A quien nos lee,
si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa.

SUSCRÍBETE

Me gustan las efemérides. Entre otras cosas, permiten ver lo que va de ayer a hoy y remontar esa impresión (más bien ese sentimiento) de que las “cosas” no cambian, que todo sigue igual, que siempre es lo mismo. Un resorte bien aceitado en épocas de desaliento… como suelen ser todas.

Este año se cumplirán 40 de las primeras elecciones federales luego de la reforma político-electoral de 1977. Sí, de aquella que permitió la incorporación al mundo institucional de fuerzas políticas a las que se mantenía previamente segregadas. Luego de más de 30 años con los mismos partidos en la boleta, en 1979 se presentaban tres novedades: los partidos Comunista Mexicano, Demócrata Mexicano y Socialista de los Trabajadores. Nuevas opciones que abrían el abanico para los votantes y que pretendían ser algo diferente a las ofertas tradicionales.

Ilustración: Víctor Solís

En 1977 se había diseñado una puerta de entrada relativamente sencilla, el llamado registro condicionado: los partidos debían presentar una declaración de principios, un programa de acción, unos estatutos y además acreditar “que representaban una corriente de opinión, expresión de la ideología política característica de alguna de las fuerzas sociales que componen la colectividad nacional” y demostrar que habían realizado actividades políticas a lo largo de los últimos cuatro años. A diferencia del registro “definitivo”, para el cual se requería entregar las hojas de afiliación de por lo menos 65 mil ciudadanos, el “condicionado” permitía participar en la siguiente elección federal llenando los requisitos apuntados, y si se obtenía el 1.5% de la votación entonces se lograba el reconocimiento “definitivo”.

Era el inicio de una historia en que se entrelazaron por lo menos dos lógicas. La del gobierno que, ante una conflictividad política y social creciente, deseaba distender el ambiente, incorporando al mundo institucional electoral a corrientes significativas; y la de algunas oposiciones, que deseaban trascender la marginalidad y para ello demandaban el derecho a participar en las elecciones. Si para el gobierno se trataba de una operación preventiva (“Era indispensable… incorporar al quehacer político institucional a minorías y disidencias, para legitimar la lucha de contrarios”, escribió José López Portillo), para quienes luchaban desde los bordes era una posibilidad para multiplicar su presencia, tender puentes de comunicación con amplias franjas de ciudadanos y dar a conocer sus diagnósticos y propuestas. Si bien el horizonte de unos y otros era distinto, en su momento resultó una reforma que inyectaba una bocanada de aire fresco al denso y ominoso ambiente político del post 68. Un espacio inicial para la coexistencia —aún más que asimétrica— entre corrientes político-ideológicas que estaban obligadas a reconocerse como parte del escenario nacional.

Novedades hubo muchas: los candidatos podían hacer campañas a la luz del día, amparados por la ley; contaban con algunos recursos estatales para hacer propaganda, con dinero público para reforzar su infraestructura y robustecer sus cuadros políticos; aparecieron en radio y televisión y entraron en contacto (en mítines, foros, manifestaciones, coloquios, visitas domiciliarias) con trabajadores, estudiantes, campesinos, empresarios, con hombres y mujeres, jóvenes y viejos, aclimatando entre nosotros la noción de que la política obliga al debate, la crítica, la confrontación, pero también a la coexistencia de la diversidad.

México era ya una sociedad en la cual palpitaban desde diferentes ideologías e intereses hasta sensibilidades y gustos que no cabían, ni querían hacerlo, en el formato de un partido hegemónico. Cierto, el PRI seguía siendo el partido más votado (y por mucho), pero en el mundo del trabajo, en las universidades, en las empresas, en el campo, pero también en las familias, los centros deportivos, los mercados o las plazas públicas, no era difícil detectar exigencias y propuestas no sólo diversas sino contradictorias, resultado de un país que se había modernizado… si se quiere de manera contrahecha.

Por supuesto, no había garantías de un cómputo transparente de los votos y las condiciones de la competencia eran marcadamente asimétricas. Los recursos (materiales, financieros y humanos) con los que contaba el PRI eran muy superiores al de los otros seis partidos. Pero muchos se ilusionaban porque podía ser el inicio de una ruta que paulatinamente daría frutos. No era el final de una etapa, sino, quizá, el comienzo de algo nuevo, la del batallar por la edificación de un sistema democrático.

El primero de julio fueron las elecciones federales “intermedias” en las que sólo se elegía a la Cámara de Diputados. El PRI ganó 296 de 300 distritos, pero gracias a la nueva fórmula de integración de la Cámara de Diputados que incorporó la para entonces novedosa figura de las diputaciones plurinominales, los otros partidos lograron 104 asientos. El PAN que ganó cuatro diputaciones de mayoría tendría en total una bancada de 43; el PCM 18, el PARM 12, el PPS 11, el PST 10 y el PDM 10.

Recordar no es vivir. Recordar es recordar.

 

José Woldenberg
Escritor y ensayista. Su más reciente libro es Cartas a una joven desencantada con la democracia.