Hace tres semanas comentábamos en este mismo espacio sobre las ventajas que el modelo de subastas brinda al desarrollo del sector eléctrico y cómo generaban incentivos contrarios a la corrupción y que gracias a ellas esta corrupción se acotaba. Sin embargo, el modelo fue evolucionando, Ninguna de las subastas fue igual a la previa, hubo aprendizaje. Hay problemas reales que deben ir puliendo conforme se diseñan las subastas, para mejorarlas.

El ímpetu estatista-nacionalista ha hecho que hacia dentro del gobierno se planteen estrategias diversas para reiniciar las subastas, pero apropiándose de los generadores y/o disminuyendo la presencia del privado. Las propuestas son:

• Que los contratos de las subastas sean de arrendamiento financiero y al finalizar el periodo de contrato, y una vez cumplidos los compromisos financieros, los generadores pasen a ser propiedad de CFE.

• Que los contratos sean no por 15 años, sino por 10 años, considerando que la tecnología tiende a bajar de costos.

• Que los contratos tengan un contenido nacional alto.

Ilustración: Oldemar González

Para hablar sólo de solar, que ha sido el que mas adjudica en las subastas, sucederían varios efectos:

• Considerando que el periodo de generación optima de los paneles es de 25 años, a los 15 años CFE se quedaría con un centro de generación con menos de la mitad de su vida útil plena. Para quien ya usó esos paneles y les dio mantenimiento por 15 años, 10 años más de operación tiene un valor remanente interesante. Para quien solo compró energía y ahora deberá incluso contratar más gente para operar, quedarse los activos no tendría algún sentido.

• El comprador de energía, Suministrador de Servicios Básicos, NO es un generador ni tiene personalidad jurídica para adquirir la propiedad del generador. Recordemos que el mercado  está dividido verticalmente.

• Pero además de eso, al no quedarse los privados con la propiedad del parque de generación, el costo del mismo deberá reflejarse en los costos de generación del periodo de contrato, lo que incrementaría el precio.

• No todos los parques se construyen en terrenos con propiedad de la empresa, sino algunos en renta, lo que significaría que CFE sería dueño solo del equipo y que deberá desmontar o absorber el costo del terreno.

En resumen, de poder adquirir los parques, CFE deberá pagar más por la energía (los ciudadanos pagarían más por consecuencia) a cambio de quedarse con un parque en camino a la obsolescencia, pero con la satisfacción de satisfacer el fetiche estatista. Disminuir el tiempo de los contratos obligaría a disminuir el periodo de retorno de inversión, lo que significaría incrementar el precio.

Cualquiera de estas medidas iría en contra de la las metas y causaría un rebote en los precios récord, respecto a las subastas previas.

El alto contenido nacional, en mercados que pudieran ser dominados por proveedores extranjeros o en donde el fabricante mexicano aún no cumple con criterios de calidad plenos de mercados financieros internacionales, tendería a limitar el uso de alguna tecnología o a encarecer los proyectos.

Tal vez en el largo plazo logre incrementar la producción de algunos elementos, como los paneles, logrando unos pocos cientos de empleos, en seis o siete años, retrasando miles, que podrían lograrse en un año, como ya sucedió.

Sin embargo, si hay asuntos que mejorar de las subastas.

• Dado que hay recursos disponibles en México sin aprovecharse y que pueden disminuir la intermitencia, ese fantasma que tanto espanta a la vieja guardia eléctrica, podría subastarse  exigiendo ciertas condiciones de periodo de entrega, que serían satisfechas con almacenamiento, con energía geotérmica o hidroeléctrica, por ejemplo.

• Se podría tender a regionalizar la subasta. Si bien las reglas de las subastas previas daban preferencia a ciertas regiones para la instalación de parques, este mecanismo debe ser más efectivo. Esto podría generar proyectos más pequeños con base en demanda local, que aseguren el desarrollo de proyectos medianos y no necesariamente grandes, que tardarían o no se lograrían.

• Establecer parámetros mínimos de salario de algunos trabajadores del proyecto. Eso buscaría que los ahorros se den con mejor tecnología, eficiencia y no por castigar sueldos.

• El cumplimiento de las normas, para garantizar la calidad de los materiales, debe estar ligado al pago  de los proyectos.

• Se deben establecer mecanismos más estrictos para el cumplimiento de la entrada en operación, pero también fortalecer la figura de la cámara de compensación, involucrando a la propia banca de desarrollo.

La prisa de la transición energética no puede estar ligada a la propiedad o no del Estado a algún medio de producción, ni menos al país de origen de algún equipo.

Podemos desarrollar tecnología propia, debemos hacerlo, pero no podemos negarnos a un mercado internacional y las ventajas de participar en él. Al final, cerrarnos a estas condicionantes, solamente condena a los usuarios finales a precios más altos, y a retrasar la lucha contra el cambio climático.

Eso NO es ético.

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía.