A quien nos lee,
si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa.

SUSCRÍBETE

Lety es una mujer indígena de la sierra de Oaxaca. Desde 2012 está cumpliendo una pena de 10 años por transportar marihuana. Es madre soltera de tres hijos; uno de ellos con discapacidad. Uno de sus embarazos fue resultado de violación. Actualmente, ninguno de sus hijos está con ella en la cárcel. Gaby acepta sus cargos y su responsabilidad, pero afirma que lo hizo porque se trató de una oportunidad “de ingreso para subsistir y cubrir las necesidades de cuidado de su familia”.

Una de las consecuencias más importantes de la “guerra contra las drogas” —además del impacto que ha tenido en el crecimiento de la violencia en el país— ha sido el aumento alarmante de la población carcelaria en México. Hoy en día, con aproximadamente 245 mil personas tras las rejas, el país ocupa el sexto lugar en el mundo por el tamaño de su población penitenciaria.1

Ilustraciones: Estelí Meza

La abrumante mayoría de quienes están en la cárcel —95% de esta población— son hombres; mientras que las mujeres representan 5% de las personas privadas de libertad en nuestro país. Ante estos números el análisis desde la perspectiva de género resulta inevitable. ¿Por qué ser hombre, en este caso, parece ser un factor que aumenta las probabilidades que tiene una persona de ser encarcelada? ¿Qué significa ser hombre hoy en día en México? ¿Cómo se concibe y ejerce la masculinidad en el país y cuál es su relación con la cárcel, la delincuencia y la violencia? Atender esas preguntas no podría ser más urgente en el contexto actual.

El análisis desde la perspectiva de género, sin embargo, también obliga a ver otro fenómeno. Si bien las mujeres siguen siendo una minoría, la población femenina en las cárceles mexicanas está creciendo con una tasa mucho más alta que la de los hombres. Entre los delitos por los que más mujeres entran a la cárcel hoy están los delitos contra la salud —los “delitos de drogas”—. Según el informe de EQUIS Justicia para las Mujeres, “Políticas de drogas, género y encarcelamiento en México”, en el fuero común, en los últimos dos años, el número de mujeres que ingresan en el sistema penitenciario por narcomenudeo ha aumentado 103.3%, mientras que, a nivel federal, los delitos de drogas representan la primera causa de privación de libertad de las mujeres.2

¿A qué se debe el aumento tan significativo en el número de mujeres encarceladas? Las explicaciones son múltiples. Sin duda un factor puede ser que el número de mujeres que se involucran en el narcotráfico va en aumento. De lo que no cabe duda, sin embargo, es que los delitos contra la salud cada vez se persiguen más y que el aumento en la población carcelaria es consecuencia directa de una política fuertemente punitiva.

En un país como México, cuyas instituciones de justicia son incapaces de impulsar y llevar a cabo investigaciones serias con la complejidad que éstas exigen, los casos que más son procesados por el sistema son los delitos en flagrancia. Las mujeres que tradicionalmente se han desempeñado en los eslabones más bajos de las redes delictivas, principalmente cumpliendo el papel de “mulas” o portadoras de drogas —que muchas veces ni siquiera conocen el valor real de la mercancía que están llevando—, lógicamente son unas de las principales víctimas de esta política. Las cachan directamente con la poca droga que cargan y las condenan, en la mayoría de los casos con pena de prisión. Lo increíble de esta manera de operar es que este encarcelamiento no cambia en absoluto las operaciones y el funcionamiento de las grandes redes delictivas. Una mujer cae y otra rápidamente la reemplaza, sin más. Ni tampoco sirve para contener a las personas que cometen delitos violentos tras la cárcel, dado que los que cometen estas mujeres rara vez lo son. Lo único que hace esta política es contribuir a la criminalización de la pobreza.

Probablemente, como en ningún otro delito, en los delitos de drogas el involucramiento de las mujeres está relacionado con la reproducción de relaciones y roles de género tradicionales. Suelen ser reclutadas por la pareja o el grupo familiar y ven en los delitos de drogas una manera de percibir ganancias rápidas que les permiten cumplir con su rol de cuidadoras en el ámbito doméstico. Ganancias que, es necesario decirlo, dada la falta de oportunidades en el país y la discriminación laboral que viven las mujeres, no pueden obtener de muchos otros lugares. Por esas razones a los delitos de drogas también se les conoce cómo delitos de “género”.

Una vez encarceladas, las mujeres a menudo son abandonadas por las personas que las involucraron en el negocio. A diferencia de los hombres privados de libertad, quienes son procurados por las mujeres de su familia, las mujeres encarceladas reciben pocas visitas o, a veces, ninguna.3 Esto se explica, en parte, por la falta de centros penitenciarios para mujeres. De los 389 centros penitenciarios en México sólo 15 son para ellas, por lo que enfrentan una situación complicada: servir la pena en un centro mixto que se encuentra cerca de su lugar de origen, pero que no necesariamente cuenta con las condiciones necesarias para satisfacer sus necesidades, o ser enviada a un centro exclusivamente para mujeres que está lejos de su casa y redes de apoyo.

