Presentamos un adelanto de Gigante de lodo. Odebrecht y su historia de corrupción en México (Grijalbo, 2018), reportaje del periodista Raúl Olmos que aborda uno de los escándalos de corrupción más grandes de este sexenio: el caso Odebrecht.


La bomba que desactivó la PGR

Una bomba llamada Lava Jato estalló en Brasil en marzo de 2014, y casi de inmediato la onda expansiva alcanzó a decenas de políticos del gigante sudamericano. El proceso penal emprendido por el juez Sergio Moro, en la provincia de Curitiba, desnudó un gigantesco esquema de lavado de dinero y corrupción en torno  a la petrolera brasileña Petrobras, que involucraba a decenas de diputados y ministros. Muy pronto, las revelaciones explosivas se extendieron a gran parte de América Latina y llegaron hasta África. El detonador para este estruendo internacional fue la captura, en junio de 2015, de Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora que lleva su apellido, quien había fincado su expansión en el continente en una compleja red de sobornos y financiamiento de campañas políticas. En México la sacudida no inmutaba a las autoridades. Odebrecht ya tenía en marcha obras asignadas por dedazo en 2014 en dos refinerías y en un gasoducto con valor superior a los 1 500 millones de dólares, y, a pesar del escándalo global, Petróleos Mexicanos, bajo el mando de Emilio Lozoya, se disponía a darle más dinero.

En noviembre de 2015 la empresa brasileña recibió otros 2 400 millones de pesos, equivalentes a 142 millones de dólares al tipo de cambio de esos días. El estrépito de corrupción, que hacía tambalear a gobiernos de una decena de países, no alteraba al gobierno mexicano, que, además de asignar más contratos sin licitación a Odebrecht, ese mismo mes desoyó un exhorto de colaboración de las autoridades de justicia de Brasil para investigar juntos el caso Lava Jato. Los personajes involucrados —hombres muy poderosos— propiciaron un carpetazo anticipado.

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En julio de 2015, el juez Sergio Moro envió al Ministerio Nacional de Justicia, con sede en Brasilia, una petición urgente de asistencia jurídica que debía ser turnada a la brevedad a las autoridades de México para avanzar en el proceso penal que se seguía contra José Dirceu, un personaje enorme en la política latinoamericana, que en aquel momento era uno de los principales acusados en la red de corrupción del caso Lava Jato. La solicitud de Moro no era un asunto menor. Requería de la Procuraduría General de la República (PGR) que llamara a declarar como testigos a los empresarios mexicanos Carlos Slim Helú y Ricardo Salinas Pliego, dos de los mayores magnates de América Latina, con intereses económicos en decenas de países, quienes habían mantenido tratos de negocios con Dirceu a través de una empresa que —según la investigación ministerial— había sido utilizada como la fachada para el cobro de sobornos.

En su juventud, Dirceu vivió en México, a donde huyó de la dictadura militar en Brasil, que lo había encarcelado en el convulso 1968 por encabezar una revuelta estudiantil; en septiembre de 1969, tras 11 meses de encierro, grupos guerrilleros negociaron su libertad a cambio del entonces embajador de Estados Unidos, Charles Burke Elbrick, que había sido secuestrado. Ya libre, viajó a México, luego a Cuba, donde se transformó el rostro y asumió una falsa identidad. Su perfil de luchador social empezó a dar un giro cuando incursionó en la política. En enero de 2003, al asumir Lula la presidencia de Brasil, se integró como su jefe de gabinete. Era la mano derecha del carismático mandatario. Sin embargo, el poderoso ministro no logró concluir el periodo de gobierno, porque se vio involucrado en un escándalo de sobornos conocido como Mensalão, que consistía en el desvío de fondos públicos para comprar el voto de legisladores. Por aquel caso fue condenado en 2012 a casi ocho años de cárcel, aunque sólo estuvo preso 11 meses. Así que el proceso penal en su contra, derivado de la investigación Lava Jato, no era su primera gran acusación por corrupción y representaba, además, ir a la cárcel por tercera ocasión en su vida.

