A la Reforma Educativa emprendida por la administración Peña Nieto le sucedió un fenómeno paradójico. Por un lado, su análisis transcurrió por tres distintos carriles que omitieron el más relevante —los datos duros—, pero, por otro, sus logros concretos consiguieron que al final fuera la reforma mejor valorada por la sociedad mexicana, con 64% de aprobación según una encuesta nacional de BCG realizada en diciembre de 2017.

El primero de esos carriles fue el abordaje desde una porción del mundo académico, en donde algunas cohortes de investigadores especializados, que por décadas se limitaron a reducir el problema de los malos resultados a la lógica corporativa que prevaleció largamente en la gobernanza del sistema educativo nacional, de pronto se quedaron sin materia (y sin litis) al producirse una reforma sistémica y estructural cuyos alcances superaron con mucho los esfuerzos realizados en el pasado; en otras palabras, criticaron recurrentemente la reforma —en especial si se quedaron fuera del sistema institucional de toma de decisiones, léase SEP o INEE— porque surgió a través de un pacto legítimo entre el gobierno y los partidos, y no de papers y artículos arbitrados que, al final del día, se volvieron un modus vivendi pero no una política pública. El segundo es el que transcurrió por una que otra de las autodenominadas organizaciones de la sociedad civil, que encontraron en el tema educativo un sendero casi salvífico para adquirir visibilidad, posicionar sus diferentes agendas e intereses, y presentarse ante sus públicos investidos con una rara noción de pureza mediante el expediente de agraviar, frecuentemente de manera oportunista e injusta, al magisterio mexicano. Y el tercero es el que, relegando a los destinatarios más importantes de una reforma educativa —niños y jóvenes— se coludieron con grupos de interés magisteriales que fueron causantes del fracaso previo, para encontrar en un par de componentes de la reforma (las evaluaciones de desempeño y el trabajo del INEE) una oportunidad de lucro electoral con la promesa de regresar al viejo sistema discrecional y corrupto sobre el que estuvo montada por décadas la gestión educativa. Como es evidente, aunque por razones diferentes, esos enfoques incurrieron en un defecto grave —ignorar que la esencia de la política es dotar de sentido— y hacen por ello indispensable un balance documentado de los progresos puntuales de la Reforma Educativa.

Ilustración: Estelí Meza

La educación está ya en un lugar central de la agenda pública nacional: dependiendo del día, el buscador Google arroja casi diez millones de entradas al término “reforma educativa mexicana”; al cerrar su último período ordinario de sesiones de 2018, el Congreso de la Unión tenía casi 170 iniciativas y puntos de acuerdo sobre asuntos educativos en trámite legislativo; buena parte de los medios de comunicación incluye cotidianamente noticias, artículos y comentarios  sobre educación y han proliferado los sitios web; se habla de que existen alrededor de 350 agrupaciones privadas dedicadas o interesadas en el tema, y la reforma educativa ocupó un lugar principal en las campañas electorales del año pasado. ¿Por qué tanto interés?

El pensamiento convencional sugiere que la educación y la cultura son los fundamentos más importantes del desarrollo civilizado y armónico de una sociedad. Quizá por ello, más de cincuenta países han emprendido, desde la década de los años sesenta del siglo pasado, reformas educativas de distinta naturaleza, dimensión y enfoque, pero todas orientadas a mejorar el crecimiento, la movilidad y la calidad. En pleno siglo XXI, estas condiciones siguen siendo válidas, pero el entorno ha cambiado de manera notable y, por tanto, también la orientación de las reformas educativas, como es el caso de la que México emprendió en estos años.

La experiencia internacional muestra que toda reforma educativa pasa por distintas etapas en las que se manifiestan aspectos críticos y conflictivos, particularmente ante factores de corto plazo que contrastan ante los largos periodos requeridos para dar resultados, como la desigual permanencia de actores públicos,  la percepción de los bienes que genera una reforma, la existencia de beneficiarios difusos contra la presión de grupos de interés organizados y con recursos, la insuficiente capacidad institucional, o la tentación constante por responder a incentivos de coyuntura donde prevalezca la política y no la educación.