¿Quiénes son las mujeres que están llenando las cárceles mexicanas? Dada la falta de buenos datos públicos no es fácil contestar esta pregunta. Durante 2017 en EQUIS Justicia para las Mujeres realizamos una revisión de los datos estadísticos existentes y enviamos solicitudes de información a las autoridades penitenciarias para conocer las características de las mujeres privadas de libertad en México. Una vez completados los procesos largos y tortuosos de solicitar información pública de las autoridades penitenciarias, nos encontramos con respuestas incoherentes incluso cuando se trataba de autoridades de un mismo estado, falta de datos desagregados por sexo u otra categoría relevante, así como falta de homogeneidad en los criterios que permita realizar una comparación fundamentada entre las entidades federativas.

Por ejemplo, según las respuestas de las autoridades penitenciarias, Chihuahua es el estado que reporta el mayor número de mujeres indígenas privadas de libertad. Chiapas y Oaxaca cada uno señalan que tienen sólo cinco mujeres indígenas privadas de libertad por delitos contra la salud. La Ciudad de México sólo una. La escasa información que presentan las autoridades contrasta con la información recolectada a través de entrevistas en centros penitenciarios en estos estados donde documentamos un importante número de mujeres indígenas que además reportan serias violaciones a sus derechos durante los procesos —incluyendo la falta de acceso al servicio de traducción—. Asimismo, poco se ha comentado sobre la presencia de mujeres extranjeras privadas de la libertad y la vulnerabilidad que presentan por su estatus migratorio. Según el informe de EQUIS, 66% de las extranjeras en las cárceles mexicanas proviene de Estados Unidos y de Colombia.

Si la discriminación por orientación sexual y por identidad y expresión de género es recurrente en nuestro país, es sensato esperar que se replicaría en las cárceles. Por esta razón, es crucial saber si existen personas LGBT en el sistema penitenciario mexicano y si sus necesidades están adecuadamente cubiertas. Para las autoridades penitenciarias mexicanas, sin embargo, contar con esta información es “irrelevante para el expediente jurídico y administrativo”. Al preguntarles sobre el estado de los derechos de las personas LGBT en las cárceles, muchos estados respondieron que no registran esta información “para no discriminar”. Lo que no ven es que, al no preguntar permiten que la discriminación existente subsista. ¿O cómo vas a cambiar lo que no ves?

La situación no es mejor cuando hablamos de muje-res con discapacidad que cumplen una pena. Las respuestas del sistema penitenciario revelan que se opera bajo una definición de “discapacidad” deficiente, muchas veces equivocada, en donde se reduce a la discapacidad física. En ningún caso las autoridades reconocen que existe la discapacidad múltiple. ¿Qué sucede con las mujeres que viven con VIH? ¿Por qué sirven la pena en espacios aislados del resto de la población? ¿Qué servicios están disponibles para las mujeres usuarias de sustancias psicoactivas? Sin conocer las características de las mujeres que habitan nuestras cárceles difícilmente vamos a poder impulsar políticas públicas que tomen en cuenta y estén basadas en las necesidades reales de estas poblaciones.

Las distintas experiencias de las diferentes mujeres privadas de libertad no sólo son relevantes durante el cumplimiento de la pena. La perspectiva de la interseccionalidad se vuelve aún más importante para el momento de la reinserción. Una mujer indígena, extranjera, y/o con alguna discapacidad, que además cuenta con antecedentes penales, es mucho más probable que enfrente estigma y discriminación adicional una vez que esté fuera de la cárcel. Lamentablemente, en México no contamos con políticas integrales de reinserción, lo cual se traduce en altos números de reincidencia.

Más allá de las diferencias, una cosa que comparten casi todas las mujeres —y hombres— encarceladas es que son pobres, con un bajo nivel educativo, provenientes de los sitios más marginados de la sociedad. El vínculo entre la pobreza, la falta de oportunidades y la comisión del delito es innegable. Si quisiéramos realmente combatir “la delincuencia” la apuesta obvia que tendríamos que estar haciendo ahí está. Pero rara vez optamos por esa vía y preferimos, una y otra vez, el castigo. Un castigo que no sólo no resuelve el problema que supuestamente debe remediar, sino que genera otro. Si la vida es de por sí difícil antes de la cárcel, imagínense después.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), para el último informe sobre el cumplimiento del Estado mexicano con la CEDAW, le ha exigido al Estado incluir en su reporte el estado de las mujeres encarceladas por delitos, incluidos los de drogas. Esto es importante porque implica que el Comité de la CEDAW reconoce que las políticas punitivas —y entre ellas, las de drogas— operan como un mecanismo más que sirve para perpetuar la discriminación estructural y exacerbar la violencia que viven las mujeres (ahora en un contexto institucional). Con las elecciones a la vuelta va a ser importante aprovechar este momento para exigir a las candidatas y a los candidatos que no sólo analicen las políticas de drogas y su impacto real desde una perspectiva de género, sino que ofrezcan soluciones que van más allá de la respuesta penal y buscan eliminar la desigualdad y promover los derechos humanos de todas las personas, incluidas, por supuesto, las mujeres.

 

Ana Pecova
Directora ejecutiva de EQUIS Justicia para las Mujeres.


1 Elena Azaola y Maissa Hubert, ¿Quién controla las prisiones mexicanas?, 2017.

2 “Políticas de drogas, género y encarcelamiento en México. Una guía para políticas publicas incluyentes”, EQUIS Justicia para las Mujeres, 2017.

3 Catalina Pérez Correa, Las mujeres invisibles. Los costos de la prisión y los efectos indirectos en las mujeres, BID, 2015.