Presentamos un adelanto de Crímenes de cuello blanco (Grijablo, 2019), libro en el que Edgar Morín discute uno de los grandes pendientes del país: la impunidad de los llamados delincuentes de cuello blanco, aquellos que no pisan la cárcel a pesar de que sus delitos son iguales o mayores a los de otros.


1. Los amos del universo

Tengolos pies en la tierra.
Simplemente no en ésta.

Karl Lagerfeld

 

¿Dónde cabe un millón de dólares? Contra lo que cualquiera con buena imaginación suponga, el espacio físico requerido no es mucho. Si es efectivo, billetes de 20 con la imagen del expresidente Andrew Jackson y en apretadas fajillas con 100 unidades, tal como dicta la norma bancaria, el millón cabe en la típica caja de cartón para huevo.

Es sólo una de las muchas formas empleadas por organizaciones mayoristas de traficantes de drogas para guardar sus ganancias, en una dinámica donde los ríos de dinero en efectivo organizan la economía criminal o ilegal como la informal, ese enorme mercado gris paralelo a la ley que incluso va más allá de ella, y cuyo peso sigue siendo considerable para el conjunto de la actividad económica de diversos países. Son tantos billetes que los contadores aprenden a calcular su valor por el tamaño de los fajos. Un fajo de cierta altura debe contener determinada cantidad o, más práctico aún, pesan los billetes para determinar el valor: tantos kilos hacen un millón.

Por eso no son en vano las analogías con metáfora de ciertos corridos musicales donde refieren que “en Sinaloa el dinero se cosecha en kilo”, o afirmaciones como las del periodista Roberto Saviano (2014: 269) al describir este tipo de fortuna: “Existen dos clases de riqueza. Las que cuentan el dinero y las que lo pesan. Si el tuyo no es el segundo tipo de riqueza, no sabes qué es realmente el poder”.

Sin embargo, no puede pasarse por alto que esto va a contracorriente de la tendencia mundial que apuesta por un sistema monetario y financiero que elimina el dinero en efectivo, y entre otras cosas ha producido frases reveladoras, como la de no traigo cash del expresidente Ernesto Zedillo a modo de justificación para no dar limosna. Pero aun con todos los peligros que traen consigo los volúmenes millonarios de dinero en efectivo, su extendido uso y flujo que opera con bastante flexibilidad y autonomía, fundamental para actividades de blanqueo o lavado de dinero que permiten ingresarlo en cuentas legales de la economía formal borrando su origen, tampoco es nuevo, e incluso para algunos autores este apoyo significativo en la liquidez hasta es rasgo de identidad casi universal de la gente pobre (Weatherford, 1998: 281). Se paga al contado, como decía Anatole France, no por virtud sino porque se niega el crédito. Lo mismo en el mundo rural, como descubrieron los estudiosos de la cultura de la pobreza, que en diversas ciudades contemporáneas donde parte del comercio se realiza en efectivo y sobre pequeñas porciones a un costo más elevado, tanto en víveres como en mercancías ilícitas. Es el gueto del pago en efectivo, como le llama Weatherford, donde este dinero no sólo es patrimonio de la clase baja sino parte de un sistema mucho más caro de operar que el sistema sin efectivo de las clases medias y altas (ibid.: 282).

Una minucia cuando el efectivo se maneja por kilo o los millones de dólares se guardan en cajas para huevo, pero muy ilustrativo del funcionamiento del sistema económico y las formas empleadas por diversos actores que mueven el dinero desde sus márgenes, donde los más hábiles van colocándolo en múltiples cuentas bancarias para luego emprender nuevos negocios y, al igual que en la canción de Hugh Laurie —conocido por protagonizar la serie de televisión Dr. House—, hacer otro millón más. Claro que para quienes acumulan grandes cantidades de dinero ilícito casi siempre lo más difícil es poder superar la barrera impuesta a esa liquidez propia del gueto del efectivo y acceder a la economía legal: la que funciona con cheques, tarjetas de plástico colores oro y platino o señales electrónicas. Esto también se dificulta no por falta de ingenio o iniciativas sino debido al control y regulaciones, esto es, la eficacia de los Estados varía de uno a otro, si bien ninguno está exento del problema. Recordemos el escándalo internacional de Hsbc, que lavó millones de dólares para narcotraficantes mexicanos y todo se resolvió con una multa; sofisticados fraudes de software como los de Volkswagen; la corrupción de empresas como Odebrecht, Siemens o los ya famosos papeles de Panamá. En algunos lugares gracias a la corrupción e impunidad transformar el efectivo en patrimonio o transferirlo al sistema financiero todavía es relativamente fácil y barato. Es el caso de México, por ejemplo (véase Buscaglia, 2013 y 2015).

