Ya sé que ha pasado mucho tiempo,
y que las tragedias giran rápido,
como expulsadas
desde una gran máquina centrífuga
instalada en nuestros cerebros. ( )
Descartando el asunto de Dios,
¿quién nos ha abandonado así, de esta manera?
A él, a ellos, a ustedes,
al vivo, al muerto, al de la foto,
al que no sale en la foto,
a tantos más muertos y a mí.
—Eleonora Finkelstein. Fragmentos de “Aylan Kurdi”

Para la gran mayoría de centroamericanos México se ha vuelto territorio estadunidense prolongado. La zona que gobierna Donald Trump inicia al atravesar el río Suchiate y adentrarse a una región que durante varias décadas ha atestiguado silenciosamente el larguísimo éxodo que viven los migrantes del norte de Centroamérica.

Este éxodo no inició con las caravanas, sino por lo menos veinte años atrás. Sus motivos han sido económicos, políticos y, la gran mayoría de las veces, de simple reunificación familiar. A partir de octubre de 2005, la ruta de migración se volvió más complicada. El Huracán Stan destruyó la primera estación de tren de carga que abordaban los migrantes y el camino se modificó hasta acercarse peligrosamente a las rutas que transitan las mercancías del crimen organizado. Cinco años después, con el hallazgo de la masacre en San Fernando, Tamaulipas en donde 72 migrantes asesinados fueron abandonados, esos peligros se volvieron evidentes, y mediáticos.

El MPI (Migration Policy Institute) señala que para 2016, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos interceptó cerca de 46,900 niños no acompañados y más de 70,400 unidades familiares de El Salvador, Guatemala y Honduras en la frontera entre Estados Unidos y México. En 2018, las caravanas marcaron una transformación en el proceso migratorio. En un intento por librar las amenazas del crimen organizado y otros peligros más novedosos, como la separación de padres e hijos en la frontera, los migrantes cambiaron la estrategia. Dejaron de ser invisibles. Como una avalancha que juntaba niños y ancianos, personas con discapacidad y jóvenes, esperanzados y desesperados, grupos de hasta ocho mil migrantes transitaron el continente y se sentaron en Tijuana a esperar la posibilidad de una vida nueva. El Colegio de la Frontera Norte llegó a contar más de siete mil en el censo de esta ciudad bajacaliforniana.

Ilustración: Víctor Solís

El presidente de México ofreció trabajo, paso libre, trato humanizado; pero Donald Trump, que había prometido que los mexicanos construirían el muro, consiguió lo imposible: más de dos mil soldados en la frontera sur y otros quince mil en la frontera norte pagados por los mexicanos son quienes, a partir de ahora, detendrán a los migrantes que desafíen los llamados desesperados a que nadie salga de su país de origen.

Aunque son claros los esfuerzos por detener la migración —el presupuesto crece, las leyes se vuelven más restrictivas, la persecución a los migrantes se endurece— esto difícilmente tendrá algún efecto si se considera que la migración no ha parado en los últimos treinta años. De hecho, según los datos del Pew Hispanic Center, en el caso de El Salvador, Honduras y Guatemala la migración hacia Estados Unidos ha aumentado en un 25%. De acuerdo con la Red de Investigadores del Banco Central de Reserva, los salvadoreños que migraron en 2016 fueron más que los nacidos en El Salvador.1

El reciente anuncio del gobierno mexicano de cabildear apoyo económico de parte de Estados Unidos para el llamado Plan Marshall para Centroamérica no alcanzó a ser celebrado. La fotografía de Oscar Martínez, de 25 años, y su hija Valeria, de un año y once meses ahogados en el río Bravo ha acaparado los titulares y las reflexiones. Miguel Huezo Mixco, investigador de FLACSO en su sede de El Salvador dice que Centroamérica necesita algo más que promesas. “Necesita soluciones. Y éstas no serán soluciones de corto plazo ni provendrán únicamente de las iniciativas externas”.

