El 10 de abril se cumplen 100 años del asesinato de Zapata, y el gobierno federal ha decretado el 2019 como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”. En contrapunteo a los ánimos celebratorios y mitográficos que seguramente han de prevalecer, estos textos mensuales recuerdan otras historias que reflejan las aspiraciones y el devenir de aquel movimiento popular, sepultadas por el tiempo y por nuestra recurrente ansia de redención. La mentalidad cristiana se funda en la promesa de una resurrección, y Zapata ha sido el Cristo cuyo sacrificio es signo de una victoria trascendente, el muerto que vuelve triunfante a la vida, procreando la reforma agraria de la Revolución y anclando el porvenir de México a la supervivencia de sus pueblos. A un siglo de distancia es preciso abandonar ya ese viejo paradigma y contemplar sin engaños seductores lo que aquel zapatismo quiso y no pudo ser.

Ilustración: Ricardo Figueroa

 

Si de conmemorar un gran triunfo nacional se trata, resulta extraño escoger un aniversario luctuoso, más si el héroe en cuestión murió acribillado por el mismo ejército al que ahora se le quiere encomendar el porvenir de la patria. Vaya contradicción, una de tantas, pero en ese negocio la ironía es casi normal. Pensándolo bien, sin embargo, en esta ocasión la elección del momento fúnebre es justa, no por la gran transformación con la que se le pretende hermanar, sino porque recuerda el fin y el fracaso de una revolución popular de mucha envergadura y peculiar originalidad. No hay otra manera de decirlo: el proyecto político y agrario (que no agrarista) del zapatismo murió en Chinameca. Agonizaba ya en tiempos recientes, asediado por sus enemigos y debilitado por las luchas internas (e.g., la ejecución de Otilio Montaño, redactor del Plan de Ayala), pero la ráfaga de los soldados federales acabó no sólo con Zapata, sino con la integridad e identidad del movimiento. Pronto vendría la desbandada, y acto seguido las alianzas con Obregón: pragmáticas, incluso entendibles, pero también funestas.

Las motivaciones, esperanzas y ambiciones de los miles de hombres y mujeres del campo que forjaron el zapatismo fueron diversas, cambiantes y contradictorias, pero Zapata y sus allegados lograron encauzarlas alrededor de dos grandes ideas, ambas subyacentes en el Plan de Ayala: primero, la reconstitución de los poderes políticos para el autogobierno de los pueblos, y segundo (como corolario, aunque parezca al revés), la recuperación de las tierras que los pueblos habían recibido en propiedad colectiva durante la época colonial. No sólo las tierras que se habían perdido a lo largo del siglo XIX, por causa de la Reforma o el Porfirismo, como decían la Ley de 6 de enero de 1915, promulgada por Carranza, o el artículo 27 de la nueva Constitución —que en la zona cañera de Morelos fueron en realidad muy pocas— sino todas aquellas que por merced o composición habían sido demarcadas como patrimonio de los pueblos. Y si tras completar esas recuperaciones históricas todavía faltase tierra para satisfacer las necesidades de los habitantes de los pueblos, otras más podrían ser expropiadas en su beneficio. Esta dupla de propósitos, pronto borrada, orientó al liderato de la revolución sureña durante su breve ascendencia, y fue precisamente la que le dio forma a la reforma agraria zapatista realizada en 1915, pronto también deshecha y olvidada. Todo esto murió con Zapata. Y contrario a lo que propagandistas, políticos y muchos historiadores nos han querido contar, ayer y hoy, nada de ello resucitó con la reforma agraria ejidal que habrían de implementar los gobiernos de la Revolución. El plan de empoderar a los pueblos quedó terminantemente sepultado, y los ejidos que se inventaron para responder al clamor por la tierra nacieron divorciados de la autoridad municipal y desvinculados, en la gran mayoría de los casos, de los viejos derechos territoriales por los que el zapatismo pugnó. Se puede o no estar de acuerdo con la viabilidad o validez de la propuesta zapatista, pero ya no negar que la reforma agraria que le sucedió fue una cosa radicalmente distinta.

Que la magnitud de este quiebre haya pasado (y siga) inadvertida se debe en buena medida a las posturas adoptadas por los jefes zapatistas que comandaron el movimiento tras el asesinato de Zapata. En un momento de alta precariedad pactaron con Obregón para combatir a Carranza y garantizar la supervivencia de sus fuerzas. Destacan tres figuras: Gildardo Magaña y Genovevo de la O, generales que pasaron con su rango al servicio del Ejército Nacional, y Antonio Díaz Soto y Gama, intelectual y político, demiurgo por excelencia de esa inverosímil amalgama retórica que sería el zapatismo obregonista. De los tres, sólo de la O era de pueblo (Santa María Ahuacatitlán), pero no estuvo entre los firmantes del Plan de Ayala y como caudillo militar mantuvo siempre aires de independencia. Por necesidad, conveniencia o convicción, fueron ellos los primeros en proclamar la continuidad esencial de los ideales zapatistas con el programa del nuevo gobierno, empeñando así su cercanía con Emiliano Zapata.