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La primera solicitud de colaboración, enviada en julio de 2015, fue desoída por las autoridades de México. En noviembre del mismo año Sergio Moro volvió a girar otro exhorto al Ministerio  de Justicia en Brasilia para pedirle que interviniera ante su par mexicano. Faltaban nueve días para que acabara el año cuando Isalino Antonio Giacomet Júnior, coordinador del Departamento de Cooperación Jurídica Internacional, le escribió al juez con una mala noticia: la PGR había decidido no citar como testigos a Slim y a Salinas Pliego, hasta tener información amplia y detallada de su vínculo con Dirceu y los crímenes por los que se investigaba al exministro de Lula. Pasaron los meses y las peticiones de colaboración seguían llegando de Brasil y las negativas iban casi de inmediato de retorno. Los argumentos de la PGR siempre eran los mismos: no contaba con información suficiente para llamar a declarar a los empresarios de Grupo Carso y de Grupo Azteca. El 6 de mayo de 2016, cuando Moro se preparaba para dictar sentencia, el director de Procedimientos Internacionales de la PGR, José Manuel Merino Madrid, envió una carta con sello de urgente a su homólogo brasileño, Antonio Giacomet, en la que condicionaba la comparecencia de Slim y de Salinas Pliego a una serie de requisitos: ampliar la narrativa de hechos en los que se detallara cómo se relacionaban o vinculaban con el acusado, la fecha en que sucedieron los posibles delitos en que incurrió Dirceu y de los que pudieron haber tenido conocimiento los testigos mexicanos y los elementos de prueba. “También deberán señalar la pertinencia, conducencia, relevancia y utilidad de dichas testimoniales, debiendo orientar su interrogatorio en ese sentido y con las mismas formalidades y limitaciones de una prueba testimonial o en su defecto los documentos que acrediten su participación.”

Cuando la carta llegó a Brasil, ya era demasiado tarde. Sergio Moro sentenció el 18 de mayo de 2016 a Dirceu a 23 años de cárcel, sin contar con los elementos que pudieran haber aportado los testigos mexicanos. El 26 de julio —más de un mes después de la condena— el coordinador de Cooperación Internacional de Brasil le escribió al juez para reportarle la negativa de la PGR para colaborar. “Informamos que el pedido de cooperación jurídica internacional no fue cumplido por las autoridades mexicanas, conforme se desprende de documentación adjunta”, escribió Giacomet, y recriminó: “A pesar de todos los esfuerzos de este departamento en sentido contrario, nuestra contraparte mexicana alega ausencia de pertinencia, relevancia y utilidad de las medidas rogadas”. Pese a que el proceso ya se había cerrado, se otorgó un nuevo plazo de 90 días al gobierno de México para obtener su colaboración. Cumplida esa prórroga, el expediente fue archivado. La cooperación en esta pesquisa —con uno de los personajes clave de la operación Lava Jato— jamás se concretó. Y de paso se canceló la posibilidad de conocer los detalles de la conexión mexicana en el mayor caso de corrupción trasnacional.

Dirceu y sus negocios en México

¿Por qué requería la justicia brasileña a Slim y a Salinas Pliego? Básicamente porque ambos habían contratado los servicios del despacho de José Dirceu, llamado JD Assessoria e Consultoria Ltda., el cual —según la causa penal— había sido utilizado en Brasil para ocultar el pago de sobornos provenientes, principalmente, de empresas contratistas de Petrobras. La defensa de Dirceu quería que los empresarios mexicanos aportaran su testimonio de los servicios que habían recibido como clientes del citado despacho. De esa forma pretendían desacreditar las acusaciones del juez Moro. Pero, a la vez, el Ministerio Público tenía una batería de preguntas encaminadas a determinar si la red de corrupción de Lava Jato se había extendido a México o si había tenido el involucramiento de mexicanos.

