Paseo Cayalá en Guatemala es un lugar lindo y seguro, situado en la capital de uno de los países más violentos, racistas, superpoblados y políticamente inestables del continente. Es una especie de apartheid amurallado para ricos donde incluso la policía necesita autorización especial para entrar. El impacto mundial por la tragedia de Óscar Martínez y su pequeña hija Valeria, ahogados en el río Grande, puso la principal atención en la propuesta del muro del presidente Trump y sus políticas migratorias. Sin duda hay razones para esto, sin embargo, nadie habla de los muros que están en los propios países del Triángulo Norte que tienen relación directa con la causa del problema.

De distintas maneras el fenómeno de muros, ejércitos privados y zonas apartheid para comercios, industrias, residencias y lugares de diversión domina totalmente en las ciudades más importantes de los países del Triángulo Norte. Los servicios de seguridad privada en Guatemala tienen seis veces más personal que el gobierno, los de Honduras cinco veces y los de El Salvador están en paridad. No hay nada malo en ser rico y vivir en un lugar lindo, el problema es que esto profundice el olvido, la indiferencia y la insensibilidad de las elites locales ante el drama que viven millones de pobres frente al más feroz fenómeno delictivo que haya existido en Latinoamérica.

Ilustraciones: Patricio Betteo

Cuando se produce una ola migratoria masiva la causa interna es lo principal, lo que después ocurre en el camino es una consecuencia. La emigración por decisión individual es baja porque desde que los humanos se asentaron y existen países con fronteras definidas, la mayoría de las personas prefieren vivir, trabajar y terminar sus días en el país donde nacieron. Ni los costarricenses ni los panameños están emigrando. Normalmente las migraciones masivas ocurren por desastres naturales y guerras. Los dos fenómenos migratorios más importantes del continente en este momento, el venezolano y el centroamericano, no obedecen a estas razones. En el caso de Venezuela la causa es la dictadura de Maduro y el día que éste deje el poder se detendrá la emigración y millones de venezolanos regresarán a su país.

El caso de Guatemala, Honduras y El Salvador es más complejo y es difícil una solución de corto plazo. La ola migratoria del Triángulo Norte hacia Estados Unidos puede explicarse fundamentalmente a partir de cuatro factores: explosión demográfica, Estados débiles que han perdido autoridad en territorios donde viven millones de pobres, bloqueo a la microeconomía por la delincuencia y crisis de gobernabilidad sistemáticas. Los factores citados no suponen que no haya otros, como la pobreza que siempre ha existido, la alta disponibilidad de armas y la vulnerabilidad ante los desastres naturales. El problema es que lo demográfico, la inseguridad, el bloqueo a la microeconomía y los problemas de gobernabilidad alcanzaron su momento de mayor gravedad de forma simultánea y esto provocó una ola migratoria sin precedentes. Cómo empezó es secundario, lo central es que la bomba ya estaba allí y cualquiera podía encender la mecha. La crisis migratoria es de tal envergadura que ha puesto en jaque las relaciones de Estados Unidos con México y con los propios países del Triángulo Norte. Dado que Nicaragua se ha convertido ahora en una dictadura se debe prever el riesgo de que en unos meses su economía se hunda y esto sume nicaragüenses a la crisis migratoria aunque en este caso buena parte irían hacia el sur. Sin duda se debe apelar a la solidaridad y al respeto de los migrantes, pero lo principal es resolver la causa no el efecto.

 

Hace algunos años escuché la presentación de un funcionario del gobierno de Guatemala que felizmente hablaba de un futuro luminoso para su país, poniendo como centro el crecimiento demográfico que Guatemala estaba teniendo. Por esas mismas fechas un analista salvadoreño escribió un artículo con similar entusiasmo diciendo que El Salvador era una “potencia demográfica”. Para obviar el problema demográfico se suele argumentar que la migración es cultural en estos países. En general, el factor demográfico es el menos analizado como detonador del problema. La población de Guatemala, Honduras, El Salvador y también la de Nicaragua han crecido muy rápidamente en las últimas décadas. En 1980 la población de Guatemala era 7.2 millones, la de El Salvador 4.5, la de Honduras 3.6 y la de Nicaragua 3.2. En la actualidad Guatemala tiene casi 18 millones, El Salvador 6.5, Honduras casi 10 y Nicaragua 6.2. Es decir, que en sólo 40 años la población pasó de 18.5 millones a más de 40 millones. Esto después de haber expulsado hacia los Estados Unidos al 6% de los guatemaltecos, al 8% de los hondureños y al 25% de los salvadoreños. Hay que agregar que el 6% de los nicaragüenses vive en Costa Rica.   

