Un análisis de las presidencias de comisiones en la Cámara de Diputados de México (1997-2018)

“Pequeñas legislaturas”: así fue como Woodrow Wilson describió a las comisiones legislativas en su libro Congressional Government (1885). Para este académico que después se convertiría en el 28° presidente estadounidense, el trabajo parlamentario se lleva a cabo primordialmente en comisiones. Es ahí donde se analiza, delibera y decide buena parte de la política nacional. Las sesiones en el pleno, decía Wilson, sirven sólo para validar en exhibiciones públicas, lo que se acuerda en las comisiones.

A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, las comisiones legislativas de nuestro país empezaron a funcionar como espacios de elaboración deliberativos y de negociación política entre partidos hasta hace poco tiempo. A partir de 1997, con la pérdida de la mayoría absoluta priista en la Cámara de Diputados y la paralela reelaboración del sistema de reglas y prácticas dentro de la asamblea, las comisiones comenzaron a ejercer un poder de agenda en el sistema político nacional. A partir de ahí, el reparto de las presidencias de comisiones se volvió más disputado, pues partidos y legisladores empezaron a valorar los recursos, materiales y políticos, así como la exposición mediática que implican presidir una comisión —sobre todo si se trata de una comisión trascendental.

Desde 1997, la cantidad y la temática de algunas comisiones legislativas en la Cámara de Diputados de México ha variado: algunas han surgido, mientras que otras tantas han desaparecido, sido fusionadas o cambiado de nombre. Lo constante, sin embargo, han sido las reglas, formales e informales, que existen alrededor de su integración. El objetivo de este texto es describir la evolución, desde la Legislatura 57° (1997-2000) a la 64° (2018-2021), del control de los grupos parlamentarios sobre las presidencias de comisiones ordinarias en la cámara baja nacional, así como encontrar las características individuales de los diputados federales que son designados para presidirlas.

Ilustración: Víctor Solís

I) Por qué importan y cómo se integran las comisiones

Para algunos autores las comisiones legislativas son las ‘cadeneras’ del proceso legislativo: desde ahí, a través de su poder sobre jurisdicciones temáticas específicas, se permiten o se vetan cambios sobre el statu quo legal de una unidad geográfica. Para que algo sea votado en el pleno normalmente necesita haber sido avalado en comisiones e, incluso, en algunos casos, son en estos cuerpos donde, motu propio, se propone la iniciación de proyectos al resto de la cámara. Como los liderazgos partidistas buscan evitar la división en las votaciones plenarias, es en la etapa de comisiones donde se hacen las negociaciones políticas y donde se avanza o bloquea el camino de un producto legislativo.

En México la mayor parte de iniciativas, puntos de acuerdo, nombramientos o minutas, deben pasar por una fase inicial de dictaminación en comisiones.1 A través del sistema de comisiones, en conjunto con las restricciones para hacer enmiendas en la discusión plenaria, es como el partido o la coalición mayoritaria de la Cámara de Diputados de México busca ejercer su rol como un cartel procedimental que controla la agenda parlamentaria. Desde el turno a cierta comisión o comisiones —y no a otra u otras— se puede empezar a configurar cómo será el proceso legislativo de una iniciativa.2 En pocas palabras, es en las comisiones donde los asuntos se congelan o se calientan, según el ánimo político mayoritario del momento o, bien, de acuerdo a la incidencia de otros poderes como el Ejecutivo federal en esa parte del proceso.

Para tener una idea del poder de las comisiones en la elaboración de leyes en nuestro país, considérese que, según datos de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, entre septiembre de 1997 y abril de 2018, se presentaron un total de 21,114 iniciativas, de las cuales 16,905 (80%) fueron bloqueadas en la etapa inicial del proceso legislativo que corresponde a la discusión en comisiones, ya sea con un dictamen negativo o dejándolas como asuntos pendientes. Esta proporción ha generado que las comisiones sean vistas como  congeladoras en el Poder Legislativo mexicano. Por su parte en ese mismo periodo 3,159 iniciativas fueron avaladas por un dictamen aprobatorio en comisión, de las cuales 2,794 (el equivalente al 88%) no sufrieron ningún tipo de modificación por parte del pleno en donde fueron aprobadas. Estas cifras permiten sustentar la afirmación de que gran parte del ‘planchado político’ de una iniciativa se da en la fase de comisiones.

