A unos días de haber tomado posesión de su cargo y ante el reto del éxodo migrante en Tijuana y la creciente migración forzada desde Centroamérica, el nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, declaró que México “no será un país de puertas abiertas ni un país santuario”. Meses antes, la ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que el país se adoptaría un carácter de asilo y refugio, retomando su tradición de acogida a los exiliados durante los fascismos europeos, las dictaduras militares en Sudamérica y las guerras civiles en Centroamérica en el siglo XX.

El discurso sobre migración del recién inaugurado gobierno de Andrés Manuel López Obrador cambió sustancialmente en el contexto del éxodo migrante. Esto responde a dos fenómenos: las reacciones xenófobas por parte de algunos sectores de la sociedad mexicana y, sobre todo, las presiones del gobierno de Estados Unidos sobre la posibilidad de que México se convierta en lo que se denomina “un tercer país seguro” (o alguna de sus variantes). Un acuerdo de este tipo —y versiones temporales como el programa “Quédate en México” que ha discutido con el gobierno estadunidense el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard— implicaría que los solicitantes de refugio en Estados Unidos tendrían que presentarse y resolver su solicitud desde México, lo cual eliminaría la posibilidad de que lo hicieran en el país de destino y promovería su permanencia al sur de la frontera durante los meses o años que tome la evaluación de sus solicitudes en Estados Unidos, considerando los atrasos que existen actualmente (y desde hace muchos años) en el sistema judicial en Estados Unidos. Esto tendría lugar, además, en un contexto de violencia criminal en México en el que las personas migrantes son uno de los grupos más vulnerables y para quienes las instituciones del Estado han sido incapaces de ofrecer la protección necesaria.

Si México continúa por este camino y hace lo que pide Estados Unidos a cambio de su contribución al fondo de desarrollo para México y Centroamérica que Ebrard ha planteado —con una visión de largo plazo enfocada sólo a lo económico— desaprovechará la oportunidad garantizada por la legitimidad y enorme respaldo social del nuevo gobierno para plantear una postura proactiva frente a su vecino del norte y cambiar el enfoque de la política migratoria bilateral. Declarar que México no será un país de puertas abiertas ni un país santuario es un paso hacia atrás en política migratoria, y denuncia una visión limitada sobre lo que el concepto de santuario podría significar práctica y políticamente.

Ilustración: Víctor Solís

Si bien poco utilizado en la discusión pública en general, la Ciudad de México se declaró “ciudad santuario” en 2017, haciendo eco de la manera en que los gobiernos municipales y estatales en Estados Unidos han recurrido al concepto desde hace muchos años como forma de resistencia frente a la política de control y seguridad del gobierno federal. Desde la perspectiva de estos gobiernos locales en Estados Unidos ser santuario significa tomar una postura en contra de leyes y procedimientos que consideran injustos y en contra de los intereses de sus comunidades. En general esto se limita a no cooperar con las autoridades migratorias en términos de compartir información sobre personas con estatus migratorio indocumentado, pero también en algunos casos se extiende a la creación de programas de apoyo a comunidades migrantes: desde recursos para clases de inglés, hasta traducción y acceso a programas sociales dentro de la jurisdicción local.

La declaración de santuario de la Ciudad de México se suma a su declaración de ciudad hospitalaria e incluyente que ya se había hecho en 2011. Sin embargo, el término “santuario” asume una posición política que va de la mano con la resistencia frente a las políticas de control y seguridad (del gobierno federal de Estados Unidos y también de México). Además, se dirige explícitamente a los mexicanos retornados y deportados, para ofrecer apoyo, servicios y combatir la discriminación en su contra. Es, pues, un compromiso que implica mucho más que dar asistencia y un lugar de acogida permanente a las personas migrantes, como lo asume la interpretación simplista del término.

Históricamente el término ha nombrado una serie de acciones que van desde el apoyo simbólico y la solidaridad, hasta la posibilidad de permanecer en un espacio protegido, como una iglesia o un albergue, para evitar la deportación o para apoyar una solicitud de asilo concreta.

Desde esta perspectiva podría decirse que, más allá de la Ciudad de México, existen de hecho muchos espacios y prácticas de santuario en el país. La red de albergues de migrantes generalmente utiliza términos como “hospitalidad”, “solidaridad” o “acogida” para describir su trabajo, pero además de ofrecer comida, atención médica y un lugar temporal para vivir —aunque esa temporalidad se ha extendido dado el aumento reciente de solicitantes de asilo— realizan acciones de acompañamiento, mutualismo y resistencia que asumen que las condiciones que afectan a las personas migrantes conciernen también a las comunidades a las que llegan. Son un ejemplo de prácticas de inclusión que no sólo se basan en ofrecer ayuda a las personas migrantes, sino que significan alternativas frente a un sistema migratorio, económico y político disfuncional que violenta los derechos de las personas.

Esta acepción amplia del término santuario propone una forma de construir comunidad que implica a todos, tanto a quienes reciben el apoyo como a quienes lo dan. Según expresó Norma Ramírez, una de las fundadoras del grupo de mujeres Las Patronas en Veracruz, en una charla reciente: “Nosotras damos alimento pero también acompañamiento. Es un proceso horizontal que nos hace a todos iguales. Es un proceso que cambia la situación de los migrantes, pero también nos transforma a nosotras y a nuestra comunidad: desde nuestra percepción sobre la discriminación por género hasta la conciencia social sobre las causas de la migración y la situación económica y política en la región que afecta a todas por igual, no sólo a las personas migrantes”.

Declarar a México como país santuario seguramente implicaría una reacción negativa de Estados Unidos, especialmente considerando el hecho de que Donald Trump ha convertido al término en algo negativo, asociado con la inseguridad y la falta de control. Pero sería una oportunidad para cambiar el discurso, establecer coaliciones con otros actores dentro de Estados Unidos, con los países de Centroamérica y de otras regiones, así como con organismos internacionales.

Esto no significaría abrir las fronteras y abandonar el control sobre quién entra o sale del país. Tampoco significaría asumir la responsabilidad total sobre los migrantes y refugiados en tránsito por México. Es liderar una nueva visión sobre la migración global que pone al centro la dignidad humana y que articula nuevas políticas fundadas en la solidaridad como práctica cotidiana. El concepto de santuario propone una forma de reconstruir el tejido social desde una base de horizontalidad e igualdad o, en palabras del padre Melo de Honduras: “es una manera de romper el paradigma dominante de un sistema económico y político que oprime a todos: el santuario tendría que ser el factor de encuentro y solidaridad con la vida que está amenazada”. Asumir una postura desde la perspectiva de santuario en el discurso y en la práctica demostraría que en tiempos de grandes crisis migratorias es posible pensar en una política que no criminaliza la migración sino que entiende la movilidad humana como un derecho y busca crear condiciones económicas, políticas y sociales de igualdad para que migrar sea realmente una opción.

 

Alexandra Délano Alonso
Profesora de asuntos globales en la universidad The New School en Nueva York. Es autora de México y su diáspora en Estados Unidos: Las políticas de emigración desde 1848 y From Here and There: Diaspora Policies, Integration, and Social Rights beyond Borders.

 

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