En esto incide también el desarrollo tecnológico, su costo, dificultades técnicas o de infraestructura para el acceso, así como las limitaciones, vacíos y fallos de los propios sistemas bancario y de seguridad, que no han dejado de ser blanco de una delincuencia no violenta que desde hace mucho tiempo lucra alrededor del patrimonio y el dinero: falsificación de papel moneda o documentos bancarios, desfalco, fraude, estafa… incluso algunos de estos delitos gozan de bonanza cuando se introducen nuevas formas de pago, como pasó con el cheque, tarjetas de crédito y actualmente con transferencias por medios electrónicos y la cibercriminalidad con sus robos de identidad, fraudes, estafa o lavado de dinero, entre otras. Sumado a distintos ilícitos que operan en una dinámica similar como el propio robo a banco, cuentahabiente, secuestro exprés o más recientemente los flujos millonarios de efectivo lavados y puestos a circular en el sistema financiero, que en cierta medida inciden para que la propia banca y las autoridades implementen nuevos mecanismos de seguridad, mayores penalidades o hasta jurisprudencia como la no hace mucho promulgada Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La ausencia de violencia y el grado de sofisticación requerido para cometer este tipo de delitos por mucho tiempo tampoco llamó demasiado la atención de la sociedad, los medios de información y la opinión pública, salvo excepciones como el libro Sampietro. Memorias de un falsificador (ediciones Proceso, 1991), acerca del también espía, traficante de joyas, contrabandista y ayudante del sacerdote que bendijo la pistola con la que mataron a Obregón, Enrico Sampietro, quien escapó de Lecumberri en 1937, o la muy recomendable investigación de Humberto Padgett titulada “Vida, fechorías y muerte de El rey del fraude”. Lo que comenzó a cambiar ante el desbordamiento de escándalos en los últimos sexenios que involucran a empresarios, gobernadores y funcionarios públicos de todos niveles e instituciones, con un seguimiento de los hechos cada vez más puntual, aunque al igual que en la cobertura de otros delitos, básicamente tratando lo relativo a su detención y hasta la imposición de medidas cautelares como la prisión “preventiva”, dando pocas veces seguimiento al resarcimiento de las víctimas o al cumplimiento de la condena. Y es que no es fácil que estas prácticas despierten interés y pasen a formar parte de agendas noticiosas tal como ilustra Michael Moore en el documental Masacre en Columbine (2002), cuando entrevista al productor de un programa estadounidense de infoentretenimiento que reproduce estereotipos sobre el delito, los delincuentes, la clase y la raza —el reality show de persecuciones Cops—, y le propone hacer la teleserie Corporate Cops o Tiras Corporativos, donde una unidad de investigación persiga este tipo de delincuencia. Y aunque en un medio como el televisivo se sabe que emociones y sensaciones son fundamentales para enganchar a quien mira, la respuesta no deja de ser reveladora: como el odio, la ira, la violencia y la espectacularidad funcionan para atraer grandes audiencias, un programa como ése solamente sería factible si el sospechoso se quita la camisa, avienta el teléfono celular a los policías que van a detenerlo y trata de escapar saltando la cerca de su casa o a toda velocidad en el auto deportivo. Lo que no ocurre en la realidad, pues cuando detienen a quien robó millones a pobres o a indigentes recibe un trato parecido al de consejal de ayuntamiento “y eso no da lugar a algo emocionante”.