La tasa de natalidad por cada mil habitantes del Triángulo Norte y Nicaragua es de las más altas del continente. Guatemala tiene la más alta de Latinoamérica con 26.6, El Salvador 19.1, Honduras 23.4 y Nicaragua 21. Sólo en Guatemala nacen 416 mil niños cada año. El Salvador sigue siendo el país más densamente poblado de Latinoamérica con 313 habitantes por km2. Por su estrecho territorio y la concentración de población este país tiene una especial característica dominada por lo urbano y suburbano. En Guatemala y Honduras la tendencia de la población también ha sido a concentrarse en zonas urbanas. Por ejemplo, Honduras, como país, tiene 80 habitantes por km2, pero en el departamento de Cortés, donde se encuentra la ciudad de San Pedro Sula, la densidad es de 400 habitantes por km2. No es casual que esta ciudad sea una de las más violentas del mundo y que haya sido allí donde nacieron las caravanas de la actual ola migratoria.

Una visita rápida a los barrios más violentos de estos países deja muy claro que el crecimiento exponencial y el hacinamiento de la población son factores generadores de una brutal marginación social, pobreza extrema y violencia social y delictiva. La población crece a un ritmo que supera por mucho la capacidad de las economías de generar empleos y de los Estados de brindar servicios de salud, educación, transporte, vivienda, agua potable, vías de comunicación, justicia y seguridad.

En la época en que estos países eran gobernados por dictaduras militares los generales eran más abiertos al control natal y a las políticas demográficas. Con la democratización los militares fueron sustituidos por elites conservadoras con una visión religiosa fundamentalista sobre la educación sexual. Con ello se abandonó por completo la posibilidad de políticas de planificación familiar de los gobiernos y los organismos no gubernamentales que ahora intentan hacer algo sufren acoso religioso. El tema se volvió tabú e intratable para toda la clase política por temor a la presión de las iglesias. En Nicaragua la familia Ortega, para legitimar su dictadura, hizo alianzas con jerarcas católicos, abolió el aborto terapéutico que había existido por más de un siglo y definió su proyecto como “cristiano, socialista y solidario”. En El Salvador la prohibición total del aborto se volvió constitucional con los votos de la izquierda “revolucionaria” y hay mujeres jóvenes que enfrentan condenas de hasta 30 años por esta legislación. El rechazo radical a la educación sexual de los jóvenes y la inexistencia de campañas y distribución de métodos anticonceptivos tiene relación directa con lo que está pasando. Al no existir políticas de planificación familiar la bomba demográfica centroamericana creció y estalló. Ahora la onda expansiva está matando gente en los barrios pobres o lanzándolos a morir ahogados en la frontera norte de México.

 

Guatemala, Honduras y El Salvador siempre han sido países pobres, por lo tanto, la pobreza no puede explicar la dimensión de la ola migratoria actual. El argumento de la pobreza se debilita aún más cuando se tiene a cuenta los datos de las remesas que envían los emigrados a sus países. Al visualizarlo en conjunto, en las últimas dos décadas la cifra es literalmente descomunal. Desde 1999 hasta la fecha El Salvador ha recibido 68 mil millones de dólares; Honduras, del año 2007 a la fecha, ha recibido 40 mil millones y Guatemala, en ese mismo periodo, 72 mil millones. La suma total de estos datos es de 180 mil millones de dólares. No hay programa de cooperación, ni plan tipo “Marshall” que pueda competir con las remesas. Cuando se habla de ayudas de cientos de millones para detener la emigración estas cifras resultan absurdas.

