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Dafne Taniveth McPherson Veloz es una mujer de 28 años que se encuentra injustamente purgando una pena de prisión de 16 años en el penal de San Juan del Río, acusada de haber cometido el delito de homicidio agravado en contra de su hija recién nacida. Esta historia es una muestra de una larga cadena de errores, omisiones, negligencias y prejuicios que se tradujeron en la falta de atención médica oportuna y en actuaciones discriminatorias de las instituciones de procuración e impartición de justicia, producto de la “reacción virulenta” de criminalizar a las mujeres en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos después de los avances legislativos que se han alcanzado en la Ciudad de México para garantizarlos.

Ilustraciones: Estelí Meza

 

La historia comienza el día 17 de febrero de 2015, aproximadamente a las 5:30 p.m., cuando al regresar de su hora de comida en la tienda departamental Liverpool donde trabajaba, Dafne comenzó a tener dolores abdominables muy fuertes, por lo que llamó por teléfono a la enfermería de la empresa para pedir atención, sin recibir respuesta. Así que se dirigió al baño y, según su propio relato, antes de poder sentarse sintió que algo caía de su cuerpo y que una especie de “liga” se rompía dentro de ella. Dafne acababa de tener un parto fortuito sin siquiera saber que estaba embarazada.

Un año atrás de este evento Dafne había sido diagnosticada con hipotiroidismo, producto de esta enfermedad comenzó a aumentar de peso, presentaba una menstruación irregular y sufría de fatiga. Estos síntomas no le permitieron distinguir los signos que pueden presentarse en un embarazo, por ello aquel 17 de febrero de 2015, después de tener un parto fortuito, Dafne no tenía claridad de lo que acababa de ocurrir, pues aunado a la sorpresa de haber parido se sumó el shock provocado por el desgarre perianal y la pérdida de sangre.

Ante esta emergencia se llamó a la Cruz Roja, sin embargo, el personal de Liverpool no les permitió la entrada a los paramédicos, y en su lugar únicamente permitieron el ingreso al personal de “Ambulancias BEYEN”, un servicio privado que aparentemente no contaba con la capacitación para reaccionar ante ese tipo de casos. De acuerdo con el reporte de la empresa de ambulancias, los paramédicos particulares llegaron a atender la emergencia a las 18:18 horas y trasladaron a Dafne hasta las 19:45 horas, es decir, 87 minutos después, cuando se trataba de una emergencia obstétrica que obliga a actuar de forma inmediata ante el riesgo que corren la madre y la persona recién nacida. 

En los 87 minutos que transcurrieron en aquel baño público se sabe que Dafne se desmayó en varias ocasiones debido a que la pérdida de sangre le provocó un shock hipovolémico, se sabe también que ni la enfermera de la tienda ni los paramédicos particulares sacaron inmediatamente de la taza del baño a la bebé para brindarle los primeros auxilios, que fue casi una hora después, cuando intentaron atenderle, pero para entonces la bebé ya había perdido la vida. Es decir, ni Dafne ni su hija tuvieron una atención inmediata, ninguna de las personas que estaban ahí ni las que llegaron para auxiliarla supieron reaccionar de manera oportuna.

 

Después de casi dos horas Dafne fue trasladada al hospital, en calidad de detenida y custodiada por un elemento de la policía municipal, es decir, las autoridades desde los primeros momentos la consideraron responsable. Ese mismo día la Fiscalía General del Estado de Querétaro inició una investigación por el delito de aborto y, posteriormente, se clasificaron los hechos como homicidio calificado, donde la única responsable en todo momento fue la propia madre de la bebé fallecida: Dafne McPherson. 

La Fiscalía General del Estado centró su investigación en “acreditar” la responsabilidad de Dafne, faltando a su deber de actuar con objetividad y omitiendo en todo momento el esclarecimiento de los hechos, un ejemplo de ello fue que en toda la investigación nunca se entrevistó a Dafne para conocer qué había ocurrido aquel 17 de febrero, tampoco se analizó el hecho como un acto fortuito y sin intencionalidad, se omitió investigar las causas médicas por las cuales Dafne desconocía que estaba embarazada y nunca se analizó la posibilidad de que Dafne, al igual que las otras personas que estuvieron en el baño de Liverpool, simplemente se haya paralizado frente a un hecho así.

De igual forma la autoridad ministerial omitió investigar la negligencia de la empresa Liverpool al no permitir la entrada de los servicios de emergencia al interior de las instalaciones, ni las razones para no trasladar a Dafne y a la bebé inmediatamente a un hospital, el cual se encuentra a tan sólo cinco minutos de la tienda departamental.

Esta cadena de injusticias continuó durante el juicio, ya que no se le garantizó una defensa adecuada ni que ella estuviera presente de las audiencias, impidiéndole con ello escuchar las pruebas que se presentaron en su contra y en consecuencia poder defenderse.

Durante el juicio el fiscal acusador del Ministerio Público se refirió a Dafne como “perra” o “mala madre”, pues según su interpretación legal cargada de prejuicios y estereotipos ella no hizo nada para salvarle la vida a su hija. El uso de este tipo de expresiones hacen referencia al “instinto maternal”, que implica la exigencia de que una madre debe de hacer todo lo posible por la salvaguarda y protección de sus hijos independientemente de las circunstancias en las cuales se encuentre. Por lo tanto, en una situación de peligro en la que exista una relación madre-hijo se exige que la madre se sobreponga a dicho peligro con la finalidad de proteger a su hijo aunque conforme a las circunstancias, ya sean fácticas o psicológicas, esto sea materialmente imposible.