Además del poder de agenda depositado en las comisiones, los diputados que las presiden, normalmente obtienen atención de los medios cuando discuten algún asunto importante dentro de su competencia a la vez que cuentan con recursos financieros especiales (incluso con chofer particular), y están facultados para llamar a reuniones, contratar equipo de apoyo, organizar foros y conferencias, crear subcomisiones, solicitar información gubernamental o proponer que se cite a funcionarios federales a comparecer.

Claro que hay comisiones más importantes que otras pues se ha documentado3 que la carga de trabajo del Congreso no se distribuye equitativamente. Para muestra de esto un dato: entre 1997 y 2018 solo cuatro comisiones (Hacienda, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia) recibieron, para dictaminar, casi el 50% de las iniciativas presentadas por los diputados. De esta manera, a pesar de que todas las comisiones traen aparejado un control sobre recursos financieros y humanos (cuyo monto y distribución ha dependido, en el pasado, de los usos y costumbres de cada grupo parlamentario en cierta legislatura), hay presidencias de ciertos órganos que, por su capacidad temática de sanción, resultan más apetitosos que otros para los legisladores.

Independientemente de su relevancia, el proceso de integración de la mayoría de las comisiones es similar. Lo primero a tomar en cuenta es que el ordenamiento jurídico que define la integración de estos órganos es la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos4 (LOCG, en adelante) publicada inicialmente en 1979. Anteriormente, un órgano llamado la “Gran Comisión”, conformado por diputados de cada estado (todos del partido mayoritario), era el encargado de proponer al pleno de la cámara el personal que se integraría en las comisiones.5

Toda vez que la Gran Comisión requería, por ley, de una mayoría legislativa para poder conformarse, cuando en la Legislatura 57° ninguna fuerza partidista logró por sí sola constituirse como mayoritaria, esta comisión no pudo ser instalada. Tras una serie de acuerdos, se logró reformar la LOCG en 1999, para asignar las presidencias de las comisiones desde un nuevo órgano plural llamado Junta de Coordinación Política (Jucopo, en adelante), el cual está integrado por los coordinadores de todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara.

Al respecto, el numeral 4 del artículo 43 de la LOCG, señala que “al proponer la integración de las comisiones, la Junta postulará también a los diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el pleno, y tome en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados”. Desde entonces, la asignación del número de puestos en comisiones que le corresponden a cada bancada es una atribución que la Jucopo ejerce al inicio de cada legislatura. Cada comisión ordinaria (que son las que participan en el proceso de dictaminación) debe estar integrada por un presidente y dos secretarios, quienes conforman la mesa directiva de la comisión, la cual es postulada por su totalidad por la Jucopo. Adicionalmente hay legisladores que integran la comisión sin estar en el órgano directivo de esta, fungiendo únicamente como integrantes con poder de voz y voto en las reuniones.6 Por último, los diputados pueden pertenecer a un máximo de tres comisiones, no tienen más de una presidencia al mismo tiempo y, si forman parte de la Mesa Directiva, no toman parte en ninguno de estos órganos.

La fase referida anteriormente se puede definir como la etapa de negociación entre partidos (fase interpartidista) en la que, desde la Jucopo, se asignan los espacios para cada bancada en el sistema de comisiones. Aunque hay un componente formal, sancionado en la LOCG, en la que la integración total debe reflejar la distribución partidista del pleno, detrás de este proceso subyace una negociación no pública en la que, a partir del número de legisladores que ‘tiene’ cada partido, se establecen cuántas y, sobre todo, cuáles comisiones presidirá cada bancada –las secretarias, aunque importan, resultan secundarias. Este reparto, como se mencionó, sucede al inicio del primer año de la legislatura y el acuerdo que se aprueba en la Jucopo perdura los 3 años de la legislatura. En la historia democrática de la cámara, esta fase no ha estado exenta de complicaciones, pues, como se mencionó, si bien el reglamento exige una paridad entre la conformación de las presidencias/secretarias/integración general con respecto a la distribución partidista plenaria, no se explicita qué comisiones le deben corresponder a cada bancada.