En la solicitud de asistencia jurídica presentada al gobierno de México se pedía que también se llamara como testigo a Luis Niño de Rivera, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, una institución financiera que regularmente opera en las instalaciones de Elektra, la cadena de tiendas destinada a familias de bajos recursos económicos, la cual expandió su mercado a Brasil durante el gobierno de Lula.  El 18 de marzo de 2008,  el propio presidente brasileño acudió a inaugurar, en compañía de Salinas Pliego, la primera tienda Elektra en el barrio de Agua Fría, en Recife, la capital del estado de Pernambuco, al noreste de la nación sudamericana, una zona con alta concentración de población y bajo acceso a mercancías a crédito. En esa misma región, en la ciudad de Olinda, abrió su segunda sucursal, bajo la razón social Ekt Lojas de Departamentos.

Cuando el Ministerio Público Federal de Brasil investigaba el involucramiento de Dirceu en el caso Lava Jato, se topó con una serie de depósitos por 1701 000 reales que Elektra del Milenio, S. A. de C. V., había realizado al despacho del exministro de Lula, en sucursales en Nueva York de siete bancos y de uno más ubicado en México. El mayor monto había sido transferido a través del Wachovia Bank, por 637 000 reales, mientras que el banco de origen británico Standard Chartered movió otros 592 000 reales. “Los pagos destinados a JD Associados por medio de Elektra pueden estar vinculados al interés del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego de expandir su actuación comercial para el mercado brasileño”, con la influencia política de Dirceu, refería un expediente fechado el 15 de julio de 2015, elaborado por la delegación de la Procuraduría de la República en Paraná, estado donde surgió el operativo Lava Jato.

Aquella no fue la única investigación que involucró al grupo empresarial mexicano. En Pernambuco, estado donde Elektra había emprendido su aventura en Brasil, el Ministerio Público Federal había iniciado una pesquisa sobre la posible conexión de Banco Azteca con hechos investigados en el caso Lava Jato. Según un oficio elaborado el 13 de octubre de 2015 por el procurador de la República en aquella provincia brasileña, João Paulo Holanda Albuquerque, las sospechas brotaron porque, a pesar de haber tenido ganancias millonarias, Elektra y Banco Azteca repentinamente habían cerrado sus operaciones en el país justo después de que estalló la operación policial Lava Jato. La contratación del despacho de Dirceu, cuando el grupo empresarial mexicano inició actividades en Brasil en 2008, acrecentó las suspicacias. Pero el señalamiento más fuerte del procurador Holanda Albuquerque era que Banco Azteca utilizaba las cuentas de los funcionarios y de los clientes supuestamente “para lavar dinero sucio”.

Debido a que la investigación del caso Lava Jato se realizaba en el estado de Paraná, a 3 000 kilómetros al sur de Brasil, el procurador en Pernambuco declinó seguir con el caso y lo turnó a su par en la ciudad de Curitiba.

Los indicios de más negocios de Dirceu en México brotaron también en agosto de 2015, cuando la Policía Federal de Brasil reportó al juez Moro que le había incautado al exministro diversos documentos, entre ellos un manuscrito, al frente del cual aparecía la leyenda “Situación nueva”, seguida del siguiente mensaje en clave: “1) Odebrecht es… con Daniel Hafe de México [Paulo Melo, Francisco Boni, Julian, Julio, Eduardo]; 2) El personal de Slim contactará [puede] para sólo confirmar que conoce a la agrupación proponente”.

En la parte trasera estaban anotados los siguientes nombres: “Paulo Melo, Franc. Boni, Thiago Franc, Julian Benatti”, y con mayúsculas “claro-net-embratel”, que corresponden a tres empresas que en octubre de 2011 se asociaron en Brasil para lanzar un combo de televisión, internet y telefonía. Al final del manuscrito estaba anotado el nombre abreviado “C. SLIM”.