De ahí parte de la invisibilidad gozada por esta delincuencia en casi todo el espectro mediático, principalmente en el ámbito noticioso, pero también en el campo de las industrias culturales, donde por supuesto hay muchas más excepciones. Es el cruce de la sociología, con sus capitales y estructuras que llegan a determinar gustos, comportamiento esperado o consumos (Bourdieu, 1988), con una concepción emotiva del delito y lo que se supone es el delincuente, la cual suele traducirse en un tratamiento maniqueo y superficial de los hechos donde abundan datos, información e imágenes presentadas sin contexto, fuentes únicas o poco fiables, o se privilegian unas cosas y no otras: ciertas violencias y delitos se hacen visibles o hipervisibles en medios industriales de información, como el narco por ejemplo, mientras las diversas formas de violencia contra mujeres y otros grupos vulnerables son omitidas o carecen de peso ante esa falta de emocionante espectacularidad . Lo que puede dar lugar a confusiones significativas sobre los niveles reales del delito, contribuir a la producción de olas artificiales de criminalidad (Barata, 2006), o peor aún, preservar un sesgo muy importante en la política criminal al mantener un sistema orientado únicamente para alcanzar “la punición de un puñado de marginales” (Aller, 2009: XXVi). Con sus consabidas emociones, estereotipos, estigmas y discriminación que nada tienen que ver con la justicia o reparación de los daños, pero contribuyen a hacer todavía menos visibles tanto a actores como a estos delitos cometidos desde la legalidad y economía formal. En realidad estamos ante eso que Michel Foucault llamó economía de los ilegalismos, reestructurada con el desarrollo de la sociedad capitalista a través de una reforma penal en el siglo XVIII y donde, además del peso que adquieren la propiedad, la acumulación del capital o las relaciones de producción, se separa el ilegalismo de los bienes del de los derechos. Esto es, una redistribución que cubre una oposición de clases en la que se castiga diferenciadamente, pues a unos casi siempre les toca la transferencia violenta de las propiedades mientras que otros se reservan el ilegalismo de los derechos:

La posibilidad de eludir sus propios reglamentos y sus propias leyes; de asegurar todo un inmenso sector de la circulación económica por un juego que se despliega en los márgenes de la legislación, márgenes previstos por sus silencios, o liberados por una tolerancia de hecho. Y esta gran redistribución de los ilegalismos se traducirá incluso por una especialización  de los circuitos judiciales: para los ilegalismos de bienes —para el robo—, los tribunales ordinarios y los castigos; para los ilegalismos de derechos —fraudes, evasiones fiscales, operaciones comerciales irregulares—, unas jurisdicciones especiales, con transacciones, componendas, multas atenuadas [2002: 91].

Un ejemplo muy significativo al respecto puede encontrarse en el manejo de leyes como las de delincuencia organizada, las cuales fueron incorporadas recientemente en la legislación. Señalan que “cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada”. Desglosado por fracciones, el listado incluye terrorismo, terrorismo internacional, contra la salud (con todo y su vertiente de narcomenudeo), falsificación, alteración y uso de moneda falsa a sabiendas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, derechos de autor, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, de órganos, corrupción de menores o de personas que no estén en capacidad de comprender, pornografía, turismo sexual, lenocinio, asalto, tráfico de menores, robo de vehículo, trata de personas, secuestro, contrabando, robo de hidrocarburos y daños al ambiente.