Después de que los coordinadores de cada grupo parlamentario han acordado qué comisiones presidirán los integrantes de qué bancada, ocurre el siguiente paso del proceso de asignación. En este, al interior de cada grupo partidista, se seleccionan a los diputados que serán presidentes de cada comisión asignada a su colectivo (que debe tener, por ley, un mínimo de 5 integrantes). En esta etapa (fase intrapartidista) ocurren una serie de negociaciones dentro de cada partido, las cuales no están normadas formalmente. Vale la pena recordar que los líderes parlamentarios son altos jerarcas de partido y/o delegados de las élites partidistas. Por lo que su tarea es, ante todo, actuar como agentes de los dirigentes más importantes de los partidos. De esta manera, la selección de presidentes de comisión se puede volver una tarea compleja para los coordinadores en la que, al mismo tiempo, deben designar perfiles aptos, premiar intereses internos del partido con estos puestos, incentivar la lealtad del grupo y evitar divisiones internas. En pocas palabras, el objetivo de los coordinadores y sus vicecoordinadores, los segundos al mando, en la asignación de las presidencias de comisiones es maximizar la probabilidad de que sus colegas hagan un buen trabajo político-técnico (sobre todo negociando con las otras fuerzas políticas y cuidando qué se emite desde ahí), seleccionar perfiles capaces y, al mismo tiempo, cercanos al partido, y evitar problemas que las designaciones generen problemas de acción colectiva en su bancada.

Para ejemplificar el punto anterior, una anécdota. En la reunión plenaria del PRI (reuniones internas de bancada en la que se define la agenda a seguir en las actividades parlamentarias), previa a la repartición de las presidencias de comisión en la Legislatura 58° (2000-2003), surgió una discusión derivada de esta decisión interna del reparto de presidencias de comisión. Dado que en esa legislatura la mayor parte de las presidencias parecían estar reservadas para los priistas de abolengo (casi todos los que habían entrado a la asamblea vía representación proporcional [RP]), un grupo de legisladores del PRI liderados por la Dip. Irma Piñeyro y el Dip. Oscar Alvarado, reclamaron a la coordinadora, la Dip. Beatriz Paredes, que las presidencias de comisión debían ser una recompensa para los diputados que de mayoría relativa (MR), quienes habían hecho campaña y que salieron a ganar el voto que permitió a sus compañeros plurinominales tener un escaño. En ese mismo evento la Dip. León María Elena Chapa pidió que los presidentes se eligieran tomando en cuenta la experiencia individual de cada diputado y no su cercanía con la élite del partido. En respuesta, la coordinadora Paredes hizo una asignación histórica: el 40% de las presidencias que le correspondían al PRI fueron reservadas para diputados de MR.

Si cada coordinador asignara las presidencias de comisiones bajo un criterio exclusivo de experiencia temática, este proceso sería una labor más sencilla. En el congreso estadounidense, por ejemplo, opera una regla de seniority, donde los diputados con mayor antigüedad como miembros de una comisión, son los primeros en el orden de prelación para presidirla. No obstante, el impedimento a la reelección inmediata en México, vigente hasta la anterior legislatura, ha hecho que los coordinadores de bancada deban elegir a quienes presidirían las comisiones con base en información imperfecta y descansando en indicadores que dan poca luz sobre cómo un diputado se comportará en caso de ser nombrado presidente de alguna comisión. Piénsese, por ejemplo, que de los 500 diputados que conforman la Legislatura 64° (2018-2021), únicamente 105 (21%) tiene en su historial la experiencia de haber sido diputado federal o senador previamente.