Sólo en 2018 el Triángulo Norte recibió casi 20 mil millones en remesas que significan más de mil 600 millones mensuales. Lo paradójico es que el dinero de las remesas llega directamente a familias pobres y, sin embargo, no tiene efectos ni sociales, ni económicos que abran un ciclo de progreso y desarrollo sostenido como ocurrió con otras migraciones en el mundo; por el contrario, los homicidios, la violencia y la emigración han aumentado al mismo ritmo que han ido creciendo las remesas. Es paradójico, pero en la realidad a más dinero ha correspondido más desastre social. Por ejemplo, en El Salvador, en 1998, hubo dos mil 340 homicidios y se recibieron mil 338 millones de dólares en remesas, en el año 2012 hubo cuatro mil 366 homicidios y las remesas habían aumentado a tres mil 648 millones de dólares. Las remesas están generando un progreso superficial y una economía de renta que reduce incentivos a la inversión productiva y promueve el consumo.

Esto ha multiplicado la riqueza de los grandes grupos económicos, al punto que se han convertido en capitales transnacionales que invierten en el exterior, pero siguen viviendo en estos países que son una mina de oro para ellos y un infierno para los pobres. Según una encuesta de la Universidad Centroamericana de El Salvador publicada en enero de este año, 63.8% de los salvadoreños desearía irse del país y una encuesta de la Red Jesuita de este mismo año en Honduras dice lo mismo del 42% de los hondureños. En los países del Triángulo Norte existen grandes centros comerciales protegidos por seguridad privada, ubicados en lugares cercanos a las zonas de mayor actividad criminal que, vía consumo, terminan captando la mayor parte de las remesas, en tanto los pequeños empresarios ubicados en el corazón de los barrios pobres viven sometidos a las pandillas pagando extorsiones y si no pagan son asesinados.

Es correcto señalar que estos países necesitan grandes inversiones, redefinición de su modelo económico, reactivación del agro, etcétera. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las remesas están generando distorsiones en las economías que hacen difícil definir un nuevo rumbo. Con fondos estadunidenses se construyó una bonita carretera que recorre el norte de El Salvador que permanece desierta y con un préstamo japonés se construyó un puerto en el Golfo de Fonseca que lleva 10 años sin utilizarse. En Honduras la renta del narcotráfico alcanzó tal dimensión que acabó involucrando a presidentes y banqueros del gran capital. El crecimiento de la economía en Guatemala y Honduras no es malo, en los últimos siete años se ha mantenido arriba de 3%. En 2014 y 2015 Guatemala superó el 4% y es uno de los más grandes exportadores de azúcar del mundo. La mayor responsabilidad de los grandes capitales con la ola migratoria es la evasión fiscal porque ésta genera Estados estructuralmente débiles. Guatemala es el país con la más baja recaudación fiscal de Latinoamérica y al mismo tiempo el más corrupto después de Venezuela, Nicaragua y Haití.

Sin embargo, al enfocarnos con sentido de emergencia, lo que más está generando emigración sobre todo en Honduras y El Salvador es el bloqueo a la microeconomía que realizan los delincuentes, con el agravante de que esto termina favoreciendo al gran capital que capta las remesas, vive amurallado y evade pagar impuestos. Sólo en los años 2016 y 2017 en Tegucigalpa, Honduras, se cerraron mil 500 pequeñas tiendas que representan el 30% de estos negocios en la capital. Las pequeñas empresas en Honduras generan entre 60% y 70% del empleo y se estima que pagan 200 millones de dólares anuales en extorsiones. En El Salvador, 72% de las pequeñas empresas es víctima de extorsiones y éstas reportan pérdidas diarias de 20 millones de dólares; centenares de trabajadores del sector transporte público han sido asesinados, además de ser un sector que ha venido sufriendo de la extorsión por más de 15 años. En Guatemala las extorsiones han aumentado en un 72% en los últimos cuatro años y las pequeñas empresas representan 85% del empleo.