Claro —una de las empresas mencionadas— es una subsidiaria de América Móvil, la empresa de telefonía de Carlos Slim, y fue creada en 2003 en Brasil. Actualmente cuenta con 263 millones de clientes en al menos 15 países. Mientras que Paulo Melo y Francisco Boni, también mencionados en el manuscrito incautado por la policía, coinciden con los nombres de dos ejecutivos de Odebrecht; el primero, exdirector superintendente, investigado por haber participado en la compra de un inmueble para el instituto del expresidente Lula, y el segundo, director de negocios de la constructora brasileña. El mensaje en clave no logró ser descifrado, en parte porque el principal personaje mencionado nunca fue citado a aportar su testimonio.

Preguntas sin respuesta

En Curitiba, el juez Sergio Moro fue el responsable de analizar las pruebas del enorme esquema criminal en torno de la empresa Petróleo Brasileiro, S. A., mejor conocida como Petrobras, en la que el inversionista mayoritario y controlador es el gobierno federal de la nación sudamericana. El operativo que llevó a desmantelar ese esquema de corrupción y lavado de dinero es conocido como Lava Jato, y debe su nombre a que los primeros indicios surgieron en una red de lavanderías, locales de lavado de autos y gasolineras que eran utilizadas por una banda criminal para blanquear capitales. Al jalar la hebra, el Ministerio Público de Brasil descubrió la conexión con Alberto Youssef, un experto en manejo de divisas, que servía de intermediario entre políticos y contratistas para la negociación y entrega de dinero negro, ya sea por transferencias encubiertas con empresas fachada o directamente trasladando él mismo los fajos de billetes en maletines u ocultos en su cuerpo para entregarlos a agentes de gobierno, no sólo en Brasil, sino también en otros países de América Latina en los que sus clientes tenían negocios oscuros. Con Odebrecht, por ejemplo, colaboró para el manejo de fondos a través de la casa de cambio Graco Assessoria e Consultoría Financiera, en la que era director Olivio Rodrigues Júnior, identificado en la red criminal con la clave “Gigolino”, quien llegó a manejar la red de sobornos de la empresa constructora a través de un complejo esquema de al menos 20 empresas fachada en paraísos fiscales de Europa y el Caribe. Los servicios de Youssef se extendían a más compañías que habían integrado un cártel alrededor de Petrobras, acordando porcentajes de obras y contratos a cambio de sobornos a funcionarios o donaciones para campañas electorales. La hebra que llevó a descubrir la cadena de corrupción política fue la compra que hizo Youssef de una camioneta Land Rover blindada, en mayo de 2013, para entregarla a Paulo Roberto Costa, exdirector de Petrobras, lo cual representaba un descarado soborno. Tanto Youssef como Costa se convirtieron en delatores ante la justicia brasileña y confesaron que más de 60 políticos —entre los que había un gobernador, diputados y senadores— habían recibido sobornos. Fue ahí donde vino la avalancha que derivó en el encarcelamiento de 160 personas tan sólo en Brasil. El alud alcanzó a una docena de países de América Latina, en donde hubo capturas de políticos de alto nivel, incluidos expresidentes…, con excepción de México, en donde la impunidad se impuso.

En las peticiones de asistencia jurídica que envió a México, en repetidas ocasiones entre julio de 2015 y mayo de 2016, el Ministerio de Justicia de Brasil expuso a la PGR los detalles del operativo Lava Jato, en particular del involucramiento del exministro José Dirceu a través de una empresa contratista llamada Engevix, que en México está asociada con la compañía Double V Holdings, la cual ha obtenido contratos por más de 2 580 millones de pesos en la Comisión Federal de Electricidad durante los gobiernos del panista Felipe Calderón Hinojosa y el priista Enrique Peña Nieto. Según el expediente compartido por las autoridades brasileñas, Engevix había firmado contratos con Petrobras mediante sobornos, y parte de esos pagos ilícitos se destinaron al Partido de los Trabajadores (PT), que llevó a la presidencia de Brasil a Lula y a Dilma Rousseff. El dinero sucio era recogido por João Vaccari Neto, tesorero del PT, y otra porción se destinaba a Dirceu, quien supuestamente le daba indicaciones a Renato de Souza Duque, directivo de Petrobras encargado de asignar los contratos. Según la investigación, el exministro de Lula habría recibido por lo menos 11 884 205 reales de Engevix. Para justificar esos ingresos recurrió a la simulación de servicios o sobrefacturación de los mismos a través de su despacho JD Assessoria e Consultoria, todo lo cual configura en la ley brasileña crímenes de corrupción, lavado de dinero y organización criminal.