En esta lista, cuyas penalidades van de los ocho a los 40 años de prisión y pueden aumentar hasta en 50% si el involucrado es servidor público independientemente de los otros ilícitos cometidos, predominan actividades de alto impacto y marcado sentido parasitario donde la violencia juega un papel relevante. Los delitos de carácter económico, cuyos daños también son multimillonarios y sus víctimas pueden contarse por miles, no pasan de seis, y tampoco escasean los casos judiciales o historias donde son evidentes el sesgo, los vacíos legales, omisiones o hasta complicidades que impiden la detección, investigación y persecución eficaz de una criminalidad tan bien organizada, que ni siquiera es concebida como tal y en buena medida se multiplica gracias a esa discrecionalidad con la que ha funcionado un sistema político-económico que desde hace mucho privilegia el capitalismo de cuates, cuya versión mexicana ha venido naturalizando estas prácticas que cada vez tienen más ceros en los montos de fraudes, quiebras amañadas o desfalcos. Y eso que la ley abarca viejas prácticas como el contrabando, la falsificación, alteración o uso de moneda apócrifa, y actividades más contemporáneas como la protección al derecho de autor. Y aunque prohíbe expresamente la intervención de comunicaciones en materias como lo electoral, fiscal, mercantil o civil, en caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita cuenta con un amplio espectro de intervención —que al mismo tiempo puede resultar limitante por la propia burocracia o los conflictos interinstitucionales dada la coordinación obligada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público—, con capacidades como poder ordenar auditorías, obtener información del sistema bancario y financiero o congelar cuentas y decomisar bienes.

Un doble rasero que han sabido utilizar abogados de exgobernadores, líderes sindicales o empresarios acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita como Gastón Azcárraga, quien obtuvo protección judicial pese al desvío de cerca de 198 millones de pesos de un fideicomiso bancario de la ya quebrada Mexicana de Aviación a otras de sus empresas sacando ventaja en relación con los otros accionistas. Lo que forma parte de las lagunas y vacíos legales en torno a tipos, alcances y limitaciones sobre la delincuencia organizada y de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, permite lograr amparos o que las denuncias y querellas se desvanezcan o resulten improcedentes. En su caso, el amparo 221/2014 otorgado a Azcárraga Andrade en su exposición de motivos se remonta a la creación del artículo 400 Bis del Código Penal federal en 1995, que en su origen vincula el lavado de dinero con el fenómeno del narcotráfico, y al transcurrir del tiempo, según el mismo documento judicial, “se observan dos posiciones opuestas respecto de la ubicación en la legislación del tipo penal denominado Lavado de Dinero, la primera de ellas considera que dicho ilícito debe permanecer en la legislación fiscal penal que lo contiene, mientras que la segunda se inclina por desaparecerlo de dicho ordenamiento legal o insertarlo bajo una nueva fórmula en el catálogo de delitos previstos en el Código Penal para el Distrito federal en materia del fuero Común para toda la República en materia de fuero federal”. Claro que al ser un delito que trasciende el mero interés del fisco federal, en nuestro país se consideró “conveniente no seguirlo contemplando en el catálogo de delitos fiscales, sino ubicarlo en una legislación de contenido más amplio, como lo es el Código Penal; lo cual también es acorde con una correcta técnica legislativa, en donde el delito subsecuente, en este caso del lavado de dinero, debe estar junto con los delitos principales y originales, que en este supuesto lo constituyen principalmente los delitos graves”. Esto es, una traslación del delito de lavado que pasó del Código fiscal de la federación al Código Penal federal apenas en 1996. Y como el propio amparo refiere en su exposición de motivos, donde se recuerda que el origen del artículo 400 Bis del Código Penal federal está basado en la Convención de Viena de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes, que México también suscribió para “combatir el tráfico ilícito de drogas en su aspecto económico con la finalidad de buscar su debilitamiento”, aunque la mayoría de los países firmantes de la Convención no incluye “el delito de lavado de dinero dentro del catálogo de ilícitos fiscales o políticos. Así se ha hecho en los casos de España, Colombia, Canadá, Argentina, entre otros”.