Sería deseable que aumentaran las inversiones, pero el capital extranjero teme a la inseguridad y a la inestabilidad política y los capitales nacionales se han dedicado a captar la remesas y usar el dinero para invertir en otros países. La microeconomía es en lo inmediato el eslabón de inversión más importante para generar empleos, combatir socialmente la delincuencia y pacificar a las comunidades pobres. Lo posible en el corto plazo es liberar a las zonas pobres de la delincuencia, estimular el desarrollo de las pequeñas empresas y facilitar que las remesas impacten el desarrollo local. En la actualidad las remesas estimulan más la migración porque al mismo tiempo que los países se han venido degradando social y económicamente, los migrantes han construido y fortalecido un puente social, cultural, económico y familiar con Estados Unidos que está funcionando como una ruta de escape y en algunos casos hasta como el camino más rápido de movilidad social. Pacificar las zonas inseguras permitiría invertir está situación positivamente haciendo que las remesas mejoren las comunidades, reactiven la economía local, detengan la emigración e incluso estimulen el retorno.

 

Durante una presentación, al hablar de control territorial, un asistente me preguntó: ¿y eso cómo se come? En general es un concepto ahora muy repetido, pero al mismo tiempo muy poco entendido y un problema al que no se le encuentra solución. En la edición de enero de 2015 de nexos escribí un ensayo detallado sobre este tema titulado “Bandidos, Estado y ciudadanía”. Retomaré algunos párrafos de ese artículo para explicar por qué la delincuencia está generando emigración masiva en el Triángulo Norte.

Cuando en un lugar la densidad criminal es muy alta se produce una confrontación no sólo con tiros y muertos entre la autoridad del Estado y los delincuentes. En la percepción colectiva se enfrentan el poder intimidatorio de los criminales con el poder disuasivo de los policías. Podemos decir que en este enfrentamiento está en juego “quién le tiene más miedo a quién”. Si el poder disuasivo del Estado es derrotado, los ciudadanos tendrán más temor a los delincuentes que confianza a los policías. Los criminales le perderán el miedo a la policía y los propios policías podrían terminar desmoralizados.

Cuando en un lugar los delincuentes pueden moverse abiertamente armados, cuando pueden interceptar vehículos o personas como si fueran autoridad, cuando pueden trasladar y abandonar decenas de cadáveres en lugares públicos, cuando pueden mover con facilidad productos ilícitos, cuando pueden expropiar propiedades y realizar matanzas impunemente, cuando pueden extorsionar masivamente barrios enteros, cuando pueden definir quién será la autoridad local y cuando todo mundo sabe quiénes son y dónde viven, pero nadie los denuncia, entonces estamos ante la pérdida del control territorial por parte del Estado. No importa que las fuerzas del Estado puedan llegar, si éstas no son capaces de permanecer se debe reconocer que en ese lugar la autoridad son los delincuentes.

Estos dos párrafos explican lo que ha pasado en Guatemala, Honduras y El Salvador, donde los delincuentes dominan amplios territorios urbanos y rurales estableciéndose como un poder alternativo al Estado que exige “tributación” (extorsión) a los habitantes. Las “maras” como cultura pandilleril nacieron en Estados Unidos y llegaron a Centroamérica con las deportaciones. Al asentarse en Estados débiles se transformaron en un fenómeno tribal masivo de carácter antropológico que se expandió por la multiplicación de familias disfuncionales y el vacío de Estado en todos los órdenes. A diferencia del crimen organizado que tiene el dinero como propósito y la violencia como instrumento, para las maras la violencia es identidad y el dinero un instrumento. Las maras son un problema de los pobres que afecta sólo a los pobres, por ello ha habido indiferencia de las elites para resolverlo.

Se trata de una catástrofe social que acabó convertida en una brutal violencia criminal, al punto de establecer en los barrios pobres un régimen donde los buenos viven aterrorizados y los malos imponen su cultura de violencia y aborrecimiento al trabajo. Las historias sobre cómo “gobiernan” las maras en los territorios donde el Estado no tiene autoridad son horrendas. Jóvenes que no pueden cruzar una calle que divide un barrio de otro por el riesgo de ser asesinados, niñas que son secuestradas, violadas, convertidas en esclavas sexuales y desaparecidas sistemáticamente por los jefes pandilleros. Ancianos y mujeres embarazadas muertos con gran crueldad. Pequeños negocios que deben operar clandestinamente, maestros, líderes locales y buenos ciudadanos asesinados por intentar proteger a los jóvenes que se resisten a ser pandilleros. Negarse a pagar la extorsión es muerte, negarse a colaborar es muerte, rechazar ser miembro de la pandilla es muerte, rechazar los pedidos sexuales es muerte, platicar con un policía es muerte, cruzar accidentalmente un territorio de una pandilla es muerte. Éstas ejecutan decapitaciones, descuartizamientos y otras formas brutales de matar que multiplican el miedo. Frente a todo esto, los riesgos de unirse a una caravana que se dirige hacia Estados Unidos son realmente muy menores.

