Presentamos un adelanto de Sin filias ni fobias (Grijalbo, 2019) de Santiago Nieto, quien fuera fiscal electoral durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Nieto, sumariamente despedido tras revelar parte de lo sucedido en la investigación a Emilio Lozoya, entonces titular de Pemex, a propósito de la trama Odebrecht, narra en esta memoria su trato con quienes ocuparon los puestos más importantes en un sexenio que será recordado por su abierta corrupción.


Introducción

La idea de que la historia la hacen los vencedores es una falacia. La historia la hace quien la hace. La historia de una institución se hace con la serie de episodios, anécdotas, recuerdos, momentos, planes, deseos, anhelos, frustraciones de las personas que forman parte de ella. Este libro es la suma de las historias de muchas personas, las cuales pueden atestiguar desde un escaparate privilegiado: la titularidad de una institución pública.

El mayor problema de México es la corrupción. ¿Cuándo empieza la corrupción? En la mayoría de los casos, inicia en los procesos electorales. Tal vez no siempre, tal vez no en todos los comicios, pero el financiamiento ilegal, sea de fuentes formales o ilícitas, es una realidad y desemboca en actos de corrupción. Las componendas entre gobiernos y partidos para desviar recursos públicos, generar empresas fantasma o coaccionar a electores por medio de programas sociales se palpa. Esto es corrupción. Los acuerdos de partidos y candidatos con empresarios, grupos de interés e incluso organizaciones delincuenciales para financiar campañas generan compromisos profundos que terminan convirtiéndose en actos indebidos al iniciar los gobiernos. Esto también es corrupción. Uno y otro fenómeno tienen que acabar.

La mejor forma de enfrentar un problema es reconocer que existe; tener un diagnóstico claro de su magnitud; conocer sus espacios y su forma de operación. Eso pretende este libro, mostrar el problema y esbozar algunas soluciones. La corrupción generada en el país es un lastre que no desaparecerá sólo con la voluntad, sino que requerirá mejorar los diseños institucionales actuales. A fin de cuentas, eso es la democracia: procedimientos que se perfeccionan para alcanzar ciertos principios y estándares. Este libro sintetiza el esfuerzo de un grupo de mexicanos y mexicanas comprometidas con los valores de la democracia, quienes, aun en medio de muchas debilidades institucionales, creyeron en un proyecto para combatir las malas prácticas y los delitos electorales con el propósito de mejorar la calidad de la democracia. La historia llegó al final de forma anticipada, por una serie de errores del suscrito, pero también a causa de una decisión gubernamental enclavada en el grave conflicto que representa la impunidad y la corrupción en México. El gobierno de Enrique Peña Nieto decidió que este proyecto llegara a su fin. Ambos bandos hicimos nuestras jugadas, corresponderá a la historia juzgar a los jugadores y la partida.

No se trata de evidenciar las jugadas rivales, pero sí es importante que se hagan públicas las aberraciones, como las que ocurrieron durante el sexenio de Peña Nieto. No es mi forma habitual de actuar, pero ante situaciones permanentemente hostiles, respuestas inesperadas.

Una consideración previa. No me encanta la reforma de 2014, pero hay que reconocer que producto de ella existe un sistema nacional de elecciones. El sistema tiene grandes defectos, es cierto, particularmente el excesivo costo de los partidos políticos, la frivolidad de algunas magistraturas, lo suntuoso de ciertos espacios frente a la realidad social, y sin embargo, apelando a la expresión de Galileo, se mueve. El modelo funciona razonablemente bien. Ha permitido alternancias a nivel local en la mayoría de las elecciones de gobernador y, por supuesto, a escala presidencial.

El diseño institucional propicia la transición de poderes sin derramamiento de sangre partiendo de la función primaria: la organización de las elecciones por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y los institutos electorales locales (los mal llamados organismos públicos locales electorales, OPLE). La función primaria la protegen los tribunales y las fiscalías electorales. Estas últimas son el eslabón más débil y requieren terapia intensiva para salir del coma impuesto por los gobiernos, federal y locales. En su conjunto, es el trípode electoral.

Repito, el sistema funciona. Las ciudadanas y los ciudadanos instalan las casillas, cuentan los votos de sus vecinos, dan los resultados de la elección de cada mesa directiva de casilla. El problema no está en las casillas ni en las urnas, ni en las mamparas ni en los cómputos. El problema del sistema electoral está en algo que va más allá de lo electoral: radica en cómo llegan los votos a las urnas en elecciones competitivas y particularmente en los espacios de mayor marginalidad social; en el financiamiento ilícito, en el condicionamiento de programas sociales, en la ausencia de ética pública en los más diversos actores políticos, incluyendo a varios supuestos árbitros electorales.

Este texto pretende exhibir algunos casos y acontecimientos. Pretende mostrar, desde un ejercicio de revisión de la realidad electoral mexicana, cómo pueden desviarse recursos para financiar de forma ilícita campañas electorales. Lo anterior a partir de la descripción de los sucesos relacionados con mi designación como fiscal electoral, con las elecciones de 2015 a 2017, con mi remoción y los albores de la campaña electoral de 2018. La idea es hacer público lo que pasó y resaltar lo que no se debe hacer para evitar que se repita.

Se trata de una crónica con la que deseo aportar un grano de arena al esfuerzo colectivo de evidenciar lo sucedido en la administración de Peña Nieto. Durante ese periodo, que abarca desde poco antes del inicio del proceso electoral de 2012 y culmina con la jornada electoral de 2018, se desplegó el esfuerzo de un grupo político por implantar su voluntad y trasladar las metodologías políticas de una entidad, el Estado de México, a toda la República. Es obvio que fallaron, pero en el esfuerzo lastimaron a personas e instituciones. Sus historias merecen contarse para impedir que haya otra administración que de forma tan acelerada corrompa hasta el último espacio de vida pública para proteger sus intereses. Fue un gobierno de cuates. El país no aguanta otro sexenio con estos niveles de corrupción e impunidad. Simplemente, de 2012 a 2018, se llegó a lo intolerable.

