ninguna garantía al sufragio de la ciudadanía, sin base legal ni constitucional y con una participación dieciséis veces menor, se pretende modificar la voluntad popular expresada el 2 de junio de 2019.

Capítulo 4: las acciones de inconstitucionalidad

El 18 de octubre de 2019 entró finalmente en vigor la llamada “Ley Bonilla” (el Congreso local no la había “encontrado” por lo que no la había enviado al Ejecutivo local para su publicación). Esto abrió la posibilidad de interponer recursos legales para que sea la SCJN quien le ponga punto final a esta historia de atropellos.

Los ayuntamientos de Mexicali y Tijuana, así como el PAN, ya habían presentado acciones de inconstitucionalidad, pero la SCJN declaró que eran “notoriamente improcedentes” pues no se había publicado en el Diario Oficial de la Federación y, por tanto, eran parte de un proceso legislativo inconcluso.16 Es decir, a pesar de que era notoria la medida tomada por el congreso y notoria la razón de no publicarla, la Suprema Corte consideró que estaba imposibilitada para pronunciarse.

Sin embargo, el mismo día de la entrada en vigor de la ley, el PAN y Movimiento Ciudadano presentaron las primeras acciones de inconstitucionalidad y un día después lo hicieron el PRI y el PRD. Ahora nos toca esperar la decisión del máximo órgano de justicia en el país. De hecho, sería de esperarse que retomara los criterios establecidos en su acción de inconstitucionalidad 39/2006 y sus acumuladas 40/2006 y 42/2006.17

En ese caso, la litis se centró en la modificación a la Constitución que había aprobado el Congreso de Michoacán para modificar los plazos de los cargos de elección popular elegidos en 2001.18 En ese caso el pleno de la Corte destacó que “para poder ejercer realmente el sufragio, el elector debe tener oportunidad de conocer para qué cargos y qué periodos elegirá a la persona que decida…. En el caso de que los Estados decidan extender o acortar los mandatos de los gobernantes locales, deben hacerlo como una previsión a futuro, a fin de que el electorado esté plenamente informado y tenga conocimiento cierto del periodo que va a desempeñar el funcionario que elija de modo que se respete su voluntad, es decir, aplicando tales ajustes para las próximas elecciones, mas no para quienes ocupen actualmente esos cargos”. Finalmente, agregó que “no se está determinando que los estados no puedan extender o acortar los mandatos de los gobernantes locales, pero en caso de hacerlo debe ser como una previsión a futuro en el que el electorado esté plenamente informado y tenga conocimiento cierto del periodo que va a desempeñar el funcionario que elija de modo que se respete su voluntad”.

Los partidos políticos con registro ante el INE, así como aquellos con registro en una entidad federativa, pueden presentar acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN. Del mismo modo el equivalente al 33% de los legisladores integrantes de la Cámara, el Senado o de las entidades federativas.19 Más aún, el presidente de la república también podría realizarlo por conducto de su consejero jurídico dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación. Sin embargo, en este tema, el ejecutivo federal ha preferido no pronunciarse. En su conferencia matutina del 15 de octubre de 2019 el presidente López Obrador sostuvo: “nosotros no, porque no nos corresponde. Es un proceso que tiene que ver con partidos, hay opositores, los mismos que aprobaron la Ley pueden ahora retractarse”.20

Certidumbre en el proceso e incertidumbre en los resultados. Esta es la máxima de un sistema electoral sano. Esta es la razón por la que todos los procesos electorales cuentan con etapas bien definidas que se abren y se cierran ofreciendo seguridad jurídica y certeza tanto a los contendientes como a la ciudadanía. Solo así se construyen procesos electorales confiables, ciertos y legales, haciendo de este principio un pilar fundamental de la organización electoral.

El principio es muy simple: las reglas se conocen de antemano, y el resultado depende de la voluntad popular. Pero cuidado, esta voluntad popular se manifiesta por medio de un voto informado, razonado y libre. Uno vota por la persona que considera más idónea o menos mala para cubrir un plazo previamente establecido. Un plazo que no es ni debe ser definido por el político que ocupará el cargo, sino por las reglas constitucionales que la sociedad misma se ha dado. Modificar la duración del cargo después de las elecciones vulnera este principio, la confianza en las autoridades electorales, la certeza de los procesos electorales y constituye, en suma, una manzana envenenada para el sistema democrático y representativo que rige al país.

Capítulo 5. El desenlace

Está en manos de la Suprema Corte.

 

Farah Munayer
Maestra en Administración Pública Internacional por Sciences Po.

Alberto Mendoza
Periodista. Máster en Política Mediática.


1 “IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: “n) Se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales”.

2 Dictamen número cinco de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos por la que se aprueba la Convocatoria a la Elección Ordinaria de Baja California para el Proceso Electoral 2018-2019.

3 La magistrada Elva Regina Jiménez Castillo realizó un voto particular en el que se manifiesta en contra de la decisión de ampliar el mandato pues se viola el principio de certeza y reserva de ley.

4 Sentencia del Tribunal Electoral de Baja California. Recurso de Inconformidad RI-018/2019.

5 Sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. SUP-JRC- 5/2019 y acumulados.

6 La sentencia contó con los votos concurrentes de Janine M. Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón.

7 Acuerdo del Instituto Electoral Estatal de Baja California. IEEBC-CG-PA37-2019.

8 Sentencia del Tribunal Electoral de Baja California. Recurso de Inconformidad RI-63/2019.

9 Sólo el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón expresó un voto concurrente en el que analizó el fondo de la cuestión.

10 Sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. SUP-JRC-22/2019 y acumulados.

11 Sentencia del Tribunal Electoral de Baja California. RR-147/2019 y RR-143/2019. Sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. SUP-JRC-0037-2019.

12 Iniciativa de ley del diputado Víctor Moran de la bancada de Morena.

13 Esta norma sigue vigente pero el Dictamen por el que se aprobaron reformas a la Constitución federal aprobado el 15 de octubre de 2019 por la Cámara de Senadores propone que se realice el primer domingo de agosto de cualquier año.

14 Sentencia del Tribunal Electoral de Baja California. MI-165/2019 y acumulados.

15 Sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. SUP-JE-97/2019 y acumulados. Por parte de la COPARMEX, la impugnación la presentó el C. Armando León Ptacnik. Además impugnó el ciudadano Francisco José Fiorentini Cañedo.

16 Acciones de Inconstitucionalidad. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 269/2019 y 271/2019 del 24 de julio y 89/2019 del 27 de agosto de 2019.

17 Acción de Inconstitucionalidad del 27 de abril de 2006.

18 Fue presentada por el PRD, Convergencia y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, en contra de la LXX Legislatura del H. Congreso de Michoacán de Ocampo y del Gobernador Constitucional de dicha entidad debido a que aprobaron diversas reformas a su Constitución que afectaban los plazos de elección ya establecidos para los cargos de gubernatura, legisladores y ayuntamientos con la finalidad de homologar el proceso electoral local con el federal.

19 Artículo 105 de la Constitución, fracción II, inciso f).

20 Conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del 15 de octubre de 2019.