En cuanto a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuyo origen igualmente se remonta a 1996 cuando se incorporó al mismo código penal, éstas se configuran “mediante la realización de cualquiera de las conductas siguientes: adquirir, enajenar, administrar, custodiar, cambiar, depositar, dar en garantía, invertir, transportar o transferir recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita y consecuentemente para que se acredite ese delito basta que se demuestre una o más de las modalidades descritas, por constituir cada una una figura típica autónoma”. Aunque para efectos legales, el mismo artículo indica que “se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia”. Lo que viene a cuento porque el juez federal a cargo de la causa consideró que el origen de la conducta delictiva atribuida a Azcárraga “deriva de realizar operaciones financieras con dinero que resultó tener un origen lícito, bajo la consideración de que los recursos con que se creó el fideicomiso número f/589 […] provienen de la reducción del capital social de la empresa Grupo Mexicana de Aviación”, sin embargo, al desviarse esos recursos de su objeto para un fin distinto, “mediante el ocultamiento y autorización de los diversos accionistas”, ello modificó su naturaleza lícita, constituyendo una conducta engañosa y por ende, ello lo tiñe de ilicitud. Y no sólo por el fraude y otras denuncias penales, aunque el juez que le otorgó este amparo consideró que el razonamiento de su colega constituía “una transgresión a la garantía de exacta aplicación de la ley, conforme a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 14 constitucional”, según el cual “en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”. Esto se hace con el fin de “proporcionar seguridad jurídica a los gobernados y evitar arbitrariedades gubernamentales”, así que en este caso existió

una inexacta aplicación de la ley en perjuicio del quejoso, ya que al estimar la responsable que se configura el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que se atribuye de manera probable al aquí quejoso, y que el origen ilícito de los recursos derivan de la probable comisión del delito de fraude, esto equivaldría a crear un nuevo tipo penal, distinto al contemplado por el legislador, dados los antecedentes y motivos advertidos de la exposición de motivos que creó el delito por el que se libró orden de aprehensión, ya que como se vio, dicho tipo penal se creó ante las conductas de delincuencia organizada y narcotráfico; y si en el caso, se insiste, la ilicitud de los recursos materia del delito por el que se libró la citada orden no tienen ese origen, entonces se estima que se contravinieron las garantías de legalidad, defensa y seguridad jurídica. Ya que de considerar, como lo hizo el juez de proceso, que el lucro obtenido de la comisión de un delito de fraude son recursos de procedencia ilícita configurativo del delito que nos ocupa, se llegaría al absurdo de considerar que todos los delitos de naturaleza patrimonial (dentro de los que se encuentra el fraude) tendrían como consecuencia la configuración del diverso de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Así que desde el punto de vista jurídico, en este caso

el juez responsable fue omiso en exponer cuáles fueron los indicios que obtuvo de las pruebas existentes en la indagatoria, que lo llevaron a concluir que los recursos, derechos o bienes provienen directamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito, de los que dieron origen al artículo 400 Bis del Código Penal federal, para que el quejoso en ejercicio de su derecho de defensa, en su momento, esté en aptitud de probar, si así lo es, la legítima procedencia de esos recursos, derechos o bienes y con ello desvanecer la imputación que se le ha formulado.

Por lo que en derecho procedió

declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por [Gastón Azcárraga Andrade] para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente la orden de aprehensión del quince de febrero de dos mil catorce, y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, que podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada, o bien, en sentido diverso si así procediere, siempre y cuando en ella observe las garantías de exacta aplicación de la ley y legalidad, en términos de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Claro que hay momentos en los que por sí solo el dinero puede no ser suficiente. Sobre todo para quienes delinquen desde los ilegalismos sin derechos basados en componentes como la clase, los amigos poderosos y las conexiones político-económicas que esto trae consigo y ha quedado evidenciado en casos como el de la profesora Gordillo, Javidú y consorte o el propio Azcárraga.  No así en personas como  el lavador de dinero que reveló que un millón de dólares cabe en una caja para huevo, por ejemplo. Pues, gracias a sus habilidades contables y conexiones bancarias, en los tiempos en que se le quitaron tres ceros a la moneda transfirió al sistema financiero algunos cientos de millones de dólares cobrándole a su jefe, Amado Carrillo fuentes, tan sólo 2% de cada movimiento en efectivo que podía realizar sin dejar ningún rastro. Esto es, que sobre una operación de 5000 millones de pesos se ganaba 100 millones, o 60 000 dólares cuando las transferencias eran en esa divisa y sumaban tres millones. Tras la desaparición del también llamado Señor de los cielos su suerte acabó y terminó detenido por casualidad. Aun con tanto dinero y cooperando con las autoridades, los procesos penales que siguieron prácticamente lo sepultaron en vida en una cárcel mexicana de máxima seguridad, y hasta donde es posible saber el peso de lo judicial más que en el lavado de dinero, cuyo rastreo pudo beneficiar al Estado de formas más tangibles que una persecución puramente penal, recayó en esta última y su apartado de delincuencia organizada con todo y sus implicaciones relacionadas con secretos de interés público, en aquel momento potencialmente explosivos, como la supuesta falsa muerte de Amado Carrillo.