 

La posibilidad de progreso de un país es directamente proporcional a la fortaleza de sus instituciones y a la capacidad de sus elites y, como parte de éstas, la clase política. Una mirada rápida a la Centroamérica actual nos mostrará el enorme déficit que existe en este terreno. Guatemala es un país internacionalmente intervenido, con su último presidente preso por corrupción, con dos recientes candidatos acusados de narcotráfico por Estados Unidos y con una batalla abierta de la clase política para terminar con la Comisión Internacional Contra la Impunidad. Honduras es otro desastre similar, con un presidente cuestionado por fraude electoral, un ex presidente acusado por narcotráfico y recurrentes protestas violentas en las calles contra el actual presidente. La realidad de Nicaragua es ahora mucho más conocida, luego de varios fraudes electorales y una gran corrupción ligada al dinero venezolano, el régimen se convirtió en una dictadura abierta y en sólo cuatro meses mató a 500 personas, apresó a 800 y se resiste a adelantar las elecciones.

En términos de estabilidad política, El Salvador es una excepción. Los acuerdos de paz firmados en México en 1992 sometieron a los militares al poder civil y dieron poder real a los jueces y al Parlamento. De esto quedó un sistema de pesos y contrapesos y una libertad de expresión que protege al país de la concentración de poder. Es muy difícil que un partido pueda ganar suficientes votos para alcanzar mayoría simple en el Parlamento e imposible que pueda alcanzar mayoría calificada y de esta última depende la elección del fiscal general, los magistrados de la corte y otras. Los golpes de Estado, los fraudes y la violencia política terminaron. En 37 años se han realizado 21 procesos electorales libres e ininterrumpidos que han electo a ocho presidentes de todas las corrientes políticas y a 13 Parlamentos. Las fuerzas armadas y policiales son, en general, profesionales, neutrales, obedientes y respetuosas de los derechos humanos y no están involucradas en crimen organizado como en los países vecinos.

El sistema político que dejó la guerra y la paz ha funcionado y por ello no se ha roto como en Guatemala, Honduras y Nicaragua, muy a pesar de que los partidos se han desgastado. Sin embargo, El Salvador ha vivido bajo una extrema polarización ideológica que convirtió la política en una guerra sin muertos que impide acuerdos para resolver los problemas económicos y de seguridad. Esto es grave porque se trata del país con el menor crecimiento económico, el más afectado por el efecto rentista de las remesas y el que tiene más territorios “gobernados” por las maras. Con el reciente cambio de gobierno se inicia un periodo de prueba en términos de mejorar la gobernabilidad, construir consensos, reducir la polarización y encontrar soluciones a los graves problemas que tiene el país. 

El balance general de cómo la gobernabilidad ha sido parte del problema es fácilmente visible al ver la historia política reciente de Guatemala, Honduras y El Salvador. En primer lugar, las elites económicas no sólo no vieron el peligro, sino que el efecto remesas los llevó indirectamente a potenciar la migración. En segundo lugar, en el momento en que los factores demográficos y de seguridad iban creciendo sin control, los tres países permanecían en crisis políticas recurrentes. Honduras no se ha estabilizado desde el golpe de 2009, Guatemala ha vivido en una batalla permanente de sus elites contra la presencia de Comisión Internacional Contra la Impunidad y esto acabó derrumbando un gobierno. En El Salvador la lucha contra la corrupción en el contexto de polarización extrema terminó en un resultado dramático con un ex presidente muerto, otro preso y un tercero en el exilio. En otras palabras, los grandes capitales usaron la migración para hacerse más ricos y los políticos no tuvieron tiempo para prever que esta acabaría convertida en una grave crisis internacional que los enfrentaría a Estados Unidos.