La historia de la política educativa refleja una acumulación de esfuerzos colectivos orientados por décadas a la inclusión de un mayor número de mexicanos. Por muchos años, México vivió, en materia educativa, entre la simulación, la inercia y la frustración. Se escolarizaba, pero no se educaba. Los arreglos políticos desplazaron la calidad. El clientelismo sustituyó al mérito. Los intereses corporativos suplantaron el interés público. El efectismo de corto plazo impidió la eficacia de largo plazo. La simulación se volvió lo normal. Se otorgaron grados, pero no formación, que es lo que se espera de una educación verdadera. Se sabían alternativas y soluciones, pero se descartaron por su complejidad política y técnica. Varios gobiernos tal vez quisieron pero no pudieron o no supieron impulsar una reforma a fondo porque no tuvieron la voluntad política necesaria o se toparon con lógicas que rehuyeron el natural conflicto o simplemente eligieron la comodidad de la inercia. Diversos factores explican desde luego este paisaje pero, al mismo tiempo, dentro de un contexto excepcionalmente fértil en la política mexicana como el de 2013, fueron el fundamento de una reforma que de varios modos era inevitable.

La primera fortaleza de la Reforma Educativa, sin duda, es haber tenido a su favor el consenso de los partidos políticos más grandes de México. Si bien en otras reformas estructurales las diferencias introdujeron matices, en lo educativo se presentó desde el principio un compromiso común con la urgencia de establecer mecanismos de igualdad de oportunidades para toda la población a través de una educación de gran calidad. Si se asegura una educación así, la lucha por la equidad registrará a mediano plazo una de sus mayores victorias pues, sin importar el origen social del que procedan, los estudiantes mexicanos tendrán mejores condiciones para alcanzar el éxito profesional y la movilidad social y económica. Y ésta fue la segunda fortaleza de la reforma. Para ello no bastan buenos maestros y buenas escuelas, sino también buenos contenidos. Allí reside el corazón del Nuevo Modelo Educativo, diseñado y pensado para favorecer, mediante la adquisición de los aprendizajes clave, la integración de un sistema educativo más sensible tanto a las innovaciones que se registran en los procesos cognitivos y curriculares como a la diversidad y riqueza étnica, cultural y lingüística de México.

Un tercer activo de la Reforma Educativa es haber creado el Servicio Profesional Docente (SPD), con el objetivo principal de establecer un sistema orgánico para la selección y evaluación del personal docente, en el que hasta noviembre de 2018, de acuerdo con las cifras de la Coordinación Nacional del SPD, participaron 1 millón 667 mil docentes en los distintos procesos de ingreso, promoción, diagnóstico y permanencia, de los cuales 538 mil habrían pasado por evaluaciones de desempeño, y, de ellos, aproximadamente 190 mil, que son los que obtuvieron las calificaciones más altas, están ya recibiendo mejoras económicos sustanciales como incentivo a su esfuerzo y dedicación, que van del 24% al 35% sobre su salario base.

Con ello se institucionaliza un sistema transparente basado en el mérito, la capacidad y el talento de los docentes para que impartan una enseñanza de mayor calidad. Los nuevos integrantes de la planta magisterial, de los cuales ingresaron alrededor de 1 de cada 4 concursantes, es decir los mejores, gradualmente tendrán un mejor perfil académico para satisfacer las necesidades educativas de los alumnos en el siglo XXI, y encontrarán en este nuevo espacio, donde sólo ellos y su capacidad cuentan, un sólido factor de satisfacción profesional y laboral. No es un logro menor que, hasta noviembre pasado, se hayan asignado, de manera legal, pública y transparente, 241 mil 689 plazas y promociones, exclusivamente por concurso de mérito.