El despacho de asesoría que fue utilizado para ocultar sobornos en el caso Lava Jato es el mismo que en distintos momentos fue contratado por Slim y Salinas Pliego. De ahí el interés del juez Sergio Moro, del Ministerio de Justicia y de los defensores de Dirceu de llamar a los empresarios mexicanos a aportar su testimonio.
Los abogados de Dirceu alegaban que los supuestos sobornos en realidad eran cobros por servicios de prospección de negocios en el extranjero que el exministro de Lula ofrecía a través de su despacho a una cartera de 60 clientes en 20 sectores de la economía, como las industrias de bienes de consumo, telecomunicaciones, comercio exterior, logística, tecnología de la información y la construcción. Ante el juez Sergio Moro argumentaron que su labor como consultor justificaba los 120 viajes a 28 países que el político brasileño había realizado entre 2006 y 2012.

Para sustentar todo lo anterior, solicitaron que se citara a Slim y a Salinas Pliego, para quienes tenían preparadas al menos 15 preguntas, entre ellas las siguientes: “¿Qué los llevó a contratar los servicios de consultoría del exministro? ¿Qué servicios les prestó a ustedes o a sus empresas? ¿Cuál es el resultado de la consultoría prestada por JD Assessoria e Consultoria? ¿En alguna oportunidad, antes o durante el periodo de prestación de servicios, el señor Dirceu ofreció algún tipo de privilegio o ventaja indebido para el gobierno brasileño u otro gobierno en el cual él tendría relación? ¿Todos los pagos a JD Assessoria e Consultoria fueron hechos de manera lícita, por medio de depósitos bancarios, por la empresa? ¿Ustedes consideraron efectivamente prestados los servicios?”

Y había una pregunta clave, con la que los defensores pretendían demostrar que las acusaciones contra Dirceu eran infundadas. Los abogados les querían plantear a Slim y a Salinas Pliego lo siguiente: “En Brasil al señor José Dirceu se le acusa de práctica de crímenes de lavado de dinero porque supuestamente él firmaba contratos falsos que sólo simulaban la prestación de servicios fuera de Brasil, como forma de justificar el pago de coimas [sobornos]. ¿Usted sabe si son verdaderas estas acusaciones y los hechos por los cuales fue denunciado?”

El Ministerio Público Federal, a su vez, tenía listo un interrogatorio para los empresarios mexicanos, con el cual buscaba hallar una posible conexión en México con la empresa que le pagaba sobornos al exministro de Lula. Algunas preguntas que habían preparado los investigadores brasileños para Slim y Salinas Pliego eran: ¿En qué situación y en qué fecha usted conoció a José Dirceu de Oliveira, Gerson de Mello Almada, José Antunes Sobrinho y/o Cristiano Kok (estos tres últimos directivos de Engevix)? ¿Cuánto tiempo duró su relación con ellos? ¿José Dirceu le prestaba servicios de consultoría? ¿Qué empresas representaba Dirceu? ¿Entre ellas estaba Engevix? Si es así, ¿Dirceu estaba acompañado de algún representante de esta  empresa? ¿Él participó, de cualquier modo, para que se efectuaran las contrataciones de las empresas representadas? ¿Usted conoce  la empresa Engevix? ¿Ella presta o prestó servicios en México? ¿En qué época?

Los interrogatorios fueron enviados al gobierno de México el 18 de noviembre de 2015, con una petición urgente del Ministerio de Justicia de responder a más tardar en tres meses, porque se trataba un proceso en curso, en el que los acusados ya estaban presos. Pasó el plazo fijado —y tres meses más— y las preguntas de acusadores y defensores quedaron archivadas, porque la PGR nunca accedió a citar a los testigos.