 

Hay diferencias en los tres casos y al mismo tiempo lugares comunes. Guatemala tiene una economía que crece y una afectación menor de las maras, pero tiene más crimen organizado, la explosión demográfica es mayor, el Estado es más débil, las elites económicas son más insensibles, sus políticos más corruptos y los militares y policías están más penetrados por el crimen. Honduras es afectado severamente tanto por maras como por crimen organizado, tiene penetración criminal en policías y militares y su gobernabilidad es una bomba de tiempo. El Salvador tiene menos problema político y no hay penetración criminal en las instituciones de seguridad, pero es el caso más grave de pandillas y el más difícil para reconstruir su economía.

Un tema común de vital importancia y urgente en todos los casos es la lucha porque las iglesias humanicen su posición y dejen de oponerse a las políticas de la planificación familiar, a la educación sexual de los jóvenes, a las campañas para evitar embarazos, a la distribución de anticonceptivos y a la existencia de instituciones públicas orientadas a reducir el crecimiento demográfico. La visión fundamentalista termina volviéndose inmoral al dejar el tema demográfico a la deriva y esto tiene efectos muy crueles entre los más pobres. La grave marginación social y la extrema violencia que padece la región están directamente relacionadas con el hacinamiento de la población. Si el crecimiento demográfico no se detiene jamás se resolverá el problema.  

Cuando un emigrante dice que se va para reunirse con su familia, hay que preguntarse por qué se fueron sus familiares. Cuando dice que se va a Estados Unidos para mejorar económicamente, debemos tener en cuenta que toma ese rumbo porque los millones de centroamericanos que le precedieron construyeron un puente migratorio en esa dirección. Por ejemplo, los nicaragüenses se van hacia Costa Rica porque ese fue el puente que construyeron sus migrantes. Preguntar a los migrantes por qué se van equivale a que el paciente le diga el doctor cual es su enfermedad. Si establecemos la pobreza como causa principal, la conclusión sería que no existe solución para la emergencia. A pesar de las diferencias entre un caso y otro el centro de gravedad de la ola migratoria, en lo más inmediato está en la seguridad y en la pacificación de los lugares donde habitan los pobres. No se resolvería todo el problema, pero habría una reducción considerable.

En el tema de seguridad vale la pena usar un ejemplo de primer mundo. Gran Bretaña como país desarrollado tiene amplios programas sociales para la pobreza, el desempleo, etcétera. Por otro lado, tiene una de las policías de mayor prestigio en el mundo por su capacidad de investigación científica, pero, sobre todo, por su capacidad de relacionarse con los ciudadanos y hacer que sus miembros sean parte fundamental de la comunidad. Al mismo tiempo, Gran Bretaña es el país con más cámaras de seguridad por habitante en el mundo, una por cada 14 personas. Es decir, existe una combinación de prevención social, presencia policial, apoyo ciudadano y control tecnológico. Como resultado de la crisis de 2008, el gobierno conservador decidió reducir drásticamente el número de policías teniendo a cuenta los bajos indicadores de delito. Una década más tarde los delitos han comenzado a aumentar incluidos homicidios con armas blancas, robos, pandillas, tráfico de drogas, etcétera. Ahora los mismos conservadores aceptan que hay una emergencia en seguridad y proponen formar y poner en las calles a 20 mil nuevos policías. La lección es bien clara, nada es más efectivo que el policía en la calle, las cámaras son para ver lo que pasó y los policías son para que no pase.

Guatemala y Honduras necesitan depurar del crimen organizado sus instituciones de seguridad. Por ejemplo, en Guatemala una parte de las extorsiones las realizan los policías. Pero lo principal es que el Triángulo Norte necesita apoyo para crear fuerzas policiales de carácter territorial numerosas para que el Estado pueda recuperar autoridad de forma permanente en las zonas pobres dominadas por criminales. Pacificar comunidades requiere control territorial y esto último implica una fuerza más numerosa compuesta por elementos que tengan la capacidad de ganarse a las comunidades por su conducta. Una fuerza policial de carácter territorial puede entrenarse muy rápidamente porque no exige mucha preparación como la de los policías más especializados, pueden tener un salario menor y preferentemente conocer o ser originarios de los lugares donde prestarán servicios.

