El desarrollo de un tren turístico en el sureste del país —el Tren Maya— es una de las principales propuestas de la presente administración. Si bien el Tren Maya ha sido promovido como un hecho incuestionable por funcionarios de alto nivel, su planteamiento actual conlleva graves riesgos para la conservación de los recursos naturales, el desarrollo social y la superación de la pobreza en la región sureste.

Ilustración: Víctor Solís

Conservación y desarrollo: historias compartidas

En 1987, la entonces primer ministra de Noruega, Gro Brundtland, presentó el informe de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo titulado “Nuestro Futuro Común” en las Naciones Unidas. El informe acuñaba el término “desarrollo sustentable”,1 el cual reflejaba un importante consenso que se venía gestando entre las comunidades científicas, activistas y de profesionales de campo: los retos relacionados con la conservación de los recursos naturales y el desarrollo económico van necesariamente de la mano y se requieren abordar de manera simultánea.

Hasta la segunda mitad del siglo XX se pensaba que la actividad humana y la protección ambiental eran metas fundamentalmente antagónicas. Mientras que para los “conservacionistas” los ecosistemas debían ser protegidos de los humanos, para los “desarrollistas” éstos debían ser utilizados en aras del crecimiento económico. Sin embargo, la experiencia nacional e internacional nos ha demostrado que la sustentabilidad socio-ambiental a largo plazo depende de un adecuado balance entre el desarrollo de las sociedades y su entorno natural,2 lo cual ha permitido un acercamiento entre las comunidades de la conservación y el desarrollo en, al menos, los últimos 30 años. Aunque persisten diferencias de énfasis en la interfaz conservación-desarrollo, ambas comunidades están comprometidas tanto con la conservación y el manejo adecuado de los recursos naturales como con la superación de la pobreza, y la atención a la equidad y justicia social.

¿Sustentabilidad en el Tren Maya?

En vista de estos importantes avances —tanto en nuestro entendimiento sobre la mutua dependencia entre las sociedades y su entorno natural, como del desarrollo de iniciativas propiamente socio-ambientales— cuestionamos la forma en la que se ha planteado el proyecto Tren Maya en general, y en particular la visión que el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Rogelio Jiménez Pons, ha planteado en sus declaraciones. Consideramos tres importantes deficiencias.

Primero, se ha expresado una visión de desarrollo antagónica a la conservación, que además de ser simplista, no considera los importantes avances alcanzados en materia de sustentabilidad. Aunque reconocemos que la conservación de los ecosistemas puede generar costos en oportunidades económicas para las comunidades locales, mismos que deben ser considerados y compensados, un proyecto de desarrollo turístico no puede sobrevivir a largo plazo sin los recursos naturales de los cuales depende. Por un lado, las especies y ecosistemas son esenciales para la provisión de servicios ambientales que benefician a todos los mexicanos, como la generación de oxígeno y disponibilidad del agua. La conservación responsable no se basa en argumentos puristas de proteger los recursos a expensas de las personas, sino de mantener la base natural de la cual depende la sociedad en general y, en particular, las comunidades locales que son dueñas de los recursos naturales. Por otro lado, la afluencia turística de un proyecto de este tipo depende en gran parte de atractivos naturales y culturales. Sin ecosistemas y sociedades sanas no hay base para economías productivas. La disminución de la diversidad y riqueza biocultural en el sureste mexicano sería una grave pérdida para el país y el mundo, y además pondría en riesgo la visita turística en la región.

Segundo, si bien se han instaurado mesas de trabajo en algunas comunidades, la noción de que “la decisión ya está tomada” revela un enfoque de ‘arriba hacia abajo’ que carece de suficiente y real atención a procesos de participación local. Las instituciones internacionales que financian grandes proyectos, incluidos el Banco Mundial y las Naciones Unidas, han avanzado significativamente en temas de participación local mediante el fortalecimiento de “salvaguardas” socioambientales y la incorporación de perspectivas de corte "abajo hacia arriba" que toman seriamente en cuenta las opiniones de poblaciones locales en la toma de decisiones. El proyecto Tren Maya plantea una visión de desarrollo en la cual la toma de decisiones se concentra en altos niveles de gobierno y en actores externos, lo que significa un serio retroceso en aspectos de participación local. Si algo nos ha enseñado la historia de Latinoamérica es que proyectos de desarrollo que priorizan intereses de actores externos sobre los locales pueden generar ingresos en el corto plazo pero tienen altos costos de exclusión y desigualdad.

Aunque existen privaciones socioeconómicas en la región, éstas no se solucionan implementando proyectos mediante los cuales los habitantes locales se benefician únicamente a través de empleo o venta de productos locales. Un proyecto de desarrollo integral fortalece a las comunidades locales y las hace dueñas de actividades asociadas con mejoras socioeconómicas, culturales, y ecológicas. En México, las instituciones y leyes reconocen y respetan los derechos de las comunidades a decidir sobre su territorio y sus recursos naturales.