II) Presidencias de comisiones: reparto histórico

A continuación se presenta un gráfico que permite visualizar el primer paso de la negociación de las presidencias (fase interpartidista). El gráfico denota a qué grupo parlamentario han pertenecido los presidentes de las diferentes comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados de México de la Legislatura 57° (1997-2000) a la 64° (2018-2021). Los nombres de los órganos responden a la última modificación en la actual legislatura; en caso de que la temática sea similar, incluso si el nombre cambió o empezó siendo un órgano especial, se contempló como la misma comisión. En caso de que la comisión haya desaparecido o haya tenido un estatus de ordinaria en cierta legislatura, se indica con un “No aplica” (espacio en color gris).

Gráfica 1. Bancada a la que pertenece el presidente cada comisión ordinaria (con su nombre más reciente) en la Cámara de Diputados de México de la Legislatura 57° (1997-2000) a la 64° (2018-2021)

Como se puede ver, a lo largo de las legislaturas ha variado tanto el número de comisiones como la bancada del diputado presidente de cada una de estas. Llama la atención que, en el período estudiado, solo ha habido una comisión en la que el partido del presidente ha persistido a lo largo del tiempo: la de Medio Ambiente a cargo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El PRI había logrado mantener, desde 1997, tanto la Comisión de Comunicaciones y Transportes como la de Justicia. Sin embargo, en la última legislatura las ha empezado a presidir un integrante de la bancada del PAN. Asimismo, la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal ha sido presidida, a partir de 2000, exclusivamente por diputados panistas; lo mismo ha sucedido con la de Agricultura y Sistemas de Riego por parte del PRI, aunque esta última desapreció en la actual legislatura en la cual se ha reducido el número de estos órganos a un total de 45 comisiones ordinarias. El bastión perredista, por su parte, fue, de 1997 a 2015, Seguridad Social, que perdió en 2015. La Comisión de Salud había sido retenida, desde 2000, por el PAN; sin embargo, en esta última legislatura la presidirá una diputada morenista. Por otra parte, hay comisiones que han registrado una alta volatilidad partidista. Tal es el caso de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ha sido alternada entre PAN, PRI, Partido Nueva Alianza (PNA) y, ahora, MORENA. Algo similar a Cultura y Cinematografía, Educación, y Pueblos Indígenas cuya presidencia ha sido distribuida entre PRD, PRI, PAN y MORENA. Otras comisiones que han tenido varias alternancias en su dirección desde 1997 son: Población (PAN, PRI y PT), Relaciones Exteriores (PRI, PAN y PT) y Vivienda (PT, PAN y PRI). En términos del control del partido del presidente en turno, no hay ninguna comisión con una coincidencia partidista perfecta a lo largo de este período. Sin embargo, las comisiones de Energía y Gobierno y Población siempre han pertenecido a la bancada del partido en el gobierno a partir del 2000. Bajo esta misma lógica, un diputado de oposición siempre ha presidido la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación –particularmente el PRD desde 2006.

III) ¿Qué diputados presiden las comisiones?

Hacia finales de septiembre de 2018 se registró una discusión, sobre todo en redes sociales, la cual cuestionaba la decisión de que diputados del Partido Encuentro Social (PES) presidieran tanto la Comisión de Cultura y Cinematografía como la Comisión de Salud. Al final, el grupo parlamentario de MORENA ‘se quedó’ con ambos órganos, y sus líderes eligieron al Dip. Sergio Mayer y a la Dip. Miroslava Sánchez para presidir, respectivamente, las comisiones referidas. El nombramiento de la Dip. Sánchez, electa vía representación proporcional por la segunda circunscripción nacional y con una licenciatura en medicina por la Universidad Autónoma de Coahuila, no generó polémica –aunque sí inconformidad por parte del presidente del PES. Sin embargo, la designación del Dip. Mayer, electo por mayoría relativa en el distrito 6 de la Ciudad de México y con estudios en administración de empresas por la Universidad Iberoamericana, fue inspiradora de una gran cantidad de críticas.