El control territorial es una política disuasiva, aunque al iniciarse necesite una fase represiva. Esencialmente se trata de un plan basado en fuerzas territoriales que actúan con una organización, un despliegue y una planeación dirigida a restablecer el dominio coercitivo, político, jurídico y social del Estado sobre el territorio. El objetivo de una fuerza territorial es que no ocurran delitos, que los ciudadanos pierdan el miedo, que la economía local crezca y que los programas preventivos se desarrollen en paz y puedan ser exitosos. La relación entre policías y ciudadanos es el corazón del control territorial y esto obliga a abandonar la idea del policía tipo “Rambo” agresivo, violento y represivo. En ese sentido es importante que la doctrina policial tenga los derechos humanos como un componente de su eficacia operacional y no como una imposición ética. Violar los derechos humanos es una receta para multiplicar la violencia y fracasar. Los policías del futuro deberán ser trabajadores sociales entrenados para emplear la fuerza cuando sea necesario. Centroamérica está lejos de esto, pero el concepto puede resultar útil como propósito.

Finalmente, hay que estar claros que la solución a este problema no será ni rápida ni barata y lo segundo implica: más impuestos, políticos honestos y ricos responsables. Evasión fiscal y corrupción son parte fundamental del problema y no sólo aquella que roba recursos del Estado. El último gobierno de izquierda de El Salvador, pese al grave problema de seguridad, inventó decenas de miles de plazas de trabajo para sus activistas y familiares y gastó millones de dólares en redes clientelares en vez de invertir en más policías. Existe la creencia entre los ricos y la ortodoxia económica que la seguridad es gasto y están totalmente equivocados. El éxito de Colombia en seguridad se logró con más impuestos, con más presupuesto y con aumento exponencial de las fuerzas policiales y militares, pero el premio fue que, si bien el presupuesto se multiplicó por cuatro, el PIB también se multiplicó por cuatro y el turismo pasó de 600 mil visitantes en 2007 y a 4.4 millones en 2018. Así que en vez de seguir levantando muros en nuestros países y pelearnos con el que Trump quiere construir en el suyo, sería una inversión muy rentable garantizar la seguridad de los pobres y esto haría que las remesas contribuyan al desarrollo en vez de estimular más emigración.

Junio de 2019

 

Joaquín Villalobos
Ex jefe guerrillero salvadoreño, consultor en seguridad y resolución de conflictos. Asesor del gobierno de Colombia para el proceso de paz.

 

3 comentarios en “Los muros del Triángulo Norte

  1. Aterradora descripción de la descomposición de las sociedades en las que México puede contemplarse como frente a un espejo
    La misma enfermedad corroe vastas regiones del país y no parece haber soluciones factibles porque los gobiernos son parte central del problema, incluyendo el de AMLO que parece que va en camino de reproducir los errores centroamericanos con el asistencialismo, su agenda neopentecostal y el enfrentamiento absurdo con los agentes económicos. Muestra gravísima de su imcompetencia es la persecución despiadad de los migrantes

  2. Problemas heredados de las élites siempre tendrán repercusiones inerciales, en México sucede lo que en Centroamérica, con la gran diferencia que en nuestro país con la nueva administración se votó por un cambio de régimen, en el que precisamente se trata de extirpar el corrupto sistema de gobierno que prevaleció por muchos años y sí, el problema de un gobierno corrupto, antidemocrático o con nulo apoyo social es la mayor parte del problema, porque estando mal la dirigencia de un estado no es posible lograr una sociedad con mejores niveles de coexistencia, no podemos esperar resultados mágicos con soluciones inmediatas al deterioro gubernamental construido durante casi una centuria, cuando precisamente los gobiernos que hemos padecido han dado continuidad a la corrupción, impunidad e irresponsabilidad que no han permitido construir una sociedad a la que los ciudadanos mexicanos siempre hemos aspirado; lo deseable es que los cambios que hemos buscado a través de las elecciones, logren consolidar una sociedad mas integrada fuera de la lógica represiva, cleptocrática, autoritaria y antidemocrática que predominó en nuestro país.

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