Sin embargo, las historias de este libro ocurren mayoritariamente en el otro capitalismo, el de los cuates y el ilegalismo de los derechos, es decir, en el poder político-económico. Con grandes flujos de dinero ilícito que todo tipo de particulares o grupos de interés transfieren a candidatos y partidos en campaña, delitos conocidos como de cuello blanco y cuyos entramados hoy día suelen ser tan sofisticados que difícilmente una sola persona puede llevarlos a cabo. Aquellos donde aparece lo electoral, el tráfico ilegal de información privilegiada, la malversación de fondos, fraude, sobornos y otros delitos muchas veces combinados entre sí y asociados a la corrupción público-privada, que no pueden ser investigados como delincuencia organizada ni tampoco vinculados a otras causas penales y civiles por delitos patrimoniales, evasión fiscal, lavado de dinero y demás ilícitos donde es factible aplicar la extinción de dominio tal como muestran algunos especialistas (Buscaglia, 2015: 129 y ss.), generando también la falsa impresión de que en algunos ámbitos, como la política o los negocios, este tipo de conductas no existe per se o se trata de algo francamente irrelevante y nada organizado. Como ilustra el mismo caso de la desaparecida Mexicana de Aviación, donde también se presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la del D. F. denuncias por “asociación delictuosa o delincuencia organizada” relacionadas con fraudes en la compraventa de la empresa con un sospechoso descuento de 88%, sin notificar a los acreedores ni saberlo los empleados a cuyos fideicomisos para el retiro les debían 265 millones de dólares, o sin garantía de pago para los compradores. Donde además de Azcárraga Andrade y algunos de sus hermanos presuntamente estaban involucrados empresarios como Ángel Losada Moreno o Juan Ignacio Gallardo Thurlow, entre otros, y funcionarios y exfuncionarios como Andrés Conesa Labastida (sobrino del excandidato del PRI, Francisco Labastida Ochoa), Francisco Gil Díaz y Santiago Creel Miranda. A decir del abogado que interpuso las demandas en representación de uno de los tres sindicatos relacionados con la compañía, Joaquín Ortega, la discusión con la representante del Ministerio Público Federal se centró en que ella no encontraba la organización criminal

porque en principio no se trataba de una organización criminal sino de una empresa, Mexicana de Aviación, parte de Nuevo Grupo Aeronáutico, que fueron dedicadas a la actividad criminal de defraudar a sus acreedores. Preguntaba la licenciada: “Y ¿dónde está la organización criminal?” Y yo decía: “En la propia empresa, la empresa y su estructura organizativa y su estructura legal fueron utilizadas para cometer delitos contra 8620 trabajadores y más de 26000 acreedores ordinarios.

Se trataba, explica Ortega, de correr el velo corporativo en el que se desarrolla y se cobija lo que llama delincuencia “legalmente organizada”, delincuencia

que ha ascendido a todas las empresas estatales de los últimos gobiernos, a las casas particulares de los gobernantes, a sus relaciones amorosas o perversas, a sus pasiones antihumanas, transitando hasta por la pederastia y la trata de personas. El centro del asunto es que las leyes en México están hechas para establecer privilegios de algunos y la exclusión de las mayorías; que con base en esas leyes se cometen crímenes de lesa humanidad cotidianamente, sin posibilidad legal de culpar ni castigar a nadie porque todo lo que hacen es legal o la justicia del país lo declara legal.