“No hay fecha prevista para el cumplimiento”, lamentó el juez Sergio Moro el 18 de mayo de 2016, día de la sentencia contra Dirceu. “Es inviable aguardar más”, anotó en el documento judicial en el que se condenó al exministro a 23 años de cár-   cel.20 Había pasado casi un año desde que había solicitado por primera vez el apoyo al gobierno de México. Así que decidió dejar por escrito la negativa a colaborar: “Agréguese que, hasta la fecha, pasaron casi dos meses de que venció el plazo, y los referidos pedidos de cooperación a México todavía no han retornado y parece improbable que se cumplan”. Y líneas más adelante el juez remarcó en el documento de la sentencia: “No tiene esta Corte cómo obligar a México a cumplir con las solicitudes de cooperación enviadas”.

La mano de Osorio Chong

¿Quiénes eran los funcionarios de la PGR que desoyeron la petición de colaboración del juez Sergio Moro y del Ministerio de Justicia de Brasil?

En junio de 2017 le pregunté al entonces subprocurador de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, por qué el gobierno de México había desatendido las peticiones de asistencia jurídica de Brasil vinculadas con la investigación del caso Lava Jato. Extrañado, aseguró que ni siquiera conocía esas solicitudes de colaboración. La misma extrañeza mostró el  subprocurador en Investigación de Delitos Federales, Felipe Muñoz, encargado de rastrear los sobornos de Odebrecht en México. Ambos funcionarios se integraron a sus cargos en la PGR en noviembre de 2016, y sus antecesores no les reportaron el intenso intercambio epistolar sostenido ese mismo año con las autoridades brasileñas sobre el gigantesco caso de corrupción que en ese momento ya había sacudido gran parte del  continente.  Era  un  asunto importantísimo que —sin embargo— había sido omitido o silenciado.

El anterior subprocurador de Asuntos Internacionales, que desdeñó la petición de colaboración de Brasil, había sido José Alberto Rodríguez Calderón, un incondicional de Miguel Ángel Osorio Chong, en ese entonces poderoso secretario de Gobernación cuyo propio casero —por cierto— había resultado beneficiado con los multimillonarios contratos asignados mediante sobornos por Pemex a Odebrecht en su estado natal, Hidalgo.21 Las casualidades despiertan suspicacias. ¿Había una intención de frenar deliberadamente la investigación de una posible conexión de Lava Jato en México?

Rodríguez Calderón fue nombrado subprocurador en marzo de 2015 por la entonces titular de la PGR, Arely Gómez, y a los cuatro meses —en julio— fue turnada a su despacho la primera petición de apoyo del juez Sergio Moro, la cual nunca fue atendida. El desdén continuó en los meses siguientes, cuando cada solicitud de colaboración fue desechada. Inexperto en temas de justicia internacional, su perfil era muy ajeno al de un diplomático dispuesto a colaborar con sus pares en el extranjero. Su ascenso en la política se había dado de la mano de dos paisanos: Miguel Ángel Osorio Chong, quien lo nombró procurador cuando fue gobernador de Hidalgo (2005-2011), y Jesús Murillo Karam, quien le cedió su curul cuando pidió licencia en la Cámara de Diputados en diciembre de 2012 para integrarse al gabinete de Peña Nieto. La Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales fue un simple escalón en la trayectoria del abogado hidalguense, pues al año siguiente de haber asumido el cargo Osorio Chong lo nombró director del Sistema Penitenciario Federal. Se fue cuando más se requería la colaboración entre países para enfrentar y resolver el magno caso de corrupción trasnacional. Tal vez para entonces ya había cumplido su verdadera encomienda: la de frenar o  desviar —al menos momentáneamente— el primer gran obús que amenazaba con hacer estallar el caso Lava Jato en México.

 

Raúl Olmos

 

Un comentario en “Gigante de lodo.
Odebrecht y su historia de corrupción en México

  1. Un anticipo revelador de la conexión mexicana en la corrupción que significa Odebrech. Gracias Don Raúl . Saludos.