Los centroamericanos migran de muchas maneras y toman distintas rutas. Nicaragua lo hace hacia Costa Rica, mientras los costarricenses se mueven hacia Estados Unidos. El Salvador, Honduras y Guatemala se mueven hacia Belice, México y Estados Unidos como destino principal, pero muchos otros buscan asentarse en Canadá, Italia, Australia y España. Se migra por pobreza, por huir de las maras y su violencia, para escapar del control territorial del matón del barrio, para sobrevivir, pero también a veces para vivir; para reencontrarse con la familia, encontrar un lugar tranquilo en el mundo y trabajo digno.

Lo que sin duda está en aumento son la incertidumbre y la angustia, especialmente entre la comunidad indocumentada que reside en Estados Unidos y desde la campaña presidencial para las elecciones de 2016. Si bien todo empezó con las políticas de seguridad implementadas después de los ataques terroristas de 2001, el control se fue materializando año con año con la dificultad para renovar licencias de conducir, procedimientos mas estrictos en los lugares de trabajo al momento de presentar el número de seguridad social (que la comunidad indocumentada no tiene), con el creciente sistema de centros de detención administrados por empresas privadas y el aumento exponencial de las deportaciones que llegó a números record durante la administración del presidente Obama. El clima antimigrante ya no se limita a la ejecución administrativa y judicial de las políticas migratorias, sino que empezó a incluir el rechazo social y cultural por parte de los grupos más conservadores en las escuelas, calles, programas en los medios de comunicación y en distintos sectores de la frontera con México.

Ese era el ambiente que vio avanzar las primeras caravanas de familias huyendo de condiciones de pobreza o de la alarmante violencia y criminalidad desde octubre del año pasado. Seis meses después de esas imágenes, los principales medios de comunicación estadunidenses anuncian el Programa de Desarrollo Integral (PDI) propuesto por el gobierno mexicano, haciéndolo competir con titulares como la crisis humanitaria que hay en la frontera sur tras el aumento de familias solicitando asilo o la resistencia en las cortes judiciales para proteger a quienes tienen el Temporary Protected status (“TPS”) o son parte del Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). En estados como Florida, el anuncio de esfuerzos de cooperación pasa a segundo plano por cubrir el endurecimiento de leyes y políticas con las que el gobierno federal está reforzando la colaboración de instituciones estatales y locales para que asuman tareas de control migratorio.

Pese a que la situación es urgente, cuando se les pregunta a activistas, defensores o líderes de la comunidad inmigrante en Estados Unidos sobre los planes de México y su actitud hacia la migración, la mayoría los ve con desconfianza. Primero, porque tienen como interlocutor principal al presidente de Estados Unidos, el mismo que, cuando iniciaron las primeras caravanas, anunció la suspensión de desembolsos económicos a proyectos administrados por agencias estadounidenses en los países de Centroamérica. Este anuncio no se concretó por el fuerte cabildeo en los sectores legislativos y ejecutivos de las agencias y organizaciones que ejecutan los programas y proyectos que Trump quería suspender. Pero, ¿cómo confiar en un presidente que no ha mostrado ningún interés en abordar la crisis migratoria humanitaria de manera integral, sino desde una visión punitiva y policial? ¿Y cómo confiar ahora en Andrés Manuel López Obrador que prometió trabajo y paso libre?

Una segunda razón para la desconfianza es el rol protagónico que México, en sus distintas declaraciones parece darle al gobierno estadunidense. Para los activistas que han estado luchando desde los movimientos de justicia social por más de 40 años, Estados Unidos ha visto a América Latina, especialmente a México y los países de Centroamérica, como sus “patios traseros”. Y si en los años 1950 y 1960 se impulsó un modelo de desarrollo que protegía intereses corporativos norteamericanos en el territorio, después se impuso una lógica intervencionista frente a la amenaza comunista. Mas recientemente, con la guerra contra el narcotráfico, especialmente en los países del llamado Triángulo Norte, y los conflictos políticos en Honduras y Guatemala, ha habido señalamientos de complicidades por parte de intereses norteamericanos para mantener una situación de emergencia. En términos de política exterior, los demócratas no se diferencian mucho de los republicanos. De hecho, los movimientos de resistencia en Honduras y la prensa internacional han denunciado que la embajada norteamericana sabía, y en cierta manera alentó el golpe de estado de 2009, con Hillary Clinton como secretaria de Estado.

