La Reforma Energética de 2013-2015 (desde la Reforma Constitucional hasta la Ley de Transición Energética, ultima en aprobarse), basó su concepción en tres premisas distintas y complementarias:

1. El modelo energético del país generaba un sector poco competitivo, rezagado y que en general frenaba la economía.
2. El Estado no tenia recursos para modernizar el sector como el país lo requería.
3. Había que abrir el sector para permitir su desarrollo mediante las mejores herramientas posibles.

Esta última premisa significaba que había que permitir la participación de cualquiera, sólo así llegarían los mejores (empresa, inversión, tecnología) del mundo.

Para abrir y permitir la participación de los mejores había que generar un entorno de confianza y transparencia; sin ellos no hubiera sido posible desarrollar mercados exitosos. Es curioso que entre los opositores a la Reforma, incluso en campaña electoral de 2018, se hablara de corrupción sólo en las empresas productivas del Estado, principalmente Pemex, pero en el resto no hubo menciones sobre corrupción.

Hubo dos grandes hitos en el sector energético:

En hidrocarburos, las rondas de licitación para contratos de utilidad compartida de producción de hidrocarburos. O sea: las empresas extraen petróleo, lo venden, descuentan el costo de extracción y sobre el restante pagan utilidades al gobierno. Quienes se quedaron con los contratos fueron quienes más porcentaje de esa utilidad ofrecieron al gobierno además, de una serie de impuestos. Hay contratos en los que privados pagan más al Estado de lo que Pemex paga, siendo del Estado. En los campos donde es particularmente negocio, como el almacenamiento de combustibles y en la venta final, se ha dado inversión.

En electricidad, el gran hito fueron las subastas de energía eléctrica de largo plazo.

En las subastas, los comercializadores de energía eléctrica indicaron donde requerían energía y quien ofreció energía al precio más bajo la compró, en contratos de 20 años.

Ambos procesos fueron reconocidos a nivel internacional y de hecho sus resultados fueron propios de esquemas que inducen la competitividad, logrando récords de costos bajos de energía y utilidades compartidas mayores incluso a lo que aporta la empresa del estado.

El común denominador de todos los procesos fue la transparencia, la alta competitividad, la igualdad de condiciones. En los procesos se adjudicaron cientos de contratos a privados, pero también a empresas del estado.

Ilustración: Víctor Solís

¿Gracias a qué fue esto?

Sin duda al profesionalismo de quienes participaron de la implementación, pero no es sólo eso. El diseño de los procesos no se hizo basados en la idea de que quienes ejercían las funciones del Estado fuesen incorruptibles. De hecho, sería un error apostar a que un participante de algún sistema de licitación sea incorruptible. Al contrario, se realizó un diseño para que los ánimos de competencia generaran mayor beneficio a los usuarios y que no tuviera mucho sentido intentar hacer algún acto de corrupción, sino ofrecer lo mejor de cada participante para ganarle al otro.

El diseño de las políticas publicas debe ser desconfiado por naturaleza, lo que permitirá generar mecanismos no infalibles, pero que sí reduzcan el espacio a la corrupción.

El tener mecanismos de competencia en reglas estrictas, iguales para todos, hace que quienes quieran ganar, llevarán la promesa pero a la vez el riesgo, por lo que ofrecen lo mejor de si para ganar.

Las ventajas de la utilidad compartida así como de las subastas es que, además de reducir el espacio a la corrupción por diseño, pasó todo el riesgo del Estado al privado.

¿El desempeño y los resultados han sido perfectos? No. De hecho, las subastas de energía eléctrica de largo plazo llevan un avance de 63% y 41% de avance (la tercera no está en tiempos de entrega aún) y un contrato de exploración y producción fue rescindido.

Sin embargo, hasta eso son buenas noticias: En un ambiente de corrupción, se pudo haber “negociado” el contrato rescindido a cambio de que siguiera operando. Sin embargo se siguió el proceso de ley y no se movió una coma del contrato.

En electricidad, los proyectos hay proyectos que no se ha construido ni entregan energía y deberán tener cargos por ese incumplimiento. Aún así, no se ha alterado el precio, o las condiciones, por ejemplo, de la energía comprometida.

Considerando esta experiencia, que el discurso más importante del presidente es el combate a la corrupción y ante la necesidad de contar con recursos para planes sociales, este gobierno debería retomar ambos mecanismos y fortalecer el ánimo de transparencia de los mismos.

A menos que gane el espíritu del estatismo sobre los otros objetivos, o que estos objetivos sean sólo simulación y por eso se destruyen o inutilizan estructuras que han mostrado su eficacia, lo ideal de este gobierno es ajustar y mejorar las subastas, sin modificar su espíritu.

Pero si se quiere hacer algo más, he recogido algunas propuestas del sector privado, las cuales platicaré en la siguiente entrega.

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía.

 

Un comentario en “Reforma Eléctrica, corrupción y diseño de estructuras

  1. ¿Cómo conciliar el desarrollo de sistema eléctrico moderno, confiable y eficiente con la idea de “soberanía energética” que pregona la 4T? ¿Qué es exactamente eso de soberanía energética?, en el caso de que “soberanía” quiera decir “Estado Mexicano”, ¿Como hacer llegar recursos para modernizar la red?, la verdad parece un callejón sin salida conciliar el mito de la soberanía energética con los recursos que requiere el Sistema Eléctrico Nacional.

    Saludos, muy buen artículo.

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