Este libro busca ser una memoria colectiva. A pesar de las críticas por protagónico, no me interesa el reflector. Me han acusado de tener una posición mediática, pero es una apreciación incorrecta. Si decidí acudir a los medios de comunicación para hacer públicos algunos casos fue por una razón muy simple: la única forma de hacer que los servidores públicos o dirigentes partidistas dejen de cometer delitos electorales es exhibiéndolos. Es la única barrera de contención, ya que de antemano saben que los delitos electorales no son graves, y no ameritan prisión preventiva oficiosa. Nada les importa más que su imagen y su impunidad. Por eso acudí a los medios, pretendí construir desde ahí una plataforma para evidenciar las malas prácticas y los delitos electorales. Eso también se juzgará.

Me acusaron de violar el sigilo de las carpetas de investigación, pero hay que comprender algo: era una estrategia para exhibir la corrupción por el tipo de persona que se persigue en los delitos electorales. Lo pongo de esta forma: la procuración de justicia ataca a dos tipos distintos de sujetos activos, por lo menos así es en México: el primer grupo lo conforman aquellos que no detentan el poder formal y cometen delitos, del tipo que sea, que son investigados por las diferentes unidades de la PGR y por las fiscalías locales. El segundo es un grupo diferente, más poderoso, y al cual la PGR no investiga salvo por dos de sus unidades: una ya creada, la Fepade, y otra que corresponde a los delitos anticorrupción que hoy tiene bajo su responsabilidad la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), pero que en algún momento deberá asumir la fiscalía anticorrupción. Estas instancias persiguen no a un delincuente que actúa en la ilegalidad y que rompe la estructura básica de la sociedad, sino a un tipo distinto de persona: a los que detentan el poder formal —dirigentes partidistas, servidores públicos— y cuyos delitos no ameritan prisión preventiva oficiosa.

¿Cómo se combate a personas así? Ejerciendo la acción penal y denunciando públicamente sus excesos. Ambos elementos son indispensables. Eso intentamos hacer durante los últimos años. En una ponderación entre el derecho a la vida íntima de un personaje público y el derecho de acceso a la información pública, teníamos que responder una pregunta. ¿Qué es mejor para el país? ¿Que un partido reciba millones de pesos y que los retire del banco en efectivo sin comprobación o que se haga público un posible hecho ilícito de un dirigente partidista, sancionado ya en sede administrativa y jurisdiccional? ¿Qué es mejor para el país?

¿Señalar que se libraron órdenes de aprehensión contra exgobernadores o que se deje de dar seguimiento a las solicitudes de extradición? ¿Qué es mejor para el país? ¿Que se haga público que un funcionario recibió millones de dólares en sobornos o admitir presiones de ese mismo funcionario para no ventilar el caso? Como en cualquier país democrático, el derecho al honor o a la intimidad de los servidores públicos que presuntamente han cometido delitos debe ceder frente al derecho de la sociedad a la información y la libertad de expresión.

Me acusaron de parcialidad, pero en estas memorias relato cómo ejercí acción penal por igual en contra de figuras del PAN, Morena, PRD o Movimiento Ciudadano. Si había más asuntos del PRI era porque la estadística demuestra que cometen más delitos electorales las personas físicas vinculadas con los partidos políticos que tienen más poder. A mayor poder, mayor cantidad de malas prácticas electorales. Por eso rechazo esa imputación. Ejercí mis competencias con imparcialidad, sin filias ni fobias, pero también con fortaleza. No busqué sancionar al operador del nivel más bajo o al pobre, sino al instigador o a los autores intelectuales. No busqué concentrarme en los delitos de alteración al Registro Federal de Electores (RFE), sino en aquellos que verdaderamente generaban un desequilibrio en los procesos electorales y dañaban los principios rectores de la democracia. Lo que tal vez ocurrió es que los gobiernos no estaban preparados para una estrategia seria de combate contra los delitos electorales.

La idea de una memoria colectiva me inspiró a escribir estas líneas, como un homenaje al personal de la Fepade por su esfuerzo durante los casi tres años que duró mi administración, pero también como un mecanismo para difundir los logros y señalar los temas pendientes de la joven democracia mexicana. Es mi forma de cerrar un ciclo, en el que creí que lo más importante era que la institución funcionara para lo que se diseñó, y no sólo para dar cursos de capacitación de los que los operadores electorales se burlaban por la supuesta ingenuidad de la fiscalía.

En un futuro escribiré otro libro más técnico, a partir de la dogmática jurídica, sobre delitos electorales, pero enfocado en una discusión distinta. Éste es un recorrido a través de diversos casos que no tiene otro objetivo que demostrar que lo mejor que puede hacer un fiscal para mejorar el sistema constitucional es ejercer la acción penal en asuntos importantes. ¿Para qué? Para ejemplificar que las sanciones sí llegan y que pueden disminuir la impunidad y la corrupción.

Evidentemente, en poco más de un centenar de cuartillas no se puede resumir una historia colectiva de tres años. Quedan fuera muchas personas, experiencias, temas, pero creo que se logra concentrar un buen caudal de la actividad institucional. Mi idea era que el libro se publicara antes de la jornada electoral, pero simplemente no hubo tiempo. Espero que el lector disfrute su lectura, tanto como el suscrito gozó la redacción de cada página.

 

Ciudad Universitaria, Ciudad de México, y San Juan del Río, Querétaro,
Julio de 2018

 

Santiago Nieto

 

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