El proceso electoral en Chiapas ha sido un carnaval de colores, de máscaras, de torceduras de la ley, de disfraces y de imposturas. Los partidos políticos, transfigurados en escuelas de histrionismo, desdibujan sus principios, intercambian candidatos, golpean a los jueces y rompen acuerdos, en una política de ficción aldeana, que si no fuera por los lamentables resultados, sería de distracción permanente para los espectadores.


Ilustración: Víctor Solís

La comparsa más reciente se presentó el 23 de mayo por la noche cuando se incorporó como candidato a gobernador, avalado por el Tribunal Electoral del Estado, Fernando Castellanos Cal y Mayor, a quien el Instituto de Elección y Participación Ciudadana (IEPC) le había negado el registro por no haberse separado del cargo como presidente municipal de Tuxtla Gutiérrrez 120 días antes del 1 de julio.

El nuevo contendiente, el quinto candidato en este proceso electoral a la gubernatura, ha sido propuesto por el Verde Ecologista de México (PVEM) y los partidos locales Podemos Mover a Chiapas (PPMC) y Chiapas Unido (PCU).

La puesta en escena inició cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió el 11 de mayo una sentencia que dio por concluida la coalición Todos por Chiapas, integrada por el PRI, PVEM, Panal, PPMC y PCU, que impulsó la candidatura de Roberto Albores Gleason.

A las 23:58 horas del martes 23 aparecieron en las oficinas del IEPC los representantes del Verde, Mover a Chiapas y Chiapas Unido para informar que esos partidos rompían su alianza con el PRI y para registrar como candidato a gobernador a Fernando Castellanos. Las consejeras de ese Instituto rechazaron el registro, pero el Tribunal Electoral, en una rápida sesión por la madrugada del viernes, validó la candidatura.

El empleo del Tribunal Electoral, tanto estatal como federal, no es nuevo en el currículum del nuevo candidato. Hace tres años ganó en esas instancias la presidencia municipal, después de un proceso electoral en donde los opositores evidenciaron acarreo de votantes, alteración de actas, robo de casillas, manejo sesgado de programas sociales y corrupción de funcionarios electorales, lo que provocó una de las mayores protestas ciudadanas que ha vivido Tuxtla Gutiérrez.

Su aparición tardía como candidato, 48 días después de concluido el registro formal, evidencia una mayor libertad del gobernador Manuel Velasco Coello para colocar, en esta etapa final del proceso, a uno de sus amigos más cercanos en el juego de la sucesión local.

La pretensión del mandatario chiapaneco fue, desde el principio, que tanto el PRI como el Verde contendieran por separado, pero su propuesta fue rechazada por Enrique Ochoa Reza y Aurelio Nuño para no debilitar la candidatura de Roberto Albores Gleason, hijo del exgobernador Roberto Albores Guillén.

Eduardo Ramírez Aguilar, exsecretario de gobierno, líder del Congreso del estado y presidente estatal en ese momento del Verde, organizó marchas y protestas para que cada partido tuviera su propio candidato. Se sumaron a la demanda diputados y presidentes municipales, pero no obtuvieron una respuesta favorable.

Al ver la causa perdida, Eduardo Ramírez y Sasil de León Villard, exdiputados por el Verde, aceptaron la oferta de Andrés Manuel López Obrador para contender como candidatos al Senado de la República por la coalición Juntos haremos historia.

La candidatura de Roberto Albores Gleason iba sobre rieles aceitados con el apoyo de cinco partidos, hasta el día infausto para los priistas de la sentencia del TEPJF, porque para entonces la condiciones habían cambiado: el PRI tenía otro dirigente nacional y Aurelio Nuño había perdido presencia en la estancada campaña de José Antonio Meade. Eso ofreció al gobernador la oportunidad de ungir como candidato emergente a Fernando Castellanos, un político surgido bajo su protección, a quien primero apoyó para que se convirtiera en diputado local y después en presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, en una meteórica carrera en el servicio público.