Al ser cuestionado sobre su conocimiento en asuntos relacionados con temas culturales, así como sobre su experiencia en el ámbito legislativo, el Dip. Mayer defendió el derecho de todo ciudadano a ocupar un cargo público y, particularmente, de todo legislador a tener posiciones de jerarquía dentro de la asamblea. En su oportunidad declaró: “para ser presidente de la Comisión de Cultura pues tampoco necesitas ser Sócrates, ¿verdad? Y para presidir la Comisión de Seguridad Pública no necesitas ser policía tampoco. De hecho, la próxima presidenta de la Comisión de Seguridad Pública es una mujer [sic] ”.7 Siguiendo la lógica del Dip. Mayer, si no hay que “ser Sócrates” para presidir cierta comisión, valdría la pena preguntarse: ¿qué se toma en cuenta que un legislador sea designado, dentro de su bancada, como presidente de alguna comisión ordinaria en la Cámara de Diputados?

Para responder la pregunta anterior, que se refiere a la fase intrapartidista del proceso, se recopiló, en una base de datos propia, la información biográfica de 4,511 diputados federales que han ocupado una curul entre las legislaturas 57° (1997-2000) y 64° (2018-2021). Con estos datos se estimó un modelo estadístico8 que permite conocer las características individuales de un diputado, independientemente de la legislatura en la que haya estado y del grupo parlamentario al que haya pertenecido, que aumentan su probabilidad de ser seleccionado para presidir una comisión ordinaria. Los predictores fueron particularidades de los legisladores que, teóricamente, se esperaría tuvieran un efecto sobre su selección como presidentes de alguna comisión. A saber, su edad, antigüedad en el partido, haber tenido al menos un año de experiencia en: administración pública federal, local y/o municipal, haber ocupado o no un escaño en la Cámara de Diputados, Senadores o congresos locales, así como su género, nivel de escolaridad (con/sin estudios de licenciatura) y haber participado o no en algún espacio político o social fuera del partido político que los postuló como candidatos.

A continuación se presenta la visualización de esta estimación estadística. La interpretación es intuitiva. Entre más alejado esté el círculo de cada variable (valor promedio del coeficiente) de la línea roja vertical, implica que esta característica incrementa (si está a la derecha) o disminuye (si está a la izquierda) la probabilidad de que el legislador sea presidente de una comisión. Las líneas al lado de cada círculo hacen referencia al intervalo de confianza de la estimación (95%). El número de asteriscos, por su parte, a su significancia estadística (entre más tenga, menor probabilidad de que el valor se haya obtenido aleatoriamente). Es importante mencionar que en la estimación se controló por legislatura y por partido político.

Gráfica 2. Características individuales que aumentan la probabilidad de que un legislador presida una comisión ordinaria en la Cámara de Diputados de México de la Legislatura 57° (1997-2000) a la 64° (2018-2021) [n=4,511]

Lo primero a resaltar es que ser seleccionado para presidir una comisión es un evento poco común para los representantes, pues de los legisladores analizados, poco menos del 10% lo han hecho. Nuestros resultados, consistentes con trabajos académicos que han investigado algo similar para un menor número de legislaturas,9 señalan que sí existen características individuales de los diputados federales mexicanos que incrementan su probabilidad de presidir comisiones. A partir de esto, se observa que hay solo 4 variables que tienen la significancia estadística mayor (indicados con color azul). Sobre las otras variables (en color gris) vale la pena mencionar que, contrario de lo que se esperaría, los años de servicio partidista no son el indicador biográfico más importante para determinar la propensión de un nombramiento para presidir alguna comisión. Sin embargo, acceder a la asamblea por principio de RP, cuestión que es significativa, aunque a un menor nivel, incrementa los momios de presidir una comisión en 40%, comparado con haber sido electo por MR.10 Toda vez que los legisladores de RP son políticos para quienes se suelen reservar lugares privilegiados en las listas de circunscripción (definidas por líderes, nacionales y estatales, de cada partido), se puede decir que la asignación a una presidencia de comisión está relacionada con la cercanía de los congresistas a las élites del partido y no con prolongadas carreras dentro de la estructura partidaria. Finalmente, son estas élites del partido las más interesadas en que los intereses del instituto político se preserven, respeten y reproduzcan en la legislatura, responsabilidad delegada en los políticos más confiables o reconocidos dentro de cada partido.