No obstante estos y otros resultados, todavía se escuchan susurros que insisten en que esta reforma fue mal instrumentada, que no dio resultados o que a nadie le gustó. Los datos duros indican otra cosa. Para empezar, como ya se dijo, la reforma educativa fue la mejor valorada (64%) en todas las encuestas nacionales levantadas entre población abierta y en vivienda en tres momentos de 2017. Algunas, por ejemplo, señalan además que 79% aprueba las evaluaciones a los docentes; 71% que las escuelas tengan jornada ampliada; 71% que se estén remodelando las escuelas; 89% en que se busque que los maestros tengan un alto nivel de inglés, y, en otro estudio aplicado solo entre maestros de educación básica, casi el 60% de los maestros declaró que la evaluación es “fundamental” para su desarrollo profesional (Consulta y BCG, julio, noviembre y diciembre 2017).  Otra encuesta realizada entre normalistas, si bien solo en una entidad federativa, ilustra bien el espíritu aspiracional y de cambio que introdujo la propia reforma: a las preguntas de si les parece “indispensable” o les “gusta” ganar mejor salario a partir del desempeño, ingresar a y ascender en la carrera docente por concurso o evaluarse periódicamente, las respuestas afirmativas promediaron, en todos los casos, entre 75 y 94 por ciento (Fuente: Proyecto Educativo, “Encuesta para estudiantes de escuelas normales y UPN de Puebla”, 4076 encuestas válidas levantadas cara a cara, mayo 2017). Por su parte, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 del INEGI mostró que a nivel nacional solo 11.2% de la población de 18 años y más percibía que la baja calidad de la educación pública es el problema más importante en su entidad federativa, mientras que la inseguridad o la delincuencia era 74%.  Todavía en 2019 otra encuesta (Massive Caller, enero 15, 2019) identificó que solo el 4.7% pensaba que el “principal problema de México” es la educación, contra otros temas que alcanzaron hasta 35% de menciones, y la reforma educativa no aparecía en las prioridades exigidas al nuevo gobierno.

En segundo lugar, se observan ya cambios positivos en la calidad y el desempeño del magisterio. Por ejemplo, en los concursos de ingreso a la educación básica y media superior celebrados entre 2014-15 y 2017-18 el porcentaje nacional de docentes con resultado “idóneo” (o sea, aprobatorio) se incrementó de 38.3 por ciento al 54.5 por ciento, y al 71 por ciento en los seis estados con mejor desempeño. Por nivel educativo en básica ocurrió algo similar: los que registran mayor porcentaje de idóneos con incrementos sostenidos son los de preescolar, educación especial, primaria, telesecundaria y secundaria en un rango que va de 15 hasta 28 puntos porcentuales; destacan los docentes de primaria indígena que, si bien partiendo de una base muy baja, han aumentado esta cifra en 28 puntos porcentuales en los últimos ciclos escolares. En el caso de las evaluaciones del desempeño, la cantidad de docentes y técnico docentes de educación básica “destacados” (es decir, la calificación más alta) se ha duplicado en las tres evaluaciones realizadas y la de “insuficientes” (la más baja) se ha reducido en casi 8 puntos porcentuales en los dos primeros ciclos (2015-17), con la excepción del siguiente ciclo que nuevamente subió 3.3 puntos. Y en cuanto a directores y supervisores también las mejorías están siendo, por regla general, consistentes en cada evaluación: los primeros muestran aumentos de 8.3 por ciento en el grupo de “destacados” y de 18.8 por ciento en el correspondientes a “buenos”; y en los segundos los “destacados” se mantuvieron prácticamente constantes pero la escala de “buenos” se incrementó 13 por ciento en los últimos dos ciclos escolares.