Soto y Gama fue el artífice mayor de esa pirueta interpretativa: casar a Obregón con Zapata, o al menos con su legado. Fue un matrimonio forzado por la urgencia de ambas partes en 1919-20: Obregón, a pesar de su desdén por el reformismo agrario popular, necesitaba el apoyo militar de las fuerzas al mando de los jefes zapatistas, y éstos precisaban de un aliado fuerte que los rescatara de la derrota en los campos de batalla. Soto y Gama fundó el Partido Nacional Agrarista en 1920 y lo puso al servicio de Obregón; a cambio logró apoyo gubernamental para continuar la reforma agraria de origen antizapatista que los carrancistas habían echado a andar a regañadientes a partir de 1915, aquella que había quedado confusamente ideada en la Constitución de 1917. Desde su tribuna en el PNA y en la Cámara de Diputados, con la autoridad que le confería su antigua participación en el movimiento, Soto y Gama difundió asiduamente la temeraria idea de que el obregonismo era zapatista y viceversa. “Emiliano Zapata”, escribió alguna vez, fue “el primer obregonista”.1 Poético siempre, anunció en un discurso eufórico en ocasión del cuarto aniversario del asesinato de Zapata (1923) que Obregón era “el brazo fatal de la providencia que está realizando maravillosamente los ideales concebidos por la videncia y el genio de Zapata”.2 Fatal, sin duda, tanto la aseveración como la metáfora, ¡dichas de un hombre al que justamente le faltaba un brazo! Escasos meses después, en el primer Congreso Nacional Agrarista, remató: “Álvaro Obregón es el ejecutor del pensamiento de Emiliano Zapata”.3 Graciosos o no, los malabares retóricos de Soto y Gama reescribían alegremente una historia todavía fresca, pero como con todos los mejores sofismas, reconfortantes (para algunos) y escapistas, la constante repetición genera credulidad. Un año después (1924), cuando le tocó a Calles peregrinar a Cuautla para el homenaje luctuoso del 10 de abril, la fórmula mágica ya había adquirido vida propia. “Ese programa revolucionario de Zapata, ese programa agrarista”, sentenció, “es mío”.4 Y de ahí en adelante habría zapatismo para todos.

En Morelos la nueva alianza significó que los herederos del liderazgo zapatista mantuvieron a corto plazo el control militar y político del estado, adquiriendo a su vez facultades para impulsar al vapor un reparto de tierras pacificador en las zonas que habían estado bajo su control. Esta nueva reforma agraria, la de la Revolución con mayúscula, sería completamente diferente, en su lógica y procedimientos, a la que los zapatistas mismos habían iniciado en el ya lejano año de 1915. Aquella quedó completamente anulada, y con ella desaparecieron sin ceremonia alguna los principios rectores del Plan de Ayala. En su lugar se llevó a cabo un tipo de reparto irreconciliable en sus fundamentos con el anterior, basado en la narrativa histórica del desastre desamortizador postulada en el artículo 27 e instrumentado por la Comisión Nacional Agraria sobre las bases establecidas por el carrancismo desde 1915. Fue así como en los primeros años de la década de 1920 Morelos se pobló de ejidos hechos de prisa y sin cuidado, una nueva institución de nombre confuso y carácter sui generis. La invocación ritual del Plan de Ayala continuaría por algún tiempo, palabras huecas para paliar la amargura de los pueblos derrotados. Con Obregón les dieron la tierra (otra vez), sí, pero tenerla no sería como se lo habían imaginado.

Próxima entrega: El ejido de Anenecuilco.

 

Emilio Kourí
Historiador, prepara un libro sobre los orígenes de la reforma agraria y su relación con la historia de los pueblos. Es profesor en la Universidad de Chicago.


1 El Agrarista, 10 de agosto de 1927.

2 El Combate, 13 de abril de 1923.

3 Memoria del primer Congreso Nacional Agrarista, 1923, p. 36.

4 El Universal, 11 de abril de 1924.

 

2 comentarios en “La historia al revés

  1. ¿Por qué es importante reconocer como lo expresa Emilio Kouri en este trabajo y a lo largo de sus muchas investigaciones que la reforma agraria ejidal que se llevó a cabo no fue por lo que Emiliano Zapata y sus seguidores lucharon?
    Porque la reforma agraria y las políticas hacia el campo que se han llevado a cabo hasta el presente, en vez de restaurar el antiguo poder político de los pueblos–entendidos como corporaciones civles (municipales)–, tal y como buscaba Zapata, los desempoderaron y mermaron. La reforma agraria se fundamentó en la misma visión que tenían de los pueblos los liberales que se promulgaron las Leyes de Reforma, que los concebían como causa del atraso del país. Una idea de la “modernidad” que ha persistido hasta hoy, en el que para “progresar” hay que destruirlos, junto con todo lo que hay de “indio” en ellos. Una visión que surge de concepciones racistas (Molina Enríquez) que luego se transformaron en un paternalismo indigenista que en el fondo nunca ha dejado de ser racista.
    La pobreza en que existen hoy la mayoría de los habitantes de lo que queda de esos pueblos, la pérdida de la biodiversidad del maíz, de la riqueza cultural y lingüística del mundo indígena mexicano, no es más que el resultado de esa visión, que desarfortunadamente persiste. Una “modernidad” que hoy sabemos es incompatible con lograr mínimos de bienestar para todos y con la sustentabilidad del planeta. Ya comprendimos que no alcanza el mundo para que todos adoptemos los patrones de consumo y desperdicio de los norteamericanos, y que tampoco nos hace más felices (si más obesos).
    Lo que escribe Emilio Kourí en estas páginas debería despertar una reflexión sobre la supuesta incompatibilidad entre fortalecer y empoderar a los pueblos–y a todo lo que es indígena–y la “modernidad”. Hacerlo nos llevaría a replantearnos lo que entendemos por “modernidad” y “progreso”. ¿Es posible pensar en un mundo en el que los adelantos científicos y tecnológicos contribuyan a una mejor vida de los habitantes de los pueblos (los viejos y los nuevos) sin que eso signifique la destrucción de su cultura, su identidad y su dignidad como personas que dirigen y definen su propio destino?