Es decir, para las autoridades Dafne McPherson debió sobreponerse al desgarre de segundo grado, a la hemorragia intensa que sufría, al shock que implica parir sin saber que estaba embarazada, a los desmayos y al impacto psicológico de ese momento para tomar a su bebé en brazos y salir corriendo del baño para llevarla al hospital. Mientras que a todas las otras personas que estuvieron presentes y a la propia empresa Liverpool no se les exigió ni se les acusó de absolutamente nada.

Dafne fue sentenciada a 16 años de prisión por homicidio agravado en contra de su hija, resolución que fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal del Estado de Querétaro, ante esa sentencia indignante se presentó un juicio de amparo ante un Tribunal Colegiado federal, en el cual se alegaron todas las violaciones procesales y a los derechos humanos de Dafne en las que habían incurrido las autoridades administrativas y judiciales que intervinieron en el caso.

Después de varios meses de estudio el grupo de magistrados que resolvieron este juicio de amparo concedieron parcialmente la razón a Dafne y reconocieron sobre todo que existen dudas serias sobre su culpabilidad, por ello ordenaron que se repusiera una parte del juicio para aclarar su estado de salud físico y psicológico en el momento de los hechos, permitiendo con ello analizar no sólo las condiciones del hecho, sino la ausencia de dolo o intencionalidad en la forma en que reaccionó Dafne aquel 17 de febrero.

Si bien esta resolución representa un avance, porque Dafne tendrá la oportunidad de demostrar que no sabía que estaba embarazada y que después del parto se encontraba asustada, débil, que se desmayó en varias ocasiones y que no supo cómo reaccionar; esta sentencia emitida por tres magistrados también es cuestionable, ya que ante la duda sobre su culpabilidad debió prevalecer el derecho a la presunción de inocencia y debieron absolverla, no a ordenar “aclarar” si efectivamente es o no es culpable, esto equivale a trasladarle la carga de la prueba a ella y a su defensa para demostrar su inocencia, restándole responsabilidad a la Fiscalía de Querétaro quien debió probar más allá de toda duda razonable y con base en pruebas científicas y no en estereotipos de género la posible responsabilidad de la acusada.

Hoy Dafne sigue presa en espera de poder presentar las pruebas que acrediten su inocencia.

 

Después de los avances legislativos y de servicios de salud reproductiva que se han alcanzado en la Ciudad de México desde 2007, muchas entidades federativas comenzaron a ajustar su legislación para evitar la posibilidad de replicar la reforma en materia de interrupción legal del embarazo hasta antes de las 12 semanas, por ejemplo, en 21 entidades federativas se modificó la Constitución para reconocer el derecho a la vida desde la concepción y con ello darle al óvulo fecundado el carácter de persona, facilitando con ello el “criminalizar a las mujeres” que aborten sin importar las circunstancias en las que esto ocurra.

Si bien el caso de Dafne no es un aborto, eso es lo que creyeron las autoridades de Querétaro que había ocurrido aquel 17 de febrero de 2015, por eso la detuvieron inmediatamente e iniciaron una investigación en su contra. Para las autoridades no fue relevante determinar las circunstancias del hecho ni aclarar la verdad, lo importante era mandar un mensaje a las mujeres de aquel estado: quienes interrumpan su embarazo o tengan partos fortuitos serán consideradas y tratadas como asesinas y no tendrán derecho al debido proceso legal.

Hay una cifra oculta del número de mujeres que se encuentran en el país purgando sentencias injustas por aborto, o bien, acusadas por homicidio tras haber sufrido abortos espontáneos o partos fortuitos. Sabemos que existen, por los casos documentados por organizaciones civiles como “Las Libres” en el estado de Guanajuato o por GIRE en otras entidades federativas, en todos ellos se evidencia una constante: la aplicación discriminatoria de la ley por parte de autoridades que actuan en nombre del Estado de derecho para imponer sus estándares religiosos y morales.

El debate público sobre la despenalización del aborto ha ido disminuyendo su intensidad en estos 10 años, sin embargo, es un tema que debe seguir en la agenda pública, porque de forma indebida se sigue manipulando la ley para criminalizar a las mujeres. En el marco del proceso electoral en México, donde se decidirán tres mil 400 cargos de elección popular, que incluyen el cambio de la presidencia de la República y la renovación de las Cámaras de Diputados y Senadores, éste debe ser uno de los temas donde exijamos a las y los candidatos fijar una posición clara y contundente.

Los derechos a la vida, la integridad y la libertad de las mujeres no pueden continuar siendo rehenes de las posiciones confesionales de quienes están encargados de las instituciones de procuración e impartición de justicia. Para evitarlo es fundamental modificar la ley y despenalizar el aborto, de lo contrario siempre existirá la tentanción de criminalizar a las mujeres y de imponer los prejuicios religiosos y morales por encima de las obligaciones constitucionales de respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

 

Karla Michelle Salas
Directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.

 

Un comentario en “El caso Dafne McPherson

  1. El Tribunal Superior Justicia Querétaro recibió dólares y asesoría de USAid para las salas de justicia penal, se tiene un sistema COSMOS, que es de propiedad privada, como sistema de soporte, y se supone que los jueces penales están capacitados en el garantismo penal, pero aquí todo se derrumba por la sumisión a la orden del gobernador Gobierno del Estado de Queretaro