Es claro que todos los maestros hicieron un esfuerzo personal y académico cada vez más grande y mejor, tanto por sí mismos como por el acompañamiento que ahora se les ofrece. Si bien en 2015 la oferta de capacitación de la SEP fue deficiente e insuficiente, en 2017 alcanzó a   626 mil maestros, cuando la meta original era de 500 mil. Y hasta agosto de 2018 llegó a un millón 378 mil registros de inscripción de personal docente o figuras educativas en todas las líneas y modalidades de formación continua. Más aún: en una encuesta respondida en línea por poco más de 13 mil docentes al terminar sus cursos, más del 80% declaró estar satisfecho con la oferta de capacitación (Fuente: DGFC, SEP).

Se dice, en tercer lugar, que esta reforma ha sido mal implementada. Pero gracias a esa reforma pasó de un sistema opaco, corrupto y discrecional en la profesión docente a otro basado en el mérito, la transparencia y el esfuerzo. Gracias a esa reforma las escuelas de tiempo completo crecieron de 6 mil 708 en 2012 a 25 mil 134 en la actualidad; del 37.4% en que dejó la pasada administración el rezago educativo se redujo al 31.9%; del 65.9% que era la cobertura en educación media superior ahora es del 85.7% incluyendo todas las modalidades; del 32% que era la cobertura en educación superior ahora es de 39%, y de tener un modelo educativo “indefendible”, como lo denominó el presidente de la comisión de Educación del Senado de la República, ahora hay uno nuevo construido colectivamente, tras un robusto proceso de consulta, y adaptado a las necesidades de los estudiantes del siglo XXI.  

Finalmente, es digno de mencionar que en las últimas pruebas PLANEA de 3º de secundaria se observan ya progresos, entre 2015 y 2017, en 11 estados en el caso de lenguaje y comunicación, y en 18 para matemáticas. ¿Qué significa esto? Por un lado que, en lo sucesivo, el éxito en los tiempos y los logros de aprendizaje dependerá principalmente de la gestión estatal y de la gestión escolar, tal como ha sucedido en otras partes del mundo. Y, por otro, que las mejoras observadas a nivel subnacional sugieren, deseablemente, que es posible identificar áreas de oportunidad para la mejora de los logros y establecer algunas tendencias en el tiempo de los resultados de aprendizaje, como ha sucedido en evaluaciones que, si bien distintas y no comparables, sí mostraban aumentos sistemáticos en los puntajes obtenidos por los países.

Al igual que varios de ellos que lograron mejorar su desempeño académico en PISA, en México existen entidades federativas que en PLANEA 3º de secundaria obtuvieron importante mejoría en las asignaturas incluidas, las cuales son observadas a través del incremento de las puntuaciones alcanzadas entre los años evaluados. Como ejemplo está Sonora, que entre 2015 y 2017 tuvo un incremento importante en las puntuaciones obtenidas, de 476 a 505 puntos en lenguaje y comunicación, y de 473 a 500 puntos en matemáticas. Asimismo es muy destacable el caso de la Ciudad de México, que además de que en 2015 se encontraba con un puntaje por arriba de la media nacional (521 puntos en matemáticas y 531 en lenguaje), logró obtener un aumento en dichas puntuaciones, pues en 2017 alcanzó 531 puntos en matemáticas y 537 puntos en lenguaje, siendo de los valores más altos a nivel nacional. Las tendencias positivas en la mejoría de aprendizajes, identificadas a través de estas evaluaciones, son probablemente atribuibles a estrategias específicas instrumentadas en los sistemas educativos de los países, para el caso de PISA, o en entidades federativas como las referidas para el caso de PLANEA, y pueden considerarse indicativas de que es factible realizar acciones más efectivas y focalizadas que incidan en la mejoría académica de nuestro sistema educativo nacional.

En suma, todas estas son realidades que bajo ningún concepto se pueden ignorar, y son parte de una reforma que se hizo por el bien de los niños y de México.

 

Otto Granados
Presidente del Consejo Asesor de la OEI y ex Secretario de Educación Pública (2017-18). Este artículo utilizó y actualizó datos e información de distintos textos míos de los últimos meses de 2018.