Los líderes y activistas de la comunidad migrante se preguntan: ¿Qué ha cambiado en la política y en los actores más poderosos en Estados Unidos que garantice una intervención en la que los intereses que se protejan sean realmente los de esas familias que vienen huyendo de la pobreza y la violencia? “No ha cambiado nada. El estilo norteamericano siempre será el de imponer lo que desde Estados Unidos se considere prioritario para ellos, no el de las comunidades en los territorios”, responde Ann Kendrick, fundadora y organizadora comunitaria del Centro Comunitario de la Esperanza en Apopka, Florida. El presidente Obama fue conocido como the deporter in chief (el deportador en jefe por lo que, Trump no ha innovado en la ejecución de la política, sólo ha colocado un discurso y una narrativa antimigrante mucho más evidente.

Finalmente, la tercera razón para sospechar de la buena voluntad de México apunta a los propios gobiernos de México y Centroamérica. ¿Qué proyectos propone?, preguntan las activistas que han protagonizado el movimiento de los Dreamers. Los proyectos concretos que se han dado a conocer hasta ahora son megaproyectos de infraestructura e inversión; proyectos que benefician principalmente a las grandes empresas privadas y a los funcionarios de los gobiernos en turno que históricamente han sido acusados de corrupción. ¿Cómo van a evitar la corrupción? ¿Cómo enfrentar la delincuencia? ¿Qué hacer con las amenazas de muerte de tantas familias que huyen de sus casas?
Los centroamericanos que residen en Estados Unidos ven a un México divido. Óscar Chacón, director de Alianza Américas, dice que el gran problema de México es estar “tan cerca de los Estados Unidos”. Nunca México había deportado tantos centroamericanos como en este último año. Las iniciativas con buenas intenciones no resuelven ni la incertidumbre y angustia de los que temen diariamente que los deporten, ni los problemas que hacen que muchos quieran salir de sus territorios. Tampoco resolverá el terror y la desesperación de los que huyen de los países en los que solo ven muerte.

Ruth Méndez, investigadora y experta en migración del Centro Integral para Migrantes y Trabajadores (CIMITRA) dice que “Andrés Manuel López Obrador debería buscar el liderazgo y poder de negociación en Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras”. Sin embargo, las señales indican que la posibilidad de mantener sus privilegios económicos con el gobierno estadounidense será la prioridad.

El gran problema para Centroamérica se encuentra atravesado siempre por la migración-causa-consecuencia-dolor. Por un lado, se tiene una Guatemala a punto de llevar a cabo nuevas elecciones y con pocas garantías de transparencia, una Honduras en la que Juan Orlando Hernández ha insistido en prolongar una estructura militarista, represiva y asesina de periodistas y líderes sociales, una Nicaragua que sobrevive la dictadura y un El Salvador que huye de las maras. En este contexto, vuelve a ser necesario revisar cuáles son las batallas que vale la pena pelear. Los derechos humanos de la población migrante parecen perder la batalla que inició en 2001. La primera gran batalla por la dignidad de los pueblos latinoamericanos del siglo XXI parece enfrentarse ahora a su mayor derrota y frente a ella, el único gesto de resistencia es la desobediencia civil y los muertos que, como diría el poeta salvadoreño Roque Dalton “están cada vez más indóciles”.

 

Roxana Martel
Investigadora y activista salvadoreña residente en Orlando, Florida.

Amparo Marroquín
Profesora e investigadora residente en El Salvador.


1 Es decir, mientras la población salvadoreña creció a un ritmo de entre 2.5 y 2.8 %, la migración lo hizo en un 3.85 %

 

Un comentario en “La desconfianza centroamericana a México

  1. No parece un tema de confianza. Según ha declarado el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, que México ya no va a permitir el tránsito libre de extranjeros. Más claro no se puede. Es hora de hacer cumplir las leyes y el acuerdo internacional sobre migraciones de Marrakech. La migración ilegal es otro de los negocios ilegales del mundo (y de México; en El Salvador ha habido desde hace años “agencias de viajes” que llevan a personas). Permitirlo es poner en riesgo la vida de muchas personas y solo una autoridad constitucional, legal y legítima, podría reducir este flujo de personas y darle, en el mejor de los casos, un poco de orden.

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