La combinación idónea para que el reparto de presidencias de comisión garantice el cuidado de las líneas partidarias en el congreso es seleccionar diputados confiables que además cuenten con los recursos políticos, intelectuales y humanos necesarios para hacer una gestión favorable. En este sentido, la posesión de un título universitario, el paso previo por la Cámara de Diputados y la experiencia en administración pública federal incrementan las probabilidades de presidir una comisión en 77, 66 y 50 por ciento, respectivamente, en contraste con legisladores que no presentan dichas características. El paso por los circuitos administrativo, legislativo y académico permite a los políticos hacerse de estructuras de capitales valiosas para ocupar cargos de jerarquía en la asamblea (a partir de conexiones, equipos de trabajo, conocimientos especializados y reconocimiento de sus pares). De manera particular, haber sido diputado federal anteriormente podría interpretarse como la seniority a la mexicana en la que se aprecia no ser un legislador amateur.

Una asamblea que comenzó a funcionar en 1917, pero que vio el acceso de una mujer hasta 1952 y la conformación paritaria de género hasta 2018, tiene, también, un acceso restringido a las diputadas en las altas esferas de la vida parlamentaria a nivel federal. En años recientes hemos atestiguado la implementación de mecanismos de acción afirmativa para incrementar el componente femenino en la Cámara. Si bien este propósito se ha logrado en términos numéricos, entre 1997 y 2018, las mujeres siguen viéndose subrepresentadas en cuanto a la presencia en las presidencias de las comisiones y otros cargos de relevancia en la toma de decisiones camerales. Según la estimación anterior, que toma en cuenta la repartición de la Legislatura 64° (2018-2021), ser mujer reduce la probabilidad para la obtención de una presidencia de comisión en cerca del 35% en contraste con los hombres.

En la Cámara de Diputados de México las comisiones importan para que ésta funcione. Así como importan para el quehacer parlamentario, resultan atractivas para los líderes de las bancadas (para maximizar la influencia de su bancada) y para los legisladores (para maximizar su protagonismo individual), ambos como actores racionales ambiciosos. Aunque se trata de órganos colegiados plurales, quien preside una comisión tiene un amplio poder de agenda, por lo que se trata de un cargo disputado. Esta disputa ocurre en dos dimensiones: entre las bancadas y, una vez que esto se resuelve, al interior de estas. Aunque los ordenamientos legales que rigen la vida interna de la cámara se han ido institucionalizando a lo largo de los años, sigue habiendo un margen para la negociación en el reparto de las comisiones. Aunque históricamente hay un evidente control por parte del grupo parlamentario mayoritario sobre las comisiones más importantes, resulta interesante ver que hay órganos bastiones de algunas bancadas, mientras que otros son más volátiles —posiblemente porque funcionan como espacios para la negociación entre los coordinadores. Al final, las comisiones, más allá de su labor técnica —que muchas veces es delegado por parte del diputado presidente al secretario técnico del órgano— se han convertido en un botín a nivel grupal e individual. En esta segunda dimensión hay características de un legislador que, a los ojos de la persona o personas que seleccionan los liderazgos congresionales, lo vuelven más apto para presidir una comisión. El objetivo de los partidos dentro del congreso es tener ahí a perfiles que ofrezcan certidumbre de que los intereses partidistas perseverarán y que el trabajo se hará de forma eficiente. Por lo que, aunque se toma en cuenta la cercanía con los líderes partidistas, se valora, también, aspectos curriculares. Esta valoración, sin embargo, no está exenta de un componente de excusión por una cuestión de género a las mujeres. Al final, así es como la combinación de instituciones, formales e informales, ha delineado qué partido y qué legislador preside las pequeñas legislaturas en México desde 1997 a la fecha.

 

Sergio A. Bárcena Juárez
Investigador en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México.

Julio Téllez del Río
Profesor asociado de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en donde coordina el proyecto “México, las Américas y el Mundo”.


1 Hay una posibilidad en la que, por “urgente y obvia resolución”, se obvie el trámite de dictaminación en comisiones; pero rara vez se produce este escenario. En la mayoría de los casos la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados decide, a partir del tema, qué comisión o conjunto de comisiones dictaminarán un proyecto.