Esta nueva configuración política beneficia a Manuel Velasco Coello porque le ha permitido ubicar como punteros en esta sucesión a dos de sus colaboradores más cercanos: Rutilio Escandón y Fernando Castellanos. Los partidos que apoyan a este último acumularon el mayor número de sufragios en 2015, un millón 94 mil votos (55 por ciento de la votación total); el PRI y el Panal, partidos que proponen a Roberto Albores, senador con licencia y el personaje más antagónico del gobierno actual, quedaron con 461 mil 335 votos (23 por ciento); el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que postulan a José Antonio Aguilar Bodegas, exsecretario del Campo en esta administración, registraron 276 mil 939 votos (14 por ciento), y Morena, PT y PES, que contienden con Rutilio Escandón, expresidente del Poder Judicial de Chiapas, alcanzaron 161 mil 711 votos (8 por ciento). Otro contendiente es un líder cañero, dueño de gasolinerías y de líneas de autotransporte, de nombre Jesús Orantes Ruiz, quien apenas figura en las encuestas.

En los primeros actos de campaña de Fernando Castellanos, precandidatos del Verde, de Chiapas Unido y de Mover a Chiapas que lo acompañaron en los municipios de La Concordia y de Villaflores este fin de semana, pidieron a sus seguidores votar por Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república, en un claro deslinde de José Antonio Meade.

En la elección de 2015, Mover a Chiapas y Chiapas Unido sumaron 393 mil 386 votos, mientras que el PAN apenas alcanzó 120 mil votos y el PRD, 117 mil. Sólo el PRI los superó al captar 429 mil 969 sufragios. Es decir, estos partidos acomodaticios y dependientes de la estructura gubernamental, que ahora piden el voto para Andrés Manuel López Obrador, son capaces de definir al próximo gobernador.

El Verde Ecologista de México, por su parte, es el partido más importante en la entidad, el cual ha presentado un crecimiento impetuoso; en ocho años avanzó 797 por ciento al pasar de 87 mil 962 votos en la elección de 2009 a 701 mil 324 votos en la de 2015, según datos del IEPC.

El desarrollo de este partido ha estado vinculado a Manuel Velasco Coello, quien se inició en la política cuando recién cumplía 21 años al ser electo diputado local por el Verde. Desde ese momento empezó su activismo en Chiapas, con una campaña permanente en medios de difusión, pinta de bardas y reuniones con los principales actores de los diferentes municipios de la entidad. El PRI, sin liderazgos locales, se estancó. El Verde, controlado por el Güero, desarrolló una red extensa de lealtades entre las personas más pobres del estado más pobre del país.     

En pocos años se patentó en Chiapas una cultura política basada en la dádiva y en la subasta del voto, a tal grado que para ser competitivos, los partidos políticos deben entregar apoyos diversos a sus posibles votantes, como fertilizante, palas, coas, machetes, cubetas de plásticos, despensas, incluso tinacos como denunció este fin de semana en su cuenta de Twitter el exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, candidato independiente al Senado de la República.

Actualmente el 60 por ciento de las familias chiapanecas son beneficiarias de programas sociales, administrados por el estado y por la federación. No obstante esos apoyos, no se ha detenido el avance de la pobreza, que de 74.7 por ciento en 2012 pasó a 77.1 por ciento en 2016.

Aparte de la pobreza, que es un factor importante para movilizar el voto, en unas elecciones marcadas por la necesidad y hasta por el hambre, Chiapas registra otra característica nada desdeñable para la alquimia electoral: el 51 por ciento de su población vive en comunidades rurales, a diferencia del país que solo el 22 por ciento está en esas condiciones.

La lejanía, la dispersión y la pobreza juegan a favor del fraude, porque los reflectores mediáticos se centran en las ciudades, mientras que las pequeñas comunidades, unas 20 mil dispersas en toda la geografía chiapaneca, son ignoradas y transformadas en espacios preferidos para quienes alteran actas y rellenan casillas.

El IEPC, que se negó a aplazar el debate entre los candidatos a la gubernatura, como lo solicitaron los partidos locales, y que rechazó la candidatura de Fernando Castellanos, que al final tuvo que ser avalada por el Tribunal Electoral del Estado, se ha convertido en árbitro incómodo para las autoridades locales. Por eso le han aparecido de pronto vigilantes celosos del manejo presupuestal, en especial diputados del PRI y del Verde, que lo acusan de gastos onerosos y manejar cantidades exorbitantes de dinero. Por eso han propuesto reducir el presupuesto de 953 millones a 435 millones.

Si no fuera porque lo que está en juego es el destino del estado más pobre del país, desearíamos que esta fiesta se prolongara indefinidamente porque permite a miles de ciudadanos distraerse en el chacoteo del día con esta política de ficción aldeana y carnavalesca.

 

Sarelly Martínez Mendoza