Así que además de la irregular visibilidad mediática, un sistema penal con fuertes componentes de clase sesgado a cierto tipo de delitos/delincuentes y no a otros, aunque estén organizados, o las imbricadas relaciones entre el poder político  y económico, se debe considerar la valoración positiva que goza la llamada iniciativa privada y el empresario,10 cultivada mundialmente durante los últimos 30 años, que dificulta no sólo la persecución de estos delitos sino su propia detección, dado que algunas de estas conductas (no todas criminales aunque sí relacionadas con temas como falta de ética, escrúpulos, responsabilidad social o la inexistencia/limitaciones de regulaciones gubernamentales o de la sociedad civil), se consideran hasta necesarias para poder triunfar en el mundo de los negocios. Por si fuera poco, está el factor respeto, que en ocasiones se confunde con el miedo dado el inmenso poder e impunidad que proporciona el dinero, sobre todo en países como el nuestro donde la demanda judicial es tan sólo una de las muchas herramientas que tienen ciertas personas o grupos de interés para intimidar, censurar, perseguir o desanimar a quienes guiados bajo la premisa del por qué hurguen en busca de información que revele secretos del poder y permita contar historias de interés público.

Aun así no debe olvidarse que actualmente esto es tendencia mundial, con variantes, pues no en muchos países   se asesinan tantos periodistas como en México, por ejemplo. En otros optan por perseguir a las fuentes que filtran los datos, videos o documentos, pero la constante es que  por doquier se les trata de meter a la cárcel o terminan en el exilio forzado. Esto incluye a Estados Unidos, donde hasta ahora los peores no han sido los gobiernos conservadores, sino el supuestamente liberal Barack Obama, quien persiguió penalmente a más individuos por filtrar información clasificada, según la centenaria Ley de Espionaje, que todos sus antecesores desde 1917 (ocho de un total de 12) (David Brooks, La Jornada, 22 de mayo de 2017). frente a este retroceso planetario de la libertad de expresión y el derecho ciudadano a la información, las investigaciones sobre poderes públicos, privados o criminales, que en algunos países puede terminar articulándose como si fuera un solo poder, son cada vez más importantes. También porque esta opacidad, invisibilidad y falta de escrutinio dañan seriamente derechos fundamentales e imponen a la ciudadanía sus propios intereses, como el silencio, o tratamientos noticioso-informativos que se parecen más a la propaganda; además de publirrelacionistas, voceros, textoservidores y opinion makers o líderes de opinión, que intentan decidir sobre lo que la gente debe  o no saber gracias al pago de no pocos millones.

Parte de los privilegios que en este momento se reacomodan en el país, y por décadas han permitido a unos cuantos elegidos salirse habitualmente con la suya en todo tipo de negocios millonarios lícitos e ilícitos, para prácticamente sepultar el principio —de por sí en desuso— de la igualdad ante la ley, naturalizando de paso aquella vieja frase que unos atribuyen a Juárez y otros a Porfirio Díaz que reza que a los amigos justicia y gracia, a los enemigos la ley a secas. Un buen sostén para cualquier versión del capitalismo de amigotes, aunque tan sólo una prerrogativa más cuando se trata de verdaderos amos del universo que lo mismo están en la realidad como en las artes y la literatura. El caso de Sherman McCoy, por ejemplo, el personaje yuppie asesor financiero estrella de una firma de brokers con el que Tom Wolfe pasó con bastante éxito del nuevo periodismo y sus divertidas crónicas de la contracultura de los años sesenta a la literatura, pues La hoguera de las vanidades y su retrato del mundo de las altas finanzas de Wall Street, restaurantes de moda y exclusivas parties en Park Avenue, como el submundo de la policía, Harlem y los tribunales del Bronx, fue considerada por algunos críticos la novela estadounidense de la década de los ochenta. Cuando además de convertir a la ciudad mundial de Nueva York en protagonista central encontró la mejor forma posible de nombrar a esos nuevos dueños del sistema económico financiero mientras daba cuenta de un flamante tiempo y espacio en el que todo y todos tienen un precio. Algo que muy pronto abandonó la ficción para expandirse rápidamente por el planeta, y en lugares como México alcanzar dimensiones hasta entonces insospechadas.

 

Edgar Morín

 

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