2 El Reglamento Interno de la Cámara de Diputados establece en sus artículos 182 y 183, que el plazo que tiene una comisión para emitir el dictamen de una iniciativa es de 45 días, con posibilidad de una prórroga hasta por 45 días más, siempre y cuando dicha prórroga sea avalada por la Mesa Directiva de la Cámara.

3 Ver Béjar Algazi, Luisa y Sergio A. Bárcena Juárez. 2016. “El proceso legislativo en México: la eficiencia de las comisiones permanentes en un Congreso sin mayoría.” Perfiles Latinoamericanos 24 (48): 111-140.

4 Según el numeral primero del artículo 39 de la LOCG “las comisiones son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales”.

5 Desde 1934, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establecía, en su artículo 56, que “las iniciativas de ley presentadas por el Presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados o por uno o varios miembro de las Cámaras pasarían desde luego a comisión”.

6 En la LOCG se menciona el número de diputados que deben de tener algunas comisiones, mientas que para otras no se hace una referencia explícita. En el artículo 40 se hace mención de lo siguiente: “la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se integra con veinte miembros de entre los diputados de mayor experiencia legislativa” (numeral 2); “la Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16” (numeral 5). Asimismo, en el numeral 2 del artículo 43 del mismo ordenamiento se mandata que “Las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, podrán tener más de treinta miembros; se incrementarán para incorporar a un diputado de cada grupo parlamentario que no haya alcanzado a integrarse en razón de su proporción, y el número que sea necesario para que los demás grupos no pierdan su representación proporcional en ellas”.

7 Se pueden ver estas declaraciones del min. 3:35 al min. 3:53 aquí.

8 Se trata de una estimación de parámetros a través de un modelo de regresión logística con errores estándar robustos. Este tipo de modelo se usa cuando, por la distribución binomial de la variable dependiente, hay una variable de interés dicotómica, en nuestro caso: si el diputado fue o no presidente de una comisión. Dado que casi el 90% de los diputados estudiados no presidieron una comisión, se trata de un evento (presidir una comisión) de rara ocurrencia. Por ello, también se estimaron dos modelos propios de estos casos: regresión logística para eventos raros (desarrollado por Gary King y Langche Zeng) y una estimación de máxima verosimilitud penalizada (Método de Firth). En ambos casos los resultados fueron consistentes con el primer modelo mencionado.

9 Ver, por ejemplo, a: Vázquez Ferrel y Díaz Domínguez, 2018; Ascencio y Kerevel, 2016; Ugues Jr., Medina Vidal y Bowler, 2012; Aparicio y Langston 2009.

10 Los momios o razones de oportunidad se definen como la posibilidad de ocurrencia de cierto evento en comparación de su no ocurrencia usando un valor de referencia especificado por el modelo en cuestión. Su cálculo se realiza a partir de una expresión cuadrática de los coeficientes, mismos que se expresan en términos porcentuales para facilitar su lectura.

 

Un comentario en “Quién preside las comisiones del Congreso

  1. Esto explica el número de iniciativas presentadas, que debe consumir mucho tiempo parlamentario al interior de las comisiones y luego si no van a la congeladora consumen tiempo parlamentario en sesiones generales. Este indicador cuenta?
    Por otro lado, de alguna manera, esta explicación justifica el que algunos diputados duerman, jueguen, salgan, no asistan a las sesiones. Debe ser poco atractivo “estar” frente a interminables intervenciones que ni conocen, ni les importan y peor, que no entienden!
    Pero lo que no aborda el artículo es la “disciplina partidaria”. Cuando menciona los espacios de “negociación” no incluye el factor de mayoría de 30 millones! Circunstancia que sí va a modificar la vida parlamentaria. El canal del congreso es fuente de intervenciones sorprendentes: por sus contenidos, por sus formas pero sobre todo porque ponen de manifiesto que la técnica y el conocimiento de las labores parlamentarias no dan garantías a aquellos que representan: los ciudadanos!