El sector eléctrico surgió a finales del siglo XIX en México mediante una serie de proveedores privados. En 1960 se nacionalizó la industria eléctrica, con lo que se crearon dos monopolios, uno en el centro y el otro en el resto del país; literalmente se repartieron el territorio, pero atendiendo en monopolio a todo tipo de usuario, grande o pequeño, que se estableciera en su territorio.

Hubo participación de algunos privados que generaron su propia energía, lo que se fortaleció en 2009 con el esquema de autoabasto ya comentado en este espacio, pero en general el sector eléctrico se mantuvo en dos grandes monopolios, o uno, a partir de la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009.

La apertura real del mercado se dio a partir de las modificaciones Constitucionales en 2013 y la Ley de la Industria Eléctrica en 2014; permitió la competencia en un sector que ya tenía participación privada desde la década de los noventas, generación, pero permitió también la competencia en el sector de comercialización.

Ahora, no todos los usuarios pueden o deberían acceder al mercado eléctrico de la misma forma. Los grandes usuarios, que significan menos de uno de cada diez usuarios de energía eléctrica, pero el 60 por ciento de la energía que se consume en el país, por su naturaleza en que la energía significa una proporción mucho más grande de sus costos y operaciones, tienen una participación más activa para ir satisfaciendo sus necesidades energéticas.

Por otro lado, los usuarios pequeños deben tener el acceso a la energía más barata ademas de la continuidad y calidad del servicio, sin meterse tanto al mercado, solo eligiendo al proveedor que mas le convenga o guste.

Bajo estos principios, en la ley se dividieron los usuarios en dos tipos: los de suministro calificado, que tiene en este momento un contrato para un consumo mayor o igual a un megawatt y el usuario básico, que tiene contratos para consumo menores a ese megawatt.

El límite de un megawatt no es fijo, sino que la Secretaría de Energía podrá ir disminuyéndolo, con lo que habrá cada vez más usuarios calificados, siempre del rubro comercial e industrial. De hecho, el límite mínimo para ser usuario calificado inició en 3 MW en 2014 y fue disminuyendo hasta el actual. Los hogares deberán mantenerse como usuarios básicos.

Al no poder participar de manera más activa en el mercado, se deben crear mecanismos que garanticen los precios más bajos. Es así como surgieron las subastas de energía eléctrica de largo plazo y la obligación de los suministradores de servicios básicos de adquirir su energía con estos mecanismos.

Ilustración: Víctor Solís

Desde la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica, se han otorgado cinco permisos de operación como suministrador servicios básicos: el de Comisión Federal de Electricidad y otras cuatro empresas: Suministro Básico del Centro (SUBACE), Enlace y Representación Gubernamental, BH Energy Supply y Luxem Luz Eléctrica Mexicana. Suministrador de servicios calificados, los de más de un megawatt, hay algunas decenas de suministradores.

Estas empresas suministradoras básicas, al adquirir sus coberturas mediante subastas, podrían tener ofertas de precios de energía muy competitivas y ofrecer más y mejores opciones al usuario básico de electricidad, incluso modelos de negocio que incluyan paneles solares, por ejemplo.

Sin embargo, el mecanismo en este momento afectaría a CFE, pues la empresa sigue obligada a adquirir la energía de contratos legados (de la ley anterior), que corresponden a modelos contractuales anteriores con altos costos de generación, mientras que los nuevos sólo tendrían costos de subasta, muy bajos, lo que dejaría en desventaja competitiva a CFE desde la partida. Esto se deberá resolver mediante una regulación que “reparta" los contratos legados mientras su influencia en los precios finales se mantenga y con influencia regional.

Ahora: Comisión Federal de Electricidad es la única que opera al momento, mientras que SUBACE planteaba iniciar sus operaciones en 2019 y el resto en 2020.

Para eso requieren tener energía que ofrecer, lo cual se daría mediante subastas.

SUBACE, heredera de la tradición de Luz y Fuerza del Centro y su Sindicato Mexicano de Electricistas, cumplió con todo lo necesario para ofrecer el servicio y competir con Comisión Federal de Electricidad, pero se encontró con la imposibilidad de tener energía disponible para sus clientes potenciales ante la cancelación, no motivada ni fundada, de las Subastas de Energía Eléctrica de Largo Plazo.

SUBACE entregó al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) lo necesario para iniciar una subasta, a pesar del que el director del CENACE declaró en el Senado que no sabían qué subastar, que no era necesario.

Pero CENACE sólo obedeció lo que le indicaron. La Secretaría de Energía frenó mediante una serie de instrucciones el desarrollo del mercado y las subastas. Lo que está haciendo es retardar la entrada de participantes comercializadores de energía. Las acciones de diciembre para acá parecen favorecer a un monopolio y, como en todo monopolio, los que pierden son los usuarios, usted y yo.

Incluso en condiciones de monopolio de suministro básico, las subastas tendían a abaratar el costo de la energía. ¿A cambio de qué se cancelan entonces mecanismos que benefician al consumidor? ¿Cuándo se iniciará el diseño de un modelo regulatorio que evite la cancha dispareja que sufriría CFE? ¿Se pondrá al centro de la política energética al consumidor o al monopolio de Estado?

Son preguntas por resolver, pero mientras, el gran mercado del suministro básico está latente y dormido o, mejor dicho, anestesiado.

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía