La decisión del jefe de gobierno de retirar las placas alusivas al expresidente Gustavo Díaz Ordaz de varias estaciones del Metro en la víspera de los 50 años de la matanza del 2 de octubre, ha generado una fuerte e inmediata discusión en las redes sobre cómo debemos entender, y conservar, nuestra memoria histórica, por muy oscura que sea. Aquí, un grupo de intelectuales opinan al respecto. 

Ilustración: Víctor Solís


Eugenia Allier Montaño

¿Será que estamos llegando a una saturación de la memoria reivindicativa del 68? Hay en todo casoa, un momento memorial propicio para la naturalización del movimiento estudiantil: ya no solo su utilización desde hito de la lucha por la democracia, sino en tanto aceptación de la violencia de Estado. Hace unos días la CEAV decretó que el 2 de octubre fue un crimen de Estado y habrá reparación simbólica y material para las víctimas. El sábado pasado la futura jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que fuimos una generación que creció bajo el velo del dolor del 2 de octubre, y Andrés Manuel López Obrador señaló que nunca se repetirá esa violencia. Es en medio de ese ánimo que el gobierno de la Ciudad de México ha decidido retirar del metro las placas en que se menciona a Gustavo Díaz Ordaz. Además, grupos de académicos se han organizado en Nuevo León, Baja California y Chihuahua para solicitar a sus gobiernos que retire el nombre de Díaz Ordaz de calles y colonias de sus estados.

Las placas, la nomenclatura, son marcas sobre el cuerpo de la ciudad. Señalan los hitos principales que una sociedad decide recuperar de su historia para generar una identidad común. La identidad, como la historia común de una sociedad, está en continuo movimiento, jamás es estática. Los elogios de ayer se convierten en cuestionamientos del presente. Gustavo Díaz Ordaz decidió desoír a un movimiento que le exigía respeto a la Constitución y las garantías individuales, y decidió por ello reprimirlo. La represión corrió por canales que buscaron ser clandestinos: no era el gobierno quien reprimía, sino los estudiantes quienes agredían. A lo largo de cincuenta años y por distintos medios, la verdad fue saliendo a la luz, y hoy pocos creen la versión del gobierno diazordacista. Por ello, el actual gobierno de la Ciudad de México ha decidido retirar las placas (por ahora del sistema de transporte del metro) que mencionan al expresidente. No eran placas que celebraran al gobierno de antaño, simplemente enunciaban que el antiguo mandatario había decidido la construcción del Metro. Pero hoy, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, ha decidido que incluso el nombre de Diaz Ordaz lastima a los usuarios del Metro. Ha resuelto arrancar de los muros de la ciudad el nombre del represor. Quedará por ahora una cicatriz en los muros de la urbe, hasta que lleguen nuevas placas y nombres que, tal vez, se conviertan sobre la piel de la ciudad en huellas de las heridas que ésta ha sufrido, tal y como a partir del 2 de octubre relucirá en letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados: “Al movimiento estudiantil de 1968”.


Sabina Berman

Discúlpenme los relativistas morales, pero Gustavo Díaz Ordaz no es un héroe de la Patria. Todavía los historiadores discuten si él dio la orden al ejército mexicano de disparar contra los estudiantes que el 2 de octubre llenaban la Plaza de las Tres Culturas, pero lo que sí es seguro, porque fue público, es cómo él asumió con orgullo la responsabilidad de la masacre y como el resto de su sexenio prosiguió la represión militar contra los jóvenes y sus detractores políticos.

Quitar las placas de las estaciones del Metro donde consta que el Presidente de la Jeta Prognata las inauguró, no es desfacer el sangriento entuerto y no es rehacer la historia. Es sencillamente un acto moral. Un acto que coloca de un lado lo bueno y de otro lado lo malo; un acto que distingue a quienes han beneficiado al país de quienes lo han perjudicado.

50 años sí son suficientes para realizar el juicio moral: Díaz Ordaz hizo daño, y mucho, a demasiados. Y también: lo que dicen esas placas es una exageración: Díaz Ordaz no construyó esas estaciones del Metro, solo era presidente cuando otros las idearon y las construyeron con dinero público.

Adolfo Hitler fue la figura más importante de la historia reciente de Alemania, pero en Alemania a nadie se le ocurre celebrarlo con placas o monumentos o nombrando avenidas y escuelas con su nombre. Lo propio deberíamos hacer en México. Ningún niño o niña debería de ser sometido a la humillación de asistir a una escuela con el nombre de un asesino de estudiantes; ningún ciudadano o ciudadana debería ser obligado a la confusión moral de transitar por una calle que lo evoque.

Y el tema da para más. Deberíamos renombrar toda la obra pública que los políticos mexicanos bautizaron bajo sus apellidos por la simple razón de que así les vino en gana y nadie pudo impedírselos. Qué desesperación cursar la primaria en la escuela Arturo Montiel. Qué esperar de los niños del Kínder Hermanos Moreira (que sean sicópatas, al menos). Qué obsceno a diario transitar el Viaducto Miguel Alemán.

La honra en el espacio público debiera ser para los héroes; para los villanos la ausencia; y en los libros de historia debiera estar el recuento de los hechos, que no esquive el juicio moral.


Arno Burkholder de la Rosa

A corto plazo puede parecer un acto de justicia: si Díaz Ordaz ordenó que se asesinara a estudiantes en Tlatelolco, ¿por qué debería estar su nombre en las estaciones del Metro que se inauguraron durante su sexenio? Un asesino no merece que se le recuerde de manera positiva. Del mismo modo que en España se retiraron las estatuas de Franco, en Rusia las de Lenin y en Estados Unidos las de los generales confederados, aquí en México es justo eliminar el recuerdo de Díaz Ordaz.

Pero me surgen dos preguntas: ¿es un acto de justicia histórica o de conveniencia política? ¿Sirve de algo que por una decisión gubernamental los ciudadanos olviden su historia?

Estamos viviendo un momento en el que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador dice que el pasado mexicano está formado solo por tres grandes etapas evolutivas y que él personifica una cuarta transformación en la que el pueblo al fin recibirá la justicia que tantas veces le ha sido negada.

El gobierno de López Obrador considera que tiene un vínculo histórico profundo con el movimiento estudiantil de 1968 y por eso tiene la obligación de hacerle justicia. Una de las formas de hacerlo será eliminar al Estado Mayor Presidencial que participó en la matanza de Tlatelolco.

Por su parte e integrándose a esta política, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México decidió quitar las mencionadas placas, pero suena más bien a conveniencia ante los cambios que está viviendo el país.

Por otro lado, México tiene la costumbre de “rehacer” su historia eliminando cualquier monumento que recuerde a personajes o etapas que no embonen con los proyectos políticos del presente: se quitan estatuas, se tiran edificios y se cambia el nombre de las calles para acabar con cualquier vestigio del pasado.

Y de esa manera condenamos al futuro a que no tenga memoria. A que sufra del mismo mal que tenemos nosotros: no entendemos a nuestro país porque no conocemos nuestro pasado.

“El mejor tributo que un historiador puede ofrecerle a su patria es aceptar totalmente su pasado” decía Edmundo O’Gorman. Y las naciones prosperan solo cuando se niegan a olvidar, saben quiénes fueron y lo aceptan para no cometer los mismos errores.


Héctor de Mauleón

A punta de borrar “pasados ignominiosos” se han cometido los mayores crímenes contra la historia de este país y esta ciudad. Los conquistadores españoles quemaron los códices llenos de imágenes que les parecían diabólicas. Nunca sabremos lo que se perdió. Por las mismas razones se arrasaron templos y destruyeron ídolos. Tres siglos más tarde la furia liberal quiso terminar otra vez con el pasado e hizo derribar, desaparecer de la faz de la tierra, antiguos templos y conventos. Culpar a las piedras, a los edificios, a los monumentos. Finalmente, borrar una y otra vez la historia, sumergirse en ciclos de ocultamiento, desterrar de la memoria todo lo “innombrable”, ha dejado solo una historia llena de agujeros: un pasado de jirones y distorsiones.

No entendemos, no aprendemos. Debemos dejar de quitar, de tirar, de ocultar. Tenemos que aprender a resignificar. Y sobre todo, tenemos que impedir que un gobernante en turno decida sobre el pasado y sobre los referentes históricos de una ciudad que está por cumplir 500 años. Es mucho lo que hemos perdido.


Cristina Gómez

Estuve en un acto en donde el jefe de gobierno de la CDMX explicó el asunto de las placas. Según él, éstas se están retirado del metro de la Magdalena Mixhuca a petición de los habitantes de esa delegación; acción que le parece bien pues, según explica, él está en contra del culto a la personalidad. Sin embargo, también agregó que esa acción cobra importancia ahora que se cumplen 50 años de la masacre de Tlatelolco. En mi opinión, las placas concernientes a obras públicas deben de permanecer en el lugar original, pues forman parte de su historia. El nombre de nuestro zócalo es la Plaza de la Constitución, lo que hace referencia a la Constitución de Cádiz de 1812, y así está consignado físicamente en la plaza. Siguiendo la lógica de Amieva, cuando se estableció el absolutismo, el nombre de todas las plazas públicas del Imperio español tendría que haberse cambiado y las placas retiradas. El jefe de gobierno, además de ser ignorante de la historia y sus procesos, actúa como un oportunista y se sube a la conmemoración del 68 de la peor manera.


José Ignacio Lanzagorta García

Ni siquiera con normatividades concretas resulta sencillo definir qué hacer con los testimonios materiales de un pasado ignominioso. Depende del caso, depende del tipo de objeto, depende del contexto si se puede tomar la decisión de destruir, borrar, resignificar, restituir, modificar. La toponimia impuesta por el tirano suele resultar de lo más sencilla: se va. Las infraestructuras, edificaciones y hasta instituciones cuyas funciones y usos persisten más allá de los regímenes atroces que las crearon se quedan y, en su caso, se resignifican.

En una zona gris quedan los monumentos, estatuas suntuosas, tumbas faraónicas y otros símbolos más o menos notables del poder… las placas conmemorativas entre ellas. A veces su presencia hiere demasiado. A veces, peor aún, son la base simbólica activa de procesos de barbarie vigentes, como es el caso de las estatuas de líderes confederados en Estados Unidos. Que se vayan todas. A veces depende de si hubo una ruptura fuerte con el régimen atroz, o si fue gradual y sin espacios de restitución de la memoria como en buena medida ha sucedido con el priismo mexicano.

En este contexto y a propósito de los 50 años de la masacre de Tlatelolco, el Metro ha decidido retirar placas alusivas a la inauguración que hizo de estas obras Gustavo Díaz Ordaz, donde su nombre se lee tal vez demasiado grande. Mi postura personal en este caso particular (y lo subrayo así) es lo que han sugerido otros movimientos de memoria en otros países del mundo, como en el de una asociación de congoleños en Bélgica: en vez de destruir la estatua de Leopoldo II que invadió, colonizó, explotó y ultrajó en más de una forma a esta nación de naciones africanas, exigen añadir una placa que cuente su visión de la historia. Recordar la historia… completa.

Ganaremos más en la memoria si entendemos que el Sistema del Transporte del Colectivo Metro es una infraestructura que persiste surgida en el marco de este Estado fuerte, autoritario, nacionalista, presidencialista y, específicamente en los sesenta, con un fuerte interés de tener liderazgo internacional a costa de lo que fuera. Creo que en vez de borrar su nombre entenderemos más adosando a la placa que Díaz Ordaz dejó en su tiempo, una de nuestro tiempo, en la que lo criticamos, lo calificamos, lo repudiamos como el asesino que fue. No se trata de mantener las “luces” de Díaz Ordaz —porque no sé si las hay—, sino de acomodarlo en su contexto. Estoy seguro de que otras posturas pueden ser igualmente legítimas: ésta es la mía. Y no, esto no significa que todos los símbolos asociados a este presidente deban persistir.


Soledad Loaeza

Si retiráramos las placas conmemorativas de los presidentes mexicanos responsables de crímenes como lo fue Gustavo Díaz Ordaz de lo ocurrido el 2 de octubre de 1968, tendríamos tantos boquetes como los que hubiera dejado un bombardeo Blitzkrieg. Para no ir muy lejos podríamos empezar con Abelardo L. Rodríguez que, ahora sí que por sus pistolas, en 1948, cuando era gobernador de Sonora, puso contra el muro de fusilamiento a 26 comunistas que fueron acusados de un atentado en su contra. Seguiríamos con Manuel Ávila Camacho y los muertos del día de la elección presidencial de 1940 —¿o quién fue el responsable, su antecesor?—; Miguel Alemán nos debe a los henriquistas muertos en la Alameda el 7 de julio de 1952; Adolfo López Mateos a Ruben Jaramillo y su familia entera en 1962. Así podemos seguirnos.

Las placas son como los nombres de las calles que según el actual gobierno de la ciudad, también habría que revisar, aunque en ese caso mantenemos la tradición conciliadora. Hernán Cortés tiene su calle, al igual que el coronel Porfirio Díaz (nótese, coronel, no general). La tienen también los “Héroes de la Conquista” al igual que los “Mártires de la Conquista”. A saber quién es quién.

La decisión del gobierno de la ciudad de eliminar las placas conmemorativas de Gustavo Díaz Ordaz es más irritante que admirable, porque es más oportunista que honrosa.


Rafael Pérez Gay

La incuria y el dogmatismo no hacen buena pareja. La decisión de retirar las placas de la inauguración del Metro por el hecho de que aparece el nombre de Gustavo Díaz Ordaz es absurda y chabacana. Nada se arregla borrando un nombre de la historia, al contrario, colabora a la desmemoria y evade la condena de esa mano criminal.

Propongo solemnemente que se retire el nombre de Porfirio Díaz a esa calle y se le imponga el de René Bejarano.


Ariel Rodríguez Kuri

En realidad no tiene nada de excepcional la supresión de placas con el nombre de Gustavo Díaz Ordaz. Uno no puede evitar el tufillo demagógico del gesto pero nada tiene de invención local. En España se está dando el fenómeno de cambiar el nombre de calles y plazas que recordaban a franquistas, algunos de ellos matones sin más. Y al propio Franco lo van a exhumar del Valle de los Caídos para refundirlo en una catedral (y a ver qué dice el episcopado español, tan reaccionario hoy y siempre). No comparo a Díaz Ordaz con Franco, líbreme el señor; solo digo que la parafernalia de los lugares cívicos (como las estaciones del Metro) van de la mano de los aires de los tiempos que corren. (Me queda claro, otra vez, que en México la historia “oficial”, si alguna vez existió de verdad, es una entelequia, algo que inventamos los historiadores profesionales para darnos importancia.) 


Raúl Trejo Delarbre

La historia es una suma de luces y sombras. En las calles e inmuebles de las ciudades quedan registros de episodios, decisiones, tragedias y anécdotas que le dan forma a su identidad. Las placas que recuerdan la inauguración del Metro son parte de la historia de la Ciudad de México. Resulta infantil retirarlas porque en ellas se menciona al principal responsable del crimen en Tlatelolco. Resulta oportunista hacerlo en vísperas del 2 de octubre.

Esa acción recuerda, toda proporción guardada, los intentos de déspotas e ingenuos que han querido difuminar en cuadros y fotografías los rostros de sus adversarios como si de esa manera los excluyeran de la historia. Hay una diferencia esencial: en aquellos casos se trata de gobernantes que buscan imponer su versión de la historia. Ahora en la Ciudad de México, en cambio, se trata de la decisión de un gobierno que busca el aplauso fácil con una medida que cree políticamente correcta.

El jefe de gobierno de la Ciudad de México dice que “hay ciclos que se deben cerrar”. Sin embargo los ciclos históricos no los cierran —ni los abren— los gobernantes a su voluntad. La tentación para determinar las inflexiones de la historia suele ser fuente de abusos o al menos de extravagancias. Hay que reconocer, sí, que el jefe de gobierno de la CDMX no es el único que comparte esas tentaciones.

Gustavo Díaz Ordaz es indefendible. Fue un criminal confeso aunque nunca fuese formalmente juzgado. Pero fue presidente de este país durante seis años. Forma parte de nuestra historia, aunque sea de manera tan deshonrosa. Retirar su nombre de las placas que registran una decisión relevante le quita a la ciudad uno de sus registros históricos y establece un precedente inquietante. Con la misma gana de hacer justicia histórica habrá quienes quieran cambiar nombres y retirar placas, según sus caprichos.

No hace falta quitar placas con el nombre del criminal de Tlatelolco para tener presente que el dos de octubre no se olvida.

 

 

3 comentarios en “¿Qué hacer con las placas de Díaz Ordaz en el Metro?

  1. La historia no debe ocultarse, el recuerdo de la barbarie nos deberá
    mostrar la lucha por la dignidad de los jóvenes. La accion del retiro solo
    protagonismo político que descubre la
    enorme ignorancia de quien lo ordena

  2. Mucho ruido por una mentada placa. A mi me interesaria mas saber cuantas calles o monumentos hay de Nixon de Franco de Hitler…Y si no hubiera ni uno mejor. Pero no por eso olvidamos la historia..por favor.

  3. Es increíble que hasta en el retiro de placas de presidentes genocidas haya descontento! Esta es la prueba que la gente criticona con nada está conforme. De alguna manera debemos hacer justicia a esta desgracia tan profunda. La ciudad y país debe ser limpiada y armonizada, lo digo también por la falta de orden, pulcritud y exceso de baches. Sólo así tendremos una justicia total.