Tercero, existen muchas preguntas desatendidas sobre las implicaciones ambientales del desarrollo del Tren Maya. Se plantea que el tren fomentará la visita de más de tres millones de turistas adicionales en la región cada año: ¿Existen las condiciones en términos de agua, energía, y manejo de residuos sólidos para recibir tantos visitantes? ¿Es factible asimilarlos sin impactos negativos irreversibles para los mantos freáticos de los que dependen las poblaciones locales? ¿Existe una estrategia que garantice que el desarrollo turístico en la región otorgue beneficios también a las generaciones futuras y no comprometa la viabilidad de las poblaciones de vida silvestre?

Considerando estas deficiencias, es necesario desarrollar, por un lado, estudios técnicos para determinar la capacidad de carga turística del sureste mexicano y determinar el impacto real a los ecosistemas más allá de las vías del tren y del desarrollo urbano que acompaña las estaciones. Es evidente que dichos estudios deben ser elaborados por grupos independientes sin conflictos de interés. Por otro lado, se requiere realizar consultas auténticamente previas, libres, informadas, y transparentes —un derecho humano reconocido en la legislación nacional e internacional— que partan del reconocimiento de la libre autodeterminación de los pueblos para definir, con base en la regulación, sus prioridades y formas de desarrollo. Este reconocimiento es radicalmente distinto a la opinión expresada por Jiménez Pons en la que las comunidades tienen únicamente dos opciones: “subirse al tren” o “dejar que se las lleve”.

Es imperativo que el gobierno mexicano reconozca sus responsabilidades ante la sociedad mexicana y actúe conforme a sus leyes y a los acuerdos internacionales en los que el país es signatario, como la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que, lejos de anteponer cualquier valor antes que el humano, abogan por un bienestar que asegure las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer el de las generaciones futuras. Esta responsabilidad yace en el hecho de que nuestra sociedad depende del patrimonio natural a partir del cual se sustentan y satisfacen todas nuestras necesidades básicas y formas de vida.

 

No nos negamos al Tren Maya. Nuestro cuestionamiento a cómo se ha planteado el proyecto no surge por un arrebato de “santones del conservacionismo” —como lo ha querido caricaturizar Jiménez Pons. Enmarcamos esta reflexión en un contexto más amplio de preocupación ante la marginación social y degradación ambiental del país, mismos que se han agravado en las últimas décadas y que mantienen una estrecha y compleja relación a lo largo del territorio mexicano, así como frente a las brechas financieras para atenderlos. Con esto, esperamos contribuir a otras opiniones expresadas al respecto (1,2,3,4,5,6).

El gobierno mexicano está obligado a realizar las consultas y estudios necesarios de forma transparente, como lo señala la legislación del país. Las decisiones deben tomarse de manera informada para que realmente beneficien a las comunidades locales y los ecosistemas de México. Hemos aprendimos que la rivalidad entre conservación y desarrollo es falsa. Nuestra postura está a favor del uso productivo y económico de la riqueza natural en pro de un desarrollo integral y social, pero exige que éste se realice en armonía con el medio ambiente y no a costa de su destrucción.

 

Santiago Izquierdo Tort
Economista con doctorado en desarrollo internacional. Actualmente es investigador en el Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales.

Alicia Barceinas Cruz
Bióloga con maestría en política pública. Actualmente estudia el doctorado en estudios sobre medio ambiente en la Universidad de Wisconsin-Madison.

Este texto recopila las opiniones de un colectivo formado por profesionistas y académicas en temas de sustentabilidad. Las opiniones expresadas por los autores son a título personal.


1 El desarrollo sustentable, alternativamente desarrollo sostenible, se define como aquél que satisface el bienestar de las generaciones presentes sin comprometer el de las generaciones futuras.

2 Por un lado, las iniciativas que separan metas ambientales de aspectos de reducción de pobreza, así como de equidad y participación local, corren el riesgo de perder legitimidad, de generar procesos de exclusión y tensiones sociales, y por lo tanto de mermar su efectividad ambiental. Por otro lado, separar metas de desarrollo económico y social de aspectos ecológicos corre el riesgo de disminuir significativamente la base natural sobre la cual se desarrollan las iniciativas y, por lo tanto, de generar procesos de degradación ambiental que contrarresten los beneficios sociales.

 

Un comentario en “De falsas rivalidades y desarrollo sustentable: el Tren Maya

  1. El mayor inconveniente del proyecto Tren Maya no es el riesgo ambiental, sino su inviabilidad económica. El turismo arqueológico no es ni puede ser negocio en ningún país. Consulten los informes anuales de la Organización Internacional de Turismo. Es legítimo fomentarlo, pero a nadie en su sano juicio se le ocurriría construir un tren de 1,500 km para ese propósito. El turismo del sureste mexicano es playero. Además, las zonas arqueológicas de la zona abiertas al turismo ya tienen servicio de transporte. De todas las malas decisiones del gobierno 4T, el proyecto Tren Maya es el más extravagante.